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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. LAS RESOLUCIONES QUE SU DIRECTOR GENERAL EMITE, RELATIVAS AL CESE O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO, NO REVISTEN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS E INATACABLES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 441/2019. · Registro digital (IUS): 29482
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEG
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 412.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 441/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.

III.Competencia y legitimación

4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero fracción VII, del Acuerdo Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, en materias de trabajo y administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el quejoso y recurrente en uno de los criterios contendientes.

IV.Existencia de la contradicción

6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(8)

7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(9) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

9. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(10) y la tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(11) del mismo Tribunal Pleno.

10. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo

11. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.

A. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 80/2019.

12. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona promovió juicio de amparo contra el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, a quien reclamó la orden de cambio de adscripción del quejoso en su calidad de oficial administrativo.

b) El Juez de Distrito desechó la demanda, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado se vincula directamente con atribuciones que por mandato constitucional competen al consejo de la Judicatura Federal, por conducto de un órgano auxiliar.

c) Inconforme, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue declarado infundado.

13. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró:

a) Es correcta la determinación de desechar la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en el que se establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.

b) El artículo 100 de la Constitución Política establece que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones y que las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

c) El artículo 94 constitucional, entre otros aspectos, establece que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

d) Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución, establece que los conflictos del Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal.

e) El artículo 88, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, contará, entre otros órganos, con el Instituto Federal de Defensoría Pública.

f) El artículo 3 de la Ley Federal de Defensoría Pública contempla que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación, el cual, en el desempeño de sus funciones, gozará de independencia técnica y operativa.

g) En consecuencia, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, en lo relativo a sus funciones de administración, vigilancia y disciplina, son inatacables.

h) Toda vez que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, este último ejerce, a través del primero, determinadas atribuciones.

i) Si el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano que apoya en sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por dicho instituto es improcedente.

j) Si bien el instituto goza de independencia técnica y operativa, no tiene el alcance que el recurrente pretende.

k) Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que fue el Consejo de la Judicatura Federal el que expidió el nombramiento en favor del inconforme y es este quien cubre los salarios.

B. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, amparo en revisión 69/2006.

14. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:

a) Una persona promovió juicio de amparo contra el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, el delegado regional en Jalisco del mencionado instituto, el director general de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Señaló como acto reclamado la resolución dictada en el expediente de queja administrativo instaurado en su contra, en la que determinó destituirla del cargo que desempeñaba como oficial judicial de apoyo a la Defensoría Pública Federal.

b) Seguida la secuela procesal, el Juez de Distrito sobreseyó el juicio, en una parte, y negó el amparo. En lo que interesa, sustentó las consideraciones siguientes:

• Sobreseyó el juicio respecto del delegado regional del Instituto Federal de Defensoría Pública, en virtud de que negó el acto que se le reclamó y la quejosa no desvirtuó dicha negativa.

• Desestimó el argumento del director del Instituto Federal de Defensoría Pública, relativo a que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el 100 de la Constitución Federal, pues consideró que no asistía razón a la responsable en cuanto que actuó en representación del Consejo de la Judicatura Federal.

• En cuanto al fondo, desestimó los conceptos de violación.

c) Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión y la autoridad responsable revisión adhesiva.

15. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado sostuvo que:

a) Debía analizar los argumentos expuestos en la revisión adhesiva, en virtud de que la autoridad responsable insistió en la causal de improcedencia desestimada por el Juez de Distrito.

b) Consideró que los agravios son ineficaces, pues no puede estimarse que el acto reclamado haya sido emitido por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

c) El artículo 3 de la Ley Federal de Defensoría Pública precisa que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación que en el desempeño de sus funciones, gozará de independencia técnica y operativa.

d) Lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución, en cuanto a la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, no es aplicable a la resolución emitida por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues no puede considerarse como una decisión adoptada por el mencionado consejo, al no haber sido emitida por este, sino por un órgano auxiliar que goza de independencia técnica y operativa.

e) El artículo 100 de la Constitución se refiere a la inatacabilidad de las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en su ámbito administrativo, por lo que dicha disposición no es extensiva a la decisión del director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, al resolver sobre la responsabilidad del personal a su cargo.

f) La competencia del consejo se limita al orden administrativo, máxime si se toma en consideración que sus atribuciones originalmente correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro tuvo como uno de sus objetivos principales quitar funciones administrativas a la Corte y otorgárselas al Consejo.

g) En consecuencia, lo dispuesto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, en cuanto a la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, tiene origen en su ámbito administrativo, por lo que no es permisible que se haga extensiva a los actos del director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, máxime que dicho instituto actúa como órgano auxiliar con independencia técnica y operativa.

h) Al no revestir el carácter de inatacable a la resolución emitida por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, el medio idóneo para controvertirla es el juicio de amparo.

i) Finalmente, el Tribunal Colegiado analizó los agravios relativos al recurso de revisión principal, consideraciones que es innecesario sintetizar, en virtud de que son irrelevantes para el análisis de esta contradicción de tesis.

16. De la ejecutoria anterior emanó el criterio de rubro y texto siguiente:

"INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. LA RESOLUCIÓN DE DESTITUCIÓN DE UN OFICIAL JUDICIAL (ACTUALMENTE OFICIAL ADMINISTRATIVO), EMITIDA POR SU DIRECTOR GENERAL, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 3o. de la Ley Federal de Defensoría Pública precisa que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación que en el desempeño de sus funciones gozará de independencia técnica y operativa. De lo anterior se sigue que lo dispuesto en el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, no es aplicable a la resolución por la que el director general del citado instituto destituye a un oficial judicial (actualmente oficial administrativo) adscrito al propio órgano, en tanto que esa determinación no puede considerarse como una decisión del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere aquel precepto de la Carta Magna, ya que fue emitida por un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación que goza de independencia técnica y operativa. En esas condiciones, la mencionada determinación de destitución, emitida por el referido director general, es impugnable mediante el juicio de amparo."(12)

C. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo en revisión 174/2009.

17. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:

a) Una persona promovió juicio de amparo contra el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública y el jefe de la Unidad de Asesoría y Evaluación del Servicio del mismo instituto a quienes reclamó el acuerdo en el que se determinó su cambio de adscripción como asesor jurídico federal de la Dirección de Prestación de Servicio de Asesoría Jurídica en el entonces Distrito Federal a la ciudad de Guanajuato.

b) El Juez de Distrito desechó la demanda, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 100 de la Constitución Federal, de los que deriva que el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.

c) Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión.

18. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado calificó de fundados los agravios, al considerar que:

a) El acto reclamado no puede considerarse una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en comisiones, pues el director general del Instituto de Defensoría Pública no actúa como uno de estos órganos, por lo que le es inaplicable la regla establecida en el artículo 100 de la Constitución Federal, de ahí que sí es procedente el juicio de amparo.

b) El acuerdo que ordenó el cambio de adscripción del quejoso no puede determinarse como un acto que tenga naturaleza y características propias de los realizados por el Consejo de la Judicatura Federal, cuya inatacabilidad está expresamente contemplada por el artículo 100 de la Carta Magna.

c) De los artículos 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, 3, 4, 32 y 39 de la Ley Federal de Defensoría Pública, 5 y 69 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, se desprende que las únicas decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que serán revisables, son las relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces de Distrito.

d) Para el ejercicio de sus funciones, el referido consejo cuenta con el Instituto Federal de Defensoría Pública.

e) Dicho instituto es un órgano auxiliar que en el desempeño de sus funciones goza de independencia técnica y operativa.

f) El director general del instituto vigilará que los asesores jurídicos cumplan con las obligaciones impuestas y determinará si han incurrido en responsabilidad, en cuyo caso propondrá al Consejo de la Judicatura Federal las sanciones y correcciones disciplinarias que estime pertinentes.

g) El procedimiento para determinar la responsabilidad de los miembros del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como las sanciones aplicables, será el previsto en el título octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y será de la exclusiva competencia del Consejo de la Judicatura Federal.

h) El director general del citado instituto cuenta con atribuciones para cambiar de adscripción a los servidores públicos que estime procedentes.

i) Cuando la puntuación obtenida por un defensor o asesor en dos evaluaciones consecutivas se encuentre en el parámetro de deficiente, el director general del instituto ordenará su cambio de adscripción.

j) El acuerdo reclamado no constituye una decisión directa del Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en alguna de sus comisiones, pues el referido instituto, dada su naturaleza de órgano auxiliar, en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Defensoría Pública, goza de independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones y es evidente que el titular de tal órgano auxiliar ejerció las atribuciones conferidas.

k) La actuación del Instituto Federal de Defensoría Pública tiene que desplegarse sujetándose a la ley, pues su desempeño ha de realizarse observando el principio de legalidad a que está sujeto todo acto de autoridad, de ahí que las decisiones relativas al cambio de adscripción de los defensores y asesores jurídicos emitidos por su director general deban sujetarse a la normatividad correspondiente.

l) Por consiguiente, puede decirse que constituyen actos de naturaleza imperativa y unilateral y que la relación en la cual se producen se despliega en un plano de supra a subordinación frente al defensor o asesor jurídico, sin necesidad de acudir al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o a sus comisiones para hacer cumplir tal determinación, máxime que la intención del legislador fue que dicho instituto contara con la mayor autonomía técnica y operativa posible en ese aspecto.

m) Estimar lo contrario implicaría considerar que la actuación del director del mencionado instituto, diverso de quienes integran el Pleno o las Comisiones del Consejo de la Judicatura Federal no estaría sujeto a ningún mecanismo de control de legalidad o constitucionalidad, al no prever el sistema jurídico ningún medio para examinar la regularidad de sus actos.

n) Por tanto, fue inexacta la conclusión del Juez, al señalar que los actos emitidos por el referido director revisten la naturaleza y características de los realizados por el propio consejo, pues como ya quedó anotado, los actos de ese servidor público son de autoridad y no pueden considerarse inatacables.

19. De la ejecutoria anterior emanó el criterio de rubro y texto siguiente:

"INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. EL ACUERDO DE SU DIRECTOR GENERAL QUE DETERMINA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación de los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, 4, fracción II, 32, fracción IV, y 39 de la Ley Federal de Defensoría Pública; 4o., fracciones VI, VII, VII Bis y VIII, y 69 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, se colige lo siguiente: I. Las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal se consideran definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra. II. Únicamente serán revisables ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces de Distrito. III. El referido consejo cuenta, para el ejercicio de sus funciones, con el Instituto Federal de Defensoría Pública. IV. Dicho instituto es un órgano auxiliar que en el desempeño de sus funciones goza de independencia técnica y operativa. V. Su director general vigilará que los asesores jurídicos cumplan con las obligaciones impuestas y determinará si han incurrido en responsabilidad, en cuyo caso propondrá al Consejo de la Judicatura Federal las sanciones y correcciones disciplinarias que estime pertinentes. VI. El procedimiento para determinar la responsabilidad de los miembros del Instituto Federal de Defensoría Pública así como las sanciones aplicables, será el previsto en el título octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y será de la exclusiva competencia del indicado consejo. VII. El director general del citado instituto cuenta con atribuciones para acordar los cambios de adscripción de los servidores públicos del instituto que estime procedentes y VIII. Cuando la puntuación obtenida por un asesor jurídico en dos evaluaciones consecutivas se encuentre en el parámetro de deficiente, el mencionado director general ordenará su cambio de adscripción. En ese contexto, el acuerdo de éste que determina el cambio de adscripción de un asesor jurídico no constituye una decisión directa del Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en alguna de sus comisiones,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29482-93201cd7/instituto-federal-de-defensoria-publica-las-resoluciones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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