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MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN QUE RIGE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 190/2019. · Registro digital (IUS): 29504
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 152.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 190/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE ENERO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: MANUEL BARÁIBAR TOVAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la denuncia fue presentada por el titular de uno de los órganos contendientes, esto es, Armando Mata Morales, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Con el objetivo de determinar si las posturas denunciadas como presuntamente antagónicas, en realidad se contraponen, es necesario dar cuenta de las consideraciones que las sustentan.

A. Criterio contendiente sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (al resolver los amparos en revisión **********).

I. De la ejecutoria emitida por el referido Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, destaca, en lo que interesa, lo siguiente:

• El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, en el cual determinó que era procedente reclasificar la figura típica que designó el Ministerio Público, toda vez que de los datos de prueba existentes, se apreciaba que en realidad se actualizaba el hecho con apariencia del delito de violación equiparada previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, y no el diverso de violación genérica contenido en el numeral 267 del mismo ordenamiento, que inicialmente propuso el Ministerio Público. Dicho proceder fue justificado en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• En contra de esa determinación, ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con el expediente **********, y mediante sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, resolvió sobreseer por una parte y, por otra, negar el amparo solicitado.

El órgano de amparo, al analizar el fondo del asunto (auto de vinculación a proceso), sostuvo, en esencia, que la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, actuó correctamente al otorgar una clasificación distinta al hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público, pues estimó que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales la faculta para ello.

• Disconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el tribunal contendiente arriba mencionado, en el sentido de confirmar la decisión combatida.

El órgano de amparo estableció, entre otras cosas, que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la figura de "reclasificación jurídica", la cual puede realizarse tanto por el Juez de Control como por el Ministerio Público; sin embargo, será válida siempre cuando se haga del conocimiento del imputado y su defensa. Asimismo, sostuvo que la reclasificación no implica modificación de los hechos señalados por el Ministerio Público en la formulación de imputación.

Se determinó que la reclasificación jurídica que agravó la situación del imputado en el auto de vinculación a proceso, no resultó violatoria de sus derechos fundamentales, pues partiendo de los hechos sobre los cuales se formuló imputación, así como de los datos de prueba anunciados en la audiencia inicial, la Juez de Control decidió dar una clasificación jurídica distinta a la otorgada por el fiscal, atendiendo precisamente a la facultad que le confiere el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, estimó que el hecho debía encuadrarse en el delito de violación equiparada previsto en el artículo 272, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, y no el diverso de violación genérica contenido en el numeral 267 del mismo ordenamiento.

Así, concluyó que de la interpretación sistemática del penúltimo párrafo del artículo 316 de la legislación penal federal adjetiva, el Juez de Control puede reclasificar los hechos materia de la imputación ministerial aun en perjuicio del imputado, pues el proceso penal persigue un fin constitucionalmente válido, esto es, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Agregó que la reclasificación es válida en la medida que el legislador no dispuso lo contrario; por tanto, la facultad contenida en el artículo 316 de la referida legislación, no está condicionada a que la reclasificación sea en beneficio o en perjuicio del justiciable.

Finalmente, señaló que la reclasificación no pugna con el principio de contradicción, pues el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos y si el legislador autorizó al Juez de Control para reclasificar los hechos, lo que no es definitivo, en caso de que el imputado o el Ministerio Público no estén de acuerdo con esa determinación, podrán interponer el medio de defensa que la ley les concede; de ahí que mientras la reclasificación atienda a los hechos materia de la imputación, debe considerarse legal, aun si con ello se agrava la situación jurídica del imputado.

II. De la diversa ejecutoria emitida por el mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, destaca, en lo que interesa, lo siguiente:

• El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la Juez de Oralidad y Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, en el cual determinó que era procedente reclasificar la figura típica designada por el Ministerio Público, toda vez que los datos de prueba existentes arrojaban que en realidad se actualizaba el hecho con apariencia del delito de violación equiparada en grado de tentativa previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, y no el diverso de abuso sexual contenido en el numeral 260, fracción II y 261, fracción II, del mismo ordenamiento, que inicialmente propuso el Ministerio Público. La anterior determinación fue sustentada en el contenido del penúltimo párrafo del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• En contra de esa decisión, ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con el expediente **********, y mediante sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho, resolvió conceder el amparo solicitado, al estimar que la Juez de Control indebidamente reclasificó el delito inicialmente propuesto por el Ministerio Público, pues, a su parecer, rebasó los límites de la imputación, toda vez que tomó en consideración hechos que no fueron relatados por la representación social cuando formuló imputación.

• Disconforme con lo anterior, **********, en representación de su menor hija de iniciales ********** (tercera interesada) interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por uno de los tribunales contendientes, en el sentido de revocar el fallo recurrido y negar el amparo solicitado.

Al analizar los agravios propuestos por la parte recurrente, el órgano de amparo estableció, entre otras cosas, que la reclasificación jurídica que agravó la situación del imputado no resultó violatoria de sus derechos fundamentales, toda vez que los hechos no fueron variados. Además, sostuvo que la Juez de Control, partiendo de los hechos sobre los cuales se formuló imputación, y los datos de prueba anunciados en la audiencia inicial, decidió dar al hecho delictivo una clasificación jurídica distinta a la otorgada por el fiscal, atendiendo precisamente a la facultad que le confiere el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese contexto, señaló que al vincular a proceso se pueden reclasificar los hechos materia de la imputación, sin que ello esté sujeto o condicionado a que se realice en beneficio o perjuicio del imputado. Por tanto, estimó que la reclasificación que agrava la situación del imputado no riñe con los principios que rigen el sistema acusatorio, ni con la imparcialidad de la decisión judicial.

• Luego, al pronunciarse sobre los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, expresó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la figura de "reclasificación jurídica", la cual puede realizarse tanto por el Juez de Control como por el Ministerio Público; sin embargo, será válida siempre y cuando se haga del conocimiento del imputado y su defensa. Asimismo, sostuvo que la reclasificación no implica modificación de los hechos señalados por el Ministerio Público en la formulación de imputación.

Se determinó que la reclasificación jurídica que agravó la situación del imputado en el auto de vinculación a proceso, no resultó violatoria de sus derechos fundamentales, pues partiendo de los hechos sobre los cuales se formuló imputación, así como los datos de prueba anunciados en la audiencia inicial, la Juez de Control decidió dar una clasificación jurídica distinta a la otorgada por el fiscal, partiendo de la facultad que le confiere el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, estimó que el hecho debía encuadrarse en el delito de violación equiparada en grado de tentativa previsto en el artículo 272, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, y no el diverso de abuso sexual contenido en el numeral (sic) 260, fracción II y 261, fracción II, del mismo ordenamiento.

Así, concluyó que el Juez de Control puede reclasificar los hechos materia de la imputación ministerial aun en perjuicio del imputado, pues el proceso penal persigue un fin constitucionalmente válido, esto es, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Agregó que la reclasificación es válida en la medida en que el legislador no dispuso lo contrario; por tanto, la facultad contenida en el artículo 316 de la referida legislación, no está condicionada a que la reclasificación sea en beneficio o en perjuicio del justiciable.

Señaló que la reclasificación no pugna con el principio de contradicción, pues el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos y si el legislador autorizó al Juez de Control para reclasificar los hechos, lo que no es definitivo, en caso de que el imputado o el Ministerio Público no estén de acuerdo con esa determinación, podrán interponer el medio de defensa que la ley les concede; de ahí que mientras la reclasificación atienda a los hechos materia de la imputación, debe considerarse legal, aun si con ello se agrava la situación jurídica del imputado.

También sostuvo que la referida reclasificación en la que se agrava la situación del imputado, no es contraria al principio de debido proceso, en virtud que en todos los casos se debe informar al indiciado y a su defensa dicha situación. Aunado a ello, consideró que el auto de vinculación a proceso no es una decisión definitiva que perjudique al imputado, sino que sólo fija la litis.

Adicionalmente, adujo que tampoco se vulneraba el principio de seguridad jurídica, en atención a que los hechos (elemento fáctico) no pueden variar, por lo que sin importar que se cambie la clasificación jurídica, el imputado ya conoce los hechos que se le atribuyen.

Determinó que la multireferida reclasificación no invade la facultad de acusación que tiene el Ministerio Público, es decir, que no contraviene el principio de división de poderes contenido en el artículo 49 de la Carta Magna, toda vez que el Juez cumple una función que constitucionalmente le fue encomendada, esto es, la de impartir justicia. Pensar lo contrario sería atentar contra la función judicial, pues la figura del Juez sería ilusoria, precisamente porque se entendería que el juzgador debe limitarse a convalidar lo que el Ministerio Público le plantea.

Añadió que, de acuerdo a las características del sistema acusatorio, las funciones de los operadores ya no son unilaterales, sino que convergen y se entrelazan con el objeto de esclarecer los hechos.

Finalmente, señaló que la reclasificación no vulnera el principio de non reformatio in peius, pues para que pueda operar es necesario que se interponga un recurso y que se abra una segunda instancia, lo que no sucede en el auto de vinculación a proceso, pues dicha resolución se dicta en primera instancia.

B. Criterio contendiente sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

III. De la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado de referencia, destaca, en lo que interesa, lo siguiente:

• El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, en el cual determinó que era procedente reclasificar la figura típica que designó el Ministerio Público, toda vez que de los datos de prueba existentes se apreciaba que en realidad se actualizaba el hecho con apariencia del delito contra la salud, en su modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I del Código Penal Federal, y no en su modalidad de posesión con fines de comercio del aludido estupefaciente, contenido en el numeral 195, párrafo primero, en relación con los diversos 194, fracción I y 193 del mismo ordenamiento, que inicialmente propuso el Ministerio Público.

• En contra de esa determinación, ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el expediente **********, y mediante sentencia de quince de agosto de dos mil dieciséis, resolvió conceder el amparo solicitado, al estimar que el auto de vinculación a proceso no se encontraba debidamente fundado y motivado, en especial la afirmación de la Juez de Control donde sostuvo que no era necesario, hasta ese momento, determinar de forma concreta el lugar de destino del narcótico; ello en atención a que, a criterio del juzgador federal, sí era necesario justificar razonablemente el desplazamiento del enervante entre puntos geográficos distintos.

• Disconformes con lo anterior, la parte quejosa y el Ministerio Público (tercera interesada) interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales fueron resueltos por el tribunal contendiente arriba mencionado, en el sentido de confirmar el fallo recurrido y conceder el amparo solicitado.

El órgano de amparo estableció, entre otras cosas, que era necesario analizar la figura de reclasificación prevista en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que su aplicación puede representar una dificultad para definir claramente si con motivo de dicha potestad es factible agravar la situación del imputado, lo cual realizó en consonancia con el párrafo primero del artículo 20 y su apartado A, de la Constitución Federal.

En esa tesitura, el Tribunal Colegiado resolvió que no era dable sostener que el Juez de Control puede reclasificar los hechos propuestos por el representante social al formular imputación sin importar que con ello agrave la situación jurídica del imputado, pues esto implica contrariar los principios que rigen el sistema acusatorio, medularmente el relativo a la división de funciones entre el Juez y la parte acusadora, así como el de contradicción que permite el equilibrio entre las partes. No obstante, expuso que sí es factible efectuar dicha reclasificación, pero sin agravar la situación jurídica del imputado.

En el caso concreto, determinó que se vulneraron las reglas del debido proceso, esencialmente porque con la reclasificación realizada por el Juez de Control se agravó la situación del justiciable; y aunque esa decisión resulta preliminar, estimó que el juzgador ejerció funciones de acusación al dar un cauce distinto a la investigación complementaria, vulnerando así el principio de contradicción.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL EJERCER SU FACULTAD DE RECLASIFICAR LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN MINISTERIAL, NO PUEDE AGRAVAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO PUES, DE HACERLO, VIOLA EL PRINCIPIO ACUSATORIO Y LA NATURALEZA CONTRADICTORIA DE LA CONTIENDA, ASÍ COMO LA IMPARCIALIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 316, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado A, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 a 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la facultad del Juez de Control para reclasificar los hechos materia de la imputación formulada por el agente del Ministerio Público, prevista en el numeral 316, párrafo segundo, del código procesal invocado, no es ilimitada, pues una de las principales características del sistema procesal penal acusatorio y oral, consiste en la separación de las funciones de acusación y jurisdicción. Así, el principio acusatorio que define al sistema de enjuiciamiento penal, constituye un mandato de optimización de las diversas normas que no tienen ese carácter, de manera que estructura el proceso, determina su finalidad y establece las directrices a seguir en su trámite, así como la manera correcta de interpretar y aplicar las normas procesales. Junto a dicho principio, destaca el de contradicción, en cuanto implica concebir el proceso penal acusatorio como un debate, en el que se presentan las partes –acusación y defensa–, con pretensiones opuestas que alegar y probar, a través de argumentos y contraargumentos, en igualdad de condiciones jurídicas, y ante un Juez que tiene el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las partes y de decidir la contienda imparcialmente. Por ello, de la interpretación sistemática del artículo 316, párrafo segundo, invocado, se concluye que, al vincular a proceso al imputado, el Juez de Control puede reclasificar los hechos materia de la imputación ministerial, siempre que no agrave su situación jurídica pues, de hacerlo, viola el principio acusatorio y la naturaleza contradictoria de la contienda, así como la imparcialidad que debe regir en toda decisión judicial."(6)

CUARTO.—Determinación sobre la existencia de la contradicción de tesis. En principio, es pertinente precisar que por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)

Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.

Para corroborar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias–.

Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este test, lo que se busca es detectar la existencia de criterios interpretativos discordantes, más allá de las particularidades de cada caso concreto.

En esa tesitura, esta Primera Sala considera que el primero de los requisitos se encuentra cumplido, en la medida que en ambos casos los Tribunales Colegiados contendientes, en ejercicio de su arbitrio judicial, realizaron un análisis interpretativo encaminado a determinar si la facultad de modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnera los principios de contradicción e imparcialidad, si con su ejercicio se agrava la situación del imputado.

Por lo que hace al segundo requisito, también se estima cumplido, en virtud de que los Tribunales Colegiados sostuvieron posturas disímbolas al enfrentarse a una problemática jurídica con características similares, consistente en determinar si fue correcto que el Juez de Control, al dictar auto de vinculación a proceso y en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, modificara la clasificación de la figura típica designada inicialmente por el Ministerio Público.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, realizó una interpretación del contenido y alcance de la figura de modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, prevista en el multicitado artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sostuvo, en esencia, que el ejercicio de dicha potestad, aun cuando implique agravar la situación del imputado, no vulnera los principios de contradicción e imparcialidad que rigen el sistema acusatorio, pues desde su óptica, el legislador no dispuso lo contrario, es decir, no distinguió entre la reclasificación en beneficio o perjuicio; además, busca un fin constitucionalmente válido, esto es, que el culpable no quede impune y que la víctima sea resarcida del daño provocado por la comisión del delito.

También sostuvo que la reclasificación no implica que los hechos puedan ser variados, y que su ejercicio no invade la función acusadora que compete al Ministerio Público.

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consideró la necesidad imperante de interpretar el contenido del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a su parecer, su aplicación puede representar una dificultad para definir claramente si con motivo de dicha potestad es factible agravar la situación del imputado.

Así, concluyó que la modificación de la calificación del hecho materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, vulnera los principios de contradicción e imparcialidad del sistema acusatorio, si su ejercicio implica agravar la situación jurídica del imputado, principalmente porque el Juez de Control estaría invadiendo la esfera competencial de la parte acusadora y porque se impediría el equilibrio e igualdad de armas entre las partes.

Precisado lo anterior, ha quedado patente que las posturas de los Tribunales Colegiados contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones, dan como resultado la actualización del tercer requisito, por lo que procede la formulación de las siguientes preguntas:

¿La facultad del Juez de Control de modificar la clasificación de los hechos delictivos materia de la imputación, al dictar auto de vinculación a proceso, vulnera los principios de contradicción e imparcialidad (en su vertiente de distribución de funciones)?

¿Dicha facultad está condicionada a que su ejercicio opere en beneficio o perjuicio del imputado?

QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan a continuación:

El dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo lugar una reforma constitucional que significó una transformación radical en nuestro sistema de justicia penal. Se trata de la instauración del sistema penal acusatorio.

De este modo, el Poder Reformador de la Constitución, como elemento activo del Estado, decidió transitar del sistema tradicional-mixto –que data desde la época colonial– a uno de corte acusatorio, adversarial y oral, el cual busca hacer efectivo el respeto al debido proceso y a los principios constitucionales que lo sostienen.

Bajo el panorama expuesto, resulta claro pues, que el sistema acusatorio busca un punto de equilibrio entre los derechos del imputado y la víctima, de tal forma que la instauración de un proceso penal permita esclarecer los hechos; proteger a quien resulte inocente; castigar a aquellos responsables de la comisión de un injusto penal; y que la víctima que resintió la afectación obtenga un resarcimiento del daño causado.(9)

Características y principios.

Sentado lo anterior, conviene referirnos, aunque de manera lacónica, a las características y principios que rigen el sistema penal, las cuales encuentran sustento en el párrafo primero del artículo 20 constitucional, el cual, en lo conducente, establece:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación ..."

Respecto a las características, podría pensarse que el término "acusatorio" fue incorporado como elemento novedoso del sistema penal, sin embargo, encontramos que tiene sus bases en el contenido del artículo 21 constitucional, el cual, en sus párrafos primero y segundo, establecen que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal atañe al Ministerio Público.

Lo anterior, se encuentra íntimamente ligado con la distribución de funciones entre las partes, pues mientras que al Ministerio Público le corresponde investigar y formular acusación, al juzgador o tribunal de enjuiciamiento le compete la función de juzgar. Sobre este aspecto se abundará más adelante, al ser uno de los puntos de toque suscitados entre los Tribunales Colegiados contendientes.

En lo tocante al tema de o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29504-f1a4166b/modificacion-de-la-calificacion-del-hecho-delictivo-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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