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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. · Registro digital (IUS): 29597
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-12-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, Pág. 1157.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO DANIEL ZAMORA BARRÓN, JORGE MEZA PÉREZ Y ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. SECRETARIA: ADAIRIS RODRÍGUEZ ROCHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es legalmente competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Sesión vía remota. La resolución de la presente contradicción de tesis se llevará a cabo vía remota, mediante videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

Lo anterior se funda en el artículo 27, fracción IV, y en el diverso 30 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha disposición ordena celebrar las sesiones por videoconferencia, cuando exista una situación de contingencia previamente declarada por el Consejo de la Judicatura Federal.

La referida contingencia sanitaria es un hecho notorio para la comunidad internacional y ha sido reiteradamente reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal. Particularmente conviene destacar el reconocimiento de la contingencia que se hace en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, en el artículo 27, fracción III, de este último Acuerdo General, se afirma expresamente que las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito (durante el período de vigencia del Acuerdo, el cual la reanudación de las actividades jurisdiccionales de este Órgano Colegiado) se deben celebrar, invariablemente, por videoconferencia.

TERCERO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en el caso fue realizada por los quejosos en los asuntos que la motivaron.

CUARTO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, para después proceder a su análisis.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió los amparos directos 107/2019 y 122/2019, promovidos por **********, ********** y **********, en los que fue negada la protección constitucional, por las siguientes consideraciones.

• Determinó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, especifica que las determinaciones de los órganos garantes estatales pueden combatirse vía recurso de inconformidad, o bien, directamente por medio del juicio de amparo, excluyendo la posibilidad de promover en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de que se trate.

• Agregó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2016, sostuvo medularmente que el medio ordinario de defensa que procede contra las resoluciones dictadas por los organismos de transparencia gubernamental, como lo era la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, no era el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, sino el recurso de inconformidad ante el órgano garante, cuya interposición era optativa para el interesado; mientras que el medio extraordinario de defensa lo era el juicio de amparo.

• Puntualizó que la determinación de la multa era impuesta al sujeto titular de la autoridad obligada, sin embargo, su entero debía salir indefectiblemente de su peculio; de ahí que, la impugnación de la multa reclamada no confería únicamente legitimación al particular, sino también al sujeto obligado.

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió los amparos directos 77/2019, 102/2019 y 114/2019, promovidos por **********, ********** y **********, en los que se concedió la protección constitucional, por las siguientes consideraciones:

• Determinó que en el caso no se actualizaba de forma patente e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 56, fracción IX, en relación con el 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que la procedencia del juicio contencioso administrativa respecto del acto impugnado en esos casos (imposición de multas) debía estudiarse atendiendo a las características particulares del reclamo; por lo que era necesario verificar si efectivamente la multa constituía un aspecto ajeno a la decisión vinculada con la materia de transparencia y acceso a la información.

• Puntualizó que era necesario el análisis de la naturaleza de los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual, no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En sus criterios más recientes el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Ello con la finalidad de definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P.XLVII/2009, ambas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época, con número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis: P./J. 72/2010, página 7.)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época, con número de registro digital: 166996. Instancia: Pleno, tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67.)

De conformidad con los criterios transcritos, para que exista contradicción de tesis no es necesario que coincidan las cuestiones fácticas analizadas por los órganos jurisdiccionales terminales, pero sí coinciden –como en el caso, según se verá enseguida– sin duda es de mayor entidad jurídica dilucidar la cuestión de incertidumbre legal que se genera en el ámbito espacial y temporal de los justiciables hipotéticos. Lo anterior, por las decisiones jurisdiccionales diferenciadas.

Así también, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la condición para que se dé la contradicción, está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, su esencia radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.

Por ello, en las contradicciones de tesis las consideraciones jurídicas de los Plenos de Circuito deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes, es decir maximizar la certeza jurídica en la aplicación del derecho.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2010, de rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes." (Novena Época, con número de registro digital: 165076. Instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, tesis 1a./J. 23/2010, página 123)

Ahora bien, del análisis a las ejecutorias en que se sustenta la presente contradicción se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Este (sic) Cuarto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 107/2019 y 122/2019, negó el amparo a los quejosas, en contra del desechamiento de la demanda de nulidad, determinando que contra la sanción económica impuesta a un sujeto obligado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no resulta procedente el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al estimar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, establece el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, ante las autoridades federales.

Por su parte, en relación con ese mismo punto jurídico –desechamiento de la demanda de nulidad presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, promovida en contra de la sanción económica que le fue impuesta a un sujeto obligado, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nuevo León– el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver los amparos directos 77/2019, 102/2019 y 114/2019, determinó que era procedente conceder el amparo, bajo la premisa de que derivado de la complejidad del asunto, tal circunstancia no podía analizarse en el acuerdo de admisión o desechamiento, sino que la naturaleza del acto y de la autoridad debía ser analizado en el juicio de nulidad.

Del contexto comparativo anterior se advierte que, existe una diferencia sustancial entre los criterios, no solo porque con los mismos hechos y aplicación del derecho adjetivo, en un supuesto se negó el amparo y, en el otro, se concedió la protección constitucional, sino porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito es categórico en establecer que contra la multa impuesta a un sujeto obligado, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, resulta procedente el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, pero no el juicio de nulidad; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, concediendo el amparo, determinó que para poder tomar una decisión en cuanto a la improcedencia el juicio de nulidad, en contra de ese mismo acto y autoridad, era necesario el análisis de la naturaleza de la autoridad y los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

Como se contextualiza el punto de derecho a dilucidar, ambos tribunales, analizaron los mismos hechos; esto es, sujetos obligados a quienes se les impuso una multa por incumplimiento a la ley de transparencia –incluso mismos quejosos en dos amparos directos– que previamente acudieron a impugnarla a través del juicio contencioso administrativo y en uno de esos juicios, se reitera, (ventilado ante el Primer Tribunal Colegiado) la protección constitucional le fue negada al estimar correcto el desechamiento de la demanda de nulidad, mientras que el otro Tribunal Colegiado (Tercero), concluyó conceder la protección federal, al estimar que la causal de improcedencia, no era notoria y manifiesta.

De ahí que apelando a la esencia de los fines de la resolución de las contradicciones de tesis, a saber, cómo ya se argumentó, generar certeza jurídica, es que conforme a la sensibilidad obligada del juzgador constitucional, ello lleve a concluir a este Pleno de Circuito, que no obstante que superficialmente pareciera que no se trató del mismo punto jurídico a dilucidar, en su esencia y conclusión denegatoria de amparo y por otra parte de tutela constitucional, sí existe un punto jurídico en pugna de necesario discernimiento. En efecto, tal diferendo consiste en determinar si resulta procedente o no el juicio de nulidad, en contra de una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, por medio de la cual se impone una multa como sanción a un sujeto obligado por incumplimiento a la ley de transparencia o si es admisible la demanda de anulación contenciosa e implícitamente viable en forma posterior la eventual procedencia del juicio natural contra tales autoridades y acto consistente en la multa controvertida. Ante el diferendo jurisdiccional, se procede a determinar qué criterio jurídico de los dos tribunales debe prevalecer.

SEXTO.—Determinación del criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia. Del contenido del apartado anterior se afirma que la contradicción de tesis es existente, así lo que se debe dilucidar es si resulta procedente el juicio de nulidad, en contra de una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, por medio de la cual impone una multa como sanción, a un sujeto obligado, por incumplimiento a la ley de transparencia.

En efecto, como antecedentes que dieron origen a la presente contradicción de tesis, se tiene que servidores públicos del Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, promovieron juicio de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, a través de las cuales se les impuso una sanción consistente en una multa por incumplimiento a sus obligaciones como sujetos obligados en materia de transparencia.

La Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado desechó la demanda de nulidad al no encuadrar su procedencia en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa en (sic) el Estado de Nuevo León. Determinación que fue confirmada por la Sala Superior de ese Tribunal.

Ante ello, se promovió juicio de amparo directo, determinando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, que contra la multa impuesta a un sujeto obligado, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, resultaba procedente el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, pero no el juicio de nulidad.

Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, a quién correspondió conocer de un diverso juicio de amparo directo respecto de los mismos actos, determinó que para poder tomar una decisión en cuanto a la improcedencia el juicio de nulidad, era necesario el análisis de la naturaleza de los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

Dado que para resolver la presente problemática es necesario abordar diversos tópicos, el estudio del asunto se ira abordando en forma temática:

1. Inatacabilidad de las resoluciones emitidas por los organismos garantes.

Ahora bien, a fin de abordar la problemática que nos ocupa, es importante acudir al contenido del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

N. de E. por decreto de reformas publicado en el D.O.F. de 11 de junio de 2013, este párrafo con sus respectivas fracciones pasó a ser apartado "A".

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

(Adicionada [N. de E. con los párrafos que la integran], D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

"En su funcionamiento se regirá por l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29597-1b477be3/juicio-de-nulidad-es-improcedente-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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