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Modo: Corpus Pro

MUJERES TRABAJADORAS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO QUE HUBIEREN SIDO DESPEDIDAS CON MOTIVO DE SU ESTADO DE EMBARAZO O DURANTE EL PERIODO DE POSTPARTO O LACTANCIA. ES PROCEDENTE SU REINSTALACIÓN EN EL EMPLEO Y EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2019. · Registro digital (IUS): 29787
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-05-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Pág. 2117.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MARZO DE 2021. UNANIMIDAD DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HERLINDA FLORES IRENE, ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, ARTURO CEDILLO OROZCO, OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, LAURA SERRANO ALDERETE, EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS (QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE), EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, ÁNGEL PONCE PEÑA, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, FERNANDO SILVA GARCÍA, JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ (QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE), ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ (QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE) Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. PONENTE: ÁNGEL PONCE PEÑA. SECRETARIA: ALMA NASHIELY CASTRO CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en los artículos 41-Bis y 41-Ter, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes:

Primero. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien constituye el órgano denunciante, en sesión de diez de octubre de dos mil diecinueve, resolvió el juicio de amparo directo DT. 224/2019, en el cual, en la parte que interesa, se determinó:

"24. Así, en el caso particular la norma de derechos humanos que este Tribunal Colegiado interpretará extensivamente con la finalidad de favorecer en todo tiempo a la parte actora la protección más amplia, será el artículo 1o. constitucional, párrafo quinto y diversas normas convencionales que establecen el derecho humano de no discriminación e interpretará restrictivamente el precepto constitucional 123, apartado B, fracción XIV –por contener una limitación a un derecho–, con base en las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado al respecto en diversos criterios jurisprudenciales –como se verá más adelante–, en los que estableció la restricción del derecho de reinstalación a los trabajadores burócratas de confianza, exclusivamente en los casos en que el Estado-patrón les ha perdido la confianza, de modo que esa limitación debe ser vista de manera restrictiva sólo a la luz de esa premisa, es decir, que los límites de esos criterios están circunscritos únicamente a la actualización de la pérdida de la confianza del empleado.

"25. Lo anterior, porque se reitera conforme al principio pro persona cuando se trata de interpretar derechos fundamentales debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si establece restricciones permanentes al ejercicio de los derechos, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.

"26. Precisado lo anterior, el caso particular no se subsume en la hipótesis establecida en el artículo 123, apartado B, fracciones IX, XIII y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el patrón-Estado tiene la facultad de no reinstalar a un trabajador burócrata de confianza, traduciéndose en una restricción para esa clase de empleados de poder ser reinstalados, en los casos en que les ha perdido la confianza, pues el patrón debe tener la posibilidad de reconfigurar su equipo de trabajo, con la finalidad de satisfacer de la mejor forma el servicio público a su cargo.

"...

"31. Como puede observarse, el caso concreto no puede ser subsumido en el artículo 123, apartado B, fracción XIV constitucional, y la restricción constitucional establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de la lectura de las ejecutorias que dieron origen a ese criterio jurisprudencial se advierte con claridad que la restricción opera única y exclusivamente en los casos en que se ha perdido la confianza, ya que la premisa implícita es que ante la pérdida de ésta el empleador –Estado– no tiene obligación de demostrarla ni el imperativo de reinstalar al trabajador, ya que aquél debe tener la posibilidad de reconfigurar su equipo de trabajo con miras a satisfacer de la mejor manera el servicio público que tiene a su cargo.

"...

"44. Sin embargo, en el caso particular no se está ante un problema similar al resuelto en esos casos, esto es, en la especie no se está planteando la preeminencia del orden jurídico convencional sobre el orden jurídico constitucional interno, pues como se apuntó con antelación, el caso versa sobre el cese de la trabajadora por una situación de discriminación de las que expresamente prohíbe el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no está comprendida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, por no tener sustento en la pérdida de confianza.

"45. Así, como ya se adelantó, el caso concreto no subsume a la hipótesis establecida en el artículo 123, apartado B, fracciones IX, XIII y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"...

"47. Sin embargo, esa atribución debe entenderse actualizada en la hipótesis (sic) que la razón del cese se origine por la pérdida de la confianza al trabajador, lo que en el caso particular no se actualiza, pues como se apuntó con antelación, en el caso concreto quedó demostrado que el cese de la actora obedeció a la condición en la que se encontraba –embarazo–, esto es, motivado por su gravidez, lo que de suyo implicó una transgresión al derecho fundamental de no discriminación tutelado por el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"48. Por tanto, es evidente que el presente caso resulta subsumible bajo la hipótesis establecida en dicho precepto constitucional; por las razones que se exponen enseguida:

"49. Para demostrar el aserto anterior, debe considerarse que la norma constitucional de que se trata establece un derecho fundamental consistente en la prohibición a toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

"...

"57. De esta forma, el disfrute del derecho a la no discriminación es reconocido para todas las personas –como lo sostuvo el derecho jurisprudencial interamericano y el interno– incluso existen derechos de la clase trabajadora que no hace distinción entre las personas que deben gozar de ellos; así, se tiene que el derecho de las mujeres embarazadas reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace distinción entre si son mujeres en su calidad de trabajadoras de base o de confianza, para gozarlo. Lo mismo ocurre con ese derecho pero previsto en el artículo 123, apartado B, fracción VI, constitucional; de ahí que no debe hacerse distinción en los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando éstos no existan (sic) restricción que así lo contenga.

"...

"61. En ese sentido, la discriminación laboral por razón de género comprende no sólo los tratamientos indebidos fundados en la constatación directa y estereotipada de los géneros, sino también aquellos que se basen en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo de la persona discriminada; el embarazo es un elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres, situación que no puede acarrear discriminación por razón de género que se materialice en perjuicios a la mujer trabajadora.

"...

"125. Sin que en el presente caso resultara necesario echar mano de la técnica interpretativa de ponderación, pues no se está en presencia de hechos susceptibles de adscribirse a derechos fundamentales contrapuestos a la luz del caso particular, esto es, no existe una colisión de derechos; por ello, el presente caso se resolvió con un razonamiento interpretativo subsuntivo, es decir, adecuando los hechos del caso concreto a la Norma Constitucional que resultó aplicable, observando el caso particular para establecer bajo qué norma resultó subsumible.

"126. En efecto, la función de ponderar consiste en pesar o sopesar los principios que concurren al caso concreto, a efecto de establecer cuál es el peso específico de los derechos fundamentales en colisión, de modo que el que tenga un peso mayor será aquel que venza en la ponderación y el que determinará la solución para el caso concreto, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales y, consecuentemente, la seguridad jurídica de los gobernados.

"127. Hipótesis que en el caso particular no se actualiza, pues si bien las normas de que se trata son de anclaje constitucional, pues ambas se ubican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –artículo 1o., último párrafo (derecho a no ser discriminado motivado por razones de género) y el artículo 123, apartado B, fracciones IX y XIII (restricción de acceso a la reinstalación, en tratándose de trabajadores de confianza al servicio del Estado)–.

"128. Empero, como ya se estableció, los hechos que generaron el caso particular subsumieron a la hipótesis prevista en el artículo 1o., párrafo último, constitucional, y diversos instrumentos internacionales y con base en ellos pudo resolverse la cuestión.

"129. En suma, válidamente puede concluirse que la restricción constitucional de mérito –en automático– no permite la vulneración al derecho de no discriminación.

"...

"133. El principio de unidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es aquel conforme al cual su interpretación debe estar orientada a considerarla como un ‘todo’ armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto; en otras palabras, este principio es entendido como aquel en que la interpretación y aplicación del derecho debe realizarse sobre la base del Texto Constitucional completo, como un todo, de manera sistemática y no confrontar una ley o un caso concreto con algunos de los artículos de la misma Constitución Federal.

"134. Por su parte, el principio de concordancia práctica es aquel por medio del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta ‘optimizando’ su interpretación, es decir, sin ‘sacrificar’ ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada ‘Constitución orgánica’ se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

"135. Bajo esas premisas, no puede leerse una restricción establecida en el propio Texto Fundamental sacrificando un principio también ahí reconocido."

Segundo.—El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de treinta de mayo de dos mil diecinueve, resolvió el juicio de amparo directo DT. 18/2019, en el cual, sobre el tema en análisis, en lo que interesa, determinó:

"SÉPTIMO.—Análisis de la discriminación por razón de género.

"...

"Tales elementos apoyarán la decisión porque la quejosa tiene la calidad de trabajadora de confianza en situación de vulnerabilidad, que se ubica en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que se trazó para separar ilegalmente de su trabajo a aquélla, encontrándose embarazada, plantea la necesidad de estudiar una aparente discriminación por género, la cual constituye uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución.

"1. La perspectiva de género.

"Al momento de juzgar casos como el que nos ocupa, debe echarse mano de esa metodología de análisis, ya que socialmente existe la necesidad de terminar y erradicar con las desigualdades de trato y de oportunidad para las mujeres.

"Por tanto, en el caso, se verificará y aplicará dicha metodología para resolver si existió discriminación a la quejosa por su condición de embarazo, colocándola en franca vulnerabilidad que amerite una protección especial.

"...

"2. El ejercicio de un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio.

"...

"Lo que no queda del todo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que para cuando aplicada una restricción constitucional como la no estabilidad en el empleo de una trabajadora de confianza al servicio del Estado, subsiste un problema de discriminación por razón de género, prohibido por el artículo 1o. constitucional, lo cual no puede quedar sin resolver y sin defensa constitucional y convencional con motivo de su restricción, porque el principio de no discriminación rige y su violación debe tener consecuencias.

"Por eso, debe hacerse un ejercicio ponderado de los supuestos jurídicos involucrados y hacer armónico el modelo de derechos y restricciones constitucionales, sin que necesariamente se sobreponga uno sobre otro.

"...

"3. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN VIRTUD DE LA CALIDAD DE TRABAJADORA DE LA AQUÍ QUEJOSA Y PERTENECIENTE A UN GRUPO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

"...

"En el caso de las mujeres embarazadas, puede considerarse que con su estado de gravidez provoca una serie de cambios físicos y psicológicos que las puede colocar en una condición de mayor vulnerabilidad.

"En el periodo de embarazo, esta situación se agudiza si la mujer cuenta, además, con condiciones socialmente desventajosas como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a los servicios de salud, o la falta de apoyo de una red familiar y social.

"De ahí que en el caso concreto sea aplicable la suplencia de la queja deficiente a favor de la quejosa, porque en el juicio laboral tuvo la calidad de parte trabajadora y, en su momento, cuando ocurrieron los hechos, se situó en un importante grado de vulnerabilidad.

"ESTUDIO DEL CASO.

"...

"Para resolver el caso, resulta necesario plantearse y responder el problemario siguiente:

"a. ¿Qué se entiende por el derecho a la no discriminación?

"b. ¿Ante la existencia de una violación al derecho humano a la no discriminación, cómo se determinan las cargas procesales?

"c. ¿Cuáles son las consecuencias y reparaciones por la violación al derecho a la no discriminación?

"d. ¿Es un acto discriminatorio por razón de género la separación del empleo de una trabajadora en estado de embarazo?

"e. ¿La normativa existente en el momento de ocurrir los hechos, prevé una prohibición de separar de su empleo a una trabajadora en estado de embarazo?

"f. ¿Por qué se viola el derecho humano cuando se separa de su empleo a una mujer embarazada?

"La respuesta a dichas interrogantes, nos irán dando elementos indispensables de resolución de la litis en torno al tema de la discriminación por razón de género que se alegó.

"...

"Ello, porque no toda distinción está prohibida siempre que esté justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria.

"Pero, ese análisis del principio de igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del principio pro persona –interpretación que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento de aquél– debe hacerse operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con un trato diferenciado.

"B. ¿Ante la existencia de una violación al derecho humano a la no discriminación, cómo se determinan las cargas procesales?

"La carga de la prueba se entiende como una actividad de las partes en un proceso que deben deben (sic) asumir en beneficio de sus propios intereses, pues es a través de dicha actividad que la ley faculta a las partes para que aporten al juzgador los elementos de convicción, para que puedan demostrar una acción o una excepción.

"Pero, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de género, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Esto es así, porque está de por medio la alegación de una violación a un derecho humano.

"...

"Pero en los casos de discriminación esto resulta arduo, en virtud de que la mayor parte de los elementos de prueba están en poder de la parte demandada. Ello, con la finalidad de facilitar la prueba de la discriminación indirecta, por ser la más complicada de demostrar.

"Por tanto, la carga de la prueba debe ser favorable a la parte presuntamente perjudicada, de modo que cuando una persona presente hechos que permitan presumir la existencia de discriminación, corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de no discriminación.

"Ahora, en el caso concreto, la carga de la prueba debe partir de las posiciones de las partes del juicio laboral, que son las siguientes:

"Trabajadora: Fue despedida por el Estado-patrón por estar embarazada.

"Estado-patrón: Negó relación de carácter laboral y afirmó que el vínculo concluyó anticipadamente a la fecha de conclusión de la vigencia por virtud de la celebración de un convenio y, además, manifestó que las funciones de la actora se equiparan a las contenidas en el artículo 5o. de la ley burocrática, esto es, de confianza.

"...

"Con base en lo anterior, en concepto de este Tribunal Colegiado fue incorrecta la actuación de la autoridad responsable al no advertir que en la litis el despido estaba vinculado con un reclamo de la discriminación por razón de género que se alegó.

"Ello debe calificarse así, porque indebidamente la Sala responsable absolvió a la demandada, habiendo sido omisa en resolver con perspectiva de género, a lo cual estaba obligada, debido a que se trataba del despido de una mujer embarazada, sin que fuera obstáculo su condición de trabajadora de confianza al servicio del Estado, para analizar tal situación de violación al artículo 1o. constitucional.

"...

"Ahora bien, por lo que (sic) refiere a la afirmación que hace la trabajadora en el sentido de que su separación se debió al hecho de que estaba en estado de gravidez, con el certificado médico acreditó ese extremo, pero no que ese hubiese sido el motivo o causa de la separación de su empleo; sin embargo, debe considerarse, por un lado, que el hecho del despido por encontrarse en estado de gravidez o embarazo no fue controvertido por la Secretaría demandada –quien, sobre el tema, en la contestación de la demanda se condujo con evasivas y se constriñó a pretender evidenciar la existencia de la relación civil y que ésta concluyó por virtud de la celebración de un convenio, lo que, en términos del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia burocrática, implica que esos hechos se tengan por ciertos sin que admita prueba en contrario– y, bajo la consideración de la responsable de estimar actualizado el despido por lo ya visto, debió valorar la causa invocada por la actora que motivó la conclusión de la relación laboral: su estado de gravidez.

"La responsable se quedó muy corta en su análisis sobre el tema planteado a su consideración, pues se limitó a considerar que la demandada demostró la excepción de confianza, con la consecuencia de no tener la obligación de reinstalar a la actora, ni pago de salarios caídos y demás prestaciones accesorias, ya que por ser trabajadora de confianza al servicio del Estado no cuenta con estabilidad en el empleo.

"Como ya se revisó, la conclusión de no reinstalar fue adecuada, dada la restricción constitucional para los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pero no podía soslayarse el reclamo de discriminación cuyos actos prohíbe la Constitución y deben tener consecuencias jurídicas.

"...

"En efecto, como ya se consideró, la separación del empleo de una trabajadora motivada por su estado de embarazo constituye, por sí mismo, una discriminación directa por razón de género, en virtud de que atenta contra ese propio principio contenido en los artículos 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Convenio Internacional del Trabajo No. 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, pero especialmente a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que reconoce expresa y literalmente ese derecho.

"Ahora bien, la carga de la prueba para acreditar la discriminación directa por razón de género –en estudio– se distribuye en un primer momento de dos formas, que son:

"• De la trabajadora, el acreditar por lo menos la sospecha racional de discriminación, ya por indicio o por presunción –principio de prueba–.

"• De la demandada (patronal-Estado) –luego de la existencia del principio de prueba– acreditar la no discriminación o las razones por las que no se actualiza.

"...

"En el derecho procesal laboral, el tribunal responsable podía ejercer esa obligación de investigación, allegándose de las pruebas necesarias conforme a la facultad para mejor proveer prevista en los artículos prevista en los artículos (sic) 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"En el ámbito de la carga de la prueba, respecto de la discriminación, la hoy quejosa ofreció el certificado médico con el que demostró su estado de embarazo, pero agravado el hecho, porque tal certificado se le solicitó supuestamente para integrar su expediente, y sólo unos días después quedó demostrado que fue despedida, lo cual genera una fuerte presunción de que el motivo de la pérdida de trabajo fue por su condición de embarazo, atendiendo a un recto raciocinio y buena fe guardada, sin que exista elemento en contrario; de ahí que deba tenerse por cierto.

"Tan es así, que la propia responsable determinó que sí existió el ilegal despido, como ya se vio, pero omitió juzgar tal evento a partir de la manifestación de la actora en el sentido de que tal acto fue discriminatorio.

"Con base en lo anterior, se tiene que la quejosa acreditó que el día del despido estaba embarazada sin que la demandada hubiese controvertido esa afirmación, razón por la cual, en términos del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia burocrática, debe tenerse por cierto que por ese evento fue despedida ilegalmente de su empleo.

"De ahí que con los medios probatorios ofrecidos por la aquí quejosa en el juicio laboral, cumple con la carga de la prueba, generándose un principio de prueba sobre la existencia de la discriminación alegada por la trabajadora.

"En cambio, la aquí tercero interesada únicamente se concretó a pretender acreditar que la trabajadora tenía la calidad de ‘confianza’ a que hace alusión el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y que la relación que les unió fue de naturaleza civil, sin que se hubiese demostrado tal aspecto. Antes bien, la responsable determinó la existencia del vínculo laboral entre las partes, cabe decir, correctamente, pues del contenido del contrato celebrado entre la actora y la demandada, se advierte el elemento de la subordinación y el pago de un salario, esencialmente.

"Por tanto, la Secretaría demandada no acreditó que la causa de la terminación de la relación laboral lo fuera porque, en su calidad de trabajadora de confianza, el contrato celebrado llegó a su fin anticipadamente y se firmó un convenio de terminación del vínculo laboral.

"...

"En otro sentido, como ya se consideró, la actora en cuanto trabajadora de confianza burocrática, no tiene derecho a la reinstalación por el ilegal despido, al no tener reconocido el derecho a la estabilidad laboral; sin embargo, ello no es impedimento para que ante la discriminación por razón de género que sufrió por parte de la Secretaría demandada, tenga que ser reparada en su derecho, en un principio, mediante fórmulas económicas y, a partir de ello, determinar la responsabilidad del patrón Estado con respecto a la indemnización pecuniaria respectiva.

"...

"Como claramente se lee en la jurisprudencia indicada, vinculante para este Tribunal Colegiado, corresponde al Estado –en el caso al Poder Judicial de la Federación– tomar las medidas necesarias para asegurar que cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados, ocasionada por particulares o el Estado en su calidad de patrón, sea reparada por el causante del daño.

"En ese marco, el órgano jurisdiccional laboral debe tomar en cuenta que es obligación de los Jueces nacionales el realizar acciones positivas para desterrar la discriminación en perjuicio de la mujer en la vida laboral, atendiendo al caso concreto, sin que ello implique el lesionar los derechos del empleador que, por un principio elemental de seguridad jurídica, tiene que normar su conducta y sus planes laborales de acuerdo al ordenamiento vigente.

"...

"Los derechos a los que la quejosa quedó privada –por la discriminación que sufrió– se contienen principalmente en los ramos de seguridad social, ya sea durante el periodo del embarazo, ya sea en la maternidad, porque son los indispensables para que la mujer pueda desarrollar bien su embarazo y su parto, entre ellos, asistencia médica, pagos periódicos para cubrir la falta de ingresos de las madres trabajadoras en este periodo, así como el periodo de descanso antes y después del parto ligado al derecho a recibir prestaciones pecuniarias durante el periodo en el que se interrumpe la participación en el trabajo remunerado.

"...

"Por tanto, al haber sido despedida ilegalmente por encontrarse en estado de embarazo, es indudable que la actora, aquí quejosa, sufrió una discriminación, pues su situación de vulnerabilidad impidió que disfrutara de los derechos humanos de los que era acreedora al encontrarse embarazada, con los cuales se garantizaría su estabilidad económica, social y de salud de ella y de su menor hijo(a), pues con los derechos a la seguridad social se cubren todos los ámbitos de los que se vio privada.

"De todo lo antes considerado, este Tribunal Colegiado llega a las conclusiones siguientes:

"1. La Sala responsable vulneró los derechos de la actora, puesto que omitió realizar un análisis completo de sus planteamientos, toda vez que dejó de revisar si hubo violación al principio de no discriminación por parte de la Secretaría de Educación Pública demandada en el juicio laboral.

"2. De los elementos que obran en el expediente, queda demostrado que la quejosa fue despedida ilegalmente por su situación de ser mujer embarazada, lo cual se tradujo en la violación al principio de no discriminación.

"...

"OCTAVO.—Derechos involucrados con el acto de discriminación.

"Como consecuencia del acto discriminatorio del cual la actora fue objeto, este Tribunal Colegiado estima que el patrón Estado debe pagar una indemnización resarcitoria para compensar la violación al derecho fundamental de no discriminación, por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y motivo del despido.

"Además, no debe perderse de vista que el estado de gravidez en el que se encontraba al momento de ser ilegalmente despedida –aunque sea de confianza– la colocó en una situación de vulnerabilidad y objeto de una discriminación prohibida por el parámetro de control de regularidad constitucional, como se ha visto.

"...

"Por tanto, al ser separada de su empleo (se configura como despido) por su embarazo, la trabajadora sufrió una discriminación pues, ante su situación de gravidez, debió disfrutar de los derechos humanos de los que es acreedora por su propio estado físico con los cuales se garantiza su estabilidad económica, social y de salud, lo que hace que el actuar del patrón sea un acto discriminatorio prohibido por todo el parámetro de control de regularidad constitucional; motivo por el cual, es justificable la condena indemnizatoria, la exhortación a evitar la discriminación por razón de sexo y adoptar las medidas necesarias para no repetir los despidos por razón de embarazo.

"...

"Entonces, en el presente asunto no solamente se trata de la violación de un derecho fundamental de no ser discriminado por razón de género y de la dignidad humana, sino también el alcance, efectos y consecuencias de ese acto de discriminación cuya materialización concluyó en el ilegal despido de la actora por encontrarse en estado de gravidez y que constituye una transgresión directa al proyecto de vida de la actora, que también debe ser reparado en virtud de que el alcance de su significado predica un aspecto de realizaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29787-85b75896/mujeres-trabajadoras-de-confianza-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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