I. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA). II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SIEMPRE Y CUANDO GUARDEN EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL COMITÉ NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE INTEGRA POR UN SOLO CUERPO CIUDADANO, QUIENES NO PODRÁN OCUPAR, DURANTE EL TIEMPO DE SU GESTIÓN UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA QUE LES IMPIDA EL LIBRE EJERCICIO DE SUS SERVICIOS Y NO TENDRÁN RELACIÓN LABORAL ALGUNA CON LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SU COMITÉ COORDINADOR, LO CUAL NO PUEDEN VARIAR LOS CONGRESOS LOCALES PARA SUS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE ENERO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de enero de dos mil veinte.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Poder Legislativo del Estado de Baja California.
2. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Norma general cuya invalidez se reclama:
Los artículos 16, primer párrafo, en la porción normativa: "éstos últimos no percibirán emolumento alguno", así como el párrafo cuarto y 17, primer párrafo, en la porción normativa: "En el caso de los integrantes técnicos", todos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, publicada mediante Decreto No. 98, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el siete de agosto de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 5, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6, 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:
Que el artículo 16, primer párrafo, en la porción normativa, "éstos últimos no percibirán emolumento alguno", y párrafo cuarto; así como 17, primer párrafo, en la porción normativa "En el caso de los integrantes técnicos"; todos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, al establecer que los miembros de carácter honorífico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, no recibirán contraprestación alguna por sus servicios; y al prohibir de manera genérica que los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, durante el tiempo de su gestión, no puedan ocupar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, incluyéndose a los miembros que únicamente tienen el carácter de honoríficos, vulneran los derechos humanos al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, establecidos en la Constitución Federal.
El derecho a un mínimo vital se refiere al derecho de todos los individuos que forman parte de una comunidad a contar con una cantidad mínima de ingresos, para hacer frente a sus necesidades más básicas (tales como la alimentación y el vestido).
Que el artículo 5o. de la Constitución Federal, establece la prohibición de impedirle a persona alguna, el dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sean lícitos, reconociendo como únicas limitantes al ejercicio de este derecho, la determinación judicial, lesión a derechos de terceros y resolución gubernativa, con apego a la ley.
Que el artículo 123, en relación con el diverso 127 de la propia Constitución Federal, amparan el derecho al trabajo como la libertad de la que gozan las personas de acceder a un trabajo digno, socialmente útil, y disponen a su vez, que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
En otras palabras, las actividades que realizan los servidores públicos, de todas las esferas competenciales, constituyen un trabajo digno y socialmente útil, que requiere de una remuneración que sirva como contraprestación a los servicios brindados, misma que debe ser adecuada e irrenunciable. Lo anterior, a efecto de garantizar a los individuos el acceso a un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la tesis 1a. XCVII/2007, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General, particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123, de los cuales se desprende la obligación del Estado de garantizar a los individuos condiciones mínimas que les permitan desarrollar un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente.
Asimismo, el derecho al mínimo vital deriva de diversos principios como son la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad y el Estado democrático, al considerar que las personas necesitan cubrir una serie de necesidades básicas que les permitan asegurar un pleno desarrollo de la persona.
En congruencia con lo expuesto, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, las autoridades legislativas tienen deber de establecer normas que garanticen el acceso a todas las personas a un salario a una contraprestación justa, adecuada e irrenunciable que les permita satisfacer todas sus necesidades a efecto de garantizar una vida digna.
En oposición a lo expuesto, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, publicó el siete de agosto de dos mil diecisiete, el Decreto No. 98, por el que se expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de la referida entidad, del que destacan los artículos 16 y 17, relativos al Comité de Participación Ciudadana; disposiciones que se distinguen por establecer que en el ejercicio de sus funciones los integrantes de carácter honorífico de dicho comité, no recibirán contraprestación alguna por sus servicios, aunado a que la propia norma prohíbe a los integrantes del comité dedicarse a cualquier otra actividad que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán durante el tiempo de su gestión. Lo que constituye una transgresión al derecho humano al mínimo vital, toda vez que, a los miembros honoríficos del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Baja California se les prohíbe ejercer cualquier otro cargo o comisión que les impida el adecuado ejercicio de las actividades que realizarán como miembros del citado comité.
Que el efecto de la norma, es dejar a las personas en un estado en el que les es imposible allegarse de los ingresos necesarios para cubrir con las necesidades básicas que les permitan acceder a un nivel de vida digno y adecuado. Por lo que considera, que las disposiciones impugnadas vulneran el derecho de toda persona al mínimo vital y en vía de consecuencia el derecho humano a una vida digna. Citó en apoyo, la tesis P. VII/2013 (9a.), de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA."
Aduce que el veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, y que derivado de dicha reforma, se asentaron los parámetros que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para expedir la ley general que estableciera las bases de coordinación de dicho sistema. Asimismo, se dispuso que las entidades federativas instaurarían Sistemas Locales Anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales en materia de combate a la corrupción.
Que posteriormente, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el mismo medio de difusión oficial, el decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. El citado ordenamiento estableció en la fracción I de su artículo 36, que las leyes de las entidades federativas desarrollarían la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al Sistema Nacional.
Asimismo indicó que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dispuso en su artículo 7 que el Sistema Nacional Anticorrupción se integra por los integrantes del Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, los cuales no tendrán relación laboral alguna en virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones; el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Lo cual, resulta incongruente con la ley impugnada, porque la misma contempla disposiciones que establecen que los miembros del comité no tendrán relación laboral con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, bajo el argumento de que con ello se garantiza la objetividad de su función dentro del comité, sin embargo prevé que la relación jurídica únicamente entre los miembros de carácter técnico y la Secretaría Ejecutiva, así como su contraprestación, estará definida mediante contratos de prestación de servicios por honorarios, reafirmando su intención de que los miembros honoríficos no reciban contraprestación alguna.
Asimismo, las normas impugnadas señalan que tampoco podrán dedicarse a cualquier otra actividad que les impida el desarrollo de las funciones que se les encomiendan como parte del Comité de Participación Ciudadana, contraviniendo con ello, el derecho del que gozan todas las personas de recibir un salario por la prestación de sus servicios, a través del cual podrán desarrollar un plan de vida digno tanto individual, como familiar.
Que el párrafo cuarto del artículo 16 de la ley impugnada, tiene por objeto establecer una prohibición respecto a las actividades que no podrán realizar los miembros del Comité de Participación Ciudadana durante el tiempo de su encargo (cinco años); sin embargo, del contenido del precepto, se advierte que la norma no realiza una distinción objetiva entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que fungen con carácter técnico u honorario, de tal modo que homogeneiza todos los miembros en la misma determinación, sin atender a las diferencias fundamentales entre ellos. De modo tal que, derivado de dicha prohibición se excluye del ámbito de sus acciones cualquier actividad remunerada, sin que se distinga entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana que perciben ingresos y los que fungen con carácter honorario, que no reciben emolumento alguno.
Por lo que, considera que el precepto impone la misma prohibición a sujetos en condiciones diversas y con actividades de alto grado de responsabilidad dentro del sistema anticorrupción en la entidad.
Asimismo, las normas impugnadas adolecen de un vicio de inconstitucionalidad que deviene del trato diferenciado que se da a los miembros honoríficos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, en comparación con los de carácter técnico, al prever una restricción a obtener una remuneración por los servicios prestados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aunado a la prohibición genérica que establece para que los miembros de dicho comité no se dediquen a otra actividad mientras dure el ejercicio de su encargo, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución Federal y las normas convencionales adoptadas por el Estado Mexicano en la materia.
En conclusión, señala que las normas impugnadas vulneran el derecho humano al mínimo vital, así como los derechos a la igualdad y a la vida digna, toda vez que de la redacción de las disposiciones impugnadas se desprende una expresión genérica que tiene como consecuencia una restricción para obtener una remuneración justa y apropiada por los servicios prestados, por parte de los miembros con carácter honorífico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Baja California.
CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 119/2017, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
Así, por auto de once de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, para que rindieran su informe; asimismo los requirió al primero de los nombrados, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado la norma controvertida; así como a la Procuraduría General de la República, para que formulara el pedimento respectivo.
QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California. En su representación acudieron los diputados Edgar Benjamín Gómez Macías y Eva María Vásquez Hernández, en su carácter de presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, los cuales lo hicieron en los siguientes términos:
• Que es cierto, que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que contiene los artículos impugnados (16 y 17), fue aprobada por los diputados integrantes de la XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete y publicada en el Periódico Oficial Número 36, el siete de agosto de dos mil diecisiete.
• Que no advierte causa de improcedencia alguna, que pudiese derivar en el sobreseimiento del presente juicio de control constitucional.
• En relación con el único concepto de invalidez, es infundado, toda vez que el artículo 113 de la Constitución Federal, establece las bases mínimas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con base en ellas el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, fundando dicha actuación legislativa en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIV, de la Constitución Federal; así la ley general, siendo de observancia general en todo el territorio nacional y teniendo por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; el Congreso demandado, al crear la ley anticorrupción atendió a las disposiciones enunciadas en dicha ley.
Señala que el artículo 16 de la citada ley general, establece que el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos, estableciendo claramente que no tendrán relación laboral alguna, en virtud de su encargo con la secretaría ejecutiva, y que el vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios; con base en ello, los participantes de las mesas de trabajo conformadas por la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción Estatal, decidieron que el Comité de Participación Ciudadana estaría integrado por quince ciudadanos y no cinco como lo establece la ley general, considerando que no habría una afectación en sus derechos humanos si cinco de los quince ciudadanos estuvieran en el Comité de Participación Ciudadana sólo en forma honorifica, pero sin apartarse de la responsabilidad en sus actuaciones.
Considera que al disponer que cinco ciudadanos no serán retribuidos por sus servicios prestados al Estado no transgrede la disposición de los artículos 5o., 123 y 127 de la Constitución Federal, ya que si al abrir la convocatoria existiera la voluntad de los ciudadanos para desarrollarse en un ámbito que conocen y que ha venido siendo parte de su formación profesional, pese a la expectativa de no recibir remuneración alguna y sin la posibilidad de formar parte de la función pública federal, estatal o municipal, ello no pude tildarse de una violación de sus derechos, ya que no es una imposición ni obligación para perfilarse entre los candidatos, sino es voluntario y honorífico.
Que del análisis de los artículos 16 y 17, tanto de la Ley General del Sistema Anticorrupción, como de la Ley del Sistema Anticorrupción Estatal, se podrá observar que su contenido es prácticamente el mismo, incluyendo que la primera también establece la restricción para que los ciudadanos que conformen el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, no puedan ocupar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, durante el tiempo de su gestión, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva, lo que dice que no fue observado por la parte actora ni objeto de la promoción de la acción de inconstitucionalidad.
Que la ley general aun reserva el impedimento de que los ciudadanos que formen el Comité de Participación Ciudadana, pueden trabajar en el gobierno federal, estatal o municipal.
SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Francisco Rueda Gómez, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Baja California rindió su informe en los siguientes términos:
• Señala que son inoperantes los argumentos de la accionante, en atención a tres líneas argumentativas:
1. Principio de autonomía de la voluntad. En este apartado indica que la finalidad teleológica del legislador estatal, para quien pretenda ser integrante honorífico del Comité de Participación Ciudadana, es velar para que su único interés sea el combate a la corrupción, evitando que su actividad ciudadana se vea contaminada por intereses económicos, ya que de esta forma se garantizará que su colaboración sea recta y transparente; en este sentido señala que el integrante honorífico del referido comité, decide libre y voluntariamente participar en una actividad ciudadana, teniendo como gratificación la altísima distinción de ser reconocido en el Estado de Baja California, como un ciudadano honorario.
2. Ausencia de relación laboral. Señala que la participación ciudadana en forma individualizada, concretamente la de los ciudadanos honoríficos del comité al caso aplicable, tiene como única finalidad la de prevenir hechos de corrupción y faltas administrativas, garantizando la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público. Sin que tal actividad pueda llegar al extremo de que se corrijan irregularidades y fincar en su caso, responsabilidades a los servidores públicos que hayan actuado indebidamente, ya que no desempeñan un empleo, cargo o comisión en la estructura orgánica de los Poderes del Estado de Baja California.
Que de los artículos 1o., 2o. y 36 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se desprende, en lo que al caso interesa, que todo servidor público deberá recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión; pero que no obstante ello, dicho mandato no se violenta por el hecho de que en los artículos 16 y 17 impugnados, se establezca que los ciudadanos que participen como integrantes honoríficos del Comité de Participación Ciudadana, no percibirán emolumentos, pues como antes se dijo, su función es de manera honorífica, ya que no se está en presencia de servidores públicos, sino que sólo integran instrumentos de participación ciudadana que no forman parte de la administración pública en el Estado de Baja California, ni de los cinco Municipios de la entidad.
3. Prohibición inexistente a dedicarse a un trabajo renumerado. En este apartado señala que las normas impugnadas, no disponen una prohibición categórica a los integrantes honoríficos del Comité de Participación Ciudadana, para que desempeñen un empleo remunerado; ya que sí posibilita al integrante honorífico del comité, ocupar durante el tiempo de su gestión, un puesto laboral que le permita obtener un salario que garantice su derecho a una vida digna y decorosa.
Que al interpretar a contrario sensu la hipótesis normativa en análisis, se puede llegar a la conclusión que el integrante honorífico del comité podrá desempeñar cualquier puesto laboral, si y sólo si éste no impide el libre ejercicio de su actividad ciudadana, al que dicho sea de paso, voluntariamente se incorporó; ya que no podría ser de otra manera, debido a que el legislador local se encargó de establecer los elementos necesarios para que existieran condiciones de imparcialidad y transparencia, necesarios éstos para un real y efectivo combate a la corrupción.
• Finalmente señala que es infundado el planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 16, primer párrafo y 17, primer párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California bajo los parámetros del derecho a la prestación de servicios remunerados previstos en los artículos 5o., 123 y 127 de la Constitución Federal. Porque el artículo 5o. no prohíbe la prestación de servicios personales no remunerados en cargos honoríficos, cuando los servicios se prestan de manera voluntaria, pues lo que prohíbe es prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento de quien los presta, con la salvedad prevista en el artículo 123, fracciones I y II, de la Constitución Federal.
Que los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, tampoco transgreden el derecho de igualdad ante la ley al establecer que diez integrantes del Comité de Participación Ciudadana reciban emolumentos y cinco no, porque se establece una pauta de diferenciación entre ambos grupos de comisionados, por una parte están diez comisionados de carácter técnico y cinco no técnicos de carácter honoríficos, aunado a que será materia reglamentaria la precisión de las diferentes actividades que habrán de desempeñar cada grupo y que obviamente justificarán que unos perciban emolumentos y otros no.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El funcionario citado no formuló pedimento alguno en el presente asunto.
OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I(2) y 11, fracción V,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción de los artículos 16, párrafos primero y cuarto; y, 17, primer párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se debe analizar primero si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En el caso, las normas que se impugnan (artículos 16, primer y cuarto párrafos, así como 17, primer párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California), fueron publicadas mediante Decreto No. 98, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el siete de agosto de dos mil diecisiete, por ende, conforme a lo asentado en el párrafo precedente, el plazo legal para promover la presente acción transcurrió del martes ocho de agosto al miércoles seis de septiembre de dos mil diecisiete. Por lo que, en el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja treinta y dos del cuaderno principal, la demanda se presentó el miércoles seis de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en principio su presentación es oportuna.
TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda, Luis Raúl González Pérez, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República, de trece de noviembre de dos mil catorce.(5)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, entre otras, que vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en lo que México sea Parte y, en el caso, se promovió la acción en contra de los artículos 16, primer y cuarto párrafo, así como 17, primer párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que estima contrarios a la Norma Fundamental, aduciendo la violación a distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.
Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.
CUARTO.—Causas de improcedencia. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este Tribunal Pleno no advierte alguna de oficio, de ahí que, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo.
QUINTO.—Análisis de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la inconstitucionalidad de los artículos 16, primer párrafo, en la porción normativa, "éstos últimos no percibirán emolumento alguno", así como el párrafo cuarto y 17, primer párrafo, en la porción normativa "En el caso de los integrantes técnicos", de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, publicada mediante Decreto No. 98, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el siete de agosto de dos mil diecisiete, en esencia, debido a que:
Al establecer que los miembros de carácter honorífico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, no recibirán contraprestación alguna por sus servicios; y al prohibir de manera genérica que los miembros del citado comité, durante el tiempo de su gestión, no puedan ocupar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, incluyéndose a los miembros que únicamente tienen el carácter de honoríficos, vulneran los derechos humanos, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, establecidos en la Constitución Federal.
Asimismo, las normas impugnadas adolecen de un vicio de inconstitucionalidad que deviene del trato diferenciado que se da a los miembros honoríficos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, en comparación con los de carácter técnico, al prever una restricción a obtener una remuneración por los servicios prestados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aunado a la prohibición genérica que establece para que los miembros de dicho comité no se dediquen a otra actividad mientras dure el ejercicio de su encargo, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución Federal y las normas convencionales adoptadas por el Estado Mexicano en la materia.
Los preceptos impugnados a la letra estatuyen:
"Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por quince ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, diez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29834-5622198e/i-responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-bases · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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