I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTARLOS DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). III. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES Y NORMAS DEL ESTADO SERÁ DE FORMA IGUALITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES, SALVO LAS DISPOSICIONES EXPRESAS QUE DETERMINEN LA APLICACIÓN DIFERENCIADA ENTRE GÉNEROS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN EL SENTIDO DE QUE DEBE ENTENDERSE REFERIDA EXCLUSIVAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE PRETENDAN ACELERAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE LA MUJER EN SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, Y ARTÍCULOS 215 BIS Y 215 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA). IV. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. USO DEL GÉNERO MASCULINO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAMATICAL DE LA NORMA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA UTILIZACIÓN DEL GÉNERO MASCULINO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAMATICAL DEL TEXTO LEGAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020. PARTIDO DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de noviembre de dos mil veinte, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 245/2017 y su acumulada 250/2020, promovidas por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, respectivamente, a través de las cuales se impugnan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.
I. ANTECEDENTES
1. El veintinueve de julio de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, dos decretos mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales estatal.(1) Estas reformas consistieron en la armonización de dichos cuerpos normativos con la obligación de observar el principio de paridad de género, la creación de los bloques de competitividad electoral y la eliminación de la figura de primera minoría o segunda fuerza electoral.
2. En contra de lo anterior, los días veintiocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, los representantes de los partidos políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano promovieron acciones de inconstitucionalidad, en las cuales desarrollaron los conceptos de invalidez que consideraron pertinentes.
3. Al respecto, el Partido del Trabajo (acción de inconstitucionalidad 245/2020) en su único concepto de invalidez desarrolló argumentos de inconstitucionalidad en contra de la eliminación de la figura de asignación directa de la diputación por el principio de representación proporcional a la primera minoría que, de manera previa a la reforma, se establecía en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Local,(2) precepto cuya constitucionalidad ahora cuestiona. A su juicio, en un sistema mixto de mayoría y de representación proporcional para acceder a las diputaciones es necesaria la existencia de la figura de la primera minoría, pues manifiesta:
a) Que de una interpretación sistemática, armónica y funcional de los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, la finalidad del sistema político es que se instituya una democracia que sea verdaderamente representativa y que las preferencias electorales de la ciudadanía sean canalizadas a través del voto a los partidos políticos para que éstos, a su vez, representen la fuerza del electorado, sin excluir a las minorías ni desdeñar la fuerza que representan.
b) Que si bien el sistema electoral del país incorpora un sistema mixto de mayoría y de representación proporcional para acceder a las diputaciones, también es cierto que esto no puede leerse de forma aislada, ya que el artículo 40 constitucional es claro al referir que el sistema político es una democracia representativa, lo cual implica la inclusión y el reconocimiento de la fuerza que demuestre que no alcanzó una diputación de mayoría, pero fue tal «la» fuerza que lo colocó en segundo lugar.
c) Que la figura de primera minoría o gran perdedor implica el reconocimiento de la segunda fuerza electoral y la asignación de un espacio al partido político que por sí mismo demostró tener la adherencia y fuerza suficiente aun cuando no haya obtenido un espacio de mayoría.
d) Que es precisamente con la demostración de esta fuerza electoral ciudadana, que se hace necesario reconocer esa opción política y darle un espacio de representación en el Congreso a través de la asignación de una diputación de representación proporcional, dado que ello abona a la pluralidad política.
e) Que esta figura posibilita que los partidos políticos cumplan con su finalidad de hacer posible el acceso a la ciudadanía a cargos de representación y la existencia de un sistema representativo, dado que, precisamente, en función de la fuerza electoral ya demostrada, se asigna a la primera minoría un espacio para representar a la ciudadanía.
f) Que la diputación de primera minoría permite a los partidos políticos y a la ciudadanía la consecución de los valores de la democracia y permite que las entidades de interés público alcancen sus principales objetivos: (i) promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo que se logra a través del incentivo de alcanzar una diputación si se coloca como segunda fuerza, (ii) contribuir a la integración de los órganos de representación política, lo cual se cumple en el momento en que un partido demuestra tener la fuerza suficiente para ubicarse como segunda fuerza electoral y (iii) el objetivo de los partidos políticos relativo a hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, el cual se logra a través de los espacios de asignación de diputaciones a la primera minoría o segunda fuerza electoral.
g) Que la eliminación de la primera minoría vulnera el derecho de contar con un sistema representativo, de conformidad con el artículo 40 constitucional, pues inhibe la posibilidad de que una parte de la ciudadanía que representa la segunda fuerza electoral pueda materializar esa fuerza a través de un espacio en el órgano legislativo, aunado a que también se evita que los partidos políticos cumplan con su función de hacer posible el acceso de la ciudadanía a espacios públicos de representación.
4. Por su parte, Movimiento Ciudadano (acción de inconstitucionalidad 250/2020) a través de sus conceptos de invalidez alega una indebida regulación de la introducción del principio de paridad de género en materia política. En esencia, argumenta que la reforma local –que se dio sustancialmente en cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la reforma federal de seis de junio de dos mil diecinueve–(3) es deficiente e, inclusive, problemática. Por lo anterior, considera que resultan inconstitucionales tanto el artículo 12 de la Constitución Local, como los diversos artículos 215 Bis y 215 Bis Ter del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.(4) En concreto, expresó:
a) Que la reforma al artículo 12 de la Constitución Local resulta inconstitucional, ya que se trata de un principio de igualdad formal entre hombres y mujeres. En consecuencia, restringe los efectos del principio de paridad al momento de interpretarla, esto es, que en lugar de permitir que la paridad de género se aplique de forma libre en toda la Constitución Local, se "constituye como regla general y con ello, adopta un concepto restrictivo de igualdad ante la ley". Cita, para ilustrar lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 75/2010.(5)
b) Que el artículo constitucional local constituye una visión formalista de la igualdad entre el hombre y la mujer, en detrimento a una igualdad sustantiva para la mujer. Así, con la forma en que se redactó la norma se busca eliminar el uso de acciones afirmativas y el cumplimiento pleno del principio de paridad. Al respecto, hace alusión a los criterios jurisprudenciales P./J. 9/2016 y 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.).(6)
c) Que esta interpretación formalista de la igualdad entre hombres y mujeres, en la que no se toman en cuenta las diferencias históricas y sociales entre géneros, incurre en un acto discriminatorio, pues limita la posibilidad de aplicar diversas acciones afirmativas o medidas diferenciadas en pro de una categoría sospechosa (el género), haciendo una distinción irracional.
d) Que el principio constitucional de paridad de género va encaminado a maximizar el derecho de las mujeres en la participación política, lo cual no se logra con la reforma constitucional local, de conformidad con el criterio jurisprudencial 11/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.(7)
e) Que las reformas a los artículos 215 Bis y 215 Ter del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla en los cuales se establecen los bloques de competitividad electoral establecen limitantes "parecidas" a la de la constitucional local (sic), es decir, no parten de una concepción sustantiva de la igualdad entre hombres y mujeres la cual requiere de la instrumentación de medidas diferenciadas y, en consecuencia, también vulneran la paridad de género.(8)
f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución Local y los artículos mencionados del código electoral estatal, pues la reforma establece una igualdad formal en detrimento de una sustantiva, con lo cual se afecta la seguridad jurídica al buscar un engaño y hacer mal uso de una competencia. En concreto, considera que la reforma tanto a la Constitución Local como a la ley electoral impide o, en el mejor de los casos dificulta, la aplicación del principio de paridad de género. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el fraude a la ley en la acción de inconstitucionalidad 112/2019.
5. En las demandas se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 14, 16, 35, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, párrafo primero, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. Admisión y trámite. Por acuerdos del primero y cuatro de septiembre de dos mi veinte, respectivamente, el Ministro presidente de esta Suprema Corte tuvo por interpuestas las acciones de inconstitucionalidad, registrándolas bajo los números de expediente 245/2020 (la del Partido del Trabajo) y 250/2020 (la de Movimiento Ciudadano).
7. Posteriormente, por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte signado por el Ministro presidente, se decretó la acumulación de ambos asuntos y se designó como instructora a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien dio cuenta de ambas demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Puebla como las entidades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su respectivo informe, le dio vista del asunto al fiscal general de la República y requirió al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión.
8. El quince de septiembre de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rindió su opinión en el presente asunto. De manera general, se posicionó por la validez de los artículos impugnados y expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:
Sobre la eliminación de la figura de la asignación directa de la diputación por el principio de representación proporcional a la primera minoría
a) Que la eliminación de esta figura es constitucional, pues la misma encuentra cabida dentro de la libertad de configuración de las entidades federativas para diseñar en armonía con los principios constitucionales sus sistemas locales de representación proporcional, aun cuando ello implique la eliminación del método de asignación de primera minoría, pues la ausencia de dicha figura de asignación no anula en forma alguna el principio de representación proporcional.
b) Que la reforma sólo implica una modulación a las reglas para la integración del Congreso Local, lo que se encuentra dentro de las facultades expresas dentro del artículo 116, fracción II, tercer párrafo, constitucional,(9) sin afectar o anular ambas fórmulas de representación legislativa, por lo que no existe una violación al principio de democracia representativa, a la finalidad de los partidos políticos de promover la participación del pueblo en la vida democrática, ni al mecanismo de expresión política de las minorías partidistas en Puebla.
Sobre el principio de paridad de género
c) Que la reforma al artículo 12 de la Constitución Local, no resulta contraria a la Constitución Federal, pues contrario a la interpretación que realiza el partido político promovente, la salvedad que establece respecto a "las disposiciones expresas que determinen la aplicación diferenciada entre géneros" es acorde al principio de paridad.
d) Que una lectura integral de este artículo impugnado permite advertir que su propósito es justamente recoger los aspectos formal y material del principio de igualdad, al establecer en términos generales una obligación de interpretación igualitaria entre hombres y mujeres de toda la normativa estatal, así como dar cabida a la aplicación del principio de paridad de género.
e) Que el principio de paridad no implica una neutralidad estricta, sino que puede mostrar modulaciones que persigan optimizarlo o maximizarlo, por lo que la salvedad establecida en el artículo 12 de la Constitución Local, debe entenderse como una directriz para la interpretación de la paridad de género, a partir de la consideración de que una interpretación en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dicha norma y la finalidad intrínseca de las acciones afirmativas.
f) Que los artículos 215 Bis y 215 Ter del código electoral local son constitucionales, pues no se observa que los mismos contengan regla o disposición alguna que vayan en detrimento del principio de paridad de género, al no establecer alguna regla o disposición que pudiera ir en ese sentido.
g) Que la figura de los bloques de competitividad electoral son una medida afirmativa que busca garantizar una paridad efectiva, pues tienen como objetivo proteger la paridad a través de una estrategia enfocada a combatir los resultados de la discriminación que ha mantenido a las mujeres al margen de los espacios públicos de toma de decisión, lo que constituye un principio consagrado en el artículo 41 constitucional.
h) Que las medidas afirmativas, además de tener una base legal, pueden ser implementadas por las autoridades electorales locales y resultan eficaces para acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la postulación de candidaturas y en el acceso a los cargos de elección popular.
i) Que los bloques de competitividad tienden a fortalecer el cumplimiento de la obligación constitucional que tienen los partidos políticos para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas; además su implementación genera posibilidades reales de ganar en las elecciones espacios y puestos de elección popular para el género femenino.
j) Que cuando el artículo 215 Bis impugnado hace referencia a evitar la postulación "desproporcional de un mismo género en aquellas demarcaciones en donde un partido político haya obtenido los porcentajes de votación más altos o bajos, respectivamente", debe entenderse conforme a la finalidad de tal norma, que es la de incorporar dicha metodología a fin de evitar que las mujeres puedan ser postuladas en aquellos distritos que no sean competitivos para su candidatura.
k) Que respecto al artículo 215 Ter, el Congreso Local trató de reforzar el efecto de la mencionada acción afirmativa, al señalar que en "las candidaturas deberán asignarse en cada uno de los bloques observando el principio de paridad", lo que se encuentra dentro de los parámetros que buscan concretar a dicho principio constitucional.
9. Posteriormente, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la Dirección de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla rindió de manera electrónica el informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, manifestando lo siguiente:
a) Que las reformas a la Constitución Estatal y al Código de Instituciones y Procesos Electorales local no son actos inconstitucionales o inconvencionales, en virtud de que el gobernador del Estado de Puebla cuenta con atribuciones relativas a la promulgación de las leyes y decretos que emanan del Congreso Estatal, de conformidad con el artículo 79, fracción III, de la Constitución del Estado y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla.
b) Que respecto de la supuesta transgresión al principio constitucional de paridad de género debe analizarse que la naturaleza y origen de las reformas impugnadas, es el Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, que en su artículo transitorio cuarto, señala que: "Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41."
c) Que el Poder Ejecutivo Estatal al igual que el Poder Legislativo de Puebla, están a la vanguardia en la promoción y defensa de la normativa y políticas públicas en materia de paridad de género, atendiendo que este principio constitucional y convencional debe ser garantizado por el Estado y aplicado en la postulación de candidaturas e integración de órganos de representación popular a nivel estatal y municipal, resultando aplicable la jurisprudencia 6/2015 y la tesis XLI/2013.(10)
d) Que la Constitución Local considera la igualdad y equidad de género como ejes principales para el desarrollo estatal, de tal manera que el artículo 7o. establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, quedando prohibida la discriminación por razón de género; mientras que el artículo 11 del mismo ordenamiento reafirma que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley.(11)
e) Que el artículo 12 de la Constitución Local en cita no viola los principios de equidad y paridad de género, ya que protege y tutela los derechos humanos de la ciudadanía.
f) Que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla establece en su artículo 11 que es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos promover y garantizar la igualdad de oportunidades, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.(12)
g) Que el artículo 28 del código en cita obliga a los partidos a integrar fórmulas del mismo género y dispone que la relación total de candidaturas debe estar integrada de manera prioritaria entre los géneros y les impone el deber de determinar y hacer públicos los criterios respectivos, con lo que el legislador mandató a los partidos políticos el deber de garantizarlo.(13)
h) Que no asiste la razón a los promoventes cuando afirman que la omisión de desarrollar expresamente las reglas para hacer efectiva la paridad de género en cuanto a la postulación de candidaturas, vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, ya que, como se ha señalado, el mencionado código establece las bases para garantizar el multicitado principio, tanto para los partidos políticos como las autoridades encargadas de verificar su observancia en la postulación de candidaturas en sus dos dimensiones, lo cual puede constituir una ventaja al permitir la implementación de medidas especiales para elevar la participación de mujeres en los procedimientos electorales.
i) Que, finalmente, en relación con los artículos 35, fracción III, de la Constitución Local, y 215 Bis y 215 Ter del código estatal referido, los argumentos de la parte quejosa son inoperantes, debido a que los contenidos en los citados preceptos resultan suficientes para garantizar el ejercicio de la paridad e igualdad de género y se encuentran debidamente armonizados con la Constitución Federal y tratados internacionales en la materia, además de que al tratarse de normas heteroaplicativas requieren de la realización de un acto posterior a su entrada en vigor para que genere perjuicio a la esfera jurídica.
10. El veintinueve de septiembre de este año el Poder Legislativo del Estado rindió informe por la vía electrónica, en el que dio contestación conjunta a las dos demandas de acción de inconstitucionalidad en los términos siguientes:
a) Que las normas impugnadas deben ser consideradas inoperantes en virtud de que los artículos 35, fracción III, de la Constitución Local, y 215 Bis y 215 Ter del código estatal en materia de procesos electorales tiene como finalidad su armonización con el artículo 41 de la Constitución Federal.
b) Que la exposición de motivos de la reforma al artículo 35, fracción III, de la Constitución Local, hace alusión a una serie de estudios de género que sustenta la armonización con los preceptos de la Constitución Federal.
c) Que en lo correspondiente al artículo 12 de la Constitución Estatal, el Congreso Local establece que la interpretación y aplicación de la misma será de forma igualitaria para mujeres y hombres salvo que disposición expresa determine la aplicación diferenciada entre géneros.
d) Que el artículo 215 Bis del código estatal dispone que los bloques de competitividad electoral son la metodología a través de la cual el Instituto Electoral estatal determina las votaciones de cada partido político como base para la determinación de las candidaturas bajo el principio de paridad de género evitando la postulación desproporcional de un solo género.
e) Que el artículo 215 Ter del código en cita estableció que, con el fin de garantizar la igualdad de género, las candidaturas deberán asignarse en cada uno de los bloques observando el principio de paridad.
f) Que en cuanto al segundo concepto de violación referente a que "existe un fraude a la ley en sede constitucional", figura reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(14) no es aplicable al presente caso, ya que el precedente referido trataba de una extensión del periodo de un gobernador ya llevada a cabo la elección.
g) Que la reglamentación del principio de representación proporcional cae en el ámbito de libertad de configuración de las Legislaturas Locales según la tesis jurisprudencial «P./J.» 67/2011.(15)
11. Pedimento. El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
12. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) toda vez que los partidos políticos accionantes plantean la posible contradicción entre normas de rango constitucional y dos decretos que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.
III. OPORTUNIDAD
14. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.(17)
15. Sin embargo, debe destacarse que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Pleno declaró inhábiles para esta Suprema Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020.
16. Ahora bien, los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, facultaron la promoción electrónica de los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte y se ordenó proseguir, por vía electrónica, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en la que se hubieren impugnado normas electorales. No obstante, en ninguno de estos acuerdos se excepcionó de estas declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Únicamente se permitió habilitar días y horas hábiles para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren sido promovidas por las partes.
17. Al respecto, el Acuerdo General Número 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, estableció las reglas para regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad y, en concreto, reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.
18. En este contexto, se advierte que aunque los decretos que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales estatal, impugnados por los partidos políticos accionantes, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de julio de dos mil veinte, el plazo para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del tres de agosto al primero de septiembre de dos mil veinte.
19. Consecuentemente, dado que la demanda del Partido del Trabajo se promovió mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte el veintiocho de agosto de dos mil veinte, y la de Movimiento Ciudadano fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el primero de septiembre de la misma anualidad, se satisface el presupuesto procesal de oportunidad.
20. Es así, pues el plazo para la presentación transcurrió del tres de agosto de dos mil veinte al uno de septiembre del mismo año. De ahí que resulta evidente que las demandas se presentaron dentro del plazo establecido para ello.
IV. LEGITIMACIÓN
21. El artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal dispone, en lo que interesa, que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral o registro ante la autoridad estatal, por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, podrán promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales y locales o sólo locales, según corresponda.(18) Por su parte, el artículo 62 de la ley reglamentaria de la materia establece que se considerarán parte demandante en las acciones promovidas contra leyes electorales, a los partidos políticos con registro, por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, cuando así corresponda.(19)
22. Así, se tiene que una acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por los partidos políticos, según sea el caso, en contra de leyes electorales federales o locales, por conducto de sus dirigencias y para lo cual debe observarse que:
a) El partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
b) El instituto accionante promueva por conducto de su dirigencia (nacional o estatal, según sea el caso).
c) Quien suscriba a su nombre y representación cuente con facultades para ello.
d) Las normas impugnadas sean de naturaleza electoral.
23. Tomando en cuenta estos requisitos, este Tribunal Pleno considera que se acredita este supuesto procesal en las dos demandas de acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, porque se impugnan disposiciones normativas de naturaleza electoral que pueden impugnar los partidos políticos por este medio de control.
24. De las constancias visualizadas en el sistema electrónico de este Alto Tribunal se advierte que los demandantes son partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral y que las personas que acudieron en su nombre cuentan con las atribuciones necesarias.
25. Respecto a Movimiento Ciudadano, el escrito fue firmado por integrantes de la comisión operativa nacional, conforme a las atribuciones estatutarias(20) y su designación:(21) José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la comisión operativa nacional; Alfonso Vidales Vargas, Rodrigo Samperio Chaparro, Royfid Torres González, Verónica Delgadillo García, Perla Yadira Escalante, todos en su calidad de integrantes de la comisión operativa nacional; y Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos de la multicitada comisión.
26. Al respecto, se advierte que no obran las firmas de las nueve personas integrantes de la comisión operativa nacional;(22) sin embargo, la demanda sí está suscrita por la mayoría de ellas y dicha mayoría se encuentra facultada para ejercer las atribuciones de ese actor político en términos del artículo 20, punto 1, de los Estatutos de Movimiento Ciudadano.(23)
27. La demanda presentada por el Partido de Trabajo fue firmada por personas integrantes de la comisión coordinadora nacional que, de conformidad con sus facultades y su designación, son: Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Benjamín Robles Montoya, María Mercedes Maciel Ortiz, Sonia Catalina Álvarez, Magdalena del S. Núñez Monreal, Mary Carmen Bernal Martínez, Geovanna del C. Bañuelos de la Torre y María de Jesús Páez Güereca.(24)
28. De igual forma se advierte que el documento de demanda presentado electrónicamente refleja las firmas autógrafas de quince de las diecisiete pers
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29889-5b6d54e7/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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