USO CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN QUE LO PREVÉ COMO OBLIGACIÓN DE PROCURACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 247/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 30 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia.
Mediante la que se resuelve la contradicción de tesis 247/2017, suscitada entre la Primera y la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje– viola o no el derecho humano a la libertad de expresión.
I. Denuncia de la contradicción y trámite del asunto.
El veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, por oficio UGAJ/DGPC/890/2017, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 666/2015 y el que sostuvo la Primera Sala de este mismo Tribunal al fallar el amparo en revisión 578/2015.
El tres de julio de dos mil diecisiete, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis 247/2017; asimismo, determinó que al tratarse de un asunto suscitado entre criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal, la competencia para conocer del mismo corresponde al Pleno de esta Suprema Corte, por lo que admitió a trámite la denuncia respectiva; solicitó, por oficio, a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, remitieran el proveído en el que informaran si el criterio sostenido en los asuntos de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tuviera por abandonado o superado, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, remitieran la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se estableciera el nuevo criterio.
3. Asimismo, ordenó obtener y agregar al expediente impreso y electrónico copia certificada de la versión digitalizada de las sentencias emitidas en los amparos en revisión 578/2015, del índice de la Primera, y 666/2015, 917/2015, 757/2015 y 690/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, se ordenó el turno del asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para la elaboración del proyecto de resolución, una vez que estuviera debidamente integrado el expediente con las constancias solicitadas.
4. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplido el requerimiento descrito en el punto inmediato anterior, toda vez que la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal informaron que el criterio emitido en los asuntos de su índice continúan vigentes y, en consecuencia, al encontrarse agregados los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis 247/2017, se tuvo por integrada.
5. Posteriormente, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno discutió el proyecto de resolución presentado por el Ministro ponente, el cual fue aprobado por lo que respecta a la propuesta de tener por actualizados los presupuestos procesales del asunto, la existencia de la contradicción, así como la pregunta a responderse: ¿el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es o no constitucional? Sin embargo, una mayoría de seis Ministros se pronunció en contra de la propuesta de la consulta, en el sentido de reconocer la validez del referido precepto, integrando dicha mayoría los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Laynez Potisek. Por tanto, con base en esta mayoría se desechó el proyecto y se determinó returnar el asunto.
6. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte determinó turnar el asunto al Ministro Zaldívar Lelo de Larrea; posteriormente, por acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve, con motivo de la designación del Ministro ponente como presidente de este Alto Tribunal, se determinó returnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.
7. No obstante lo anterior, y toda vez que el referido Ministro no integró la mayoría que se pronunció en contra del proyecto original, por acuerdo de la Presidencia de esta Suprema Corte de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el turno del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
II. Competencia.
8. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de este Alto Tribunal.
III. Legitimación.
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la hizo valer una de las partes de los juicios de las que derivan los criterios contendientes.
IV. Posturas contendientes.
10. La Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 666/2015, en sesión de treinta de septiembre de dos mil quince, por unanimidad de votos,(1) sostuvo el criterio relativo a que el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no transgrede los derechos a la libertad de expresión, a la cultura (intereses morales en la modalidad integridad de la obra), ni tampoco resulta desproporcional, como lo argumentó la sociedad quejosa (directores realizadores de obras audiovisuales y otros).
11. En lo que interesa, la argumentación de la Segunda Sala consistió en explorar la legislación aplicable en materia de derecho de autor, relevante para la protección de obras artísticas, de la libertad de expresión, y determinó que el precepto impugnado es regular desde la perspectiva constitucional, porque "cualquier transmisión de programación difundida a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos; o, películas cinematográficas radiodifundidas o de televisión restringida se rige por un contrato, a través del cual, el autor o el titular de los derechos patrimoniales autoriza a un organismo de radiodifusión a transmitir una obra, aunado a que los derechos patrimoniales o morales de los autores, así como el derecho humano a la cultura, libre expresión o integridad de la obra pueden estar limitados por causa de utilidad pública, acorde a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor." La Sala precisó que, toda vez que las modificaciones en la transmisión derivan de la autorización previa de los autores, no se puede concluir que existe una transgresión a derecho fundamental alguno.
12. En este contexto, la Sala reconoció la validez de la determinación legislativa que prescribe que la programación difundida debe propiciar el uso correcto del lenguaje. Para ello, se destacó el contenido de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, en los que se establece que la libertad de expresión tiene como límites los ataques a la moral, los derechos de terceros, la vida privada, la comisión de un delito, la perturbación del orden público y la contraposición de otros valores constitucionales.
13. En el caso se determinó que no se violaba la libertad de expresión, porque la disposición legislativa que ordena promover el uso correcto del lenguaje, si bien modifica el justo alcance que el autor pretende transmitir a través de su mensaje, constitucionalmente se prevé la obligación del Estado de velar por la educación de los individuos para contribuir a una mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, pues se busca la calidad en la transmisión de ideas que pueden impactar en una sociedad.
14. Por otra parte, la Segunda Sala determinó que la norma impugnada no impone una obligación absoluta de censura, pues lo que ordena es la "promoción" del uso correcto del lenguaje, "pero además porque debe tomarse en consideración que esa disposición obedece a la válida intención de velar por el derecho a la cultura y el buen uso del idioma."
15. La Segunda Sala terminó con la conclusión de que "no es posible que bajo la protección al derecho de libertad de expresión o de integridad de obras, se justifique el uso de cualquier palabra; cuando en algunos de los casos hasta resultan innecesarias dentro del contexto utilizado."
16. Cabe señalar que el anterior criterio no se reiteró por la Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 917/2015, 757/2015 y 690/2015, los dos primeros en sesión de dos de diciembre de dos mil quince y el último en sesión de seis de enero de dos mil dieciséis, dado que no fue materia de litis en dichos asuntos. Además de que el denunciante de la contradicción de tesis no los señaló como criterios discordantes con el de Primera Sala. Por tanto, contrariamente a lo que se señaló en el acuerdo de la Presidencia de esta Suprema Corte, no deben considerarse como asuntos que integren la presente contradicción de tesis.
17. Por su parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 578/2015, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, por mayoría de votos,(2) sostuvo el criterio relativo a que el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, viola el derecho a la libertad de expresión.
18. La decisión de la Sala se basó en el razonamiento de que la medida legislativa no supera el primer paso del estándar de escrutinio estricto de constitucionalidad aplicable para aquellas medidas que inciden en la libertad de expresión, pues el uso correcto del lenguaje es un fin demasiado ambiguo, que impide a esa Sala encontrar en el mismo un fin preciso y delimitado que sea imperioso desde la perspectiva constitucional, lo cual genera que este lineamiento suponga un riesgo irrazonable para que la autoridad imponga contenidos a los concesionarios.
19. Para la Primera Sala, el fin legislativo es ilegítimo, pues pretende que el Estado se erija en una autoridad lingüística y determine el uso correcto de las palabras en los medios de comunicación. Esto no es aceptable constitucionalmente, porque el lenguaje no es un sistema normativo determinado por las fuentes jurídicas de nuestro sistema constitucional, sino por fuentes extrajurídicas.
20. Lo anterior, para la Primera Sala, provoca que la referida porción normativa vulnere la libertad de expresión de la concesionaria, pues al producir y transmitir programación, debe cuidar hacer un uso correcto del lenguaje, inhibiéndose de producir contenidos que consideraría valiosos para la discusión pública. Muchas veces, los concesionarios podrían considerar necesario que ciertos mensajes se transmiten en un lenguaje irreverente, poco convencional o incluso ofensivo para generar un impacto en los interlocutores y detonar una deliberación pública.
21. En esta ejecutoria se precisó que la discusión desinhibida exige que los participantes no estén sujetos a un permanente temor de ser sancionados por un uso incorrecto del lenguaje. La necesaria creatividad para la transmisión de sus ideas exige como presupuesto la preservación de la libertad para utilizar el lenguaje de la manera que mejor se considere, por lo que la Primera Sala estimó que no es un fin razonable para limitar la libertad de expresión lograr la corrección en el uso del lenguaje.
22. En suma, en la ejecutoria se concluyó que ante lo intrusivo de la intensión de investir a la autoridad técnica en la materia con el control oficial sobre las reglas de corrección del lenguaje, la fracción legislativa es inconstitucional, por no establecer un fin constitucional imperioso.
V. Existencia de la contradicción.
23. Para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, es necesario que se actualice una necesidad de unificación de métodos interpretativos.
24. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes, la forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por las Salas de esta Suprema Corte. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
25. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Las Salas contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
26. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia «P./J. 72/2010» del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro y texto, que a continuación se reproduce: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
27. Pues bien, de la relación de ejecutorias sintetizadas en el apartado anterior, se observa que se actualizan los pasos fijados por este Tribunal Pleno para tener por existente una contradicción de tesis.
28. En primer lugar, este Pleno observa que se actualiza el primer requisito, consistente en que las Salas contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese, ya que ambas se enfrentaron a la misma cuestión litigiosa de determinar si el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, deberá propiciar el uso correcto del lenguaje– viola o no el derecho humano a la libertad de expresión.
29. De la misma manera, se surte el segundo requisito, consistente en identificar entre los ejercicios interpretativos respectivos algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
30. La actualización de un punto de toque en el presente caso se demuestra, porque mientras que la Segunda Sala determinó que debía reconocerse la validez del precepto legal desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la Primera Sala llegó a la conclusión opuesta, a través de la utilización de metodologías distintas.
31. El reconocimiento de validez de la Segunda Sala se basó en la consideración de que no se violaba la libertad de expresión, porque la norma impugnada no impone una obligación absoluta de censura, pues lo que ordena es la "promoción" del uso correcto del lenguaje, "pero además porque debe tomarse en consideración que esa disposición obedece a la válida intención de velar por el derecho a la cultura y el buen uso del idioma"; con base en lo anterior, la Segunda Sala concluyó que "no es posible que bajo la protección al derecho de libertad de expresión o de integridad de obras, se justifique el uso de cualquier palabra; cuando en algunos de los casos hasta resultan innecesarias dentro del contexto utilizado."
32. Por su parte, la determinación de inconstitucionalidad de la Primera Sala se basó en la consideración de que dicha medida no supera el primer paso del estándar de escrutinio estricto de constitucionalidad, aplicable para aquellas medidas que inciden en la libertad de expresión, ya que el uso correcto del lenguaje es un fin demasiado ambiguo que impide a esa Sala encontrar en el mismo un fin preciso y delimitado que sea imperioso desde la perspectiva constitucional, lo cual genera que este lineamiento suponga un riesgo irrazonable para que la autoridad imponga contenidos a los concesionarios.
33. Finalmente, se cumple con el tercer requisito de existencia de la presente contradicción de tesis, ya que la discrepancia interpretativa se puede recaracterizar para formularse como una pregunta genuina acerca de la manera de acometer la cuestión jurídica abordada por ambos colegiados, cuya contestación será materia de estudio de fondo en el siguiente apartado: ¿el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje– viola o no el derecho humano a la libertad de expresión?
VI. Estudio de fondo
34. Este Tribunal Pleno contesta afirmativamente la pregunta de la presente contradicción de tesis. El artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión viola la libertad de expresión, por lo que debe declararse su invalidez. El referido precepto establece lo siguiente:
"Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:
"...
"IX. El uso correcto del lenguaje."
35. Como se observa en la transcripción, mediante el precepto analizado, el legislador introduce una restricción basada en un punto de vista –restricciones de contenido que se diferencian de aquellas neutrales al contenido, como son la de modo, tiempo y lugar– sobre la programación que se difunda a través de radiodifusión, televisión y audio restringidos, al establecer un mandato general de "propiciar" un cierto discurso y desalentar el opuesto, lo que se prescribe en lo que interesa mediante la orden de "propiciar" el uso "correcto" del lenguaje.
36. La restricción sobre el uso "correcto" del lenguaje no puede encuadrarse como una mera restricción de forma sobre el contenido de la programación, pues es una premisa suficientemente compartida en las sociedades democráticas modernas –multiculturales en su composición– que los distintos usos del lenguaje encierran distintas maneras de percibir la realidad. Lenguaje y realidad guardan relaciones estrechas innegables. No es sólo que con la proscripción de un uso "incorrecto" del lenguaje se impida a las personas expresar su visión de la realidad, sino que con su remoción de los canales de comunicación se les impide también articular sus valores y visiones normativas sobre lo que les rodea para ponerlos a consideración de la sociedad.
37. Por otra parte, desde la perspectiva de los procesos políticos, la exclusión del uso incorrecto del lenguaje genera el obvio riesgo de impedir que las personas formulen visiones críticas del status quo, con el consecuente resultado de que esos puntos de vista se invisibilicen en las deliberaciones previas a la toma de decisiones colectivas.
38. Este Pleno considera que la imposición de un solo uso correcto del lenguaje, controlado por autoridades estatales, es un ejemplo central de aquellas restricciones al cambio social, que deben considerarse sustantivas. Los criterios de corrección del lenguaje pueden encerrar las preservación de los discursos dominantes en una sociedad sobre los cuales se asientan prejuicios históricos y en una democracia incluyente e igualitaria, éstos deberían poderse cuestionar con la libertad de expresión, incluso a través de usos no "correctos" del lenguaje.
39. Así, este Pleno considera que la restricción impuesta por el artículo 223, fracción IX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es de contenido y no de forma, ya que, se insiste, el legislador no permite a los concesionarios mantenerse neutrales, sino que establece una obligación legal de promoción, lo que los compele a favorecer un tipo de contenido comunicativo con acciones positivas y abstenerse de presentar aquellos que no usen correctamente el lenguaje, con el riesgo de excluir distintas formas de ver la realidad y posibles visiones críticas de los discursos dominantes.
40. Así, si los concesionarios aplican la medida legislativa con rigor, deben hacer pasar como irrelevante el valor del contenido de su programación para contribuir a la discusión pública. Por más valioso que resulten esos contenidos para la deliberación pública por el tipo de información presentada o por su creatividad para generar una reflexión colectiva sobre un tema de interés general –el uso incorrecto del lenguaje puede generar un impacto discursivo único para llamar la atención sobre una crítica que difícilmente se lograría con una formulación apegada a los cánones lingüísticos aceptados por las mayorías–, los concesionarios deberán desalentar su transmisión si comprueban que se valen de un incorrecto uso del lenguaje.
41. Este Pleno observa que ambas Salas discrepan sobre la validez constitucional de la medida legislativa, ya que ambos aplican estándares de escrutinio opuestos. La Primera Sala aplica un estándar de escrutinio estricto y concluye que no supera el primer paso del mismo –la existencia de un fin constitucional imperioso– mientras que la Segunda Sala utiliza una metodología de evaluación de mera razonabilidad, al considerar suficiente comprobar que se relaciona en algún grado con un fin constitucional legítimo, como lo es la educación.
42. La diferencia de resultados interpretativos es el producto de la aplicación de ambas metodologías: la medida es válida si se sujeta a un estándar de mera razonabilidad, mientras que es inconstitucional si se sujeta a un escrutinio estricto. Ambas metodologías se basan en concepciones distintas de la libertad de expresión por lo que respecta a la exigibilidad del estándar de escrutinio idóneo. La Primera Sala aplica un escrutinio estricto, porque considera que una restricción de contenido es constitucionalmente sospechosa desde los valores que se protegen con la libertad de expresión, mientras que la Segunda Sala aplica un estándar de mera razonabilidad al considerar que esas restricciones de contenido pueden ser reglamentadas por libertad configuradora si se relacionan con ciertos fines, como es el educativo.
43. Por tanto, este Pleno resuelve el diferendo entre ambas Salas disipando la referida pregunta metodológica. Las restricciones impuestas desde el poder público al contenido de los discursos producidos por las personas para transmitirse públicamente deben sujetarse a un test de proporcionalidad, de los utilizados ordinariamente por los tribunales constitucionales en el derecho comparado para evaluar la validez de las interferencias en los derechos humanos.
44. Este Pleno decide reservar el estándar de escrutinio estricto, el cual parte de una presunción de inconstitucionalidad de la norma analizada, sólo para aquellos casos de afectación al derecho a la no discriminación, es decir, para identificar violaciones al quinto párrafo del artículo 1o. constitucional, cuando se evalúen normas que introduzcan una desventaja en contra de alguna de las categorías sospechosas o grupos históricamente vulnerables,(3) metodología que, sin embargo, cabe mencionar, no se usa para evaluar las acciones afirmativas, es decir, aquellas que utilizando como criterio de clasificación alguna de dichas categorías sospechosa, tienen el propósito de compensar o nivelar las desventajas que han sufrido, en cuyo caso, el estándar aplicable es un test de igualdad ordinario, como hemos determinado en una gran cantidad de precedentes.
45. El test de proporcionalidad, aplicable al presente caso, consiste de dos etapas, como lo ha determinado la Primera Sala, en la tesis de rubro: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL."(4)
46. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho.
47. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional.
48. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad.
49. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.
50. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo.
51. Como se ha determinado en la doctrina de esta Corte, el test de proporcionalidad es el instrumento metodológico útil para evaluar la validez de las interferencias a los derechos humanos, pues es aquella metodología de implementación judicial que permite mediar entre las normas constitucionales, cuya estructura lógica es la de los principios y los casos concretos, es decir, para aplicar los "mandatos de optimización", que no teniendo prefijados sus hipótesis de aplicación, prescriben que su sentido normativo se maximice en el mayor grado posible en las condiciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto. (5)
52.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29901-3b9fe23a/uso-correcto-del-lenguaje-el-articulo-223-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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