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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EJERCEN UN REAL PODER EN LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, OPINIONES E IDEAS QUE PERSUADEN A LA SOCIEDAD. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ALCANCE ESPECÍFICO. VII. IGUALDAD JURÍDICA. EN SU MODALIDAD SUSTANTIVA IMPONE A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO ADOPTAR ACCIONES POSITIVAS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE HECHO. VIII. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. SU JUSTIFICACIÓN A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD. IX. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. X. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XI. INTERPRETACIÓN CONFORME. NO LA CONSTITUYE LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE UN ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL QUE SE REALIZA DESDE UN ÁMBITO DE LEGALIDAD (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XII. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. EL ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL "MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA" ES DE CARÁCTER JURÍDICO ATENDIENDO A LO PREVISTO EN LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA; LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS; Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE JALISCO (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONTENIDO Y ALCANCE DE UN ELEMENTO NORMATIVO AL TENER UN GRADO DE DETERMINACIÓN A PARTIR DE LAS LEGISLACIONES QUE GUARDAN VINCULACIÓN SUSTANCIAL CON EL PROPÓSITO DE LA CREACIÓN DEL TIPO PENAL A FIN DE TUTELAR UN DERECHO. XIV. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. LA PORCIÓN NORMATIVA DEFINE, POR UNA PARTE, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ATENDIENDO A LA PERSONA TITULAR DEL MEDIO QUE PRESTA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y, POR OTRA, SEÑALA AL OBJETO, VÍA O CANAL DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XV. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. EL ELEMENTO NORMATIVO DE VALORACIÓN JURÍDICA QUE REQUIERE PARA SU ACTUALIZACIÓN, CONSISTENTE EN "MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA", SE REFIERE AL OBJETO, VÍA O CANAL DE TRANSMISIÓN MASIVA, YA SEA IMPRESO, RADIOELÉCTRICO, DIGITAL O DE IMAGEN, COMO LA RADIO, TELEVISIÓN, AUDIO RESTRINGIDO, Y MEDIOS IMPRESOS Y/O ELECTRÓNICOS (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XVI. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. PARA REAFIRMAR QUE EL ELEMENTO NORMATIVO DE VALORACIÓN JURÍDICA ALCANZA UN PUNTO ADECUADO ENTRE SU PRECISIÓN (CLARIDAD) Y FLEXIBILIDAD, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, ES NECESARIO INDICAR QUE SU CONTENIDO, DERIVADO DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES, ES CONGRUENTE CON LO QUE EL DESTINATARIO DE LA NORMA COMO SUJETO ACTIVO -EN ESE CASO CUALQUIER PERSONA-, PUEDE COMPRENDER (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XVII. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, DEBEN ENTENDERSE COMO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE DIFUNDEN INFORMACIÓN EN FORMA PÚBLICA, COMO LO SON, LA TELEVISIÓN, LA RADIO, LOS PERIÓDICOS, Y LAS REVISTAS, ENTRE OTROS (ARTÍCULO 309 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XVIII. DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSISTENTE EN OBSTACULIZAR, IMPEDIR, O REPRIMIR LA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN, O DIFUSIÓN DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. SE ENTIENDE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA AL OBJETO, VÍA O CANAL DE COMUNI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2017. · Registro digital (IUS): 30071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo I, Pág. 369.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA Y RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2017.

I. TRÁMITE:

1. PRIMERO.—Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 309 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción que dice: "masiva", adicionado mediante el Decreto 26182/LXI/16 del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veinte de diciembre de dos mil dieciséis.

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La Comisión actora hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos:

Sostiene que el artículo 309 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción que dice: "masiva", transgrede el contenido de los artículos 1o., 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Ello, señala, porque el elemento "masiva", de la descripción del tipo penal contenido en el precepto impugnado, es contrario al deber estatal de garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, ya que al establecer la protección de la norma sólo respecto de los medios de comunicación "masiva", se excluye y se deja en estado de vulnerabilidad a medios de comunicación no masivos y a periodistas independientes.

Al respecto, la accionante considera que entre los sujetos no protegidos por la norma están medios de comunicación que considera no masivos como los "independientes", "comunitarios", "universitarios", "experimentales", así como los "periodistas independientes"; de modo que los actos que afecten la libertad de expresión de estos sectores periodísticos quedarían impunes, por lo que sostiene que la norma, en la parte cuestionada, vulnera el artículo 1o. constitucional, porque no se cumple con la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la libertad de expresión en favor de todas las personas conforme al principio de universalidad, y se atenta contra la prohibición de discriminación.

Considera que el tipo penal contenido en la norma cuestionada, no evita que se genere un escenario de autocensura ante la impunidad de agresiones cometidas en contra de medios de comunicación de cualquier índole, ya que la protección de la norma penal se restringe a los actos que afecten a medios de comunicación masivos; y reitera que, los de carácter independiente, comunitarios, universitarios, experimentales y periodistas independientes, hacen uso del mismo derecho a la libertad de expresión y tienen derecho a ser protegidos en su ejercicio, sin embargo, se encuentran excluidos del precepto.

Señala que la norma impugnada debe ser interpretada como una omisión del Estado Mexicano para sancionar penalmente los actos de agresión que se realicen contra medios de comunicación no masivos y periodistas independientes, que genera impunidad contra ese sector y desincentiva la libertad de expresión, por la falta de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar las condiciones que favorezcan su pleno ejercicio.

Aduce que si el legislador de Jalisco fijó el espectro de protección de la ley penal en los medios de comunicación masiva, el tipo penal no es aplicable a todos los actos encaminados a obstaculizar, impedir o reprimir la producción, publicación, distribución, circulación o difusión de información y opiniones, por lo que no se garantiza con universalidad la protección de la libertad de expresión.

Destaca que el objetivo de la adición del artículo 309 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en realidad era tipificar como delito los actos que vulneren los derechos de las personas periodistas, según se desprende de la exposición de motivos del Decreto; sin embargo, el resultado legislativo no fue el perseguido, pues finalmente sólo se protegió la libertad de expresión de medios de comunicación masiva, siendo irrazonable la exclusión de quienes no tienen ese carácter pero realizan actividades periodísticas en ejercicio de ese derecho, el cual no está limitado o restringido a una determinada profesión o a un grupo específico de personas, pues los medios masivos no son la única fuente de actividades periodísticas.

Refiere que, en caso de que esta Suprema Corte, con apego al principio pro persona, advierta que la norma impugnada admite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiera mayor protección legal, debe precisarse dicha interpretación al declarar su validez.

En diverso aspecto, aduce que la norma impugnada tampoco comprende en su marco de protección a las personas defensoras de derechos humanos, a la luz del artículo 6 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, documento que expresa que toda persona tiene derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

3. TERCERO.—Registro y turno. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 2/2017 y turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su instrucción y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(2)

4. CUARTO.—Admisión y requerimientos. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco por ser quienes emitieron y promulgaron la norma impugnada, respectivamente, para que rindieran sus respectivos informes, se requirió al primero el envío de los antecedentes legislativos del Decreto y al segundo, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Jalisco en que se publicó el mismo; también se dio vista a la Procuraduría General de la República en términos del artículo 66 de la ley reglamentaria de la materia, sin embargo, dicha autoridad no formuló pedimento o alegato alguno.

5. QUINTO.—Informe del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete,(4) se tuvo al gobernador del Estado de Jalisco rindiendo el informe requerido y acompañando un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el Decreto por el que se expidió la norma impugnada.

6. Esa autoridad manifestó, en síntesis, que su intervención en el proceso legislativo del precepto cuestionado consistió en dar autenticidad al Decreto con su promulgación, sanción y orden de publicación, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de dicha entidad.

7. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(5) se tuvo al presidente y secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, rindiendo el informe requerido y acompañando copias certificadas del acuerdo por el cual se integra la mesa directiva del Congreso Local y de los antecedentes legislativos referentes al decreto materia de impugnación. En el informe se expuso, en síntesis, lo siguiente:

- Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, debe considerarse constitucional el Decreto 26182/LXI/16, en específico el numeral cuya invalidez se reclama, dado que el acto legislativo tiene fundamento en la facultad expresamente conferida a ese Congreso Local para poder legislar en todas las ramas del orden interior del Estado de Jalisco.

- Que era necesario que el órgano legislativo estatal emitiera dicho decreto, para que de manera objetiva se estableciera y se respetara el derecho de las personas pertenecientes a los distintos medios de comunicación y a las que ejercen la libertad de expresión de manera general, protegiéndolas para que sin limitación alguna, puedan ejercer su derecho constitucional.

- Que contrario a lo argumentado por la Comisión promovente, el Poder Legislativo de Jalisco, por medio del Decreto 26182/LXI/16, expidió la Ley de Garantías de los Derechos de los Periodistas en el Estado de Jalisco y reformó diversos numerales del Código Penal local, con la finalidad de que los medios de comunicación de diversos ámbitos cuenten con la protección estatal, ampliando los derechos ya existentes de los comunicadores y no limitándolos.

- Que el artículo cuestionado, al referirse a medios de comunicación masiva, incluye a todos los comunicadores que tienen como principal objetivo el informar a las masas, por lo que la parte promovente no advierte que la definición de medios de comunicación masivos, se constituye por la totalidad de comunicadores, incluyendo a los independientes, comunitarios, universitarios, experimentales, personas periodistas independientes, etcétera; de modo que la accionante realiza una interpretación incorrecta de la norma, pues no existe una limitación, por el contrario, se adicionan derechos a la comunidad en general que tiene su principal actividad en la difusión masiva, así como la libre prensa, protegiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin distinción alguna.

- Por tanto, que no se puede pretender que el artículo 309 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco limite y excluya a cierto grupo de personas, pues garantiza la protección al ejercicio de la libre expresión a los medios de comunicación de cualquier tipo.

8. SÉPTIMO.—Alegatos. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se concedió a las partes plazo para formular alegatos;(6) en auto de tres de abril de dos mil diecisiete se tuvieron por expresados los que hizo valer la Comisión accionante; ni las demás partes, ni la Procuraduría General de la República formularon alguno.

9. OCTAVO.—Cierre de instrucción. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete se cerró la instrucción.(7)

II. CONSIDERACIONES:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) toda vez que se plantea la invalidez del artículo 309, en la porción normativa que dice: "masiva", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, adicionado por Decreto 26182/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veinte de diciembre de dos mil dieciséis.

11. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.

12. El artículo 309 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, se expidió mediante Decreto 26182/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Por tanto, el plazo respectivo transcurrió del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis al diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

13. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada el diecinueve de enero del dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que su presentación fue oportuna.

14. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 18 del Reglamento Interno de esa Comisión,(10) su presidente es el órgano ejecutivo y ejerce su representación legal, además, tiene facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea Parte.

15. La demanda de la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente Luis Raúl González Pérez, y se intenta para solicitar la declaración de invalidez de una porción de un precepto contenido en una legislación estatal (Código Penal del Estado de Jalisco); por tanto, se formuló por parte legitimada para ello.

16. CUARTO.—Causas de improcedencia. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma cuestionada no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal, conforme a sus facultades de estudio oficioso, advierte la actualización de alguna, por lo que a continuación se analizan los conceptos de invalidez planteados.

17. QUINTO.—Estudio. Los conceptos de invalidez son infundados.

18. Como se observa de la síntesis hecha en apartado anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos postula como argumento toral de invalidez del artículo 309 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que dicho precepto vulnera los artículos 1o., 6o. y 7o. constitucionales, 1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, porque al incluirse la porción normativa que dice: "masiva", el tipo penal allí descrito sólo protege el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en favor de los medios de comunicación que se consideran masivos, y tácitamente excluye a un sector de medios no masivos, entre los que estima se encuentran los independientes, comunitarios, universitarios y experimentales, así como a los periodistas independientes en lo individual; siendo que dice, todos ellos ejercen un mismo derecho al realizar la tarea periodística, y tendrían que ser protegidos por la norma penal respecto de los actos que pudieren afectar su actividad.

19. Sostiene la accionante, que al encontrarse limitado el tipo penal a medios de comunicación masiva, y por ende, excluirse a los no masivos y a los periodistas independientes, se vulnera el principio de universalidad de los derechos humanos y la prohibición de discriminación, además de que se incumple con el deber estatal de proteger, respetar y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión a los periodistas independientes y medios de comunicación no masivos.

20. No asiste razón a la quejosa en sus argumentos, por lo que procede sostener la validez del precepto controvertido.

21. Para justificar dicho aserto, este Tribunal Pleno considera necesario, previamente, establecer lo siguiente:

I. Contexto del Decreto de Ley 26182/LXI/16, que incluyó la adición de la norma controvertida.

22. El treinta de abril de dos mil doce, el Congreso de la Unión expidió la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, que fue publicada el veinticinco de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el veintiséis siguiente.

23. Dicha legislación, de acuerdo con su artículo 1o., tiene por objeto constituir el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y establecer la cooperación entre la Federación y los Estados de la República para su implementación y operación; mecanismo erigido en un órgano integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, operado por la Secretaría de Gobernación, a cuyo cargo está el análisis, otorgamiento, implementación y operación de medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección, con la finalidad de garantizar la vida, la integridad, libertad y seguridad de defensores de derechos humanos y periodistas, cuando se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad.

24. Cabe mencionar que, de la exposición de motivos de esta ley, se advierte que su creación obedeció al reconocimiento del Congreso de la Unión de la prevalencia en el país de una grave situación de violencia contra los periodistas y medios de comunicación, así como defensores de derechos humanos, con motivo de su actividad.

25. En virtud de que la legislación referida y el mecanismo son de carácter federal, en ella se estableció la celebración de convenios de coordinación de la Federación con las entidades federativas, para alcanzar la eficacia y eficiencia de las medidas referidas, a través de acciones conjuntas entre ambos órdenes de gobierno, esto, en términos de los artículos 46 y 47 de la ley federal aludida.(11)

26. Mediante el Decreto 26182/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco en veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco expidió la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, además, reformó algunos preceptos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a saber: los artículos 154-B, 154-I, 188 y 219, y adicionó a dicho código el Título Vigésimo Cuarto, denominado "DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", que contiene únicamente el artículo 309.

27. De los documentos del proceso legislativo que obran en autos, se advierte que la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, se creó a raíz de la iniciativa presentada ante el Pleno del Poder Legislativo de ese Estado de la República el veinte de noviembre de dos mil catorce, por el diputado **********; y las reformas y adiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, derivaron de la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del ********** el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

28. En lo que interesa destacar, de la exposición de motivos de la primera iniciativa, se observa que previo señalamiento de un marco jurídico constitucional y convencional en relación con los derechos humanos y particularmente el derecho a la libertad de expresión, así como un marco fáctico en relación con la situación que enfrentan en México y en el Estado de Jalisco las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, medios, y los que allí se denominó "activistas de la información", se destacó el propósito de que el Estado de Jalisco contara con una legislación local adecuada y armónica a la federal en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con innovaciones que privilegiaran la progresividad en la protección de los derechos humanos en esa entidad. Así se advierte de las partes siguientes:

"SÉPTIMO. El 25 de junio del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el ‘Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

"A su vez, la ley establece que la Federación y las Entidades Federativas deberán desarrollar medidas de prevención, y recopilarán conjuntamente toda la información que sirva para evitar potenciales agresiones contra defensores de derechos humanos o periodistas.

"Igualmente, mediante dicha ley se creó el "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", que opera mediante un fideicomiso público, integrándose sus recursos a partir de aquellos que inicialmente aportó el Gobierno Federal y los que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"La citada ley establece también la obligatoriedad de que las Entidades Federativas y la Federación creen convenios de cooperación para hacer efectivas las medidas de protección y prevención establecidas por el mecanismo.

"El convenio de cooperación entre el mecanismo y las autoridades de Jalisco, no hace referencia a indicadores específicos del Estado, ni propone metas mensurables según los mismos, además de que las partes acuerdan cumplir meramente con lo establecido por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

"En tal sentido, a iniciativa del que suscribe, el 10 de julio de 2014, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un Acuerdo Legislativo para exhortar al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Estatal para que celebrasen un nuevo convenio de cooperación, fijando compromisos según indicadores específicos de nuestra entidad federativa.

"Adicionalmente, resulta necesario armonizar nuestra legislación con el mencionado marco normativo federal, por lo que es objeto de esta iniciativa trasladar las disposiciones legales aplicables.

"...

"NOVENO. El objetivo central de la presente iniciativa es impulsar en el Estado de Jalisco un marco normativo concentrando en la más amplia protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de quienes ejercen una responsabilidad cívica y una labor central en el proceso de democratización de nuestro país.

"Por una parte, adecuamos nuestra legislación a los mandatos federales en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y adicionalmente, impulsamos una serie de innovaciones para generar instrumentos jurídicos modernos que privilegien la progresividad en la protección de los derechos humanos.

"La implementación y éxito de estas disposiciones legales requerirán de un profundo compromiso institucional y de una política de Estado que involucre a todas las instituciones públicas en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos."

29. Por otra parte, la segunda iniciativa, que dio lugar a las reformas y adiciones al Código Penal de dicho Estado, presentada por los diputados **********, **********, **********, ********** y **********, todos del Partido Acción Nacional, señaló el propósito específico de sancionar la violencia contra el periodismo. La exposición de motivos dice:

"...‘México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios; y la libertad de prensa se enfrenta a amenazas persistentes.

"‘Periodistas y medios de comunicación con frecuencia se enfrentan a acoso, intimidación y ataques físicos...’

"Con estas palabras la organización internacional Freedom House(12) comienza el análisis sobre la libertad de prensa en nuestro país en su más reciente reporte sobre libertad de prensa.

"La libertad de prensa es un pilar básico del Estado de derecho. Por ende, esas amenazas a las que nos referimos, deben ser erradicadas en beneficio de la sociedad, destinatario último de la libertad de expresión.

"Destaco una vez más este punto, los ataques a la libertad de prensa, perjudican directamente a la sociedad, la cual, debe desarrollarse bajo los principios de veracidad y libertad de expresión.

"Es por ello, que en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa resulta necesario reconocer la gran contribución que realizan los periodistas para incrementar la calidad democrática de nuestra sociedad.

"En el México de hoy reconocemos con gran pesar que la importancia de la función comunicativa realizada por los periodistas, se encuentra envuelta por una avalancha de peligros y atentados en contra de su integridad. Esos atentados no han podido ser erradicados por la autoridad, lo que recalco, impide a nuestra sociedad convertirse en más democrática y plena.

"Frente a esta situación, los diputados del PAN entendemos como una urgente necesidad la construcción de condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los periodistas. Estoy convencido que la ley debe ser instrumento que coadyuve para que nunca más, un periodista sea agredido por la expresión de sus visiones o ideas.

"Según el Comité de Protección de Periodistas,(13) al año 2015, nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en impunidad por lo que refiere a crímenes contra periodistas, lo que nos muestra la gravedad del problema.

"No se trata pues de una moda, como tantas otras que campean en nuestro ámbito jurídico, a veces inclusive, por presiones de organismos o grupos internacionales. En este caso, estamos frente a hechos lamentables que nos laceran como sociedad; que nos impiden consolidar un Estado de derecho, con todo lo que esto conlleva.

"¿Si quien está en un medio de comunicación no tiene seguridad en su persona, que podrán esperar los demás miembros de la sociedad? ¿Qué podrán esperar los grupos más vulnerables de la misma?

"De igual forma, según la organización internacional ‘Artículo 19’(14) desde el año de 1992 en México han sido asesinados 33 periodistas y desde el 2003 al menos 23 periodistas se encuentran desaparecidos.

"Llama la atención que –según los datos gestionados por dicho organismo– la mayoría de estos comunicadores cubrían notas referentes a corrupción y delincuencia, lo cual, nuevamente nos muestra la trascendencia y gravedad de este problema.

"Que México ostente el lugar 36(15) a nivel mundial entre los países más inseguros para practicar el periodismo es una situación vergonzosa cuya tendencia estamos obligados a modificar.

"La reflexión resulta más profunda y preocupante cuando advertimos que al menos 20 Estados –entre ellos Jalisco– no incluyen en sus códigos penales sanciones que busquen inhibir la violencia cometida en contra de los periodistas.(16)

"Es por tal motivo que el grupo parlamentario del PAN, propone las siguientes medidas de emergencia pública, para proteger a los periodistas de nuestro Estado:

"Primero. Reconocimiento y establecimiento en nuestra legislación penal sustantiva de los ‘Delitos contra la libertad de expresión’ estableciéndose penas de hasta tres años (o cuatro años con inhabilitación en el caso de servidores públicos) a las personas que:

"1. Repriman la publicación, circulación o distribución de algún medio de información escrito, impreso, informático o electrónico.

"2. Intimiden, ejerciendo violencia física o moral, a quienes ejerzan la actividad periodística a fin de evitar el ejercicio de la misma.

"3. Obstaculicen o impidan el derecho de toda persona a recibir, investigar o difundir información de interés público.

"4. Clausuren o establezcan censura previa de algún medio de información escrito, informático o electrónico, impidiendo su circulación.

"5. Obliguen a los periodistas a revelar el secreto profesional periodístico o la reserva de la fuente de información.

"6. Adquieran un número de ejemplares superiores al diez por ciento del tiraje de alguna edición impresa con el fin de evitar que la información de interés público circule.

"Todo ello, mediante la incorporación en el Código Penal de un Título Vigésimo Cuarto, denominado ‘De los Delitos contra la Libertad de Expresión, Capítulo Único, artículos 309 a 313.

"Segundo. Sanciones por desaparición forzada de periodistas: la iniciativa considera incrementar las sanciones derivadas del delito de desaparición forzosa de personas, previstas en el artículo 154-B, cuando la víctima de tal delito sea un periodista, lo que representa hasta 40 años de prisión más un tercio.

"Tercero. Sanciones por tortura contra periodistas: se propone incrementar la pena impuesta al delito de tortura, en el numera (sic) 154-I, fracción II, cuando esta ocurra en contra de periodistas. Esta propuesta en concreto representa hasta 12 años de prisión más un tercio.

"Cuarto. Penalización de las amenazas contra periodistas: se propone como agravante del delito de amenazas cuando éstas sean dirigidas en contra de periodistas con motivo del ejercicio de sus funciones. Esta propuesta de adición de un artículo 189 Ter implica una pena de hasta un año de prisión más un tercio.

"Quinto. Agravantes de homicidio y lesiones calificadas cometidos contra periodistas: se propone reformar el artículo 219 para establecer como agravantes de los delitos de homicidio y lesiones cuando éstos ocurran en contra de periodistas con motivo del ejercicio de sus labores informativas.

"Con nuestra propuesta que denominamos ‘Ley de emergencia para castigar la violencia periodística’ buscamos proteger la libertad de expresión y castigar a quienes pretendieron ejercer violencia contra los periodistas de nuestro Estado.

"De esta forma, buscamos consolidar la democracia y el Estado de derecho en nuestra entidad, partiendo del respeto al trabajo informativo que día a día llevan a cabo los periodistas en nuestra entidad.

"Lo aquí señalado no parte de la ocurrencia, sino como ya se ha destacado, de un análisis serio de derecho comparado, en este caso, partiendo de las regulaciones legales de las entidades federativas que se han puesto a la vanguardia por lo que la protección de la libertad de expresión se refiere.

"Así las cosas, se presenta una propuesta sólida y completa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30071-b0d1fc70/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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