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Modo: Corpus Pro

PLAZO PARA QUE LA PERSONA SENTENCIADA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES DE OCHO AÑOS CUANDO DERIVE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA ÚNICAMENTE POR LA VÍCTIMA O EL MINISTERIO PÚBLICO QUE VERSA SOBRE EL RECLAMO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y NO AFECTA LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 463/2019. · Registro digital (IUS): 30144
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1694.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 463/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, Constitución Federal); 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y, al ser un asunto en materia penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito; tribunal que emitió una de las resoluciones contendientes.

IV. Criterios denunciados

8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones. Sin embargo, antes de proceder a tal efecto, conviene tener presente durante el desarrollo del presente asunto la legislación que fue considerada en los casos que ahora se analizan:

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México

"Capítulo II

"Apelación

"Objeto

"Artículo 406. En el recurso de apelación se examinará si en la resolución impugnada se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos."

"Segunda instancia a petición de parte

"Artículo 407. La segunda instancia se abrirá a petición de parte para resolver sobre los agravios que le cause la resolución recurrida, los que se expresarán al interponerse el recurso.

"En los casos en que se dicte sentencia condenatoria de primera instancia que imponga pena de prisión vitalicia y el sentenciado o su defensor no la hayan apelado, el órgano jurisdiccional superior la revisará de oficio."

"Legitimación

"Artículo 408. Tendrá derecho de apelar:

"I. El Ministerio Público o el acusador privado;

"II. El imputado o su defensor; y,

"III. El ofendido o víctima, o su representante."

"Apelación con efectos suspensivos

"Artículo 409. Es apelable con efectos suspensivos la sentencia definitiva en que se imponga alguna sanción."

"Plazo para su interposición

"Artículo 411. La apelación se interpondrá por escrito con expresión de agravios, ante el Juez que dictó la resolución, dentro de los diez días siguientes al de la notificación, si se tratase de sentencia y de cinco si fuere contra auto."

"Agravios

"Artículo 416. En los agravios se expresará con claridad el perjuicio que la resolución le cause y la exposición razonada de los motivos de inconformidad o, en su caso, las circunstancias que afecten la validez de la resolución."

"Suplencia de la queja

"Artículo 417. Si el defensor o el imputado omitieren la expresión de agravios o los expresaren deficientemente, El (sic) tribunal deberá suplir la queja al dictar sentencia."

"Efectos

"Artículo 420. Al resolver el recurso el tribunal podrá revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada."

Código Nacional de Procedimientos Penales

"Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables

"Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento:

"I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

"II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso."

"Artículo 471. Trámite de la apelación

"El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva.

"En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes.

"En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas.

"Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido.

"Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada."

"Artículo 479. Sentencia

"La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

"En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de Control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente."

Ley de Amparo

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"...

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años."

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito al resolver el amparo directo 441/2019

Antecedentes

i. El veintiuno de enero de dos mil diecisiete, ********** y ********** infligieron diversas lesiones sobre la integridad de ********** y **********, con apoyo de *********.

ii. La denuncia de tales hechos generó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente,(2) por lo que **********y ********** fueron eventualmente vinculados a proceso en la causa penal **********, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, con sede en Ocosingo, Chiapas. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fueron encontrados responsables del delito de lesiones calificadas por su participación como coautores materiales en perjuicio de ********** y **********. Asimismo, ********** fue encontrada responsable de este delito en su calidad de cómplice primario.

iii. A ********** y ********** se les condenó a tres años de prisión y multa de cincuenta unidades de medida y actualización; mientras que a ********** se le impuso una condena de seis meses. Adicionalmente, se les condenó al pago de la reparación del daño de manera solidaria y mancomunada por un monto de $********** (********** 00/100 moneda nacional), cantidad que fue pagada por las víctimas por concepto de once boletos de autobús.

iv. Únicamente las víctimas interpusieron recurso de apelación, el cual se sustanció ante la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 3, del Tribunal Superior del Estado de Chiapas en el toca de apelación **********. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Sala modificó la sentencia definitiva; en específico lo relativo a la reparación del daño, pues agravó la situación de las personas sentenciadas en ese aspecto al aumentar la cantidad a pagar por ese concepto a $ ********** (********** 40/100 moneda nacional).

v. Inconformes, las personas sentenciadas promovieron juicio de amparo directo al considerar que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

vi. Del juicio conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, bajo el expediente **********, el cual determinó que la presentación de la demanda fue oportuna, al haberse promovido dentro del término previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) en razón de que la sentencia reclamada que impuso pena de prisión, fue emitida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, y la fecha de presentación de la demanda fue el doce de abril de dos mil diecinueve, plazo en el que no había transcurrido el término de ocho años.

Estudio de fondo

i. El Tribunal Colegiado determinó que la presentación de la demanda fue oportuna pues se presentó dentro del plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo.

ii. Indicó que lo anterior con independencia de que las personas sentenciadas promovieran el juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia que sólo modificó el monto del pago de la reparación del daño, con motivo del recurso de apelación que únicamente interpusieron los ofendidos (terceros interesados), quienes se inconformaron contra la sentencia de primera instancia, respecto de la individualización de la pena y la condena del pago de la reparación del daño, quedando intocada la primera e incrementado el monto de la última.

iii. Señaló que aun cuando el tribunal de apelación sólo modificó el monto del pago de la reparación del daño, en la sentencia definitiva se impuso pena de prisión; lo cual permite que la demanda de amparo pueda interponerse en un plazo de hasta ocho años, esto es, que se ubique en la excepción, contenida en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo; puesto que pudiera darse el caso que la persona sentenciada se encuentra privada de su libertad y, por ello, no esté en posibilidad de promover su demanda de amparo dentro del plazo genérico de quince días que indica el párrafo primero del citado precepto, contra el fallo que modificó la cuantía de la reparación del daño.

iv. Por tanto, señaló que, en atención al principio de progresividad que rige los derechos humanos, relativo a que todas las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, en virtud del cual debe buscarse un constante avance o mejoramiento, no es factible considerar que las personas sentenciadas deben promover el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de alzada que sólo modificó el monto de la reparación del daño, en el plazo que rige la regla general de quince días prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

v. Por tal motivo, declaró que no comparte el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis de rubro: "SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE MODIFICA LA DE PRIMER GRADO EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEJA INTOCADAS LA ACREDITACIÓN DEL DELITO, LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO Y LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. SI EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR NO APELARON Y PROMUEVEN EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE QUINCE DÍAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA."

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo directo **********

Antecedentes

i. ********** fue encontrado penalmente responsable por los delitos de lesiones y daños en los bienes ocasionados por culpa en agravio de **********. Lo anterior mediante sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de Control de Distrito Judicial de Zumpango, en el Estado de México, en el procedimiento abreviado, dentro de la carpeta administrativa **********.

ii. La condena consistió en: (i) una pena privativa de la libertad por cuatro meses, una multa de veinte días, equivalente a $********** (********** 00/100 moneda nacional), (ii) el pago de una reparación del daño por una cantidad de $********** (********** 00/100 moneda nacional) por los daños ocasionados a un vehículo, y (iii) el pago de la reparación de daño material por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), ello con base en el presupuesto médico expedido por el doctor ********** del que se desprendía que el agraviado requería tratamiento de rehabilitación por las lesiones sufridas.

iii. Únicamente la víctima interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, en el Estado de México, dentro del toca **********. Mediante sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis se modificó el monto de la condena por la reparación del daño material, agravándose la situación de la persona sentenciada en ese aspecto, pues se elevó de $********** (********** 00/100 moneda nacional) a $********** (********** 61/100 moneda nacional).

iv. Inconforme, el sentenciado promovió amparo directo, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el juicio de amparo directo **********. Mediante sentencia de cinco de abril de dos mil dieciocho el Tribunal Colegiado determinó que la demanda de amparo no fue presentada oportunamente.

Estudio de fondo

i. Consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (actos consentidos tácitamente), en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, cuyo análisis es de estudio preferente y debe realizarse aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público.(4)

ii. Al interpretar el artículo 17 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se tiene que los actos emitidos dentro de un procedimiento están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo con la naturaleza de su condición particular frente a la norma.

iii. Salvo en el caso de la hipótesis de excepción prevista en la fracción II del artículo 17, que dispone el plazo para presentar la demanda de amparo hasta de ocho años cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión.

iv. Para que se actualice la excepción al plazo genérico para promover el amparo, contenida en la porción normativa en comento, no sólo es necesario que el acto reclamado sea una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal, sino que, además, es necesario que se cumpla con la condición de que dicha resolución reclamada imponga una pena de prisión en perjuicio del quejoso.

v. Cuando una sentencia condenatoria solo es impugnada por el Ministerio Público o el acusador privado (según corresponda), la persona ofendida, la víctima o su representante, en las consideraciones de penalidad o concesión de beneficios; pero no por el imputado ni su defensor, ello se traduce en que este último y su defensa consintieron en sus términos todos los argumentos de la resolución de primera instancia que incluyen la demostración del delito, de la responsabilidad penal, del grado de culpabilidad y de las penas impuestas.

vi. De tal forma que si con motivo del recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes distintas de la persona imputada y su defensa, el tribunal de alzada incrementa o modifica la pena de prisión en perjuicio de la persona sentenciada, entonces aquél, aun cuando no interpuso la apelación, tiene derecho para impugnar esa nueva resolución mediante el juicio de amparo directo dentro del plazo excepcional previsto en la segunda fracción del artículo 17 de la Ley de Amparo, de ocho años, puesto que, en ese caso, la sentencia definitiva reclamada condenatoria de un proceso penal, afectó la imposición de la pena de prisión decretada en primera instancia.

vii. En el caso de que el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación hecho valer únicamente por alguna de las partes distintas del imputado y su defensa incrementa o modifica alguna de las penas distintas de la de prisión en perjuicio de la persona sentenciada y deja intocada la acreditación del delito, la plena responsabilidad del acusado y la imposición de la pena de prisión; debe decirse que si conforme a las disposiciones precedentes del código adjetivo local de la materia, la segunda instancia se abre a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida, es indiscutible que en función de la parte que recurre la sentencia de primer grado –el Ministerio Público o el acusador privado, la persona ofendida, la víctima o su representante, el imputado o su defensor– y los argumentos formulados en los agravios (así como lo advertido en suplencia de los formulados por la parte que recurra, de ser procedente), es como se define la materia de estudio en la alzada.(5)

viii. Por tal motivo, si el imputado o su defensor no interpuso recurso de apelación dentro del plazo legal, no obstante que se le dictó sentencia condenatoria, debe decirse que la consintió en sus términos; es decir, que estuvo de acuerdo con las consideraciones del Juez en las que tuvo por acreditada la existencia del delito, la plena responsabilidad, la pena de prisión y/o multa, así como la reparación del daño, amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

ix. De esta forma, las partes de la sentencia de primer grado que no sean revocadas o modificadas por el tribunal de alzada constituyen cosa juzgada para la parte que, no obstante de ser afectada y estar legitimada para ello, no interpuso el recurso de apelación y, por ende, la materia de estudio del juicio de amparo promovido por el imputado que no haya apelado se limitará al estudio de los pronunciamientos de revocación o modificación de la segunda instancia que perjudican al imputado, ya que, se insiste, en lo que no habría modificado (acreditación del delito, la plena responsabilidad del acusado y la imposición de la pena de prisión) se consintió por el acusado al no recurrir en apelación.

x. En consecuencia, al quedar fuera de la materia de la contención constitucional lo atinente a la imposición de la pena de prisión, entonces el plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de alzada se regirá por la regla general de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

xi. Sin que en el caso de que se trate se actualice la excepción prevista en la fracción II de dicho numeral, conforme a la cual el amparo puede interponerse en un plazo de hasta ocho años, dado que esa hipótesis normativa se actualiza únicamente cuando la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal impone una pena de prisión; habida cuenta de que la pena de prisión impuesta en primera instancia habría sido consentida por el imputado y su defensor al no apelar aquélla, y dicha condena no fue incrementada, modificada ni afectada por el tribunal de alzada.

xii. Pensar de otro modo sería en detrimento del principio de igualdad procesal y el de seguridad jurídica en perjuicio de la contraparte de la persona sentenciada, en tanto que se obligaría a la víctima o persona ofendida a impugnar ese tipo de resoluciones de segunda instancia (que no imponen, por no ser su materia de estudio, pena de prisión alguna) dentro del plazo genérico de quince días; mientras que a la persona sentenciada se le beneficiaría con un plazo de hasta ocho años a pesar de que en la resolución reclamada no se le imponga pena de prisión alguna, y esta última la consintió por no apelarla oportunamente.

xiii. Si el acto reclamado se notificó al quejoso el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y la demanda se presentó hasta el quince de marzo de dos diecisiete (sic), es evidente su extemporaneidad. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE MODIFICA LA DE PRIMER GRADO EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEJA INTOCADAS LA ACREDITACIÓN DEL DELITO, LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO Y LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. SI EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR NO APELARON Y PROMUEVEN EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE QUINCE DÍAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 406 a 409, 411, 416, 417 y 420 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (actualmente abrogado), en relación con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 92/2010 y 1a./J. 110/2010, se advierte que en los casos en que una sentencia condenatoria en un juicio penal sea impugnada únicamente por el Ministerio Público o el acusador privado (según corresponda), el ofendido, la víctima y/o su representante, pero no por el imputado ni su defensor, ello se traduce en que este último y su defensa consintieron en sus términos todos los argumentos de dicha sentencia. De manera que si con motivo del recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes distintas del imputado y su defensor, el tribunal de alzada modifica la determinación de primer grado, en lo relativo a la reparación del daño y deja intocadas la acreditación del delito, la plena responsabilidad del acusado y la imposición de la pena de prisión; entonces, la litis constitucional del amparo que eventualmente promueva el acusado –que no apeló– se limita al estudio de los pronunciamientos materia de modificación de la segunda instancia que le perjudican y, por tanto, al quedar fuera de la materia de estudio constitucional lo concerniente a la imposición de la pena de prisión (aspecto consentido), el plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de alzada se rige por la regla general de quince días prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que se actualice la excepción establecida en la fracción II de dicho numeral, conforme a la cual, la demanda puede interponerse en un plazo de hasta ocho años, dado que esa hipótesis se actualiza únicamente cuando la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal impone una pena de prisión."(6)

V. Existencia de la contradicción

9. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios.

10. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Más bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.(7)

11. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(8)

12. Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala considera que sí se satisfacen los requisitos para que exista contradicción entre los criterios denunciados.

13. En cuanto al primer requisito, se advierte que ambos órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial.

14. En concreto, ambos tribunales contendientes ejercieron su arbitrio judicial para determinar si la demanda de amparo se presentó de manera oportuna, a partir de la interpretación y aplicación del artículo 17 de la Ley de Amparo.

15. Respecto al segundo requisito, relativo a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte.

16. En efecto, el Tribunal Colegiado con residencia en el Estado de Chiapas determinó que la demanda de amparo se presentó de manera oportuna al considerar que regía la excepción prevista en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de ocho años. Indicó que, si bien el tribunal de apelación únicamente modificó el monto del pago de la reparación del daño, en la sentencia definitiva se impuso pena de prisión, por lo que podía darse el caso de que la persona sentenciada se encuentre privada de su libertad y, por ello, no esté en posibilidad de promover su demanda de amparo dentro del plazo genérico de quince días. Lo anterior con independencia de que el quejoso no haya interpuesto recurso de apelación.

17. Por otro lado, el Tribunal Colegiado con residencia en el Estado de México indicó que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, pues consideró que en el caso regía el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo,(9) debido a que el quejoso consintió la sentencia en lo relativo a la demostración del delito, la responsabilidad penal, el grado de culpabilidad y las penas impuestas. En consecuencia, señaló que, al quedar fuera de la materia de estudio constitucional lo atinente a la imposición de la pena de prisión, el acto reclamado no es una sentencia que imponga pena de prisión, por lo que el plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de alzada debe ser el genérico de quince días.

18. De lo anterior se desprende que existe un diferente razonamiento sobre un mismo tema jurídico; esto es, cuál es el plazo que debe regir para la presentación de la demanda de amparo cuando el acto reclamado únicamente versa sobre aspectos relativos a la reparación del daño y la persona sentenciada no interpuso recurso de apelación.

19. Punto de contradicción que se sintetiza en el siguiente cuadro esquemático:

Ver cuadro esquemático

20. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala atender la siguiente interrogante: ¿cuál es el plazo que debe regir para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado únicamente versa sobre aspectos relativos a la reparación del daño y la persona sentenciada no interpuso recurso de apelación?

VI. Procedencia de la contradicción

21. La presente contradicción de tesis es procedente, a pesar de que sobre la temática existe la jurisprudencia 1a./J. 88/2012 (10a.), emitida por esta Primera Sala, derivada de la contradicción de tesis 216/2011, en que se analizó el caso análogo, pero respecto al artículo 22, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30144-a87a0540/plazo-para-que-la-persona-sentenciada-presente-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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