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Modo: Corpus Pro

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2014. · Registro digital (IUS): 25312
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2014. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ, BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS, ANTONIO RODRIGO MORTERA DÍAZ, HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA Y JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de mayo de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio número **********, recibido el veintinueve de enero de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.

SEGUNDO. Por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta y uno de enero de dos mil catorce, se admitió a trámite la posible denuncia contradicción de tesis y se requirió a los órganos jurisdiccionales, informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción de tesis, de sus índices, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; en el mismo auto se turnó el asunto a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, y por consiguiente a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente, mediante auto de trece de febrero de dos mil catorce, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, una vez que el asunto se encontrara debidamente integrado, para el efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

TERCERO. Desahogados los requerimientos referidos, y estando debidamente integrado el expediente, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil catorce, se ordenó el envío de los autos de esta contradicción de tesis a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto correspondiente.

CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el presente asunto reviste características de importancia y trascendencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de mayo de dos mil trece, la señora Ministra ponente solicitó se remitiera al Tribunal Pleno, con fecha veinte de marzo de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, dado que fue formulada por el Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, a quien le fue reconocida su legitimación por auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta y uno de enero de dos mil catorce.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en el considerando segundo resolvió lo siguiente:

"SEGUNDO. El juicio de amparo que ahora se resuelve fue promovido por el menor **********; por conducto de su madre ********** y como reclama la sentencia definitiva que se dictó en el toca de apelación **********, incoado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en la causa penal **********, en la que figuró como ofendido, misma que le fue desfavorable, resulta que se inició a instancia de parte legítima, esto es, por quien resulta agraviado, de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece. Asimismo, el juicio de que se trata, es procedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución General de la República y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, porque se promovió contra una sentencia definitiva dictada en un recurso de apelación, que pone fin al juicio y que no admite recurso ordinario o medio de defensa legal por el que pueda ser modificada o revocada. Por otra parte, el amparo se promovió de manera oportuna, pues se encuentra dentro del plazo de ocho años establecido en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, ya que en el caso se reclama una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal y la misma fue notificada al quejoso el doce de julio de dos mil trece, tal y como se advierte de la constancia que obra a foja ciento treinta del toca penal." (se transcribe)

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo en lo que interesa:

"TERCERO. Resulta innecesario transcribir tanto el fallo de segunda instancia reclamado como los conceptos de violación que se esgrimen en su contra, en razón de que este Tribunal Colegiado advierte de oficio que se actualiza plenamente una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, pues la presentación de la demanda de amparo se hizo fuera del plazo genérico de quince días a que hace referencia el párrafo primero del artículo 17 de la legislación en cita. Lo anterior se explica, en razón de que quien promueve el amparo es **********, en su calidad de ofendida del delito, ello conforme a las constancias que conforman la causa penal, de las que se advierte que estuvo casada con el finado ********** y es quien legalmente tiene derecho a la reparación del daño, como se estableció en la sentencia de primer grado, confirmada en este aspecto por el órgano de alzada. En estas circunstancias, no se está en el caso de excepción a la regla genérica para la promoción del juicio de garantías, que es de quince días, como podría ser lo previsto en la fracción III del artículo 17 de la ley, que contemplan un plazo de ocho años para promover amparo, pues si bien se trata de un asunto en materia penal, que tiene sentencia condenatoria y privativa de libertad, como ya se dijo, no es el sentenciado quien promovió amparo, sino la ofendida del delito; de modo tal, que la presentación de la demanda de amparo, debió hacerse dentro de ese término, de quince días aludido, contado a partir de que la citada ofendida del delito tuvo conocimiento de la resolución reclamada. Al respecto, es aplicable la tesis XXI.4o.7 P, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1644, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘AMPARO EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE SUJETARSE AL TÉRMINO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). En este sentido, se reitera la quejosa en su carácter de ofendida del delito estaba sujeta al término de quince días, pues no se está en el supuesto normativo de las fracciones I a IV del artículo 17 constitucional, esto es, no se reclama una norma autoaplicativa o procedimiento de extradición; no se trata de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Y si bien se reclama una sentencia que impone una pena de prisión, este aspecto no depara perjuicio alguno a la promovente de amparo, en razón de que no es la ofendida del delito quien resiente esa afectación a su libertad personal, máxime que del ocurso de demanda constitucional, se advierte que sólo se impugnan los aspectos correspondientes a la reparación del daño y la individualización de las penas. Precisado lo que antecede, se tiene que de las constancias que conforman la causa penal y el toca de apelación relativo, se advierte que la resolución reclamada en esta instancia constitucional se emitió el once de octubre de dos mil once. Se aprecia que la aquí quejosa, mediante escrito fechado el veintidós de noviembre de dos mil doce, solicitó copias certificadas de la resolución de segunda instancia, en los términos siguientes: ‘... **********, de generales conocidos dentro de la causa penal al rubro indicado, ante usted con el debido respeto manifiesto: Que por medio del presente escrito atentamente solicito copias certificadas de la sentencia de segunda instancia que dictó la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, CAUSA PENAL No. **********, instruida en contra del inculpado **********, por el delito de homicidio culposo en agravio del ********** ya finado. Lo anterior para los efectos del artículo 3o. de la Ley de Amparo ...’ (foja 240). El escrito de referencia fue dirigido al agente el Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, quien lo hizo suyo y lo presentó ante el órgano jurisdiccional el veintitrés de noviembre de dos mil doce (foja 239). Así, por auto de veintiocho de noviembre de dos mil doce, el Juez de la causa acordó lo siguiente: ‘... VISTO el procedimiento penal con que da cuenta la secretaría de Acuerdos de este juzgado, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales correspondientes en términos del artículo 8o. constitucional y asimismo como lo solicita el promovente, expídasele copia certificada de las actuaciones que se indican en el escrito que se provee, previo pago del fotocopiado y asimismo se autoriza para recibir dichas copias a la ciudadana **********, previa identificación y firma de recibido que otorgue en autos ...’ (foja 232 vuelta). La aquí quejosa recibió las copias de la resolución de segundo grado solicitadas el treinta de noviembre de dos mil doce, como se ilustra en la imagen que se inserta enseguida. (se inserta la imagen de la razón, foja 238). Así, se puede afirmar que la quejosa tuvo conocimiento directo, completo y exacto de la resolución de segunda instancia que reclamada en este juicio constitucional, desde el momento en que recibió la copia certificada de la misma. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’ (se transcribe). Consecuentemente, si la peticionaria de amparo tuvo conocimiento directo, completo y exacto de la resolución reclamada desde el treinta de noviembre de dos mil doce, el cómputo del plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, del tres de diciembre de dos mil doce, en términos de lo establecido por el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor. Sobre este punto, es aplicable la tesis: II.2o.P.186 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en la página 2617, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: ‘AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HACE SABEDORA DE LA RESOLUCIÓN DE APELACIÓN QUE REVOCA EL FALLO DE CONDENA AL INCULPADO AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y NO DE AQUELLA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Luego, si en el caso la demanda de amparo fue presentada (en vía de amparo indirecto) hasta el tres de junio de dos mil trece, es incontrovertible que dicha presentación es extemporánea, pues transcurrieron más de seis meses entre la fecha del conocimiento del acto reclamado, resultando ocioso realizar el cómputo de los días inhábiles, dada la notaria extemporaneidad en la presentación del ocurso de demanda constitucional. De ahí que la causal de improcedencia a que se hizo alusión cobra actualización plena, lo que conduce a este tribunal a sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. No es óbice para arribar a la anterior determinación, el auto de presidencia que admitió a trámite dicha demanda, porque deriva de un examen preliminar y no obliga al Pleno de este tribunal, a quien corresponde decir sobre la procedencia y el fondo del asunto."

CUARTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoya en el criterio sustentado por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo -cuyo contenido es similar a los artículos 225 y 226 de la ley de la materia en vigor, y por ello se considera aplicable el referido criterio jurisprudencial-; se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -los Plenos de Circuito-, o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias".

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho, como en los de hecho.

De ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Que por tanto, es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis, y no para buscar diferencias de detalle que impidan analizar dicha cuestión.

Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Tribunal Pleno en las tesis de jurisprudencia y aislada, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)

QUINTO. Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en el considerando tercero, que fueron remitidas en copias certificadas por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

En principio, es relevante precisar que es criterio de este Tribunal Pleno que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar sea discordante esencialmente.

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, conoció del amparo directo penal **********, en el cual, por mayoría de votos, se resolvió que la parte ofendida en la causa penal de origen, promovió oportunamente la demanda de amparo en contra de la sentencia condenatoria que constituye el acto reclamado, porque lo hizo dentro del plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo penal **********, promovido por la parte ofendida del delito, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal; consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el párrafo primero de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, ya que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días, a que hace referencia el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente.

En ese aspecto consideró, que en el caso no le era aplicable el término de ocho años para promover la demanda a que alude la fracción II del citado artículo 17, ya que aun cuando se trataba de un asunto en materia penal, que tiene sentencia condenatoria privativa de libertad, este acto no le deparaba perjuicio a la ofendida del delito, ya que quien resiente la afectación a su libertad personal es el sentenciado.

SEXTO. Tomando en consideración que en el caso no existe controversia en la aplicación de la nueva Ley de Amparo, ni en lo relativo a la legitimación de la parte ofendida para promover el juicio de amparo, procede delimitar la temática de la contradicción únicamente en torno al plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito, para presentar la demanda de amparo directo en contra de una sentencia definitiva que impone pena de prisión.

En efecto, los Tribunales Colegiados al computar los términos de la interposición de la demanda de amparo por parte de la víctima u ofendido del delito, en contra de una sentencia condenatoria que impuso pena de prisión, consideraron lo dispuesto por el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, para concluir uno de ellos, que con base en el primer párrafo del referido numeral, contaba con el plazo genérico de quince días para su presentación; en tanto que el otro, sostuvo que le era aplicable el plazo de ocho años a que se refiere la fracción II del aludido numeral.

En esas condiciones, a juicio de este Alto Tribunal, la problemática a dilucidar se puede sintetizar bajo el siguiente cuestionamiento:

¿Conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, cuál es el término con el que cuenta la víctima u ofendido del delito, para promover el juicio de amparo directo en contra de un sentencia condenatoria que impone pena de prisión?

Para dar respuesta a la anterior interrogante, en principio conviene transcribir los artículos 17, 18, primero, segundo, tercero y quinto transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los cuales rigen los plazos de presentación de la demanda de garantías, a partir del tres de abril siguiente y que al efecto disponen:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

"Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"Segundo. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley."

"Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."

"Quinto. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

"Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución."

De lo previsto en los citados numerales es posible sostener que:

1. Al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la referida Ley de Amparo, lo que tuvo lugar el dos de abril de dos mil trece, la anterior legislación de la materia quedó abrogada y únicamente es aplicable para los juicios de amparo iniciados con anterioridad al tres de abril siguiente, salvo en lo relativo al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, aspectos que respecto de esos juicios se regirán por la nueva legislación.

Por ende, si los juicios de amparo inician con motivo de la presentación de la demanda respectiva, como se ha reconocido jurisprudencialmente y a la fecha se establece en el artículo 170, fracción I, párrafo último, de la nueva Ley de Amparo; lo previsto en la citada regulación transitoria permite sostener que el legislador ordinario determinó que el plazo para la promoción de las demandas de amparo que se promuevan a partir del tres de abril del año dos mil trece, se debe regir por lo indicado en este nuevo ordenamiento.(4)

2. En términos de la nueva Ley de Amparo, salvo las excepciones señaladas en las fracciones I a IV de su artículo 17, el plazo para promover el juicio de amparo será de quince días, por lo que si la legislación abrogada ya no es aplicable para los juicios iniciados a partir del tres de abril del año dos mil trece, desde la óptica del nuevo sistema establecido por el legislador ordinario, la única norma que conforme a la voluntad del legislador podría regir el plazo para la promoción de esos juicios de amparo es el referido artículo 17 de la Ley de Amparo vigente.

3. En el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente se establecen dos reglas sobre la forma de computar los nuevos plazos para promover el juicio protector de derechos humanos, respecto de actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ese ordenamiento, a saber:

A. En el caso de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y

B. En el caso de actos respecto de los cuales a la entrada en vigor de la nueva ley no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga, les serán aplicables los plazos de la nueva ley contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25312-9ede3bf0/victima-u-ofendido-del-delito-el-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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