Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (ACUERDO DE ADMISIÓN DICTADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS Y PONENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 3955/19). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (ACUERDO DE ADMISIÓN DICTADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS Y PONENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 3955/19). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS [VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) DE DIEZ DE JULIO DE DO MIL DIECINUEVE EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 3955/19]. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA [VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 3955/19].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2019. · Registro digital (IUS): 30175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-22
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 2168.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 20 DE MAYO DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, QUIEN VOTO CON RESERVAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y RESULTANDO:

PRIMERO.—Solicitud de acceso a la información. El trece de marzo de dos mil diecinueve, se presentó una solicitud de acceso a la información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual quedó registrada bajo el folio **********, en los siguientes términos:

"Descripción clara de la solicitud de información: ‘Solicito la siguiente información:

"‘1. Me proporcione la ubicación en un mapa (lo más fácil de comprender, incluso para un niño) de las siguientes coordenadas geográficas; (**********) y (**********) de contar con la información, me proporcione la entidad federativa, región, Municipio, colonia o calle donde se ubican esas coordenadas.

"‘2. La distancia que existe entre ambas coordenadas.

"‘3. Y una breve explicación de cómo se conforman e interpretan las coordenadas.

"‘4. De contar con la información, me proporcione (sic).’

"Forma en la que desea recibir la información:

"‘Entrega por Internet en la PNT.’."

El nueve de abril de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, INEGI) a través de su unidad de transparencia, dio contestación a la solicitud de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

SEGUNDO.—Recurso de revisión ante el INAI. El diez de abril de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante, INAI) recibió el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado.

Por auto de diez de abril de dos mil diecinueve, el comisionado presidente del INAI asignó al recurso de revisión el número de expediente RRA. **********; y, posteriormente, mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el secretario de Acuerdos y ponencia de Acceso a la Información, admitió la revisión a trámite.

TERCERO.—Presentación de la demanda de controversia constitucional. En contra de la admisión del recurso de revisión ante el INAI en el expediente RRA. ********** de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el coordinador general de Asuntos Jurídicos del INEGI, en representación de ese órgano, promovió controversia constitucional.

En su demanda, el INEGI señaló como disposiciones constitucionales violadas las siguientes:

"Artículos 6o., 14, 16 y 26 apartado B, primer párrafo, segundo párrafo y primera parte del cuarto párrafo, todos ellos de la CPEUM (sic) ..."

CUARTO.—Trámite de la controversia constitucional. Mediante proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el número de expediente 212/2019 y, por razón de turno, se determinó que le correspondía a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa fungir como instructora en el procedimiento.

Posteriormente, por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, ordenó emplazar al INAI, y dio vista tanto al fiscal general de la República, para que rindiera el pedimento que le corresponde, como al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, para que manifestara si la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales.

QUINTO.—Contestación de demanda. Por escrito recibido el once de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el INAI, a través de su director general de Asuntos Jurídicos, dio contestación a la demanda en la controversia constitucional. (fojas 64 a 116 del cuaderno principal)

SEXTO.—Resolución del Pleno del INAI en el recurso de revisión RRA. **********. El diez de julio de dos mil diecinueve, el Pleno del INAI emitió resolución en el recurso de revisión RRA. **********, y por unanimidad de votos confirmó la respuesta emitida por la unidad de transparencia del INEGI.

SÉPTIMO.—Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el INEGI por conducto de su coordinador general de Asuntos Jurídicos, presentó ampliación a la demanda en la controversia constitucional, señalando como nuevo acto impugnado la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del INAI al resolver el recurso de revisión RRA. **********.

En su escrito, señaló como disposiciones constitucionales violadas las siguientes:

"Artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, primer párrafo, segundo párrafo y primera parte del cuarto párrafo, todos ellos de la CPEUM (sic)."

OCTAVO.—Contestación a la ampliación de demanda. Por escrito recibido el dos de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI dio contestación a la ampliación de la demanda en la controversia constitucional (fojas 224 a 232 del cuaderno principal).

NOVENO.—Celebración de audiencia y cierre de instrucción. Una vez recibidos los alegatos de las partes, sin que la Fiscalía General de la República ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizaran manifestación alguna, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.

DÉCIMO.—Radicación en Sala. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, avocó el conocimiento del asunto a esta Sala, y ordenó su devolución a la Ministra ponente para su resolución.

DÉCIMO PRIMERO.—Remisión al Tribunal Pleno. En sesión de veintidós de enero de dos mil veinte, los Ministros que integran la Segunda Sala determinaron por unanimidad de votos la remisión de la presente controversia al Tribunal Pleno para su resolución.

DÉCIMO SEGUNDO.—Segunda radicación en Sala. Una vez resueltas por el Pleno de este Alto Tribunal las diversas controversias constitucionales 308/2017, 9/2019, 242/2019, 112/2019, 117/2018 y 243/2019, la Ministra ponente consideró procedente remitir este asunto a la Sala a la que se encuentra adscrita, para que ésta se avoque a su resolución, pues en todas las controversias señaladas se aborda la misma temática planteada en el presente caso.

En sesión pública ordinaria celebrada vía remota de trece de mayo del dos mil veinte, los Ministros integrantes de la Segunda Sala, actuando como órgano colegiado, se avocaron al conocimiento de este asunto, decisión que fue notificada por lista publicada al día siguiente, con fundamento en el artículo segundo, numeral 2, del Acuerdo General Número 7/2020, de veinte de abril del dos mil veinte, en relación con los diversos octavo, del Acuerdo General Número 5/2020, y segundo, del Acuerdo General Número 6/2020, ambos de trece de abril de dos mil veinte, todos del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Tribunal de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre la constitucionalidad de diversos actos del segundo de ellos, sin que en la demanda se cuestionara una norma de carácter general.

SEGUNDO.—Previa resolución del expediente, esta Segunda Sala considera necesario realizar algunas precisiones.

El diecisiete de marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, constitucionales, que vinculan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas, se emitió el Acuerdo General Número 3/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se suspenden actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días que comprenden del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, y se habilitan los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, con motivo del reconocimiento que efectuó la Organización Mundial de la Salud de que el brote epidémico COVID-19 se convirtió en una pandemia.

En el punto primero de ese acuerdo se decretó la suspensión de toda actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo comprendido entre el dieciocho de marzo y el diecinueve de abril de dos mil veinte, declarándolos como días inhábiles, hechas las excepciones relativas al trámite de controversias constitucionales, en la inteligencia de que dentro de ese lapso no correrían términos.

El trece de abril del dos mil veinte se emitió el Acuerdo General Número 5/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la celebración de las sesiones de las Salas del Alto Tribunal a distancia mediante el uso de herramientas informáticas, normativa que establece la regulación al tenor de la cual las Salas del Alto Tribunal pueden celebrar sesiones a distancia ante alguna emergencia que imposibilite o torne inconveniente que los Ministros ingresen a las sedes alterna o principal, con el fin de permitirles ejercer oportunamente sus atribuciones constitucionales mediante la resolución de los asuntos de su competencia, atendiendo a las formalidades legalmente establecidas para el desarrollo de cualquiera de esa sesiones, cuyo artículo octavo dispone que las situaciones no previstas en ese acuerdo general serán resueltas por cada una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdos 6/2020 y 7/2020 del Tribunal Pleno, se prorrogó la suspensión de labores de este Alto Tribunal, declarando inhábiles los días que transcurran hasta el treinta y uno de mayo del año en curso.

De especial relevancia resultan el artículo segundo del Acuerdo General 6/2020 antes referido que prevé la habilitación de los días y horas que resulten necesarios con el fin de que tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal celebren sus sesiones a distancia, y el diverso artículo segundo, numeral 2, del Acuerdo General 7/2020, que prevé la habilitación de días y horas a efecto de proveer respecto de las promociones relacionadas con los asuntos que se listen para las sesiones que celebren las Salas vía remota y, además, realizar las notificaciones por lista o por rotulón correspondientes.

Pues bien, de la interpretación de la normatividad antes referida se advierte que esta Segunda Sala cuenta con facultades para emitir los acuerdos necesarios respecto de los expedientes que se encuentren listados para ser resueltos dentro del periodo de contingencia que, a la fecha, se encuentra vigente hasta el treinta y uno de mayo del año en curso.

Por tal motivo, tal como se refirió en los resultandos de esta sentencia, en sesión de trece de mayo de dos mil veinte, a propuesta del presidente de este órgano colegiado y hasta tanto se cuente con las herramientas tecnológicas que posibiliten la firma electrónica de los acuerdos de trámite a que se refiere el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Segunda Sala determinó avocarse al conocimiento de este asunto a efectos de estar en aptitud de resolverlo, resolución colegiada que fue notificada debidamente a las partes a efecto de respetar sus derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

TERCERO.—Legitimación.

Legitimación activa. El artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal faculta a los órganos constitucionales autónomos para promover controversias en las cuales se cuestione la constitucionalidad de actos o de disposiciones de carácter general, emitidos por el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, u otros órganos constitucionales autónomos.

Asimismo, conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, tanto del escrito de demanda y su ampliación se advierte que quien las promueve es el coordinador general de Asuntos Jurídicos del INEGI, quien acredita su personalidad con copia certificada del nombramiento expedido por el director general del instituto, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

De acuerdo con el artículo 46, fracción VI, del Reglamento Interior del INEGI,(8) dicho funcionario cuenta con la representación legal del instituto actor; por lo que se procede a reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

Legitimación pasiva. Por ser una condición necesaria para la procedencia de la controversia constitucional, se analizará la legitimación de la parte demandada, verificando que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

En el caso, el INEGI señaló como autoridad demandada al INAI, al que le atribuyó como actos que invaden su esfera competencial: 1) la admisión a trámite; y, 2) la resolución que recayó en el recurso de revisión RRA. **********.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General de la República, se advierte que el INAI cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia.

Así, de las constancias que obran en autos se advierte que Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos y en representación del INAI, fue quien dio contestación a la demanda y su ampliación, personalidad que acredita con copia certificada de la credencial institucional expedida a su favor con folio 1809.

De acuerdo con el artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(9) dicho funcionario cuenta con la representación legal del instituto actor; por lo que se procede a reconocer su legitimación en el presente medio de control constitucional.

CUARTO.—Precisión de los actos. Los señalados en los escritos de demanda y ampliación en la controversia constitucional, son:

1. La admisión y sustanciación del recurso de revisión RRA. **********, del índice del INAI, derivado de la respuesta a la solicitud de información con folio ********** brindada por la unidad de transparencia del INEGI; por invadir la competencia y autonomía del segundo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, contenida en el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

2. La resolución dictada el diez de julio de dos mil diecinueve en el recurso de revisión RRA. **********, del índice del INAI, que asume competencia y resuelve la solicitud de información requerida al INEGI.

QUINTO.—Oportunidad. Se analizará la oportunidad de la demanda y su ampliación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria; el cual dispone que tratándose de actos como los precisados en el considerando cuarto, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

Ahora bien, el acuerdo impugnado se notificó al instituto actor el miércoles veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, según consta en el acuse de recibo de admisión (foja 134 del cuaderno principal).

Dicha notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 127 de la Ley Federal de Transparencia; por lo que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del jueves veinticinco de abril al jueves seis de junio de dos mil diecinueve.

Del plazo anterior, deben descontarse los días sábados veintisiete de abril, cuatro, once, dieciocho, y veinticinco de mayo, y primero de junio; los domingos veintiocho de abril, cinco, doce, diecinueve y veintiséis de mayo, y dos de junio; así como el miércoles primero de mayo, todos de dos mil diecinueve, por resultar inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, es evidente que su presentación fue oportuna.

Por otro lado, la resolución combatida se notificó al instituto actor el lunes veintinueve de julio de dos mil diecinueve, según consta en el acuse de recibo de notificación (foja 264 del cuaderno principal).

Dicha notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 127 de la Ley Federal de Transparencia; por lo que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del martes treinta de julio al lunes nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

Del plazo anterior, deben descontarse los días sábados tres, diez, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de agosto, y siete de septiembre; así como los domingos cuatro, once, dieciocho y veinticinco de agosto, y primero y ocho de septiembre, todos de dos mil diecinueve, por resultar inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Luego, si la ampliación de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, es evidente que su presentación fue oportuna.

SEXTO.—Conceptos de invalidez. Son, en síntesis, los siguientes (demanda):

• El acuerdo impugnado vulnera el ámbito competencial del INEGI establecido en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, pues el INAI asume competencia para conocer de la respuesta que brindó el INEGI a una solicitud de información estadística en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante, SNIEG).

• Lo anterior, vulnera del INEGI la autonomía técnica y de gestión; la responsabilidad de normar y coordinar el SNIEG; y las facultades de regulación en el procesamiento de información del SNIEG.

• En cuanto a la autonomía técnica y de gestión, el instituto actor cuenta con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica del SNIEG, y proveer de su observancia.

• El INEGI en su calidad de órgano constitucional autónomo, ejerce un grado supremo e independiente de los demás órganos del Estado, y tiene el poder de decidir su forma de gobierno y definir el conjunto de materias específicas de decisión.

• Por tanto, la información que genera el INEGI con motivo de sus funciones constitucionales, lo excluye como sujeto obligado, por ser de características distintas a las contenidas en el artículo 6o. constitucional; y erróneamente el INAI pretende pronunciarse respecto de la información contenida en el SNIEG.

• Ilegalmente, el INAI asume competencia para conocer de un recurso de revisión derivado de la respuesta dada a un requerimiento de información estadística y geográfica, competencia exclusiva del INEGI.

• El artículo 47 de la ley del SNIEG, dispone que aquella información estadística y geográfica no está sujeta a la ley federal y ley general, ambas de transparencia y acceso a la información pública gubernamental; en cambio, sólo se dará a conocer en los términos previstos en la ley del SNIEG.

• El legislador hace una distinción entre la información estadística regulada por la ley del SNIEG, y la clasificada mediante la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• La información estadística está protegida por los principios de confidencialidad y reserva, en términos de la ley del SNIEG y, por tanto, el INEGI es la única autoridad competente para la resolver los recursos en la materia.

• El INAI pretende dar a conocer la información estadística y geográfica recopilada en el SNIEG, y con ello invade la competencia del INEGI en su tratamiento especial.

Son, en síntesis, los siguientes (ampliación de demanda):

• La resolución combatida vulnera el ámbito competencial del INEGI establecido en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, pues el INAI asume competencia para resolver el recurso de revisión en materia de transparencia, en contra de la respuesta que brindó el INEGI a una solicitud de información estadística en el marco del SNIEG.

• A pesar de que se haya confirmado la respuesta emitida, el INAI indebidamente asume competencia para conocer dicho recurso, pues es facultad exclusiva del INEGI resolver aquellas controversias derivadas de la información estadística y geográfica.

• Fue incorrecto que el INAI diera tratamiento como solicitud de información conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no con base en lo dispuesto a la ley del SNIEG.

• La resolución desconoce que el recurso previsto por la ley del SNIEG es el idóneo para resolver aquellas inconformidades en contra de los actos o resoluciones que dicte el INEGI, en materia de transparencia y acceso a la información, en términos del artículo 26 constitucional.

SÉPTIMO.—Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.

El INAI adujo en esencia, tres causales de improcedencia, a saber:

1. La contenida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria, porque la admisión y sustanciación del recurso carece de la definitividad necesaria para ser impugnada a través de la controversia constitucional.

2. La prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria, toda vez que el acuerdo de admisión impugnado no se dictó por el Pleno del INAI a quien de conformidad con el artículo 12, fracción I, de su estatuto orgánico, le corresponde ejercer las atribuciones constitucionales y legales.

3. La establecida en la fracción VIII del artículo 19, pues no resulta posible combatir a través de una controversia constitucional las resoluciones que emita el pleno del INAI, al ser actos materialmente jurisdiccionales.

Es fundada la primera causal de improcedencia aducida, en cuanto a la falta de definitividad para impugnar vía controversia constitucional la admisión del recurso de revisión, en atención a las siguientes consideraciones.

Ante todo, conviene recordar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 9/2019, 112/2019 y 242/2019, determinó que los acuerdos de asunción de competencia del INAI, dictados por un secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, carecen de definitividad para poder considerarse en el supuesto que la Constitución Federal previene en el artículo 105, fracción I, inciso l).

Así, el Tribunal Pleno consideró que no se está en el supuesto que la Norma Fundamental establece como mínimo para tener dos voluntades contrapuestas de dos órganos constitucionales autónomos en torno a una competencia constitucional, pues el acuerdo de admisión del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información no conlleva en sí un acto definitivo que sea impugnable a través de una controversia constitucional, ya que en estos casos será el Pleno del INAI, quien al dictar la resolución en dicho medio de impugnación, decida en el ámbito de sus facultades lo que proceda respecto a su competencia.

En ese sentido, el INEGI tiene la obligación de agotar todas las etapas del procedimiento de revisión en materia de transparencia y acceso a la información, hasta el dictado de la resolución definitiva, en cuyo caso podrá alegar que ésta le causa una afectación a su esfera competencial directamente emanada de la Constitución Federal.

Consecuentemente, conforme al criterio mayoritario adoptado por el Tribunal Pleno, procede sobreseer en la controversia por lo que hace al acuerdo dictado en el recurso de revisión RRA. **********, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, por el secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al ser un acto que carece de definitividad.

Por otro lado, debe desestimarse el segundo argumento que combate también el acuerdo de admisión, pues a ningún fin práctico llevaría su estudio, al haber resultado fundada la primera causa de improcedencia y sobreseerse respecto a ese acto impugnado.

Por último, en su tercer argumento el instituto demandado considera que procede el sobreseimiento en la controversia, pues no es el medio idóneo para controvertir las resoluciones dictadas por el Pleno del INAI al sustanciar y resolver los recursos de revisión en materia de transparencia.

Sin embargo, hace valer esta causal bajo la premisa de que sea examinado el aspecto competencial de los órganos constitucionales autónomos contendientes en la presente controversia constitucional; lo que es una cuestión propia del estudio de fondo del presente medio de impugnación, y, por tanto, procede desestimarla.

Finalmente, al no advertir alguna otra causal de improcedencia de oficio, este Tribunal Pleno procede a estudiar los conceptos de invalidez propuestos por el accionante.

OCTAVO.—Estudio de la resolución dictada por el Pleno del INAI al resolver el recurso de revisión RRA. **********. Ante todo, conviene precisar el contenido de los artículos 6o., apartado A, y 26, apartado B, de la Constitución Federal, en las partes que interesan, que disponen:

"Artículo 6o. ... El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"...

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

"...

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

"...

(Adicionada [N. de E. con los párrafos que la integran], D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

"En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30175-1edbfca0/i-controversia-constitucional-el-coordinador-general-de-asuntos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.