I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTOS DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LA REPRESENTACIÓN DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (ARTÍCULO 55, FRACCIONES III Y IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES). IV. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. V. ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES COMPATIBLE CON UNA CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE. VII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES INSTITUCIONALES. VIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). A SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MODULADO CONSTITUCIONALMENTE POR EL MODELO DE ESTADO REGULADOR. IX. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS FACULTADES REGULATORIAS. X. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SERÁN VÁLIDAS SIEMPRE Y CUANDO SE INSERTEN EN UN ÁMBITO REGULATORIO Y NO CONTRADIGAN LO PRESCRITO POR LA LEY. XI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES COMPETENTE PARA EMITIR LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE Y ES, EN ESTA MATERIA, LA ÚNICA AUTORIDAD QUE GOZA DE DICHA FACULTAD REGULATORIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN (ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL RÉGIMEN DE ULTRAACTIVIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL CUAL SE PUBLICÓ LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, DURARÁ HASTA EN TANTO EXPIDAN LOS ORDENAMIENTOS QUE LO SUSTITUYAN, ELLO CON EL ÚLTIMO FIN DE NO GENERAR VACÍOS NORMATIVOS. XIII. REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN VÍA SATELITAL. SU SUSTITUCIÓN POR LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE EMITIDAS POR AUTORIDAD DISTINTA (INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES) DE QUIEN LO EXPIDIÓ (PODER EJECUTIVO FEDERAL), NO VULNERA EL ARTÍCULO 72, INCISO F), CONSTITUCIONAL, AL NO SER DICHO NUMERAL APLICABLE AL CASO EN ESTUDIO, AUNADO A QUE EL INSTITUTO EN COMENTO ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA REGULAR EN ESA MATERIA (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE). XIV. PROCEDIMIENTO DE REFORMA, ACCIÓN, MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN DE NORMAS DE RANGO LEGAL. NO DEBE PROVENIR, NECESARIAMENTE DEL MISMO ÓRGANO QUE LAS CREÓ, NI DEBEN OBSERVARSE LOS MISMOS TRÁMITES PARA SU EXPEDICIÓN, SIN EMBARGO, DEBEN REALIZARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO FUNDAMENTAL PARA LA CREACIÓN DE NORMAS LEGALES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE). XV. DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE. SU EMISIÓN POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL Y A LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, SE REALIZÓ CONFORME A LAS REGLAS PROCEDIMENTALES Y COMPETENCIALES APLICABLES (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE). XVI. DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE. LA SUSTITUCIÓN DEL REGLAMENTO EN ESA MATERIA NO IMPIDE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL EJERZA SUS FACULTADES PARA DEFINIR Y ADMINISTRAR LA RESERVA DE CAPACIDAD DEL ESTADO, YA QUE LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS EN ESA MATERIA ES CONGRUENTE CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 25 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 257/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en contra de la emisión del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Disposiciones Regulatorias en materia de Comunicación Vía Satélite", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo Federal. El seis de marzo de dos mil veintitrés, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (en adelante, la "Consejería"), por conducto de su Titular, presentó una demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Consejería demandó la invalidez del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Disposiciones Regulatorias en materia de Comunicación Vía Satélite" (en adelante, "Disposiciones Regulatorias") publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil veintitrés y emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante, "IFT").
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Consejería expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. "Primero. Se invade la competencia del Ejecutivo Federal contenida en el artículo 89, fracción I, de la CPEUM, el cual lo faculta para emitir las disposiciones reglamentarias en materia de comunicación vía satélite." En su primer concepto de invalidez, la Consejería argumentó que la emisión de las Disposiciones Regulatorias emitidas por el IFT invade la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal.
b. La invasión consiste en que el artículo segundo transitorio de las Disposiciones Regulatorias dispone que, a partir de su entrada en vigor, se sustituye el Reglamento de Comunicación Vía Satélite emitido por el Ejecutivo Federal (en adelante, "RCVS") publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de agosto de mil novecientos noventa y siete. Desde el punto de vista del Poder actor, un reglamento emitido por ese Poder solamente puede ser sustituido por otro ordenamiento de igual naturaleza jurídica y emitido por la autoridad facultada para ello. Por esas razones, consideran que el RCVS continúa vigente.
c. "Segundo. El IFT transgrede el principio de derogación de las normas generales, establecido en el artículo 72, apartado F, en relación con los diversos 41, 89, fracción I, y 28 párrafo vigésimo, fracción IV, de la CPEUM." En su segundo concepto de invalidez, la Consejería argumentó que el Poder Ejecutivo es el único facultado para reglamentar las leyes emitidas por el Poder Legislativo Federal. En este caso, el Poder Ejecutivo considera que el RCVS, reglamentario de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante, "LFTR"), continúa teniendo vigencia porque el artículo tercero transitorio del Decreto mediante el cual se publicó dicha ley, estableció que "las disposiciones reglamentarias y administrativas y las normas oficiales mexicanas en vigor, continuaran aplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que los sustituyan, salvo en lo que se opongan a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión." Desde su punto de vista, el RCVS no se opone a la LFTR y por ello sigue vigente y no era necesaria su sustitución. En todo caso, tampoco podría haber sido sustituido por un reglamento emitido por el IFT pues carece de competencia para ello.
d. Por lo tanto, el artículo segundo transitorio de las Disposiciones Regulatorias vulnera el principio de derogación de normas generales establecido en el artículo 72, apartado F, en relación con los artículos 41, 89, fracción I, y 28, párrafo vigésimo, fracción IV, de la Constitución Federal.
e. Enseguida, la Consejería señaló que el artículo 28, párrafo vigésimo, de la Constitución Federal establece que el IFT puede emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia, lo que se replica en el artículo 15, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
f. "Tercero. Las Disposiciones Regulatorias, expedidas por el IFT, invaden las facultades constitucionales del Ejecutivo Federal en materia de protección de derechos fundamentales establecidos en los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 21, 25, 28 y 89 de la CPEUM." El Ejecutivo Federal argumenta, en síntesis, que la sustitución del RCVS por las Disposiciones Regulatorias le impide ejercer distintas atribuciones que tiene asignadas legalmente. En concreto, su facultad para: i) establecer las políticas que promuevan disponibilidad de capacidad y servicios satelitales suficientes para las redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades, objetivos y fines del Gobierno Federal (artículo 9, fracción X de la LFTR),(1) ii) la administración y vigilancia del uso eficiente de la capacidad satelital reservada al Estado (artículo 9, fracción XI de la LFTR),(2) así como iii) definir la capacidad satelital necesaria para el ejercicio de sus funciones (artículo 150 de la LFTR).(3)
g. Se desprende de la argumentación que hace el Poder Ejecutivo, que la afectación a ese cúmulo de atribuciones se materializa en el numeral 4 de las Disposiciones Regulatorias, que el propio Poder actor contrapone al artículo 29 del RCVS. Sobre el numeral 4 de las Disposiciones Regulatorias, el Ejecutivo Federal señala que, aunque "aparentemente [...] deja intocados los principios que garantizan el eficaz desempeño de las funciones del Gobierno Federal respecto de la reserva de capacidad satelital", en realidad le impiden ejercer sus atribuciones en la materia y, en vía de consecuencia, afectan diversos derechos fundamentales.
h. De acuerdo con la Consejería, el RCVS (y en concreto el artículo 29) ha sido utilizado para celebrar convenios con diversos concesionarios, lo que le permite al Poder Ejecutivo prestar diversos servicios, tales como: servicios de telefonía rural y el programa "Aprende en Casa" llevado a cabo por la Secretaría de Educación Pública. La sustitución del RCVS, argumenta, podría significar que el concesionario solicite la terminación de los convenios que se tienen celebrados o decida no renovarlos por ausencia de fundamento.
i. Dado que el RCVS se sustituyó, el Poder Ejecutivo argumenta que los diversos convenios celebrados carecen de fundamento normativo y, en consecuencia, los concesionarios podrían "solicitar la terminación de los convenios que se tienen celebrados o justificar la ausencia de fundamento para renovación". De esta hipotética manera de actuar de los concesionarios y autorizados, el Poder Ejecutivo desprende una potencial violación a múltiples derechos fundamentales.
3. Registro y turno. El quince de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con número 257/2023 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
4. Admisión y trámite. El ocho de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridad demandada al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda. Asimismo, tuvo como terceros interesados en la controversia constitucional a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a quienes también otorgó un plazo de treinta días hábiles para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes. Por último, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores expuso, en síntesis, que comparte los conceptos de invalidez expuestos por la Consejería en contra de las Disposiciones Reglamentarias emitidas por el IFT y reitera los argumentos de la Consejería en su escrito de tercero interesado.
6. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados argumentó, en síntesis, que el IFT tiene una facultad de producción normativa, distinta de la del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, para emitir disposiciones administrativas de carácter general para cumplir su función regulatoria en el sector de su competencia. Sin embargo, señala que estas disposiciones tienen una jerarquía inferior a las leyes emitidas por el Congreso de la Unión.
7. Contestación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT contestó la demanda del Poder Ejecutivo en tres apartados distintos que se sintetizan en seguida.
a. Primero. El IFT expuso que es un órgano constitucional autónomo que, conforme al artículo 28 constitucional, tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, el cual tendrá a su cargo la regulación, promoción, y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal.
b. Asimismo, señala que su facultad reglamentaria deriva del artículo 28, fracción IV, constitucional, que le otorga la facultad expresa de emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia.
c. En este sentido, señala que conforme al artículo 7o., segundo párrafo de la LFTR, el IFT tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente.
d. Además, señala que conforme a lo establecido en el artículo 15, fracción I de la LFTR, tiene la atribución de expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como cualquier otra disposición que le permita cumplir con lo dispuesto en la LFTR.
e. Así, argumenta que, con base en las atribuciones constitucionales y legales señaladas, el IFT emitió las Disposiciones Regulatorias impugnadas por el Poder Ejecutivo. Desde su punto de vista, con fundamento en el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la LFTR, las Disposiciones Regulatorias sustituyen el RCVS.
f. En apoyo a los argumentos expuestos arriba, el IFT realiza un recuento extenso de los precedentes de este Alto Tribunal en el que, argumenta, se le reconocen a ese Instituto amplias facultades cuasi legislativas para emitir disposiciones de carácter general en el ámbito especializado de su competencia, lo cual es consistente con una interpretación flexiva del principio de división de poderes.
g. Por otra parte, el IFT expone que su facultad para expedir disposiciones de carácter general es distinta a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, pues su facultad de reglamentación prevista en el artículo 28 constitucional es mucho más amplia que la simple ejecución de la ley. En este sentido, señala que el propio Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que no le son aplicables los principios de reserva de ley, ni de subordinación jerárquica a la ley en el mismo sentido que le son aplicables al Poder Ejecutivo, si bien admite que no puede contradecir la ley.
h. Por último, concluye que el Instituto no invade la esfera de competencias del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional debido a que ejerció su función regulatoria conforme a lo que expresa la Constitución y la LFTR.
i. Segundo. El IFT expuso que de acuerdo con la controversia constitucional 117/2014, dicho Instituto tiene que ajustar su actuación a los términos que establezcan las leyes. En este caso, el Instituto considera que está obligado constitucionalmente a emitir las Disposiciones Regulatorias, atendiendo a su objeto (establecido en el artículo 28 constitucional) y al ámbito de actuación previsto en la LFTR. En ese sentido, considera que no transgrede el principio de derogación de las normas debido a que actuó conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijan las leyes.
j. En el mismo orden de ideas, el IFT señala distintos ejemplos a través de los cuales el Pleno de ese Instituto ha abrogado, dejado sin efectos o derogado diversas disposiciones administrativas de carácter general emitidas por el Poder Ejecutivo Federal, por ser necesario para el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia.
k. TERCERO. El IFT argumentó que con la emisión de las Disposiciones Regulatorias no se pone en riesgo derecho fundamental alguno, ni se obstaculizan las facultades del Poder Ejecutivo para garantizarlas, pues el artículo 29 del RCVS no es el fundamento de atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ("Secretaría") para administrar debidamente la capacidad satelital. Por el contrario, el IFT señala que las facultades de la Secretaría para definir y administrar la capacidad satelital reservada al Estado se encuentran previstas en los artículos 9, fracciones X y XI y 150 de la LFTR.
l. En apoyo a su argumentación, el IFT enlista diversos títulos de autorización de aterrizaje de señales, en los que la Secretaría otorga dichas autorizaciones ejerciendo las facultades y atribuciones relacionadas con la reserva de capacidad satelital en favor del Estado en términos de lo señalado en los artículos mencionados de la LFTR, y no con fundamento en el artículo 29 del RCVS.
m. Incluso, señala el IFT, el texto del artículo 29 del RCVS restringe las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de administración de recursos orbitales. Por ejemplo, señala que el artículo 29 del RCVS solo establece que "[l]os operadores satelitales deberán reservar una porción de su capacidad en cada banda de frecuencias[.]" más no establece que la capacidad satelital reservada al Estado se lleve a cabo en numerario o en especie, como sí lo hace el artículo 150 de la LFTR.
n. Por último, señala que el artículo 150 de la LFTR establece que a la Secretaría le compete establecer políticas que promuevan la disponibilidad de capacidad, así como definir, administrar y vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital reservada al Estado; mientras que al IFT le compete asegurarse de que se proporcione la capacidad satelital suficiente y adecuada para los fines indicados en el mismo artículo.
o. En ese sentido, argumenta que las Disposiciones Regulatorias se emitieron precisamente con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 150 de la LFTR y, en concreto, cita los numerales 4 y 13 de dicho ordenamiento que desarrolla sus obligaciones en la materia. Además, agrega que las Disposiciones no impiden, ni restringen las atribuciones de la Secretaría en la materia.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
9. Alegatos. Los alegatos fueron presentados en tiempo y forma. Se remite al expediente de esta controversia constitucional para su consulta.
10. Audiencia alegatos y cierre de instrucción. El primero de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella, el Ministro instructor admitió y tuvo por desahogadas las pruebas aportadas por las partes, se tuvieron por formulados los alegatos hechos por las partes. Por último, el Ministro instructor cerró la instrucción de la controversia para efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso I), de la Constitución General,(4) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5) y el punto segundo, fracción I, primer párrafo, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno,(6) en virtud de que se plantea un conflicto entre un órgano constitucionalmente autónomo y el Poder Ejecutivo Federal, con motivo de un ordenamiento expedido por el IFT.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. El Poder Ejecutivo Federal impugna la emisión del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Disposiciones Regulatorias en materia de Comunicación Vía Satélite" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil veintitrés porque considera que el IFT es un órgano incompetente para emitir dicho acuerdo.
13. Además, impugna de manera destacada el artículo segundo transitorio del Acuerdo impugnado, pues considera que el IFT no puede ordenar la sustitución de un reglamento emitido por el Ejecutivo Federal, como lo es el RCVS.
14. Por último, impugna el numeral 4 de las Disposiciones Regulatorias porque considera que interfiere con las atribuciones de ese Poder contenidas en los artículos 9o., fracciones X y XI, y 150 de la LFTR.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
16. En este caso, la demanda fue presentada de forma oportuna.
17. El Acuerdo impugnado fue publicado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para interponer la demanda comenzó a correr el veinticuatro siguiente y culminó el siete de marzo. La demanda se presentó el día seis de marzo por lo que su presentación fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. La demanda fue presentada por parte legítima. El artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal establece los órganos que están legitimados para promover una controversia constitucional. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(7) de la materia prevén que esos órganos pueden tener el carácter de actores y deberán comparecer a través del funcionario que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
19. En el caso, la demanda fue presentada por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República. El artículo 11, último párrafo, de la Ley Reglamentaria(8) prevé que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal podrá ser representada por la persona consejera jurídica del Gobierno Federal. En representación del Poder Ejecutivo Federal compareció María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Gobierno Federal. Demostró desempeñar dicho cargo con copia certificada del acuerdo presidencial que avaló su nombramiento. Por tanto, la controversia constitucional fue presentada por parte legítima. V. LEGITIMACIÓN PASIVA
20. El órgano demandado tiene legitimación pasiva. En representación del IFT, compareció, por conducto de su Directora General de Defensa Jurídica, María del Pilar Vázquez Sánchez. La funcionaria acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento. Además, tiene la facultad de representar al órgano en esta controversia de conformidad con lo establecido en los artículos 55, fracciones III y IV, del Estatuto Orgánico del IFT.(9)
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y este Pleno tampoco advierte que se actualice alguna de las anteriores, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
22. De la lectura integral de la demanda del Ejecutivo Federal se desprenden fundamentalmente tres preguntas que este Tribunal Pleno debe contestar para dar una respuesta integral a los planteamientos del Poder actor. En ese sentido, este Tribunal Pleno abordará las siguientes preguntas en el orden que se presentan:
a. ¿El IFT es competente para emitir las Disposiciones Regulatorias?
b. Si el IFT es competente para emitir las Disposiciones Regulatorias, ¿estas disposiciones generales sustituyen y dejan sin efecto el RCVS?
c. Si el RCVS ha quedado sin efecto, ¿el contenido de las Disposiciones Regulatorias impide que el Ejecutivo Federal ejerza sus facultades para definir y administrar los tiempos reservados para el Estado que anteriormente estaban contemplados en el artículo 29 del RCVS?
VII.1. El IFT es un órgano competente para emitir las Disposiciones Regulatorias
23. En distintas secciones de su escrito de demanda, el Poder Ejecutivo argumentó que es el único facultado para reglamentar las leyes emitidas por el Poder Legislativo Federal en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal y, según se desprende de su argumentación, es el único facultado para reglamentar la LFTR en términos del artículo tercero transitorio(10) del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión."(11)
24. En ese sentido, argumentó que el IFT puede emitir disposiciones administrativas de carácter general en términos del artículo 28, párrafo vigésimo, fracción IV, pero exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia, en términos del artículo 15, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
25. Conforme a la argumentación de la Consejería, es evidente que no cuestiona las facultades del IFT para emitir normas de carácter general, pues reconoce que dicha competencia está expresamente reconocida en el artículo 28 constitucional.
26. En cambio, lo que cuestiona el Ejecutivo Federal es que el IFT tenga la facultad de emitir disposiciones de carácter general en materia de comunicación vía satélite. En otras palabras, alega que existe una violación concreta a la porción de la fracción IV del artículo 28 constitucional que dispone que el IFT puede emitir disposiciones administrativas de carácter general "exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia." Es decir, el Poder Ejecutivo considera que el IFT no tiene asignada una competencia para emitir regulación en este ámbito.
27. Así, este Tribunal Pleno debe verificar si la comunicación vía satélite es una materia de regulación que esté comprendida dentro del sector que le compete regular al IFT conforme a las tareas que le asigna la Constitución Federal y la LFTR.
28. La respuesta a esta pregunta se desprende de manera clara del texto del artículo 28 constitucional, párrafo décimo quinto, que literalmente dispone que el IFT tiene a su cargo emitir "la regulación [...] del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución."
29. De manera pormenorizada, la LFTR establece en su artículo 7o. que el IFT tiene a su cargo "la regulación [...] del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente."
30. Por su parte, el artículo 15, fracción I,(12) faculta al IFT para expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para el cumplimiento de lo dispuesto en la LFTR; mientras que la fracción XI(13) lo faculta para emitir lineamientos de carácter general para el acceso y uso compartido de la infraestructura activa y pasiva.
31. Habiendo trazado de manera general las facultades regulatorias que le asigna la Constitución Federal y la LFTR al IFT en la materia, es necesario analizar si el contenido de las Disposiciones Regulatorias se encuadra dentro de esas facultades.
32. De acuerdo con la literatura especializada(14) y la información que proporciona la autoridad especializada en la materia,(15) el esquema tradicional de comunicación vía satélite se realiza mediante redes satelitales compuestas de una estación transmisora(16) que envía señales a través de bandas de frecuencias(17) (enlace ascendente) hacia un satélite(18) que recibe las señales, las amplifica y las reenvía a la Tierra (o a otros satélites) por bandas de frecuencias diversas (enlace descendente) para que las capte una estación receptora.
33. Además, es preciso señalar que los satélites proporcionan el servicio de retransmisión de la señal utilizando dos recursos naturales limitados que, según se apuntó arriba, corresponde regular al IFT: 1) los recursos orbitales (posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales)(19) y 2) las bandas de frecuencia que se utilizan tanto en el enlace ascendente, como en el enlace descendente, que son porciones del espectro radioeléctrico.(20)
34. Así pues, de manera general, este Alto Tribunal debe concluir que las comunicaciones vía satélite están claramente comprendidas dentro del ámbito que le compete regular al IFT por mandato de la Constitución Federal y de la LFTR pues es la autoridad competente para regular el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales y, de manera general, de emitir las disposiciones administrativas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
35. Ahora bien, tal como se apuntó arriba, el estudio del concepto de invalidez se realiza en términos generales porque la Consejería no cuestionó la competencia del IFT para emitir una o varias disposiciones en específico, sino que argumentó de manera genérica que las Disposiciones Regulatorias se encontraban fuera del ámbito competencial del IFT.
36. Esta lectura es consistente con los procedimientos legislativos de la reforma constitucional(21) que incorporó al IFT como un órgano constitucional autónomo con facultades regulatorias en materias de alta complejidad técnica que requieren cierto grado de especialización y pericia, como lo es el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. En este tipo de materias, el IFT tiene un ámbito material de competencia regulatoria exclusivo con fundamento en el artículo 28 constitucional, párrafo décimo quinto.(22)
37. No obstante, el análisis de las Disposiciones Regulatorias no puede limitarse simplemente a su denominación, por lo que debe comprobarse, mínimamente, que el contenido de la normativa corresponda de manera general con la regulación de la comunicación vía satélite u otras facultades asociadas que estén asignadas legal o constitucionalmente al IFT por lo que se procede a verificar su contenido.
38. Se desprende de la lectura de las Disposiciones impugnadas que éstas tienen ciento treinta y tres numerales y diez disposiciones transitorias. Los numerales de las Disposiciones están divididas en cuatro títulos que enseguida se analizarán de manera somera.
39. El objeto de las Disposiciones es, según dispone el numeral primero, "regular la Comunicación Vía Satélite, el uso, aprovechamiento y explotación de las Posiciones Orbitales Geoestacionarias y Órbitas Satelitales con sus respectivas Bandas de Frecuencias asociadas, la comunicación con Vehículos Espaciales y el Servicio Complementario Terrestre para Sistemas Satelitales." Dicho objeto es enteramente congruente con los elementos que comprenden la comunicación satelital, conforme se analizó párrafos arriba.
40. El numeral cuarto de las Disposiciones dispone que el IFT "se asegurará de que los Concesionarios de Recursos Orbitales y los Autorizados de Aterrizaje de Señales proporcionen de manera suficiente y adecuada la reserva de capacidad satelital a que se refiere el artículo 150 de la LFTR".(23) Este numeral replica la obligación contenida en el mencionado artículo de la LFTR, que le atribuye esa facultad de manera expresa y exclusiva al IFT.
41. El Título Segundo de las Disposiciones se refiere a los mecanismos para concesionar recursos orbitales. Entre estos mecanismos, la normativa contempla: i) licitación pública, ii) asignación directa, y iii) asignación directa de recursos orbitales obtenidos a solicitud de parte interesada. Conforme al artículo 15, fracciones IV(24) y VII,(25) se desprende que el IFT es la autoridad facultada para otorgar las concesiones previstas en la LFTR y llevar a c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32714-273319ad/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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