I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS DEL 101 AL 109 Y DEL 116 AL 120 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES. ANÁLISIS SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN SU CONTROL Y SEGUIMIENTO (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS DEL 148 AL 155 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL GENERAL APLICABLE (ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD NO ES ABSOLUTO, YA QUE LA INFORMACIÓN PUEDE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES (ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN APLICAR LA PRUEBA DE DAÑO PARA MOTIVAR, EN SU CASO, LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL (ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PLATAFORMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÁ, EN CIERTOS CASOS, CLASIFICARSE COMO RESERVADA, SIEMPRE Y CUANDO, UNA VEZ REALIZADA UNA PRUEBA DE DAÑO, SE ADVIERTA QUE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EFECTIVAMENTE, PUDIERA REPRESENTAR UN RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO AL INTERÉS PÚBLICO (ARTÍCULO 131, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "SE CLASIFICA COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PLATAFORMA, ASÍ COMO EN LAS FUENTES QUE ALIMENTAN A LA MISMA" Y "CON LAS EXCEPCIONES QUE SEÑALA LA PRESENTE LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. LA INFORMACIÓN QUE OBRE EN LA PLATAFORMA DEBERÁ SUJETARSE A LAS REGLAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS", DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUPUESTOS DE RESERVA EX ANTE Y ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y LOS REGISTROS NACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSTITUYEN UNA LIMITACIÓN GENÉRICA, INDETERMINADA Y SOBREINCLUSIVA AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 131, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CUYA CONSULTA ES EXCLUSIVA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE ESTÉN FACULTADAS EN CADA CASO, A TRAVÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE CADA INSTITUCIÓN DESIGNE, POR LO QUE EL PÚBLICO NO TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE EN ELLOS SE CONTENGA", DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). X. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA LEY DE GUARDIA NACIONAL Y LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA NO PUEDEN SER PARTE DEL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AL CONSTITUIR SU PARÁMETRO DE VALIDEZ. XI. SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ESTATAL. LA OBLIGACIÓN DE SUS INTEGRANTES DE ABSTENERSE DE REALIZAR CONDUCTAS QUE DESACREDITEN LA IMAGEN DE SUS INSTITUCIONES Y DE SU PERSONA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (ARTÍCULO 59, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XII. SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ESTATAL. LA ATRIBUCIÓN DE SU CONSEJO CIUDADANO DE RECIBIR, EVALUAR, CANALIZAR Y FORMULAR DENUNCIAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INSTITUCIONES O SERVIDORES EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA NO INTERFIERE CON LA ACTIVIDAD MATERIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS LOCAL NI EJERCE PODER SOBERANO ALGUNO SOBRE DICHO ÓRGANO AUTÓNOMO (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIII. DERECHOS HUMANOS. SU AMPLIACIÓN POR AUTORIDADES DIVERSAS AL PODER REVISOR ES JURÍDICAMENTE POSIBLE EN TANTO NO SE ALTERE SU NÚCLEO O CONTENIDO ESENCIAL (ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2019 Y SU ACUMULADA 98/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7 DE ENERO DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al siete de enero de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Escritos iniciales de las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas de manera coincidente el dos(1) de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en contra de diversos preceptos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expedida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el uno de agosto de dos mil diecinueve.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 3, 59, fracción XXI y 131, así como los capítulos VI, denominado "Del régimen disciplinario", que comprende de los artículos 101 al 109; VIII, denominado "Comisión de Honor y Justicia", que comprende de los artículos 116 al 120, ambos del título décimo, así como el capítulo VIII, denominado "Registro administrativo de detenciones", del título décimo segundo, que comprende de los artículos 148 a 155, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México impugnó los numerales 8, 42, fracción XI y 104, en relación con el diverso 106, todos del ordenamiento legal en comento.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que las normas cuya invalidez se demanda, infringen los artículos 1o. 6o., 14 y 16 de la Constitución General de la República, los numerales 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sostuvo que se infringen los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 102, apartado B y 122, apartado A, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1, 7 y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como los diversos 2, 9 y 14, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Las Comisiones accionantes expusieron los siguientes conceptos de invalidez.
III.1. Acción de inconstitucionalidad 95/2019. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esencia, hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.
III.1.1. El capítulo VIII, denominado "Registro administrativo de detenciones" del título décimo segundo, que comprende los artículos 148 a 155, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad al regular cuestiones atinentes al registro de detenciones, pues constituyen disposiciones emitidas por una autoridad no habilitada constitucionalmente para tal efecto, lo que genera un parámetro diferenciado en la materia.
• El legislador de la Ciudad de México al incluir un capítulo en el que regula el registro de detenciones carece de competencia para legislar en materia de detenciones locales.
Seguridad jurídica y principio de legalidad
• El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad exigen que todas las autoridades actúen dentro de su esfera de facultades constitucionalmente establecidas, a efecto de que desempeñen sus funciones con sustento en la Norma Suprema.
• En esa tesitura, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se ven vulnerados cuando las autoridades actúan de manera contraria a lo que mandata el texto constitucional.
• Conforme a nuestro orden jurídico, en cuanto al sistema competencial se sostiene que todo aquello que no está expresamente concedido por la Ley Suprema a los funcionarios federales, se entiende reservado a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias.(2)
• En consecuencia, las entidades federativas, en el ámbito legislativo, sólo pueden expedir leyes que regulen todo aquello que no esté expresamente otorgado por la Norma Fundamental al Congreso de la Unión, ya que, de lo contrario, estarían transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que están fuera de su ámbito de competencia en perjuicio de la certeza jurídica con la que deben contar todas las personas frente al despliegue de facultades de todas las autoridades estatales.
Incompetencia para legislar en materia de registro de detenciones.
• El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, así como la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo atinente a la Guardia Nacional.
• De esta manera, el Poder Reformador de la Constitución modificó el artículo 73, fracción XXIII, de la Ley Fundamental, para establecer que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
• El fin que persiguió el Poder Reformador con la mencionada reforma fue facultar al Congreso Federal para emitir la Ley Nacional respectiva, que regulara la integración y características del registro nacional de detenciones, establecer los procedimientos que garantizan el control y seguimiento sobre la forma en que se efectúa la detención de las personas por parte de las autoridades competentes, así como sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información.
• Además, se señaló que dicho registro se integra con la información proporcionada por los sujetos obligados respecto de las detenciones que realicen los elementos de seguridad pública competentes durante las etapas del proceso penal o bien del procedimiento administrativo sancionador ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.
• En el presente caso, el hecho de que el legislador local haya previsto la integración de un registro administrativo de detenciones se traduce en la inobservancia del nuevo marco constitucional y legal en materia del registro de detenciones, lo cual implica una transgresión también a los principios de seguridad jurídica y de legalidad de las personas, dado que el Congreso de la Ciudad de México actuó en contravención al régimen competencial constitucionalmente previsto.
• En esa virtud, la obligación de las autoridades locales de la Ciudad de México sobre la materia, consiste exclusivamente en ajustarse a las disposiciones que se prevén en la Ley Nacional antes referida, sin poder establecer regulación alguna al respecto, máxime que la intención del Poder Reformador fue que el ordenamiento respectivo fuera expedido únicamente por el Congreso Federal.
• Bajo este orden, el Congreso de la Ciudad de México, no se encuentra habilitado para emitir las normas generales respectivas para regular las actuaciones registrales en materia de detención de personas.
• Aunado a lo anterior, se advierte que el legislador de la Ciudad de México soslayó la modificación que operó respecto del sistema jurídico en materia del registro de detenciones y de seguridad pública, ya que no observó la previsión constitucional en cuanto a la creación de un sistema nacional de detenciones, lo que motivó que se habilitara al Congreso de la Unión para expedir la Ley Nacional en la materia y la consecuente obligación de todas las autoridades de seguridad pública para integrar la información de dicho sistema.
III.1.2. El artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, así como en las fuentes que alimentan a la misma, aunado a que establece la prohibición para que el público acceda a la referida información, lo que vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, consagrados en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• La norma controvertida prevé de forma absoluta, indeterminada y previa, que toda la información contenida en la plataforma de seguridad ciudadana, así como en las fuentes que alimentan a la misma, independientemente de su contenido o naturaleza, serán estrictamente reservadas, lo que se traduce en una prohibición expresa para que el público no pueda acceder a la información contenida en la plataforma, aspecto que contraviene el derecho de acceso a la información, así como el principio de máxima publicidad.
• El artículo 131 impugnado invierte la regla general de acceso a la información pública prevista en el marco de regularidad constitucional, pues la norma establece un universo de reserva total, indeterminado y previo, que engloba información que, por su naturaleza, no es susceptible de tal clasificación; aspecto que se traduce en que dicha restricción impide llevar a cabo un contraste con un parámetro objetivo para saber si parte de esa información amerita o no ser reservada.
• En ese sentido, la información reservada siempre debe estar fundada y motivada a través de la aplicación de prueba de daño por los sujetos obligados, sin que pueda invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
• Por otra parte, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
• De esta manera, la norma impugnada no va encaminada a salvaguardar datos personales o cualquier otro tipo de información confidencial, pues los datos confidenciales no están sujetos a temporalidad alguna y sólo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
• De esa manera, se estima que lo previsto en el artículo 131 del ordenamiento controvertido no encuadra en las hipótesis contempladas para calificar la información como reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6 de la Norma Fundamental en la materia.
• Además de la reserva señalada, la disposición normativa expresamente contiene la prohibición para que el público acceda a la información contenida en la Plataforma de Seguridad Ciudadana y sus fuentes, consecuentemente, la regulación impugnada resulta contraria al principio de máxima publicidad, ya que suponen categorías de información que no deben ser reservadas sin llevar previamente una prueba de daño.
• Es así que el contenido de la disposición impugnada, tiende a calificar como reservada la totalidad del contenido de la plataforma de seguridad ciudadana y de las fuentes que la alimentan, sin permitir la valoración de circunstancias concretas y sin establecer un plazo de reserva respecto de esa información.
• En la acción de inconstitucionalidad 73/2017, promovida por CNDH en contra de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de una norma con una redacción similar.
III.1.3. El artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al mencionar que operará la supletoriedad de diversas normas y posteriormente referir que se estará a lo dispuesto en diversas leyes generales, nacionales y federales genera incertidumbre.
• La norma no refiere con claridad si supedita la aplicación de la legislación expedida por el Congreso de la Unión a la ley local o, por el contrario, cada uno de los ordenamientos correspondientes deberá observarse en lo conducente conforme al sistema constitucional, circunstancia que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues la disposición en cuestión no es precisa, aunado a que, de admitirse la primera interpretación aludida, se estaría distorsionando el sistema concurrente en materia de seguridad pública.
• En esa virtud, el numeral 3 impugnado vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al establecer una indebida supletoriedad normativa de diversos ordenamientos en todo aquello que no establezca la ley local, destacando algunos como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, así como de diversas resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
• La norma genera confusión, toda vez que, en un primer momento, menciona que operará la aplicación de una multiplicidad de andamiaje normativo en materia de seguridad pública y posteriormente refiere que "se estará a lo dispuesto" en dicha estructura jurídica, lo cual permite inferir que no aplica de manera correcta la institución de supletoriedad de las leyes.
• La ley impugnada confiere una función imprecisa y contradictoria a la institución de la supletoriedad, ya que establece la posibilidad de que se apliquen de manera secundaria disposiciones que en atención al diseño constitucional del sistema de seguridad pública en el Estado Mexicano, deben necesariamente aplicarse en lo conducente y no de manera subsidiaria en las entidades federativas.
• La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública distribuye competencias entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios en diversas materias, de lo que resulta que define el contenido de algunos tópicos de la ley local impugnada, por lo que resulta obligatoria en la Ciudad de México.
• El Congreso de la Ciudad de México no se encuentra habilitado para establecer la supletoriedad de leyes u otras disposiciones que son de observancia general o nacional en toda la República Mexicana tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas, es decir, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, son aplicables solamente en lo no previsto por la ley local, sujetando la operación del sistema normativo establecido por la legislación general y nacional a una ley de rango inferior.
• Al respecto la Comisión accionante se apoya en lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, en la que se sostuvo que las leyes generales, como el Código Nacional de Procedimientos Penales no pueden preverse como supletorios de una ley local, en virtud de haberse expedido en uso de atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión, pues las entidades federativas no tienen la potestad para regular cuestiones que ya se encuentran regulados en la legislación nacional de la materia.
• En esa virtud, el artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México infringe la Norma Fundamental y vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las personas, toda vez que transgrede la esfera competencial que la Constitución otorga para legislar al establecer un régimen indebido de supletoriedad respecto de normas que son de observancia general y aplicación espacial en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública. Aunado a ello, la disposición reclamada no resulta precisa en cuanto a si supedita la aplicación de la normatividad obligatoria que menciona en este rubro a la ley local, por lo que debe declararse su invalidez.
III.1.4. Los artículos 101 a 109, contenidos en el capítulo VI, denominado "Del régimen disciplinario" así como los artículos 116 a 120 del capítulo VIII, denominado "Comisión de Honor y Justicia", ambos contenidos en el título décimo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, vulneran la garantía de audiencia, las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso, toda vez que el Congreso Local omitió consignar en dicho ordenamiento los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les brinde la oportunidad de defensa.
• Al respecto la Comisión accionante precisa que este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 24/2004, determinó la invalidez de la Ley de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche por considerar que dicho ordenamiento no contempló un procedimiento en el que los gobernados sean escuchados previamente al acto de autoridad.
• En el presente concepto de invalidez, la Comisión analiza los capítulos VI y VIII del título décimo, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, relativos a las responsabilidades y procedimientos de sanción disciplinaria.
• Dentro de los capítulos mencionados, el ordenamiento de referencia estatuyó la forma en que serán sancionadas las conductas cometidas por el personal de las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México en incumplimiento de sus deberes e incluyó las sanciones que resultarían aplicables para cada caso.
• No obstante, el legislador local no estableció ningún procedimiento a través del cual se le concediera al presunto infractor la oportunidad de defenderse en un momento previo a aquel en que las autoridades correspondientes determinen la responsabilidad que se hubiere actualizado, así como la aplicación en el caso concreto de las sanciones contenidas en la ley, por lo que se viola la garantía de audiencia previa, elemento fundamental del debido proceso y las formalidades esenciales que lo rigen.
• El legislador local estableció la forma en que será sancionado el personal de las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México por infringir las obligaciones previstas en la ley, así como bajo qué circunstancias se impondrán las sanciones que correspondan, además de las reglas para la aplicación de las mismas; no obstante, se estima que no consignó un procedimiento a través del cual se oiga al probable infractor y se le brinde la oportunidad de defenderse antes de que las autoridades correspondientes apliquen las sanciones predeterminadas, por lo cual, es innegable que con ello se transgrede la garantía de previa audiencia que consagra el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
• Máxime si se tiene en cuenta que algunas de las sanciones, como el arresto o la suspensión temporal preventiva y correctiva, que implica que una persona esté confinada en espacios especiales fuera del horario del servicio, o que al decretarse la suspensión temporal se le prive de su salario y demás prestaciones, o para que sea suspendido por más de treinta días inclusive, por lo que al restringir por un tiempo la libertad personal o de su remuneración de manera temporal resulta indispensable que la persona tenga la oportunidad de defenderse.
• Bajo ese contexto, los artículos 101 a 109, contenidos en el capítulo VI, denominado "Del régimen disciplinario", así como los artículos 116 a 120, del capítulo VIII, denominado "Comisión de Honor y Justicia", ambos del título décimo, denominado "Servidores de las Instituciones de Seguridad Ciudadana" vulneran la garantía de audiencia, las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México omitió consignar en la ley los procedimientos necesarios para que se oiga a los integrantes de las instituciones de seguridad pública capitalinos de manera previa a la determinación de sanciones disciplinarias.
III.1.5. El artículo 59, fracción XXI, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, constituye una disposición indeterminada, imprecisa y ambigua que no permite a los miembros de las instituciones de seguridad pública capitalinas discernir cuándo incurren en un descrédito en su persona o de la imagen de las propias instituciones mencionadas, conducta que amerita una determinada sanción, por lo que resulta contraria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
• La Comisión accionante sostiene que si bien la disposición en cuestión se refiere a uno de los deberes de disciplina que tienen que observarse por parte de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, se hace valer el vicio de inconstitucionalidad mencionado en virtud de que el incumplimiento de tal obligación actualiza una infracción disciplinaria, de tal manera que conforma un elemento de la norma administrativa de punición.
• La norma tildada de inconstitucional no permite que los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades competentes cuando realicen actos que desacrediten su persona o la imagen de las mencionadas instituciones que dejan en un estado de incertidumbre a los destinatarios de la norma al no tener la certeza de si por la realización de alguna determinada conducta se actualiza o no la hipótesis normativa.
• En ese sentido, de un análisis de la norma que se controvierte, resulta patente que permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, se estime que la persona desacreditó su propia imagen o la de las instituciones de seguridad capitalinas y, por ende, se haga merecedora de alguna sanción, es decir, el artículo impugnado lejos de brindar seguridad jurídica a los integrantes de esas instituciones, constituye una restricción indirecta carente de sustento constitucional, al permitir que los superiores jerárquicos puedan determinar discrecionalmente cuando un sujeto realiza conductas que desacrediten su persona o la imagen de la referida institución dentro o fuera del servicio.
• La enunciación de las conductas susceptibles de ser sancionadas permite un amplio margen de ambigüedad, pues ello se sustenta en una apreciación subjetiva de cuándo una persona ha incumplido con una obligación de disciplina, cuando la persona infractora atente contra su propia honra o dignidad o en contra del prestigio de las instituciones de seguridad ciudadana.
• Así, para determinar si las conductas referidas se ajustan a las hipótesis normativas, se requiere que el individuo que vaya a sancionar valore si el individuo infractor causó un daño a su dignidad o estimación, o bien, si provocó un descrédito a la imagen de los cuerpos de seguridad pública.
• En este orden de ideas, las normas impugnadas contienen un vicio de inconstitucionalidad al permitir un amplio margen de apreciación, toda vez que no es posible discernir los casos en que una conducta pudiera desacreditar la imagen de un integrante de institución de seguridad pública, o bien de la imagen de éstas, es decir, la norma no establece los casos específicos en los que se actualizará dicho descredito a la imagen, por lo que la valoración del agravio queda en la esfera de apreciación personal de los sujetos que aplican la prescripción normativa
• Por tanto, al ser la norma contraria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en razón de que no establece de forma clara y precisa la conducta reprochable en el orden disciplinario, este Alto Tribunal debe declarar su invalidez.
III.2 Acción de inconstitucionalidad 98/2019. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, medularmente, desarrolló los siguientes conceptos de invalidez.
III.2.1 El artículo 42, fracción XI, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, contraviene lo dispuesto en los artículos 102, apartado B y 122, apartado A, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, al otorgarle al Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, atribuciones que son exclusivas de los organismos protectores de derechos humanos.
• El artículo 122 de la Constitución Federal reconoce a la Ciudad de México como entidad federativa, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y organización político-administrativa, de manera que acorde con lo dispuesto en la fracción VII del apartado A del referido precepto constitucional, la Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que la Constitución General prevé para las entidades federativas, como es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual es un organismo protector de los derechos humanos.
• Asimismo, en el apartado A, fracción I, del mismo artículo, la Constitución General prevé que la Ciudad de México cuente con una Constitución Local donde se establezcan las normas y garantías para el goce y de los derechos humanos en el ámbito de su competencia.
• Ahora bien, el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, prevé todos los organismos a los que les otorga autonomía, entre los que destaca la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, otorgándole naturaleza jurídico política, carácter especializado e imparcial y contar con plena autonomía técnica, de gestión e independencia en sus decisiones y funcionamiento, así como imparciales en sus actuaciones.
• La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, forma parte del Sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, dado que en el artículo 48 la Constitución Política de la Ciudad de México, la identifica como el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, por lo que, conocerá de las quejas por violaciones a los derechos humanos, causadas por entes públicos locales y dentro de sus atribuciones puede iniciar e investigar cualquier hecho o queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas, darles seguimiento, brindar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de dichas violaciones ante las autoridades correspondientes.
• La Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refrenda en sus artículos 3 y 5, la autonomía de la Comisión y su competencia en el ámbito territorial de la Ciudad de México, para promover, proteger, garantizar, defender, vigilar, estudiar, investigar, educar y difundir los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano y, por consiguiente, conocer e investigar los actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos por cualquier autoridad o servidores públicos de la Ciudad de México.
• No obstante, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, otorga al Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, atribuciones que no son acorde a su naturaleza jurídica y que por mandato constitucional son competencia exclusiva de los organismos protectores de derechos humanos.
• En efecto, el Congreso de la Ciudad de México en el artículo 42, fracción XI, impugnado, otorga al referido consejo la atribución de "recibir, evaluar, canalizar y formular denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones o servidores en materia de cultura cívica, seguridad ciudadana y procuración de justicia"; facultades que no corresponden a un órgano de naturaleza meramente consultiva y de participación ciudadana.
• En consecuencia, las atribuciones que el Congreso de la Ciudad de México otorgó en el artículo 42, fracción XI, de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al Consejo Ciudadano, vulnera el contenido del artículo 102, apartado B, en relación con el diverso 122 de la Constitución Federal, dado que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su carácter de órgano protector de derechos humanos es el facultado constitucionalmente para dichos efectos.
III.2.2. El artículo 104, en relación con el diverso 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México vulneran los numerales 1o. y 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho humano al debido proceso y a ser oído de manera previa a la imposición de una sanción administrativa.
• La Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé en sus artículos 103 y 104, un conjunto de "correctivos disciplinarios" y "sanciones" que se impondrán a los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, como amonestación, arresto administrativo hasta por 36 horas, suspensión y destitución.
• No obstante, respecto de la aplicación de las sanciones de amonestación y arresto, no se garantiza el derecho al debido proceso de los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, toda vez que la ley impugnada se limita a señalar que para la aplicación de los correctivos disciplinarios será suficiente que se apliquen de manera fundada y motivada por el superior inmediato jerárquico en la línea de mando respectiva a través de mecanismos ágiles y sencillos. De lo anterior se advierte que de manera previa al "castigo" se le deben informar las razones por las que se ha hecho acreedor a un correctivo y/o sanción, para que esté e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30207-77763c29/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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