I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. III. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LA BASE DE DICHO TRIBUTO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. IV. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. V. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PARA EL CASO DE LOS DERECHOS, DEBEN IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE SU PRESTACIÓN REPRESENTA PARA EL ESTADO. VI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL CÁLCULO DEL MONTO PARA SU PAGO CONSIDERANDO EL DESTINO DEL INMUEBLE DEL QUE ES PROPIETARIO O POSEEDOR EL BENEFICIARIO (HABITACIONAL O DOMÉSTICO, COMERCIAL O DE SERVICIO, INDUSTRIAL O BALDÍOS), VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD TRIBUTARIAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 11 A 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA Y 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, AMBAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021). VII. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS. VIII. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. IX. LIBERTADES DE EXPRESIÓN, DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. LOS EVENTOS PARTICULARES EN SALONES SOCIALES, PARA BODAS, XV AÑOS, BAUTIZOS Y OTROS, NO DEBEN CONDICIONARSE A UNA AUTORIZACIÓN PREVIA, LO QUE AFECTA DE MANERA DESPROPORCIONAL ESOS DERECHOS HUMANOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 22, NUMERAL 8, INCISO 1), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021]. X. LIBERTADES DE EXPRESIÓN, DE ASOCIACIÓN, Y DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS PARTICULARES EN SALONES SOCIALES, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE DERECHOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 22, NUMERAL 8, INCISO 1), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y VINCULA AL CONGRESO RESPECTIVO PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PRÓXIMO AÑO FISCAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS DEL 11 AL 15 Y 22, NUMERAL 8, INCISO 1), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA Y 19 DE LA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, publicadas en el Periódico Oficial del referido Estado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte; señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas al Congreso y al Gobernador Constitucional de la citada entidad federativa.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La accionante estimó violados los artículos 1o. 4o., 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Asimismo, expuso como argumentos de invalidez los que, en esencia, se sintetizan a continuación:
4. Primero. Los artículos 11 a 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, ambas de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, resultan violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, en los términos que se explican a continuación:
a) Las disposiciones impugnadas establecen que son sujetos de los derechos por el servicio de alumbrado público, las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios que se beneficien directa o indirectamente de ese servicio; y, al efecto, fijan diversas cuotas mensuales dependiendo del destino que se otorgue a los predios, a saber, doméstico, comercial, de servicios o industrial.
b) Tratándose de los derechos por prestación de servicios, las tarifas deben determinarse con base en el costo que representa al Estado su prestación; empero, las normas impugnadas prevén las tarifas por derechos de alumbrado público tomando en consideración el uso o destino de los predios (domésticos, comercio, servicio, industria o baldío), lo que revela que toman en consideración elementos ajenos al costo real del servicio.
c) El hecho de que las tarifas por concepto de derechos de alumbrado público estén fijadas a partir del destino de los predios implica que, en realidad, atienden a la capacidad económica de las personas, lo que implica una violación al principio de proporcionalidad tributaria.
d) Además, esa forma de designar las tarifas implica una violación al principio de equidad tributaria, porque no se cobra el mismo monto a todas las personas aun cuando reciben el mismo servicio, sino que se genera una individualización atendiendo al uso que cada contribuyente dé al inmueble del que es propietario o poseedor.
e) Por la forma en que se encuentra configurado el derecho, podría darse el caso de que una misma persona pague más de una vez la tarifa establecida, si resulta propietaria o poseedora de más de un predio, lo que resulta incongruente con la naturaleza del servicio de alumbrado público que busca beneficiar a la comunidad y no a algunas personas en particular.
f) Cita como precedentes las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 28/2019 y 21/2020, en las que se declaró la invalidez de diversas normas municipales que basaban el pago de derechos por el servicio de alumbrado público en elementos no relacionados con el costo que genera la prestación del servicio.
5. Segundo. El artículo 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, vulnera los derechos a la libertad de reunión y a la privacidad o intimidad previstos en los numerales 9 y 16 de la Constitución General, conforme a los razonamientos siguientes:
a) La indicada disposición establece el pago de derechos por permiso para eventos particulares celebrados en salones sociales –bodas, XV años, bautizos, etcétera–, lo que constituye una intrusión excesiva y desproporcionada en la vida privada de las personas.
b) Es admisible que se exijan permisos para la operación de los salones en los que se realicen eventos sociales, pero no permisos para la realización del evento en sí mismo, porque constituye una medida arbitraria y restrictiva de los derechos de reunión y vida privada.
c) El gobierno local no puede condicionar la práctica de actividades que, conforme a la Constitución Federal, pueden ser realizarse libremente por los individuos, a una autorización o permiso, por lo que el pago de derechos para la celebración de reuniones privadas constituye una injerencia arbitraria por parte de la autoridad municipal.
d) Cita como precedentes las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 34/2019 y 95/2020.
6. TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el expediente 21/2021 y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
7. Por auto de ocho de febrero del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que en el término de quince días hábiles rindieran sus respectivos informes.
8. CUARTO.—Informe de las autoridades. Fue rendido en los términos siguientes:
9. A. El Congreso del Estado de Baja California rindió su informe, el cual, por proveído del Ministro instructor de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, fue declarado extemporáneo –ya que el auto admisorio fue notificado a dicha autoridad legislativa, por conducto del despacho diligenciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California en auxilio de las labores de este Alto Tribunal, el diecisiete de febrero del mismo año;(1) mientras que el escrito respectivo, enviado a través de una empresa de paquetería privada el doce de marzo de la indicada anualidad, fue recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el dieciocho de marzo siguiente–.
10. B. El gobernador del Estado de Baja California (por conducto de su secretario general de Gobierno), rindió su informe en el que, en síntesis, expuso lo siguiente:
11. a. Respecto de los artículos 11 a 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, ambas de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno –que prevén los derechos por el servicio de alumbrado público–:
• No existe precepto constitucional que prohíba al Congreso Estatal legislar respecto de la prestación del servicio de alumbrado público, siendo que las normas impugnadas cumplieron con todas las etapas del proceso legislativo, además de que su contenido obedece al pleno ejercicio de la libertad configurativa de la entidad.
• Conforme al artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tienen a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público, por lo que es a ellos a quienes corresponde proponer a las Legislaturas Locales las tarifas aplicables por los derechos correspondientes. Así, las cuotas contenidas en las normas impugnadas fueron determinadas considerando el costo anual, global, general y actualizado erogado por el Municipio en la prestación del servicio, dividido entre el número de predios registrados en el catastro municipal.
• Las tarifas guardan relación con el servicio prestado, es decir, con el costo que genera al gobierno que se permita a los particulares el uso de la red de alumbrado público, además de que tienen una vinculación directa y razonable con el beneficio que esos particulares obtienen, ya que no todas las personas reciben el mismo servicio sino que esto depende de la distancia e intensidad de las luminarias de la zona en que se encuentran los predios (zonas residenciales, comerciales o industriales), así como de su tamaño; esto es, en zonas comerciales e industriales existe más movilidad y los predios son más grandes, por lo que es necesario que exista mayor iluminación que permita una mejor seguridad, lo que repercute en el costo que representa la instalación y mantenimiento de las lámparas.
• El establecimiento de diversas cuotas tiene una justificación, a saber, que existen diversas categorías de contribuyentes derivadas de las desigualdades económicas y materiales que entre ellos se configuran, de modo de que quienes obtengan un diferente grado de aprovechamiento de los servicios públicos deben ser tratados de manera proporcional, de acuerdo con el beneficio aproximado obtenido por el usuario.
• Las personas beneficiarias directas se encuentran en un plano distinto, lo que justifica que el tratamiento fiscal sea diferente, en la medida en que el costo debe ser igual para quienes reciben idéntico servicio, pero debe diferir para quienes reciben uno disímil. De ahí que es correcto que entere un monto mayor quien utilice en mayor medida el servicio de alumbrado público, además de que debe atenderse al uso o destino y tamaño de los predios.
12. b. Respecto del artículo 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno –que prevé los derechos por permiso para eventos particulares–:
• La porción normativa impugnada contiene una tarifa que únicamente constituye una variación del pago de derechos por permiso para eventos particulares, que atiende al tipo de evento que se llevará a cabo, pero de ninguna manera implica una intromisión a la intimidad de las personas, porque no conlleva la realización de algún acto de intervención en el desarrollo o dirección del evento.
• Es constitucionalmente válido que la porción normativa impugnada establezca la exigencia de un permiso adicional para autorizar la realización de un evento atendiendo a su clasificación, dado que ello no impacta en el derecho de reunión o en la vida privada del ciudadano.
13. QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su calidad de parte accionante. Finalmente, por auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el quinto transitorio(2) de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.
15. SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente". Lo que permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el lunes veintiocho de diciembre de dos mil veinte. De ahí que el plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad corrió del martes veintinueve de diciembre de dos mil veinte al miércoles veintisiete de enero de dos mil veintiuno.
17. Por tanto, si el escrito de demanda relativo a la presente acción de inconstitucionalidad fue presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el veintisiete de enero de dos mil veintiuno mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que su promoción resulta oportuna.
18. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
19. Disposición que ha sido interpretada en la jurisprudencia P./J. 7/2007 de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.",(3) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.
20. En el caso, la demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra; cargo que acredita con la copia certificada de su designación por el Pleno del Senado de la República para el periodo del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
21. Por tanto, si se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, ambas de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno –por considerarlos violatorios de los derechos humanos de la libertad de reunión, de privacidad o intimidad, así como de los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones–, dicha comisión tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.
22. Sobre este punto se citan como precedentes las acciones de inconstitucionalidad 28/2019(4) y 107/2020,(5) en las que se reconoció a la mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos legitimación para impugnar temas tributarios.
23. CUARTO.—Causas de improcedencia. Las partes no plantearon causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo que procede emprender el análisis de los conceptos de invalidez.
24. QUINTO.—Estudio de fondo. De los conceptos de invalidez hechos valer por la comisión actora, se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a analizar diversos artículos de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ensenada y de Mexicali, ambos de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno –impugnados como sendos sistemas normativos–, específicamente en cuanto a los dos temas destacados siguientes:
A. Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, ambos de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, transgreden los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, porque establecen las tarifas por derechos de alumbrado público considerando el uso o destino de los predios y, por ende, toman como base elementos ajenos al costo real del servicio.
B. El artículo 22, numeral 8, inciso 1), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, vulnera los derechos a la libertad de reunión y a la privacidad o intimidad, ya que prevé un derecho para realizar eventos particulares en salones sociales, lo que constituye una medida arbitraria y restrictiva de los derechos de reunión y vida privada.
25. A continuación, se procede al estudio separado de ambos temas:
26. Tema A. Tarifas por derechos de alumbrado público que toman como base elementos ajenos al costo real del servicio. La pretensión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ciñe a que los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada –que constituyen un sistema normativo porque guardan una relación de dependencia al regular un tributo en su conjunto–, y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, ambas de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, al establecer que las tarifas por derechos de alumbrado público se determinan con base en el uso o destino de los predios (doméstico, comercio, servicio o industria), toman en consideración elementos ajenos al costo real del servicio; además de que esas tarifas implican un trato desigual a los gobernados, puesto que no se cobra el mismo monto a todas las personas a pesar de que reciben el mismo servicio.
27. A efecto de analizar la cuestión planteada, se retoman, sólo en lo conducente al tema de trato, las consideraciones expuestas por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2019,(6) en la que se analizó el artículo 14 de la Ley número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que establecía la tarifa por derechos de alumbrado público con base en aspectos que no tenían que ver con el costo que le representa al Municipio prestar ese servicio, como era el destino, ubicación y medida del predio.
28. Para ello, es necesario indicar que del contenido del artículo 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución General,(7) se desprende que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público. Asimismo, de esas normas se advierte que los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, y que, conforme al principio de reserva de ley –que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa–, es facultad de las Legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.
29. Es decir, corresponde a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar y éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.
30. Ahora, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel Federal como en los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, a saber, los principios tributarios de reserva de ley, proporcionalidad y equidad, y destino al gasto público; siendo que los "derechos", como cualquier tributo, deben ceñirse a estos principios del derecho tributario, desde luego, atendiendo a sus particularidades. Y, en ese tenor, los "derechos" deben cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad, pero de manera diferenciada a la forma en que son exigibles tratándose de "impuestos" –lo que abarca, desde luego, a los "derechos por servicios"–, en términos de la jurisprudencia P./J. 2/98 de este Tribunal Pleno, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(9)
31. En efecto, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para que los derechos por servicios respeten los principios tributarios de proporcionalidad y equidad es necesario, por una parte, que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo, tengan en cuenta el costo que para el Estado representa prestar el servicio de que se trate y, por la otra, que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios análogos.
32. De esta forma, para estar en posibilidad de analizar la proporcionalidad y equidad de las disposiciones que establezcan un derecho por servicios, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que sólo así se podrá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar ese servicio, de modo que no pueden tomarse en consideración aspectos ajenos a ese costo, porque ello daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso.
33. De ahí que el hecho de que se establezca en una norma jurídica que el monto de los derechos por servicios se determinará atendiendo a la situación particular del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva –aspecto que pudiera ser correcto en el caso de los impuestos–, no es correcto en el caso de los derechos, ya que en este supuesto debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio. Sirven de apoyo las jurisprudencias P./J. 41/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA."(10) y la diversa P./J. 3/98 también de este Tribunal Pleno, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(11)
34. En resumen, para la cuantificación de las cuotas para el caso de los derechos por servicios, debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para esos efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo, en virtud de que ello implicaría que se violen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el citado artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, toda vez que no se estaría atendiendo al costo que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo servicio.
35. Cabe indicar que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, en su artículo 7, reconoce como una clasificación de las contribuciones a los derechos que, en su diverso numeral 9, son definidos como "las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales, por los servicios de carácter administrativo que presten los Ayuntamientos, en su función de derecho público".
36. Pues bien, es de atenderse al texto de las normas impugnadas, que dicen:
Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno:
"Título tercero
Derechos
Capítulo I
"Derechos por servicio de alumbrado público.
"Artículo 11. Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo su operación, ampliación, rehabilitación, reposición y mantenimiento, que se presta por el Ayuntamiento a través de sus dependencias, en la vía pública, en calles, avenidas, bulevares, caminos vecinales, plazas, parques, jardines y otros lugares de uso común, por medio de la red de alumbrado público en el Municipio de Ensenada, Baja California.
"Son sujetos obligados al pago de este derecho, los beneficiarios del servicio de alumbrado público a que se refiere el párrafo anterior, propietarios o poseedores de los inmuebles que se indican en las tarifas que se mencionan en el siguiente artículo conforme al uso del bien inmueble."
"Artículo 12. Este derecho se causará mensualmente conforme a la cuota fija que, en Unidad de Medida y Actualización (UMA), se establece a continuación y que deriva del costo que representa para el Municipio prestar este servicio:
"Inmueble Unidad de Medida y
Actualización vigente
"1. Uso habitacional 0.29 veces/mes
"2. Uso comercial 1.51 veces/mes
"3. Uso industrial 12.42 veces/mes
"Las cuotas del presente derecho se determinaron y aprobaron, tomando en cuenta el costo que representa para el Municipio prestar el servicio de alumbrado público a los beneficiarios del mismo, considerando el costo por el suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio, los costos por la operación, servicios contratados a terceros, mantenimiento y reposición del alumbrado público, incluyendo gastos administrativos y sueldos y salarios del personal, involucrados directamente con dicho servicio.
"Lo anterior en cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta a los beneficiarios del servicio en el Municipio."
"Artículo 13. No estarán obligados al pago de este derecho los inmuebles de uso público de las entidades públicas federales, estatales y municipales."
"Artículo 14. El pago deberá realizarse dentro de los primeros 10 días siguientes al mes en que se cause, en las oficinas recaudadoras municipales y demás instancias o establecimientos autorizados para tal efecto.
"El citado plazo y lugar de pago, podrá modificarse o ampliarse en beneficio de los contribuyentes, cuando existan acuerdos entre el Municipio con otras instancias públicas o privadas, que permitan simplificar el entero de la contribución. Para tal efecto, las instancias competentes del Municipio podrán celebrar convenios a través de los cuales se logre lo indicado con anterioridad."
"Artículo 15. Los ingresos que se perciban por el derecho establecido en esta sección, se destinarán prioritariamente al pago de conceptos que se requieran para el debido servicio, operación y mantenimiento del alumbrado público que proporciona el Municipio, incluyendo su ampliación y renovación, así como, en su caso rubros de sueldos y honorarios relacionados con este servicio."
Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno:
"Título quinto
"4 Derechos ...
"Capitulo II
"3 Derechos por la prestación de servicios ...
"02 Derecho por servicio de alumbrado público
"Artículo 19. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales, que obtienen un beneficio directo o indirecto, derivado de la prestación del servicio de alumbrado público, sin importar que la fuente del alumbrado público, se encuentre o no ubicado frente a su predio, por razón de su domicilio y de las actividades económicas que realice.
"Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de operación, ampliación, rehabilitación, reposición y mantenimiento de alumbrado público que el Municipio por cuenta propia o de terceros legalmente facultados para ello, otorga a favor y en beneficio de los habitantes del Municipio de Mexicali, Baja California, derecho que se sujetará a lo siguiente:
"1. Por el servicio, mantenimiento y operación de la red
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30251-6106e7cc/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITU (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES (FRAC (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. (s/clave)
- REVISION, INCOMPETENCIA DE LA TERCERA SALA PARA CONOCER DE LA. (s/clave)
- USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO (229)
- CONFLICTOS CONSTITUCIONALES.- (17)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis