RECURSO DE REVISIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUYA MATERIALIZACIÓN CORRESPONDE A DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUSTAVO ROQUE LEYVA (PRESIDENTE), ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO, RODOLFO CASTRO LEÓN Y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GARCÍA. PONENTE: JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GARCÍA. SECRETARIO: SAÚL RAMÍREZ CASTRO.
CONSIDERANDOS:
III. Análisis de presupuestos procesales.
10. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) y 41 Bis(7) y 41-Ter, fracción I,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada); así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este Trigésimo Circuito, pertenecientes a la circunscripción territorial en que este Pleno ejerce jurisdicción.
11. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, órgano colegiado de donde deriva uno de los criterios contendientes en la presente denuncia.
IV. Criterios contendientes.
12. Para resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias participantes.
Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dan origen a la denuncia de contradicción de tesis son:
A. Los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en las resoluciones emitidas en sesiones celebradas el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, veinte de febrero y cinco de marzo, ambos de dos mil veinte, así como el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en los incidentes en revisión en materia administrativa 361/2019, 21/2020, 31/2020 y 153/2020,(9) por unanimidad de votos resolvieron desechar los recursos de revisión interpuestos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de las interlocutorias de veintiuno de agosto, once y veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, así como el cinco de noviembre de dos mil veinte, emitidas en los incidentes de suspensión relativos a los juicios de amparo 712/2019-III, 1538/2019-III, 1545/2019 y 825/2020-5, del índice de los Juzgados Primero, Cuarto, Tercero y Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, respectivamente, de manera coincidente, consideraron que:
• La legitimación de las partes en el juicio de amparo y en los recursos interpuestos, constituye un presupuesto procesal referido a la capacidad de aquéllas para ejecutar válidamente actos procesales, por lo que debe estudiarse de oficio.
• Ello, de conformidad con la tesis P. LIV/90, registro digital: 205845, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época, materia común, página 20, de rubro y texto:
"REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen."
• Al respecto, es oportuno destacar que en el juicio de amparo las partes que intervienen en él son quienes –en principio– están en posibilidad de instar los actos procesales, entendiéndose por tales: el quejoso, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros interesados y el agente del Ministerio Público Federal –artículo 5o. de la Ley de Amparo–.
• Sin embargo, la legitimación para recurrir todos los actos procesales en el juicio de amparo no radica, exclusivamente, en el carácter de parte, sino también en el interés jurídico que tienen al respecto, como principio rector del juicio; de ahí que es menester que a las partes les asista interés en que el órgano jurisdiccional que conoce de ese juicio declare o constituya un derecho, imponga una condena o genere una obligación o, por el contrario, que no actúe de esa forma.
• Ahora, entre los actos procesales que pueden presentarse durante la sustanciación del juicio de amparo se encuentran los recursos, consistentes en medios de impugnación interpuestos contra la resolución judicial pronunciada por el Juez o tribunal, con el objeto de que tal resolución sea revocada, modificada o anulada.
• En este orden, la legitimación para interponer los recursos previstos en el juicio de amparo deriva, en primer lugar, de que el recurrente sea parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo y, en segundo, del interés que le asista para defender su derecho amenazado o afectado por el sentido de la resolución dictada en el juicio, pues sin tal presupuesto no existe la legitimación procesal para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa.
• Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), registro digital: 2009359, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Décima Época, materia común, página 844 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas, que establece:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO, ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De los artículos 5o., 81, fracción II, 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En ese sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o porque cuente con la representación legal de aquél."
• En la inteligencia de que tales premisas aplican, igualmente a los recursos interpuestos dentro de los incidentes que derivan del propio juicio de amparo.
• De lo que se sigue que la legitimación de las autoridades responsables para interponer el recurso de revisión contra la resolución que decide sobre la suspensión definitiva se encuentra condicionada a que les irrogue un perjuicio, esto es, una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, que no debe ser meramente hipotética, sino real, cuya demostración incumbe a las autoridades que la impugnen.
• La demanda de amparo se promovió en contra del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; atribuyéndose al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la expedición y promulgación de la norma general combatida.
• En ese escrito, la parte quejosa solicitó la suspensión contra las consecuencias y aplicación de la norma general reclamada.
• De lo anterior se advierte que únicamente se solicitó la suspensión en relación con las consecuencias del acto reclamado, consistentes en que las responsables se abstuvieran de aplicar el artículo reclamado y, por ende, no se le restringiera el derecho a percibir la pensión de viudez a que aduce tener derecho la parte quejosa.
• Por su parte, en la interlocutoria recurrida el Juez de amparo no se pronunció respecto del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, no negó ni concedió la suspensión sobre ello, sino únicamente concedió la suspensión definitiva en relación con las consecuencias de la referida disposición legal reclamada, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su demanda de amparo.
• Ante esas circunstancias, al margen de la forma en que se hubiese impugnado la disposición legal precisada, es decir, ya sea con motivo de su vigencia o por virtud de un acto concreto de aplicación, debe considerarse que el artículo 148 de la Ley de Amparo, prevé que la suspensión, en la primera hipótesis, se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma, esto es, para que la obligación impuesta en el referente normativo de dar, hacer o no hacer, no se materialice en la esfera jurídica del gobernado; y tratándose del segundo supuesto, la medida suspensiva se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.
• De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 87 y 148 de la Ley de Amparo, se obtiene que a efecto de determinar si las autoridades responsables tienen o no legitimación para interponer el recurso de revisión contra la resolución que resolvió sobre la suspensión definitiva, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados contra los cuales se solicitó esa medida.
• Por tanto, si el acto reclamado a la autoridad recurrente, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto de naturaleza legislativa, ya sea en sentido estricto o amplio; entonces, se estima que carece de legitimación para recurrir la resolución en la que se concedió la suspensión definitiva contra las consecuencias y aplicación de la norma reclamada, con independencia de que haya sido por su sola vigencia, o bien, con motivo de un acto concreto de aplicación.
• Lo anterior es así, pues si la consecuencia de la suspensión decretada por el Juez de Distrito es que no se aplique a la parte quejosa la norma reclamada, esa decisión sólo puede afectar directa y jurídicamente a la autoridad que suspende las facultades de su actuar con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, por ser quien ve interrumpidos los efectos de la norma al ser la encargada de aplicar tal imperativo.
• Así pues, con independencia de la participación o no del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el proceso de creación del precepto reglamentario reclamado, se considera que no tiene legitimación para inconformarse contra la resolución que suspendió las consecuencias y aplicación de dicha disposición legal, ya que la medida suspensional versa exclusivamente sobre su ejecución; máxime que se estima importante destacar que el otorgamiento de la medida cautelar no afecta la vigencia de la norma ni la priva de eficacia general.
• Conviene mencionar que la interpretación conjunta de los artículos 108, fracción III y 142 de la Ley de Amparo, permite concluir que tratándose del amparo contra normas generales, el legislador determinó innecesaria la intervención de las autoridades participantes en el proceso legislativo o de creación, cuando esos actos no se impugnen por vicios propios, lo cual tiene como propósito evitar la ociosa y costosa intervención de tales autoridades en el juicio, pues, inclusive, ni siquiera en el caso de que se otorgara el amparo en su contra podrían tener injerencia en el cumplimiento de la sentencia respectiva.
• En congruencia con lo anterior, el legislador trasladó tales premisas al incidente de suspensión, al prever en el artículo 142 de la Ley de Amparo, que en el amparo contra normas generales, las autoridades intervinientes en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando esos actos se impugnen por vicios propios.
• Lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, de donde se obtiene que tratándose del amparo contra normas generales, la intención del legislador fue prescindir del informe previo de aquellas autoridades cuyos actos no se controviertan por vicios propios, para efectos del pronunciamiento de la suspensión definitiva; ello, desde luego, conduce a concluir que, igualmente, resulta ocioso dar acceso al recurso interpuesto por autoridades, como la ahora recurrente, cuando los efectos de la suspensión no afectan directamente a los actos por ellas emitidos, por no intervenir en la materialización de sus efectos y consecuencias, ya que estos inciden sobre las facultades y actuaciones de las autoridades encomendadas de vigilar su observancia y, en su caso, ejecución, por parte de los destinatarios de las normas.
• Por tales razones, resulta lógico concluir que la autoridad recurrente, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por ende, debe desecharse.
B. Por otra parte, los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado, en la resolución emitida el cinco de marzo de dos mil veinte, en el incidente en revisión en materia administrativa 40/2020,(10) de su estadística, de manera implícita –no existe pronunciamiento expreso– consideraron al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1518/2019, por el entonces Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, para que no se aplicara en su contra la consecuencia jurídica prevista en el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se paguen de manera íntegra las pensiones a que tiene derecho; por lo que analizaron los argumentos expuestos en el escrito de agravios, los que en una parte, consideraron infundados y, en otra inoperantes; por ende, se confirmó la interlocutoria recurrida y se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado.
C. En ese mismo sentido, en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el incidente en revisión en materia administrativa 70/2021,(11) el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el considerando segundo, estableció que el presidente de la República, sí está legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la interlocutoria emitida el diez de febrero de dos mil veintiuno, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 963/2020, por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en la que concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la no aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 12, fracción I, inciso a), de la norma antes precisada; se consideró legitimada a la autoridad recurrente, esencialmente, al considerar que:
• El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos está legitimado para interponer el recurso de revisión, de conformidad con los artículos 5o., fracción II y 9o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en el que se dictó la interlocutoria recurrida y puede hacerlo por conducto del director general de Amparos contra Actos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues dicha autoridad compareció al incidente de suspensión, en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo tercero, fracción VI, numeral 72, del Acuerdo General por el que se establecen las Reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 2o., apartado B, fracción XXVIII, incisos a) y b), y 105, párrafo octavo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Además, el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; que tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación y, en el caso particular, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expidió el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –señalado como acto reclamado–, por lo que está legitimado para impugnar la resolución que otorgó la medida cautelar en una demanda en la que se reclama la aplicación de dicho reglamento, con lo que se verá mermada la efectividad de su potestad reglamentaria que constitucionalmente le corresponde.
• En efecto, la facultad reglamentaria es propia del titular del Poder Ejecutivo Federal, a quien, por virtud de ella, corresponde desarrollar para el exacto cumplimiento y ejecución, las leyes que reglamenta; de esta forma, si las disposiciones que se expiden para ese desarrollo reglamentario, son materia de una paralización de sus efectos y consecuencias, tal cuestión no es ajena a las facultades del Ejecutivo Federal, pues, por virtud de la suspensión definitiva otorgada, se verá mermada la efectividad de esa potestad reglamentaria que le corresponde y cuyo propósito es establecer las políticas públicas que ejercerá en su forma de gobierno.
• En su apoyo, invocó la jurisprudencia P./J. 79/2009,(12) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita."
V. Existencia de la contradicción de tesis.
13. El objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes, a fin de procurar seguridad jurídica, por tanto, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones discrepantes.
14. Tocante a este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la existencia de una contradicción de tesis precisa la concurrencia de los siguientes supuestos, a saber:
a) La existencia de tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Esas reflexiones se desprenden de la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) que dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
15. En el entendido que en términos del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 222 a 226 de la Ley de Amparo; 42-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para dirimir una contradicción de tesis sólo es requisito que el criterio jurídico sustentado por cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes derive de una ejecutoria en la cual se haya examinado un punto concreto de derecho, con características de generalidad y abstracción.
16. En este sentido, la regla de estudio para determinar la existencia de una contradicción de criterios consiste en que el vocablo "tesis" que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, es decir, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales, por tanto, carece de relevancia que no se haya redactado ni publicado en la forma establecida en la legislación aplicable.
17. Al respecto, se invoca el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 129/2004,(14) de contenido:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
18. Asimismo, se cita por similitud jurídica entre lo previsto en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, y los artículos 225 y 226 de la actual legislación la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(15) que se reproduce a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos disposi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30263-2c1d8ba9/recurso-de-revision-en-el-incidente-de-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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