LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA NORMA GENERAL CUANDO IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA SU APLICACIÓN, EFECTOS O CONSECUENCIAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 404/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Determinar si la autoridad emisora de la norma general tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución que concede la suspensión definitiva únicamente contra la aplicación y consecuencias de esa norma general, o si esa legitimación está reservada para las autoridades encargadas de su ejecución o materialización.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de abril de dos mil veintitrés.
VISTO para resolver el expediente relativo a la contradicción de criterios identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
I. Presentación de la denuncia de contradicción de criterios
1. Por escrito recibido a través del Módulo de Intercomunicación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN) bajo el folio electrónico 82130/2022 el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su presidente, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por dicho órgano colegiado, al resolver la contradicción de criterios 4/2022, y el sustentado por el Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de criterios 3/2021.
II. Recepción
2. Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de criterios con el número 404/2022 y admitió a trámite la denuncia; solicitó por conducto del módulo de intercomunicación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a la presidencia de los órganos colegiados de Circuito contendientes la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las resoluciones dictadas en los asuntos en contienda, así como el informe sobre si el criterio sustentado en cada uno de dichos asuntos se encuentra vigente.
3. Asimismo, turnó los autos para estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán, ordenó la integración del cuaderno auxiliar de turno virtual y, por el tema de la contradicción de criterios, consideró competente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
III. Avocamiento, trámite y envío a ponencia
4. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su entonces presidenta, además de que tuvo por rendidos los informes de vigencia de los criterios adoptados en las resoluciones en pugna y por presentadas las constancias requeridas para la integración del asunto; por lo que pasaron los autos a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
I. Competencia
5. Con base en la normatividad aplicable en la fecha de presentación de la denuncia respectiva,(1) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la contradicción de criterios entre el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, 226, fracción II, de la Ley de Amparo en su texto vigente antes de la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno –en relación con el artículo primero transitorio, fracción II, del decreto de la indicada reforma legal–, y 21, fracción VIII, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –en relación con el artículo quinto transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno–; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre órganos colegiados de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.
II. Legitimación
6. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo en su texto vigente antes de la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, toda vez que el denunciante –Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito– sostuvo una de las posturas en contienda, a saber, la adoptada en la contradicción de criterios 4/2022 del índice de dicho Pleno.
III. Criterios contendientes
7. En el escrito de denuncia se plantea que el posible problema jurídico a resolver se ciñe a determinar si los Poderes Legislativo y/o Ejecutivo tienen legitimación para interponer un recurso de revisión en contra de la resolución que concede la suspensión definitiva contra la aplicación y consecuencias de una norma general expedida por aquéllos, o si esa legitimación está reservada para las autoridades encargadas de su ejecución o materialización.
8. Al respecto, los órganos colegiados contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se relatan a continuación:
El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de criterios 4/2022
1) Trabajadores al servicio del Estado de Jalisco, en su calidad de jubilados, promovieron diversos juicios de amparo en los que reclamaron los actos siguientes:
• Del Congreso Local, del gobernador del Estado, del secretario general de Gobierno y del director de Publicaciones y del Periódico Oficial, los artículos 33, párrafo primero, 39, párrafo sexto, 70, fracción II, 153, fracciones XIX y XX, y cuarto transitorio, párrafo sexto, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en su texto derivado del decreto de reforma publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno (por su sola vigencia).
• Del director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la futura aplicación de las disposiciones legales reclamadas.
2) Los Jueces de Distrito que conocieron de los indicados juicios de amparo admitieron las respectivas demandas, ordenaron la apertura de los respectivos cuadernos incidentales, se pronunciaron sobre la suspensión provisional y, seguidos los trámites legales, celebraron la audiencia incidental en la que emitieron la resolución interlocutoria correspondiente mediante la cual concedieron la suspensión definitiva contra la aplicación de las disposiciones legales reclamadas, es decir, para que las autoridades se abstuvieran de modificar, reducir o adecuar el monto de la pensión jubilatoria de los quejosos.
3) En desacuerdo con la concesión de la medida cautelar, el Congreso del Estado de Jalisco –entre otras autoridades– interpuso el respectivo recurso de revisión en cada incidente de suspensión; los cuales fueron resueltos en los términos siguientes:
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer de los recursos de revisión 436/2021 y 50/2022, sostuvo que el Congreso del Estado de Jalisco tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva, ya que la medida cautelar fue concedida para paralizar la aplicación y efectos de las disposiciones legales reclamadas, lo que basta para que se genere una afectación a la autoridad legislativa.
• El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer del recurso de revisión 413/2021, sostuvo que el Congreso del Estado de Jalisco carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva, ya que la medida cautelar no recae directamente sobre el proceso de creación de las disposiciones legales reclamadas, sino sólo sobre su aplicación, efectos y consecuencias, lo que revela que ese pronunciamiento no genera una afectación a la autoridad legislativa.
4) Denunciada y tramitada la contradicción de criterios entre los órganos jurisdiccionales referidos en el inciso precedente, la resolución respectiva fue dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de que "el Congreso del Estado de Jalisco, sí tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la interlocutoria del Juez de Distrito que decide otorgar la suspensión definitiva, contra las consecuencias jurídicas del Decreto Número 28439/LXII/21, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, por ocasionar un perjuicio directo en los intereses y atribuciones del Congreso de la entidad", conforme a las consideraciones torales siguientes:
• Los órganos que intervienen en el proceso legislativo se encuentran legitimados para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución que concede la suspensión contra disposiciones legales reclamadas por su sola vigencia, pues en estos casos, conforme al artículo 148 de la Ley de Amparo, la medida cautelar "se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso".
• Un criterio contrario implicaría que, de no haberse designado como responsable a alguna autoridad ejecutora, no existiría quién pudiera recurrir la resolución concesoria de la suspensión definitiva.
• La concesión de la suspensión ocasiona un perjuicio directo en los intereses y atribuciones del Congreso Local, por el simple hecho de que, aunque sea temporalmente, no es posible concretar el objetivo buscado por las disposiciones legales reclamadas, consistente en reducir de manera oficiosa las pensiones otorgadas y las prestaciones inherentes que no se ajusten a los nuevos límites establecidos (treinta y nueve veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes).
• Decisión que dio lugar a la jurisprudencia de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ‘EL ESTADO DE JALISCO’ EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021."(2)
El Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de criterios 3/2021
1) Trabajadores al servicio del Estado, en su calidad de jubilados, promovieron diversos juicios de amparo en los que reclamaron los actos siguientes:
• Del presidente de la República, el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve (por virtud de su acto de aplicación).
• De las autoridades dependientes de la Delegación Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado denominadas: Delegado, subdirector de Prestaciones y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, los oficios a través de los cuales se negó a los quejosos el otorgamiento de su pensión de viudez, dado que, por virtud de su previa calidad de pensionados por jubilación, se excedía el tope pensionario.
2) Los Jueces de Distrito que conocieron de los indicados juicios de amparo admitieron las respectivas demandas, ordenaron la apertura de los respectivos cuadernos incidentales, se pronunciaron sobre la suspensión provisional y, seguidos los trámites legales celebraron la audiencia incidental en la que emitieron la resolución interlocutoria correspondiente mediante la cual concedieron la suspensión definitiva contra la aplicación de la disposición legal reclamada y, en especial, para que las autoridades pagaran a los quejosos la cantidad que les corresponde por pensión de viudez de manera íntegra y sin tope alguno.
3) En desacuerdo con la concesión de la medida cautelar, el presidente de la República interpuso el respectivo recurso de revisión en cada incidente de suspensión; los cuales fueron resueltos en los términos siguientes:
• El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al conocer de los recursos de revisión 361/2019, 21/2020, 31/2020 y 153/2020, sostuvo que el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva, ya que la medida cautelar no recae directamente sobre el proceso de creación de la disposición legal reclamada, sino sólo sobre su aplicación, efectos y consecuencias, lo que revela que ese pronunciamiento sólo puede afectar a la autoridad a quien corresponde esa aplicación.
• El Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al conocer de los recursos de revisión 40/2020 y 70/2021, sostuvo que el presidente de la República tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva, ya que la medida cautelar fue concedida para paralizar la aplicación y efectos de la disposición reglamentaria reclamada, lo que merma la efectividad de la potestad que constitucionalmente le corresponde.
4) Denunciada y tramitada la contradicción de criterios entre los órganos jurisdiccionales referidos en el inciso precedente, la resolución respectiva fue dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de que "el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, carece de legitimación para impugnar la resolución interlocutoria emitida para los efectos mencionados, en razón de que, por una parte, en la demanda de amparo únicamente se le atribuyeron los actos de expedición y promulgación del reglamento tildado de inconstitucional y, por otra parte, la suspensión no se concedió por tales actos, sino en relación con las consecuencias y aplicación de la norma general, cuya materialización corresponde a otra autoridad responsable"; conforme a las consideraciones torales siguientes:
• El hecho de que el presidente de la República haya expedido la disposición reglamentaria reclamada no le confiere legitimación para recurrir la resolución interlocutoria que suspendió su aplicación y consecuencias, ya que éstos no son propios de su esfera de facultades.
• El otorgamiento de la suspensión no genera perjuicio a la potestad reglamentaria que corresponde al presidente de la República, sobre todo porque no se le impide ejercerla, en la medida en que el proceso de creación ya concluyó, pues incluso la norma reclamada ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
• La suspensión de la aplicación de la disposición reglamentaria reclamada sólo genera afectación en la esfera de atribuciones de la o las autoridades que tienen a su cargo precisamente esa aplicación.
• Además, que no existe perjuicio directo que pudiera dar pie a ser analizado en la revisión que pretendía.
• Decisión que dio lugar a la jurisprudencia PC.XXX. J/3 A (11a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUYA MATERIALIZACIÓN CORRESPONDE A DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE."(3)
IV. Existencia de la contradicción de criterios
9. El objeto de una contradicción de criterios consiste en unificar posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una oposición de posturas, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(4) y a la tesis también del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5)
10. Conforme a estas tesis, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan satisfecho los extremos siguientes:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
11. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
12. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(6)
13. Ahora, de los antecedentes y razonamientos descritos en el considerando que antecede, se advierte que existe la contradicción de criterios denunciada entre las posturas sostenidas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito y por el Pleno del Trigésimo Circuito.
14. Ciertamente, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que el Congreso del Estado de Jalisco tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra una resolución incidental en la que el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva únicamente contra la aplicación de disposiciones legales reclamadas (de la Ley del Instituto de Pensiones para los Servidores Públicos, en cuanto establecen un límite máximo a las que debe ajustarse el monto de las pensiones de los jubilados), ya que esa medida cautelar ocasiona un perjuicio directo en los intereses y atribuciones de la autoridad legislativa local, en la medida en que se paraliza la concreción del objetivo buscado por las disposiciones legales por ella expedidas. 15. En cambio, el Pleno del Trigésimo Circuito sostuvo que el presidente de la República no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la interlocutoria que decide otorgar la suspensión definitiva contra la aplicación de la norma reglamentaria reclamada [artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto establecen un tope máximo pensionario global], toda vez que esa medida cautelar sólo puede afectar directa y jurídicamente a la autoridad que debe realizar o abstenerse de ejecutar los actos de aplicación.
16. Así, se satisfacen las condicionantes para la existencia de la contradicción de criterios, habida cuenta de que:
A. En los fallos dictados por dichos órganos contendientes se abordó el mismo punto jurídico, a saber, si la autoridad emisora de una norma general, en su calidad de responsable y, por ello, de parte en el juicio de amparo, tiene legitimación para recurrir una resolución en la que se otorgó la suspensión definitiva únicamente para el efecto de que no se apliquen ni se generen las correlativas consecuencias de las normas generales reclamadas en la situación de los quejosos.
B. Los órganos contendientes adoptaron posiciones opuestas, dado que un Pleno de Circuito sostuvo que la autoridad emisora de la norma general tiene legitimación para interponer recurso de revisión en el supuesto referido en el inciso precedente –porque la paralización de la concreción del objetivo buscado con el contenido normativo le genera una afectación–, mientras que el otro Pleno de Circuito resolvió en sentido contrario, es decir, que dicha autoridad no tiene la legitimación para acudir a esa instancia –porque detener la materialización de la norma sólo afecta las atribuciones de la autoridad aplicadora–.
17. Por tanto, sobre la base del estudio de la misma cuestión jurídica y a partir de lo aquí relatado, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema, se reitera, es determinar si la autoridad emisora de la norma general tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución que concede la suspensión definitiva únicamente contra la aplicación y consecuencias de esa norma general, o si esa legitimación está reservada para las autoridades encargadas de su ejecución o materialización.
18. No pasa inadvertido el hecho de que uno de los Plenos de Circuito se haya pronunciado en relación con la legitimación de un Congreso Local, mientras que el otro emitió su decisión en relación con la legitimación del presidente de la República, lo que, además, implica que los pronunciamientos de dichos órganos colegiados se refirieron a normatividad diferente. Sin embargo, esos elementos constituyen cuestiones marginales que no inciden en el punto central de la problemática a la que se enfrentaron dichos órganos, pues lo que subyace es determinar si la autoridad emitió la norma general reclamada –y que, por ello, participó en su proceso de creación–, tiene legitimación para recurrir la decisión que paraliza su aplicación.
19. Tampoco adquiere relevancia el hecho de que la impugnación de la norma general reclamada, en el origen, haya sido, en cuanto al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por su sola vigencia y, respecto del Pleno del Trigésimo Circuito, por virtud de su acto de aplicación, dado que ambos órganos colegiados emitieron su pronunciamiento considerando que la suspensión fue otorgada para que no se aplicara la indicada disposición reclamada, siendo este aspecto sobre el cual existe decisión por parte de los dos órganos, se insiste, en sentidos opuestos, lo que basta para que se configure la contradicción de criterios.
V. Estudio de fondo
20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se desarrolla.
21. Este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que la legitimación, desde la perspectiva de la teoría general del proceso, se divide en: a) legitimación en el proceso (ad-procesum) y b) legitimación en la causa (ad-causam); entendiéndose por la primera la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia de él y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, mientras que la segunda implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio.
22. En efecto, la legitimación en el proceso únicamente se refiere a la capacidad que se tiene para actuar, es decir, se identifica con un presupuesto procesal de personalidad referido a la capacidad que tienen las partes para realizar válidamente actos procesales ya sea por sí o a través de sus legítimos representantes; en cambio, la legitimación en la causa se identifica con la vinculación que existe entre un derecho reconocido en la ley y aquel que lo invoca a su favor. Alcances de estas figuras que fueron definidos en el criterio contenido en la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."(7)
23. Dado el tema a dilucidar en este asunto, adquiere relevancia la legitimación procesal que, desde luego, es exigible en el juicio de amparo, desde su promoción, sus incidencias, su sustanciación, su resolución y, en su caso, la correspondiente etapa de cumplimiento, en la medida en que, para acudir ante el juzgador con cualquier petición de que se inicie la tramitación del juicio, se atienda a una promoción o se dé lugar a cualquier instancia, es necesario que el peticionario esté en aptitud de hacerlo.
24. Al efecto, adquiere relevancia el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dispone que "sólo pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario"; lo que pone de manifiesto que, tratándose del juicio constitucional, son las partes quienes pueden comparecer en él, las cuales están previstas en el artículo 5o. de la ley de la materia, que dispone:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico ...
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas ...
"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: ..." (se enuncian)
"IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.
"Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia."
25. Conforme a esta disposición, en el juicio de amparo fungen como parte la quejosa o el quejoso (que tiene la pretensión de la insubsistencia del acto reclamado), la autoridad responsable y la tercera o el tercero interesado (que tienen el interés contrario, es decir, en la subsistencia del acto reclamado), y el agente del Ministerio Público (que detenta la representación del interés social).
26. Y, en ese tenor, sólo a quienes se reconozca alguna de estas calidades por parte del juzgador estarán en aptitud de intervenir en él a través de la presentación de promociones, incidencias, instancias, peticiones o comparecencias a lo largo del juicio sobre los aspectos propios de la controversia; de ahí que esa calidad de parte se constituye como presupuesto de origen para esa intervención procesal.
27. Sin embargo, la legitimación para ejecutar todos los actos procesales que integran al juicio de amparo y sus incidencias no la da el simple carácter de parte, sino que es indispensable, además, resentir una afectación jurídica sobre la materia, objeto o finalidad de la actuación que se promueva, pues si sobre ese tema no se genera en la situación del peticionario o peticionaria un impacto a sus intereses, no habrá razón que justifique la tramitación de su petición.
28. Así, la regla general que impera es que dicha aptitud para presentar promociones o interponer instancias se basa en la configuración de dos condicionantes, a saber: a) que el peticionari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31503-3cd7258b/legitimacion-para-interponer-el-recurso-de-revision-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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