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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE JALISCO. LA LEY RELATIVA Y EL REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE JALISCO. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN NOTIFICAR AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE A FIN DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2020. · Registro digital (IUS): 30283
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-12-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 2024.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GLORIA AVECIA SOLANO, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ, ASÍ COMO DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ Y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. PONENTE: JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. SECRETARIOS: RAÚL OCTAVIO GONZÁLEZ CERVANTES Y CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

1. Sentencia, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 17/2020, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 78/2017 y 589/2019, de sus respectivos índices; y,

RESULTANDO:

2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

3. Mediante oficio **********,(1) los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 589/2019 y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto del amparo en revisión 78/2017.

4. SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis.

5. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte(2), la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrándose bajo el número de expediente 17/2020, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

6. En el mismo acuerdo, sobre la base de que el órgano jurisdiccional denunciante remitió la sentencia dictada en el amparo en revisión 589/2019 de su índice, únicamente se solicitó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la remisión de la sentencia dictada en revisión 78/2017.

7. Aunado a esto, a ambos Tribunales Colegiados se les pidió la remisión de constancias certificadas de las sentencias recurridas y de los escritos de agravios; también, se solicitó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente o, en su caso, precisara las razones por las cuales se hubiese apartado del mismo.

8. Por último, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

9. En proveído de diez de septiembre de dos mil veinte,(3) el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con el tema aquí planteado.

10. Posteriormente, en proveídos de doce y veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó el cumplimiento de las solicitudes realizadas a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; además, se tuvo por precisada la vigencia del criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

11. En este último acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, representante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

12. TERCERO.—Esquema de trabajo a distancia derivado de la contingencia de salud generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

13. Cabe destacar que actualmente, en este Pleno de Circuito impera el esquema de trabajo a distancia por la contingencia de salud derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia del tres de agosto al treinta y uno de octubre de esa anualidad, extendida hasta el quince de enero de dos mil veintiuno, luego hasta el veintiocho de febrero siguiente, después hasta el treinta de junio del año en curso; y, por último, hasta el treinta y uno de octubre del mismo año, de conformidad con los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia.

15. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito de este Pleno.

16. Además, conforme a lo dispuesto por el punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(4)

17. SEGUNDO.—Legitimación.

18. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes cuentan con legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

19. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.

20. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, resulta oportuno hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.

A. Primera postura

Juicio de amparo indirecto.

• Una empresa inmobiliaria, por conducto de su administrador general único, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y diversas autoridades estatales y municipales, consistentes en:

• El proceso de creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en específico, el título V, capítulo III, secciones primera, segunda, tercera y cuarta.

• El proceso de creación del Reglamento de Información Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en particular el título IV, capítulo II, secciones primera, segunda y tercera, así como el capítulo III.

• La inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa en poder de las responsables, a terceros ajenos sin consentimiento.

• La demanda se admitió a trámite y registró con el número de expediente 1485/2016 del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y, seguidos los trámites procesales correspondientes, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis se celebró la audiencia constitucional correspondiente y, en la misma fecha se dictó la sentencia definitiva, en donde se decretó el sobreseimiento en el juicio.

• Para arribar a esa decisión, el juzgador de amparo se apoyó en dos razones fundamentales:

• En cuanto al acto concreto de aplicación (entrega de información de la quejosa a terceros), se sobreseyó en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se acreditó la existencia del acto. Esto es, la autoridad responsable negó en su informe de ley la existencia del acto, sin que la quejosa hubiese desvirtuado esa negativa.

• En cuanto al reclamo de las normas generales de transparencia, también se decretó el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a los actos que no afectan intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que el propio juzgador de amparo razonó que los medios de prueba aportados al juicio, resultaban insuficientes para demostrar el acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico de la quejosa en la impugnación, dado que sólo se acreditó: "... que la quejosa es una sociedad mercantil legalmente constituida, así como su representación y protocolización de un régimen de propiedad en condominio vertical de un inmueble; sin embargo, no pone de relieve el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, menos aún que la parte quejosa se encuentre en los supuestos de las normas impugnadas."

Amparo en revisión.

• Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, al que por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 78/2017.

• Agotada la instrucción respectiva, el asunto se resolvió por mayoría de votos en sesión de diez de mayo de dos mil dieciocho,(5) bajo los resolutivos siguientes:

"PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo, por lo que hace al aspecto de inconstitucionalidad de leyes, respecto de las normas reclamadas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara.

"TERCERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ... por lo que hace aspecto (sic) de legalidad, contra el acto consistente en la inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa a terceros, para los efectos determinados en el postrer (sic) considerando de la misma."

• Para arribar a esa decisión, el órgano jurisdiccional del conocimiento, se apoyó en los siguientes razonamientos jurídicos:

• Revocación del sobreseimiento decretado por inexistencia de los actos.

• En principio declaró fundados los agravios enderezados contra el sobreseimiento decretado por inexistencia del acto reclamado consistente en la "inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa en poder de las responsables", pues con base en las expresiones realizadas en el informe con justificación, analizadas a la luz del artículo 117 de la Ley de Amparo, sirvieron de base para que el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente razonara lo siguiente:

"... el solo hecho de que la autoridad informara que efectivamente, ante las dependencias de ese Ayuntamiento se solicitó por terceros diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y en general todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto ********** que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en ...; por ese solo hecho, se actualizada (sic) la procedencia del juicio de amparo, pues precisamente lo que se reclama es que la normativa impugnada no prevé el llamamiento al titular de la información confidencial, previo a que ésta sea entregada a terceros, por lo que este momento, esto es, cuando terceros solicitan la información y aún no se han entregado, es que se puede instar la acción constitucional, pues de acuerdo a lo precisamente reclamado una vez que sea entregada la información, entonces quedarán consumadas las posibles violaciones alegadas.

"En ese orden de ideas, al resultar éste el momento procesal en que se puede promover el juicio de amparo, esto es, cuando existe solicitud de información de terceros, empero, por cualquier circunstancia la misma no ha sido proporcionada, entonces, debe admitirse la procedencia del juicio biinstancial, pues de otra manera se estaría violentando la petición de principio, en base al cual, al resolver la procedencia se está determinando de manera indebida el fondo, pues es claro que de aceptarse que el acto reclamado no es inminente, entonces una vez proporcionada la información requerida, quedarán consumadas las violaciones alegadas, sin posibilidad de defensa para el particular."

• Con base en lo anterior, el propio órgano jurisdiccional desestimó la causa de improcedencia advertida por el juzgador federal y, al no existir reenvío en el amparo, reasumió jurisdicción para resolver el juicio constitucional.

• En esa medida, debido a que no existe reenvío en el amparo, se procedió al análisis de la hipótesis de improcedencia expuesta por una de las autoridades responsables, prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, y 107, fracción II, de la Constitución Federal, porque los efectos del amparo no podrían concretarse en el caso en estudio; al respecto, el propio tribunal desestimó esa causa de improcedencia, porque contrario a lo aducido por la autoridad, sostuvo que el quejoso no reclamó una omisión legislativa propiamente, sino el procedimiento por el que se entrega información a terceros, previsto en la normativa legal reclamada.

• Improcedencia de la inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su reglamento.

• En otro aspecto, el tercero interesado alegó que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, en la medida de que no se afectan los intereses jurídicos y legítimos de la parte quejosa, porque las normas generales reclamadas no contienen un acto de aplicación.

• El tribunal contendiente desestimó esa hipótesis de improcedencia por lo siguiente:

"Se desestima la causal hecha valer, para lo cual se invocan los argumentos planteados anteriormente, al estudiar los agravios hechos valer en el recurso de revisión, en cuanto a que, el solo hecho de que la autoridad responsable informara que efectivamente, ante las dependencias de ese Ayuntamiento se solicitó por terceros diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y en general todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del Decreto D 24/07/16 que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en la avenida Américas número 1500, y que esa información se negó con motivo de la suspensión en el juicio de amparo; ello actualiza la inminencia del acto reclamado, en tanto, al desaparecer la condición por la que la autoridad negó la información, es indicativo de que dicha información será entregada, consumándose así el acto reclamado; máxime que, precisamente, lo que se reclama es que la normativa impugnada no prevé el llamamiento al titular de la información confidencial, previo a que ésta sea entregada a terceros, por lo que este momento, esto es, cuando terceros solicitan la información y aún no se ha entregado, en que se puede instar la acción constitucional, pues de acuerdo a lo precisamente reclamado, una vez que sea entregada la información, entonces quedarán consumadas las posibles violaciones alegadas."

• Sin embargo, el propio órgano contendiente advirtió que en el asunto sometido a su consideración, cobraba vigencia la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aunque por diversos motivos, esto es, porque si bien quedó demostrado el inminente acto de aplicación de la normativa controvertida, no así del acto de aplicación concreto y, por ende, decretó el sobreseimiento en el juicio, consistente en la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos reclamados, porque al no existir acto de aplicación concreto, entonces la normativa reclamada no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de la parte inconforme, es decir, no incide en el acto de aplicación inminente reclamado por vicios propios, pues por lo que hace al acto de legalidad, el amparo sí procede en contra de actos inminentes.

• Consecuentemente, el Tribunal Colegiado refirió que sólo se analizarían los conceptos de violación relacionados con la legalidad en que se reclama el acto inminente de aplicación por vicios propios.

• Estudio de legalidad de la inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa a terceros, por parte de las responsables.

• El Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto de violación en el que la quejosa planteó que el procedimiento de entrega de información a terceros, previsto en las normas generales reclamadas, no prevé el llamamiento al titular de la información, con lo cual se trastoca en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Para adoptar ese criterio, el Tribunal Colegiado de Circuito emprendió un estudio de las normas que consideró aplicables, en concreto de los artículos 66 a 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 17, 29 a 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 26 y 27 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, en los que se regulan los términos y condiciones en que se debe llevar a cabo el procedimiento administrativo de acceso a la información; y de ese análisis, precisó lo siguiente:

"Lo anterior revela que de las disposiciones hasta aquí invocadas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reclamada, cuya finalidad primordial es la de establecer un marco jurídico para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades obligadas, dispone un procedimiento de solicitud de información pública y la obligatoriedad de iniciar un expediente respectivo, en el que se dé noticia al solicitante del trámite respectivo, en cuanto a la procedencia o improcedencia de su solicitud, empero, no establece la vista o notificación al titular de la información reservada que en su caso pudiera divulgarse, a efecto de que dicho titular esté en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia, a través de su comparecencia a exponer alegatos, pruebas y en su caso, oponerse a la divulgación de información, a efecto de que la autoridad esté en aptitud de resolver, tomando en cuenta las defensas que en su caso oponga ese titular.

"Ello se corrobora, porque debe quedar precisado que la normativa legal reclamada y los ordenamientos reglamentarios aludidos, establecen en forma clara, la obligación de resolver de la dependencia o entidad que reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial, empero, no prevén la posibilidad de requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, mediante la notificación correspondiente."

• En ese sentido, el Tribunal Colegiado señaló que las normas reclamadas omiten la posibilidad de que los terceros interesados manifiesten ante una autoridad, lo que a su derecho convenga respecto de la información que se solicita, cuyo contenido les afecte; lo anterior, pues cuando se recibe la solicitud de información "... no se establece la obligación de recabar la autorización del particular titular de la información, previo a su entrega, otorgándole un término para responder."

• En seguida, el Quinto Tribunal Colegiado hizo alusión a la tesis 1a. XXXIV/2005(sic)(6) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. TANTO LA LEY FEDERAL RELATIVA COMO SU REGLAMENTO, RESPETAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LOS TERCEROS INTERESADOS."

• Al respecto, el órgano colegiado precisó que en ese criterio, la superioridad emprendió un análisis sistemático de diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de su reglamento, de donde coligió que en el procedimiento de acceso a los datos personales, documentos e información en posesión de los Poderes de la Unión u órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, los terceros interesados tienen la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de que se trate y, por ende, sí se respeta la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal; pero que esa normativa federal en materia de transparencia analizada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal resulta diferente a la aplicable en el caso particular del Estado de Jalisco y del Municipio de Guadalajara.

• Así, el órgano de control constitucional concluyó:

"Por tanto, debe concluirse que la normativa impugnada, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, no prevén en su conjunto la posibilidad de que la autoridad gubernamental, ante la cual un ciudadano solicite determinada información o documentación que involucre directamente a otra persona, ya sea física o moral, antes de acceder a proporcionarla, deba notificar a las personas interesadas e involucradas directamente con la misma, para que tengan oportunidad de manifestar lo que a su derecho corresponda, por lo que el primer concepto de violación que se analiza deviene fundado, en tanto el acto inminente reclamado es contraventor de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

• Consecuentemente, otorgó la protección constitucional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables:

"1. Al momento de la emisión de cualquier acto en el que se pretende otorgar información de la quejosa, en caso de inicio del procedimiento de solicitud de información, se respete la garantía de audiencia de la parte quejosa, mediante requerimiento a ésta para que esté en posibilidad de oponerse a la entrega de información a terceros, ofrecer pruebas y pueda producir alegatos, a efecto de que la autoridad resuelva lo conducente tomando en cuenta, además, las defensas del titular de la información; lo anterior, tomando en cuenta que cuando se otorga el amparo contra un acto fundado en una ley que no establece la garantía de audiencia, las autoridades aplicadoras deben respetar ese derecho fundamental desarrollando un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales, aun cuando para ello no existan disposiciones legales directamente aplicables.

"2. Asimismo, notifique dicha resolución a las partes a que obliga la normativa legal, así como a la quejosa, a fin de que esté en posibilidades de ejercer los medios de defensa conducentes."

• Derivado de esa sentencia, el propio Tribunal Colegiado de Circuito contendiente emitió la tesis III.5o.A.69 A (10a.), que es del siguiente tenor:

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (GUADALAJARA). LA LEY Y LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, AL NO PERMITIR AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL SOLICITADA INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO QUE REGULAN, VULNERAN EN SU PERJUICIO EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 66 a 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 17 y 26 a 39 de su reglamento, así como 26 y 27 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, se colige que en el procedimiento de acceso a la información pública, el titular de ésta, en poder de las dependencias gubernamentales, no tiene la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud presentada por un tercero, en virtud de que si bien la finalidad primordial de los ordenamientos citados, en su conjunto, es la de establecer un marco jurídico para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades obligadas y, en razón de ello, dispone un procedimiento de solicitud de información pública y la obligatoriedad de iniciar un expediente en el que se proporcione noticia al solicitante del trámite respectivo, en cuanto a la procedencia o improcedencia de su petición, lo cierto es que no establecen la vista o notificación al titular de la información confidencial que en su caso pudiera divulgarse, para que pueda ejercer su derecho a una defensa adecuada, mediante su comparecencia para aportar pruebas u oponerse a ello, a efecto de que la autoridad pueda tomar en cuenta esos elementos para resolver. Por tanto, las normas invocadas, al no permitir al titular de la información pública confidencial solicitada intervenir en el procedimiento que regulan, vulneran en su perjuicio el derecho de audiencia previa, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(7)

B. Segunda postura

Juicio de amparo indirecto.

• Una persona jurídica, por conducto de su apoderado legal promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:

"I. Del Congreso del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"a) La iniciativa, discusión y aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"II. Del gobernador del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"b) La sanción y orden de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"III. Del secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"c) El refrendo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"IV. Del director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"d) La publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"V. De la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"e) Cualquier acto tendiente a divulgar, informar, comunicar, enterar, contar, instruir, publicar, difundir, dar a conocer, propagar, pregonar, o hacer del conocimiento de tercero alguno, cualquier información considerada como personal y/o confidencial, relativa a los trámites administrativos que la quejosa por motivos del desempeño de su actividad comercial realiza y tiene pendientes por resolver dicha secretaria.

"VI. De la Procuraduría Estatal para la Protección al Ambiente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, lo siguiente:

"f) Cualquier acto tendiente a divulgar, informar, comunicar, enterar, contar, instruir, publicar, difundir, dar a conocer, propagar, pregonar, o hacer del conocimiento de tercero alguno, cualquier información considerada como personal y/o confidencial, relativa a los trámites y/o procedimientos administrativos que la quejosa tiene pendientes por resolver ante dicha dependencia estatal.

"VII. Del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, lo siguiente:

"g) La aprobación y expedición del Reglamento de Información Pública de este Municipio.

"h) Así como cualquier acto tendiente a divulgar, informar, comunicar, enterar, contar, instruir, publicar, difundir

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30283-886d10cf/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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