SECUESTRO. PARA QUE SE ACTUALICE LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, ATINENTE A QUE EL DELITO SE REALICE EN "CAMINO PÚBLICO", NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL NUMERAL 165 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SIN EMBARGO, DEBE DEMOSTRARSE QUE SE EJECUTÓ FUERA DE LOS LÍMITES POBLACIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA (QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE), RAÚL VALERIO RAMÍREZ Y JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. DISIDENTES: MARÍA DE LOURDES LOZANO MENDOZA (PRESIDENTA) Y OLGA ESTREVER ESCAMILLA. PONENTE: JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. SECRETARIA: RUBY CELIA CASTELLANOS BARRADAS.
Toluca, Estado de México. Sentencia del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de nueve de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 2/2021; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, mediante oficio enviado el quince de diciembre de dos mil veinte, vía electrónica, a la presidencia del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver los juicios de amparo directo 43/2020 y 176/2017, respectivamente.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito radicó la contradicción de tesis con el número 2/2021 y, en lo que interesa, la admitió a trámite y solicitó a las presidencias de los referidos órganos jurisdiccionales la remisión de copias certificadas y de los archivos electrónicos de las ejecutorias dictadas en los expedientes indicados, así como también informes sobre la subsistencia de los criterios sustentados en las aludidas determinaciones o, en su caso, las razones para tenerlos por superados o abandonados.
A través de ocursos de veintiuno de enero y veinticinco de marzo siguiente, los Magistrados presidentes de los órganos jurisdiccionales en mención comunicaron, en lo conducente, que los criterios emitidos en las resoluciones relativas continuaban vigentes.
Mientras que, por acuerdo de veintidós de marzo del año en curso se tuvieron por recibidos los oficios suscritos por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y el secretario general de Acuerdos, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que informaron que no se advirtió que en los últimos seis meses se hubiera radicado en el Alto Tribunal alguna contradicción de tesis en que el tema a dilucidar tuviera relación con: "DETERMINAR SI AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE DEL DELITO DE SECUESTRO, RELATIVA A QUE SE HAYA COMETIDO EN ‘CAMINO PÚBLICO’, QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO POR EL ORDINAL 165 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE ESTABLECE QUE LOS LUGARES UBICADOS EN LAS ZONAS POBLADAS NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO ‘CAMINO PÚBLICO’; O DEBE CONSIDERARSE COMO ‘CAMINO PÚBLICO’ A LAS CALLES, AVENIDAS O VÍAS PÚBLICAS, UBICADAS EN LAS CIUDADES, MUNICIPIOS, PUEBLOS O RANCHERÍAS URBANIZADAS, ENTRE OTRAS."
TERCERO.—Turno. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se turnaron los autos al Magistrado Julio César Gutiérrez Guadarrama, integrante de este Pleno de Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
CUARTO.—Lista, primera sesión, returno y nueva lista. El veintitrés de agosto siguiente se listó este asunto para la emisión de la sentencia respectiva; luego, en sesión de siete de septiembre posterior se retiró, a petición del ponente, para la elaboración de una nueva propuesta de resolución, lo que suscitó que en la última de las fechas indicadas se efectuara el returno correspondiente; y, el trece de octubre subsecuente se listó, una vez más, para su discusión.
QUINTO.—Reanudación de plazos y autorización para resolución en sesión por videoconferencia. En términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 27 del Acuerdo General 21/2020, reformado mediante el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Cov-2, generador de la enfermedad COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte;(1) estableciéndose que las sesiones ordinarias de los Plenos de Circuito se celebrarían mediante el uso de videoconferencia.
Por Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reformó el 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria, en relación con el periodo de su vigencia, a partir del dieciséis de enero de este año, por el periodo comprendido del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno.
Mediante el "Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.", se prorrogaron las medidas dispuestas en el invocado Acuerdo 21/2020 hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno; mientras que a través de los diversos 5/2021, 10/2021 y 20/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con diversas circulares emitidas durante el aludido plazo por la Comisión Especial y la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, entre las que se ubican las identificadas como CAP 2 y 3, ambas de dos mil veinte, así como las diversas SECNO 1, 4, 6, 8, 9, 10, 22 y 30, estas últimas de dos mil veintiuno, se ampliaron hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se formuló una denuncia de contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes sustentaron uno de los criterios materia de este asunto.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los posicionamientos discrepantes, así como los antecedentes relevantes que les dieron origen.
1. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 176/2017, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.
1.1. Antecedentes.
• El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la causa de juicio oral **********, dictó sentencia condenatoria contra **********, ********** y **********, por su participación en la comisión del hecho delictuoso secuestro con modificativas agravantes (en camino público, en grupo de dos o más personas, con violencia), en perjuicio de la víctima de identidad reservada de iniciales **********, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 6, 7, párrafo primero, fracción II, 8 y 9, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; por lo que les impuso la pena de sesenta años de prisión y multa de trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos pesos, condenándolos al pago de la reparación del daño material y moral en favor de la víctima, de manera solidaria, por las cantidades de doscientos mil pesos y veintiocho mil ochocientos pesos, respectivamente.
• Inconformes con la resolución en cita, los enjuiciados interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que lo registró con el toca **********, en que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete emitió sentencia por la que modificó la de primera instancia, en el sentido de excluir del ilícito materia de la acusación la modificativa agravante consistente en que la privación de la libertad se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario.
• Decisión en que se tuvo por demostrado el siguiente hecho:
El quince de mayo de dos mil quince, aproximadamente a las nueve horas con doce minutos, la víctima de identidad reservada de iniciales **********, sobre la calle **********, colonia la **********, Municipio Atlacomulco, fue privada de su libertad, ya que un sujeto del sexo masculino trató de ponerle un paliacate, por lo que se defendió con patadas y puñetazos, instante en que arribó otro individuo, quien la tomó de los brazos cargándola, al tiempo que el primero le alzaba los pies y entre ambos la subieron a un vehículo tipo Sentra, gris, conducido por un tercero; en el automóvil le amarraron los pies y manos y la cubrieron de la cara con un paliacate, trasladándola hasta un inmueble, en donde fue rescatada por elementos de la policía ministerial, y fueron detenidos los activos con motivo del operativo implementado para efectuar el pago del rescate de doscientos mil pesos, que negoció telefónicamente la progenitora de la pasivo.
• En desacuerdo con esa determinación, la víctima promovió juicio de amparo, tramitado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el número 176/2017, el cual, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, consideró ajustado a la legalidad el proceder de la responsable y, en consecuencia, negó la tutela constitucional solicitada por la peticionaria.
1.2. Consideraciones relevantes de la determinación.
"Ahora, en cuanto a las MODIFICATIVAS AGRAVANTES previstas en el numeral 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relativas a que se lleve a cabo en grupo de dos o más personas y se realice con violencia, el tribunal de segunda instancia las tuvo actualizadas con los medios de prueba que destacó en la sentencia que se revisa, no así aquella relativa a que el secuestro se lleve a cabo en camino público, desprotegido o solitario, porque dijo que el hecho delictuoso se llevó a cabo en una zona urbana.
"Al respecto de la última modificativa agravante referida, la quejosa se duele que el tribunal de alzada impuso a los sentenciados una pena menor que aquella determinada por el a quo.
"Tal concepto de violación resulta infundado, porque se advierte que la disminución de la pena motivo de agravio para la quejosa, no es lesiva de sus derechos humanos, porque deriva de que para el tribunal responsable, no se actualizó la modificativa agravante de que el delito se llevara a cabo en camino público o en lugar desprotegido o solitario, por lo que fue correcto que no se tuviera probada; se explica.
"La responsable afirmó que del acta pormenorizada de inspección del lugar de los hechos (incorporada vía lectura en la audiencia de seis de julio de dos mil dieciséis, minuto 08:04 al 12:57), realizada en la calle **********, colonia **********, Municipio de Atlacomulco, se puede apreciar que se trata de una vía pública que cuenta con establecimientos comerciales e inmuebles destinados a casa habitación, particularidades ante las cuales no puede considerarse como ‘camino público o lugar desprotegido o solitario’, porque al ser una colonia que cuenta con esas características, reúne la naturaleza de zona urbana con tránsito de personas y vehículos.
"El tribunal de alzada de forma genérica afirmó que para que se actualizara tal modificativa agravante, necesariamente el lugar donde se lleve a cabo el secuestro no tenía que contar con establecimientos comerciales e inmuebles destinados a la casa habitación, es decir, que no se tratara de una zona urbana, con tránsito de personas y vehículos.
"Tal determinación resulta correcta si se toma en consideración que el lugar donde se llevó a cabo el delito no se ejecutó en uno que pueda considerarse como camino público, como lo describe la ley.
"Sobre el tema, debe tenerse en cuenta el concepto normativo que establece el numeral 165 del Código Penal Federal (aplicable de manera supletoria a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, conforme al artículo 2, párrafo primero, de esta última), en relación a lo que debe entenderse por ‘camino público’, a saber:
"‘Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locución que se permita y las dimensiones que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones’.
"Luego, del contenido del referido artículo los caminos públicos están fuera de los límites de las poblaciones, lo que se concluye de la exclusión que el legislador realizó en el dispositivo legal transcrito, respecto a los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones (como acontece en el caso examinado), los que por esa simple razón, no puedan considerarse ‘caminos públicos’ –determinar lo contrario, nos llevaría al absurdo de agravar las penas del delito analizado, cuando fuese cometido tanto dentro de un inmueble, como fuera de éste en cualquier vía de tránsito–.
"Distinción la anterior, que incluso resulta acorde con la ratio legis de agravar las penas para quienes cometan el delito de secuestro en ‘lugares desprotegidos o solitarios’ (supuesto este último que tampoco corresponde al lugar del hecho delictuoso), dado que este tipo de delitos pueden ser cometidos en sitios distintos a aquellos en los que existen asentamientos humanos a los que se denominan ‘poblaciones’, es decir, que se ubiquen fuera de los límites de una demarcación geográfica de esa naturaleza, justo porque las zonas despobladas generan un mayor grado de vulnerabilidad para la víctima y un ambiente propicio para facilitar la ejecución del propio evento delictivo, puesto que una conducta desplegada en esas condiciones, tiende a superar o apartar por añadidura los obstáculos existentes.
"Se concluye en ese aspecto, que para considerar lo que debe entenderse por ‘camino público’ a que hace referencia la agravante establecida en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, debe tenerse en cuenta el concepto que prevé el numeral 165 del Código Penal Federal, aplicable de manera supletoria a la ley general en cita, conforme al artículo 2, párrafo primero, de esta última, que dispone que es la vía de tránsito habitualmente destinada al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locución que se permita y las dimensiones que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones, por lo que los lugares establecidos en las zonas pobladas no pueden considerarse como tal, porque para ello, el hecho ilícito debió cometerse fuera de los límites de una demarcación geográfica de esa naturaleza, justo porque las zonas despobladas generan un mayor grado de vulnerabilidad para la víctima y un ambiente propicio para facilitar la ejecución del propio evento delictivo.
"De ahí, que este tribunal considera que si el secuestro (privación de la libertad de la víctima de identidad reservada de iniciales **********), se llevó a cabo sobre la calle Alfredo del Mazo, colonia la Garita, Municipio de Atlacomulco, justo cuando la sujeto pasivo se dirigía a su trabajo, resulta evidente que fue perpetrado dentro de los límites de una población por lo que se no actualiza la primera hipótesis de la modificativa agravante en comento, conforme a la definición del Código Penal Federal, de ahí que efectivamente debiera de tenerse por no actualizada la misma. ..." (énfasis de origen).
Ejecutoria que dio lugar a la emisión de la tesis del siguiente contenido:
"SECUESTRO. LOS LUGARES UBICADOS EN LAS ZONAS POBLADAS NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO ‘CAMINO PÚBLICO’ O ‘LUGAR DESPROTEGIDO O SOLITARIO’ PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGRAVANTE DE ESTE DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. El artículo, fracción, e inciso mencionados establecen que las penas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agravarán, entre otros casos, cuando la privación de la libertad se realice en camino público, o en lugar desprotegido o solitario. Luego, para dar contenido a la locución ‘camino público’ debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el concepto previsto en el artículo 165 del Código Penal Federal, aplicable supletoriamente a la ley general citada, conforme al artículo 2, párrafo primero, de esta última, que dispone que es la vía de tránsito habitualmente destinada al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones y, en segundo, que los lugares desprotegidos o solitarios son sitios distintos a aquellos en los que existen asentamientos humanos a los que se denomina ‘poblaciones’. Por consiguiente, los lugares ubicados en las zonas pobladas no pueden considerarse como tales, porque para ello, el hecho ilícito debió cometerse fuera de los límites de una demarcación geográfica, justo porque las zonas despobladas generan un mayor grado de vulnerabilidad para la víctima y un ambiente propicio para facilitar la ejecución del propio evento delictivo, pues la conducta así desplegada tiende a superar o apartar los obstáculos para la comisión delictiva."(2)
2. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 43/2020, en sesión de ocho de octubre de dos mil veinte.
2.1. Antecedentes.
• El veintinueve de noviembre de dos mil trece, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, emitió sentencia condenatoria contra ********** y otro, en la causa de juicio oral **********, al considerar demostrada su responsabilidad penal en la comisión del delito secuestro agravado (por haberse cometido en camino público, por un grupo de dos o más personas, con violencia, respecto de una víctima mayor de sesenta años), previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 6, 7, fracción II, 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales **********; decisión a través de la cual, en lo que interesa, le impuso una pena de veintisiete años, seis meses de prisión y dos mil doscientos cincuenta días multa, equivalentes a ciento treinta y dos mil novecientos treinta pesos, condenándolo al pago de la reparación del daño moral, de forma individual, por quinientos días multa.
• Disconforme con ello, el encausado de referencia interpuso recurso de apelación, registrado con el toca **********, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en que el aludido órgano jurisdiccional, mediante resolución de diez de febrero de dos mil catorce, modificó la de primera instancia, únicamente por cuanto hace a la condena por el pago de la reparación del daño, estableciendo que era en forma solidaria y mancomunada con el diverso enjuiciado, por mil días multa.
• Determinación en que se tuvo por demostrado el siguiente hecho delictivo:
El veintitrés de mayo de dos mil doce, aproximadamente entre las diez y once horas con treinta minutos, en la calle ********** casi esquina **********, en Tenancingo, Estado de México, un grupo de tres personas, por medio de la violencia, privó de la libertad a la víctima de identidad reservada de iniciales **********, persona mayor de sesenta años, ya que cuando iba caminando la interceptaron, la sujetaron, la subieron a un vehículo de la marca Ford, tipo Escort, blanco, con placas de circulación **********; la llevaron a una casa ubicada en la carretera que conduce a Tepoxtepec, precisamente en el paraje denominado "**********", San José Tenería, en el mencionado Municipio; lugar en donde la introdujeron, le colocaron cinta gris en la cara, le ataron las manos y los pies; también, la amarraron de la cintura con una cadena que sujetaron con un candado, manteniéndola ahí por espacio de dos horas, pues tenían como propósito pedir dos millones de pesos por su liberación, pero fueron detenidos por la policía en ese sitio.
• En desacuerdo con la última de las sentencias mencionadas, **********, promovió demanda de amparo, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el que por auto de presidencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en lo que interesa, la admitió a trámite bajo el consecutivo **********.
• Desahogada la sustanciación del sumario indicado, en sesión ordinaria virtual de ocho de octubre siguiente, el mencionado órgano de control constitucional, por una parte, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al impetrante sólo por cuanto hace a la condena al pago de la reparación del daño y, por otra, avaló la juridicidad de la resolución reclamada en torno al acreditamiento del delito y la responsabilidad penal del impetrante en su comisión.
2.2. Consideraciones relevantes de la resolución.
"En ese contexto, los referidos medios de prueba los valoró la autoridad responsable de acuerdo con la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, los que consideró racionalmente aptos y suficientes para demostrar:
"a). La existencia de una acción típica, consistente en que la víctima de identidad reservada de iniciales **********, fue privada de la libertad con el fin de obtener un rescate.
"b). Que el delito se llevó a cabo en un camino público, ya que se le privó de la libertad en la calle **********, casi esquina con **********, Tenancingo, Estado de México.
"c). Que se realizó por dos o más personas, toda vez que intervinieron tres sujetos, dos que la subieron al vehículo y uno más que iba conduciendo.
"d). Que la privación de la libertad se cometió con violencia, en virtud de que la víctima declaró que alguien la sorprendió por atrás, le tapó la boca, trató de jalarla hacia un coche blanco que tenía la portezuela abierta, pero se resistió a meterse, como no podía con ella, le dijo a otro sujeto que le ayudara, la subieron a la parte trasera la cubrieron con una sudadera, les decía ‘por qué yo, qué les pasa, por favor, les pedía piedad’, y en forma majadera le respondieron ‘que se callara’, después le taparon la boca y la nariz, les dijo que la estaban asfixiando, le colocaron un cosa puntiaguda entre el cuello y el hombro del lado derecho, le dijeron ‘cállese o aquí la matamos’; actos que denotan el uso de la fuerza física para lograr la detención ilegal de la pasivo, sumado a que las expresiones como ‘cállese o aquí la matamos’, son propias de la violencia moral, ya que tienen por objeto anular la resistencia psicológica que pudiera oponer la víctima.
"e). Y que la pasivo era una persona mayor de sesenta años, habida cuenta que como se pronunció el tribunal emisor del acto reclamado, las partes en la audiencia de juicio oral, realizada el diecisiete de septiembre de dos mil trece, llegaron al acuerdo probatorio de que la víctima de identidad reservada con iniciales **********, al veintitrés de mayo de dos mil doce, tenía sesenta y nueve años de edad.
"En ese sentido, la conclusión a la que arribó la alzada, consistente en que el veintitrés de mayo de dos mil doce, aproximadamente entre las diez y once horas con treinta minutos de ese día, en la calle ********** casi esquina con **********, Tenancingo, Estado de México, un grupo de tres personas, por medio de la violencia, privó de la libertad a la víctima de identidad reservada con iniciales **********, quien esa fecha tenía sesenta y nueve años de edad, se considera apegada a derecho, ya que las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, acreditan el delito de secuestro agravado (al cometerse en camino público, por un grupo de dos o más personas, con violencia y que la víctima sea mayor de sesenta años), previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"f). La plena responsabilidad penal del demandante de amparo **********, en la comisión de dicho ilícito, a título de coautor material con dominio del hecho en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, pues como lo explicó, los medios de prueba permiten afirmar que fue una de las tres personas que intervino en el secuestro de la víctima de identidad reservada de iniciales **********.
"...
"Por otra parte, es menester mencionar, que este órgano jurisdiccional no soslaya que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, con base en la descripción contenida en el artículo 165 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de ataques a las vías de comunicación, sustenta el criterio consistente, en que los lugares ubicados en las zonas pobladas no pueden considerarse como ‘camino público’ o ‘lugar desprotegido o solitario’ para la actualización de la agravante del delito de secuestro prevista en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; pues considera que por ‘camino público’ debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el concepto previsto en el artículo 165 del citado código punitivo que dispone que: ‘es la vía de tránsito habitualmente destinada al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones’; y, en segundo término, que los lugares desprotegidos o solitarios son sitios distintos a aquellos en los que existen asentamientos humanos a los que se denomina ‘poblaciones’.
"Lo que le llevó a concluir que los lugares ubicados en las zonas pobladas no pueden considerarse como tales, porque para ello, el hecho ilícito debió cometerse fuera de los límites de una demarcación geográfica, justo porque las zonas despobladas generan un mayor grado de vulnerabilidad para la víctima y un ambiente propicio para facilitar la ejecución del propio evento delictivo, pues la conducta así desplegada tiende a superar o apartar los obstáculos para la comisión delictiva.
"Argumentos que se contienen en la tesis aislada II.4o.P.8 P (10a.), de la Décima Época, con registro: 2018210, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, página 2491, del rubro y texto siguientes:
"‘SECUESTRO. LOS LUGARES UBICADOS EN LAS ZONAS POBLADAS NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO «CAMINO PÚBLICO» O «LUGAR DESPROTEGIDO O SOLITARIO» PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGRAVANTE DE ESTE DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. El artículo, fracción, e inciso mencionados establecen que las penas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agravarán, entre otros casos, cuando la privación de la libertad se realice en camino público, o en lugar desprotegido o solitario. Luego, para dar contenido a la locución «camino púb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30302-d017d39b/secuestro-para-que-se-actualice-la-agravante-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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