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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2020. · Registro digital (IUS): 30318
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-01-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Pág. 2102.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO. AUSENTE: MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. DISIDENTE: ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ. PONENTE: SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos de este Décimo Quinto Circuito.

Así como con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 21/2020, 1/2021 y 9/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales mediante un nuevo esquema de trabajo ante la contingencia por el virus COVID-19, mientras que los otros dos modificaron al primero, en cuanto a su vigencia, entre uno y otro.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se formuló por el Magistrado Adán Gilberto Villarreal Castro, presidente en ese entonces del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali.

TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger a uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión sea tomada por la mayoría de sus integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(2) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."

Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente y en lo conducente, las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la inconformidad 5/2020, determinó declararla fundada, con base en que los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes:

"... I) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Directiva; Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, deberán dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la quejosa el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la cual, desde luego, puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa; empero, en su caso deberán señalarle la papelería o requerimientos necesarios para el otorgamiento de la pensión que les solicitó el impetrante, pero sobre todo debe resaltarse que las autoridades responsables no deberán de condicionar el trámite u otorgamiento de lo peticionado a la carga excesiva de trabajo ni a lista de prelación alguna; y,

"II). Notifiquen la contestación en el domicilio que se les proporcionó en el escrito de petición, personalmente al quejoso, porque únicamente así se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa.

"Sobre el particular, cabe citar las tesis sustentadas por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son las siguientes:

"‘PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO.’ (Se transcribe).

"‘PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.’ (Se transcribe).

"En la inteligencia de que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector pueda vincularse eventualmente, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

"...

"Ahora bien, el oficio que la delegada de las autoridades responsables emitió para dar respuesta a la petición que formuló a esa institución la aquí inconforme, no entraña una respuesta congruente a su petición, pues la contestación no contiene la información adecuada para que la quejosa se entere de las razones por las cuales no es posible continuar con el trámite de su solicitud de jubilación.

"A fin de justificar lo anterior, se puntualiza que la respuesta dada por la responsable –transcrita en el romano IV de este considerando-, medularmente consideró que resultaba jurídicamente o imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ya que el expediente de la quejosa ‘... no cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajadora activa, es decir, no se encontraron trámites de pensión por jubilación promovidos por su patrón en coordinación con la organización sindical ...’; es decir, se niega el dar trámite a lo solicitado, por cuestiones que no son exigibles o propias de la operaria solicitante de la tutela constitucional y que, incluso, no encuentran apoyo en los artículos que fueron citados en el oficio de respuesta de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. ..."

· Conforme a la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), con registro digital 2015181, que compartió los efectos de una concesión de amparo en un juicio en el que se concluyó transgresión al artículo 8o. constitucional, como lo es aquel del que deriva el recurso, no pueden quedarse en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que sea congruente, completa, rápida y sobre todo fundada y motivada.

· Analizó el oficio enviado por las autoridades responsables, en cumplimiento del fallo protector del siguiente texto:

"... Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, en los registros existentes se encontró solicitud de pensión por jubilación presentada por ********** en fecha 18 de febrero del 2018; con motivo de la misma se inició el trámite correspondiente a la pensión de jubilación solicitada por Usted, se formó el respectivo expediente, el cual se conformó con la documentación que anexó a la solicitud antes señalada, del mismo se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajadora activa, es decir, no se encontraron trámites de pensión por jubilación promovidos por su patrón en coordinación con la organización sindical, tal y como se establece en el apartado "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lineamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de agosto de 2017; como parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, señalado dentro del listado de procedimientos del ISSSTECALI, en el apartado correspondiente a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, fracción II, sito en la página 43, consultable en el Portal de Internet del ISSSTECALI, www.issstecali.gob.mx, por lo que se hace de su conocimiento que dicho documento es indispensable para dar entrada a su trámite en términos del marco jurídico institucional, por lo que existe una imposibilidad jurídica y material para la verificación e integración estatuida en el artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California; esto es, no cumple con los requisitos formales de la tramitología respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relatados, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 67 de la Ley del ISSSTECALI y artículo 22 del reglamento antes citado, así como la parte respectiva del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lo anterior debido a que el instituto requiere del comunicado por parte de la patronal en coordinación con la organización sindical, del cual se desprenda la propuesta para que se le otorgue la pensión solicitada, por consiguiente la solicitud de otorgamiento de Pensión presentada por usted no puede ser debidamente integrada, puesto que NO CUMPLE con los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 22 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, y consecuentemente, no procede continuar con el trámite de su solicitud hasta en tanto se satisfaga dicho requisito.

"Sirve de sustento legal el texto de los artículos señalados:

LEY DEL ISSSTECALI

"‘ARTÍCULO 67.

"‘...

"REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A LOS ASEGURADOS DE ISSSTECALI

"‘Artículo 3.

"‘...

"‘Artículo 22.

"‘...

"‘PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES ... POLÍTICAS DE OPERACIÓN: ... (Visible en la página 3/8 del mismo). ...’

"Por lo tanto resulta jurídicamente o imposible remitir el expediente en comento al resto de las áreas involucradas en el trámite de su solicitud correspondiente, lo cual le informo para los efectos legales correspondientes, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Local.

"Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción IX, de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, le informo que, para el caso específico de esta respuesta, emitida en respeto al derecho consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California establece en su artículo 45, que el solicitante podrá promover dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, juicio contencioso administrativo en caso de optar por impugnar la respuesta recaída a su solicitud, atento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley del ISSSTECALI.

"Sin otro particular me es grato quedar a sus apreciables órdenes. ..."

· Concluyó que no entrañaba una respuesta congruente a su petición, al no contener la información adecuada para que la quejosa se enterara de las razones por las cuales no es posible continuar con el trámite de su solicitud de jubilación.

· Indicó que la respuesta dada por la autoridad responsable, en el (sic) que, medularmente consideró que resultaba jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ya que: "... no cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajadora activa, es decir, no se encontraron trámites de pensión por jubilación promovidos por su patrón en coordinación, con la organización sindical ...", constituye una negativa a dar trámite a lo solicitado, por cuestiones no exigibles o propias de la operaria solicitante de la tutela constitucional, sin que encontraran apoyo en los artículos citados en el oficio de respuesta, los que analizó para reiterar su conclusión.

· Enfatizó que el Manual General de Procedimientos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que también se citó como fundamento de la respuesta, constituye un documento informativo aplicable y dirigido al personal que labora en el citado instituto, del que no advirtió alguna obligación a cargo del asegurado (quejoso).

· Agregó que la respuesta no fue congruente, porque no explicó ni dio los elementos de juicio necesarios a la quejosa para justificar la aplicación de su manual de procedimientos que es un documento informativo que únicamente vincula a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, lo que, insistió, llevaba a concluir que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida.

· Acotó que era así, porque el comunicado tenía su origen en una solicitud elevada por el quejoso a la autoridad responsable, y tratándose del derecho de petición, la autoridad está obligada a emitir una respuesta congruente y completa en relación con lo solicitado por el gobernado y a notificar el contenido de la misma y, si bien es cierto que ello no implica que las autoridades se encuentren constreñidas a pronunciarse en sentido favorable a sus intereses, también lo es que la respuesta que se expida debe resolver sobre la procedencia o improcedencia de lo pedido, en el caso, la procedencia de la jubilación.

· Explicó que lo anterior no implicaba que las autoridades responsables debían responder en sentido favorable a la solicitud del impetrante, sino que la respuesta debía ser acorde con los preceptos que rigen la solicitud de la quejosa y si en el caso se consideraban aplicables las disposiciones del Manual General de Procedimientos del Instituto, debía razonarse su aplicación, con la finalidad de que la solicitante de la tutela constitucional conozca las razones que llevan a esa decisión.

· Finalmente, declaró fundado el recurso de inconformidad, así como que debía quedar insubsistente la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y devolver los autos al juzgado a efecto de que el Juez de Distrito requiriera a las autoridades responsables para que remitieran las constancias que acreditaran haber dado cumplimiento cabal a la ejecutoria.

En similares términos se pronunció el propio Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver las inconformidades 35/2019 y 2/2020, con la salvedad de que en los juicios de amparo origen de aquéllas, los efectos de la protección constitucional otorgada fueron:

Ver protección constitucional

En la inteligencia de que los oficios remitidos por la responsable en cumplimiento al fallo protector respectivo son similares al analizado en la inconformidad 5/2020.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver la inconformidad 2/2020, en aparente contraposición al criterio anterior, lo declaró infundado con base en que:

· Los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes:

Ver efectos

· Precisó que no se podía abordar la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos, no analizados por el juzgador de amparo.

· Indicó que el oficio mediante el que se dio cumplimiento, la autoridad responsable dice:

Ver contenido

· Agregó que, contrario a lo expresado por la inconforme, las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, en atención a las consideraciones que sustenta dicha ejecutoria, debido a que respondieron de manera coherente y completa, y de forma fundamentada y motivada respecto a lo peticionado por la quejosa el uno de septiembre de dos mil dieciséis.

· Dijo que con independencia del sentido en que las autoridades responsables emitieron su respuesta, atendieron de manera coherente lo pedido por la promovente en cuanto a que se pronunciaran sobre el trámite de solicitud de pensión por jubilación, puesto que en la parte considerativa del fallo protector no se vinculó a las autoridades responsables a dictar un acuerdo en el cual se pronunciaran sobre la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación en los términos señalados por la quejosa, sino sólo a responder de manera fundada y motivada la petición formulada, (lo que no implicaba necesariamente resolver de conformidad con los intereses del promovente).

· Arguyó que no pueden ser materia de estudio en la calificación del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los motivos o fundamentos que sustentan la respuesta de las autoridades responsables, ya que corresponde a otro medio de defensa que proceda en su contra, lo que apoyó, por las razones que expresa, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190356, de título y subtítulo siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."

· Declaró infundado el agravio sobre que el Juez de Distrito pasó por alto que la autoridad responsable no resolvió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, relativo a las atribuciones del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones; del cual se advierte que dicho Departamento no cuenta con las facultades que le fija el punto 9 de las Políticas de Operación del procedimiento específico para la gestión de pensiones y jubilaciones; y que, por ello, al no encontrarse en la norma superior que define funciones o facultades del Departamento citado para asegurarse que la trabajadora haya sido promovida por el patrón en coordinación con el sindicato, dicho requisito resulta inválido y no puede ser requerido a la quejosa como una etapa del trámite para la obtención del beneficio de pensión; aunado a que no existe precepto alguno que imponga la obligación a la promovente de darse de baja como trabajadora en activo para que pueda iniciarse con el trámite de pensión y menos aún que sea el trabajador quien deba cumplir con la obtención del comunicado por parte del organismo patronal.

· La declaración de infundado de ese argumento lo sustenta en que el resolutor de amparo únicamente tenía la obligación de verificar los deberes impuestos en la sentencia que otorgó la protección constitucional a la quejosa, consistentes en que las autoridades responsables dieran respuesta de manera fundada y motivada a la solicitud de pensión por jubilación formulada, así como la notificación de la actuación que emitieran; sin que esa concesión implicara verificar si las responsables, previo a la emisión de su resolución, observaron lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, puesto que ello implicaría el estudio de la legalidad del contenido del oficio emitido por la autoridad responsable en respuesta sobre aspectos novedosos que no se pronunciaron en el fallo protector.

(HASTA AQUÍ LAS CONSIDERACIONES QUE SE DENUNCIARON COMO DISCREPANTES).

CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que para determinar si existe una contradicción de tesis, deben advertirse los elementos siguientes:

a) Dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,

b) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

Así como de la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(4)

Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver las inconformidades 5/2020, 35/2019 y 2/2020 de su índice administrativo y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado del propio circuito al resolver la inconformidad 2/2020.

Lo anterior es así porque llegaron a conclusiones diversas respecto de un mismo tópico jurídico, a saber, el cumplimiento de la sentencia de amparo que otorga la protección constitucional por considerar violado el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, a la luz de ejecutorias de amparo que obligan a la responsable a dar respuesta congruente a lo peticionado y con base en actuaciones o respuestas de la autoridad responsable de contenido similar ‹la enviada por las autoridades responsables para demostrar el cumplimiento al fallo protector›.

Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, como se evidencia del recuadro que sigue, que en el juicio de amparo del cual deriva la inconformidad 5/2020 del Tercer Tribunal Colegiado, la sentencia concesora de la protección Federal vincule a la autoridad responsable al cumplimiento de otras obligaciones que no se contienen en las ejecutorias dictadas en los diversos juicios de amparo que originaron las inconformidades 35/2019 y 2/2020 del propio Tercer Tribunal Colegiado y la inconformidad 2/2020 del Quinto Tribunal Colegiado, los dos de este circuito:

Ver recuadro

Lo anterior, porque en los cuatro casos se vinculó a las responsables a respetar el derecho de petición vulnerado, por lo que quedaron obligadas a emitir respuesta, entre otras características congruentes con lo peticionado; y el análisis efectuado en la inconformidad 5/2020, versó sobre si la respuesta emitida por la responsable cumplía dicha exigencia que, se repite, es común en las ejecutorias que originaron tanto las inconformidades 35/2019 y 2/2020 resueltas por el propio Tercer Tribunal Colegiado como la 2/2020 resuelta por el Quinto Tribunal Colegiado.

Es así que a partir de si la respuesta que, entre otras características, se les vinculó a emitir para respetar el derecho de petición vulnerado, es congruente o no, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre sendos oficios emitidos por las autoridades responsables, cuyos contenidos son similares, como se aprecia a continuación:

Ver contenidos

Y sobre ese análisis, los tribunales contendientes arribaron a posturas diferentes, lo que presupone la existencia de contradicción de criterios.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado determinó que la respuesta dada no era congruente, porque los requisitos que en el oficio respuesta se dijeron incumplidos no son exigibles o propios de la operaria solicitante, los que además, dijo, no encuentran apoyo en los artículos invocados, para lo cual efectuó la contrastación entre lo establecido por esos preceptos y la motivación de la responsable.

Abundó en lo incongruente de la respuesta sobre la base de que no explica ni da los elementos de juicio necesarios a la quejosa para justificar la aplicación de su manual de procedimientos del que, afirma, es un documento vinculante sólo a los trabajadores del ISSSTE, por lo que determinó el incumplimiento del fallo protector.

En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado adoptó una decisión contraria, al considerar que con el contenido del oficio se da respuesta congruente, porque, dijo, se atendió de manera coherente a lo pedido en cuanto a que se pronunciaran sobre el trámite de solicitud de pensión por jubilación y, agregó, que los motivos o fundamentos que sustentan la respuesta de las autoridades responsables, no podían ser materia de estudio en la calificación del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por corresponder a un diverso medio de defensa, al ser ajeno al cumplimiento del fallo.

Decisión que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 (registro digital 190356), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entonces, con base en parámetros jurídicos similares, a saber, exigencia de emitir una respuesta congruente; y contenidos fácticos similares (oficios emitidos por las responsables en cumplimiento al fallo protector) los tribunales contendientes llegaron a conclusiones diversas, lo cual da materia para emitir una decisión en torno a lo siguiente:

¿Cuando se vincule a la responsable a emitir una respuesta congruente con lo solicitado con motivo de una sentencia que concede la protección constitucional por violación al derecho de petición, la declaración de improcedencia de aquélla ante la falta de un requisito sostenido en preceptos legales cumple con dicha exigencia?

SÉPTIMO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación.

El artículo 8o. de la Constitución Federal establece lo siguiente:

"Articulo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Para respetar el derecho tutelado por dicho precepto constitucional, la autoridad responsable está constreñida a:

1.Dar respuesta por escrito a la petición formulada.

2. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado.

3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término.

Así se desprende de la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito identificada con la clave VI. 1o.A. J/54 (9a.), de registro digital: 160206, visible en la página 931, del Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Novena Época (sic) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguientes:

"PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERARSE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30318-d9bcb532/derecho-de-peticion-forma-en-que-se-cumple · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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