Corpus
Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA SU ADMISIÓN ES APLICABLE EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE LA MATERIA, PREVIA PONDERACIÓN QUE HAGA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESPECTO DE SU IDONEIDAD Y PERTINENCIA.

Tipo de asunto: QUEJA 47/2020. · Registro digital (IUS): 30366
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-02-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, Pág. 2613.

QUEJA 47/2020. 21 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: LEONARDO HUMBERTO CHÁVEZ ALATORRE.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. Previo al examen de los agravios vertidos por la parte recurrente es importante destacar que, en el presente asunto, procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, en atención a que el acto reclamado afecta la esfera jurídica de menores de edad y, en ese sentido, cualquier autoridad jurisdiccional está facultada y, al tiempo, vinculada para evaluar las circunstancias de cada caso sometido a su consideración, a fin de que, con el debido análisis de las constancias, adviertan cualquier situación que implique la afectación a los derechos de la infancia.

Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes:

Registro digital: 175053

Instancia: Primera Sala

Novena Época

Materia: Civil

Tesis: 1a./J. 191/2005

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167

Tipo: Jurisprudencia

"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."

Son fundados los agravios en los que el recurrente aduce que es ilegal la determinación del Juez de Distrito que desechara la prueba testimonial ofertada de su parte, fundándose en lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, cuando dicho precepto legal se constriñe única y exclusivamente al incidente de suspensión y, en el caso, la acción propuesta es diferente, pues se trata de un incidente de violación a la suspensión definitiva que regulan los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, los cuales no restringen el espectro de pruebas, de donde sostiene aquella ilegalidad ante la inadmisión de la prueba de la escucha.

Así lo es por tres razones esenciales:

i) La Ley de Amparo no proscribe la prueba de escucha del menor.

ii) El acto reclamado deriva de un procedimiento cautelar.

iii) El derecho del menor a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta.

El Juez Federal estimó que la prueba pericial en psicología y en trabajo social, así como la escucha de opinión de los menores no se encuentran previstas en el artículo 143 de la Ley de Amparo y, por ello, decidió únicamente admitir la prueba documental y la prueba de inspección judicial; empero, lo anterior no es consonante con una interpretación conforme al derecho a probar, pues como lo afirma el recurrente, el ofrecimiento de tales pruebas acontece durante la sustanciación del incidente de violación a la suspensión que se encuentra regulado por los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, pero no por el artículo 143 en cita.

Además, lo precedente se justifica porque en los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo se prevén las reglas generales para la tramitación, resolución y cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, entre ellas, el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; disposiciones legales que no son aplicables para el trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva y menos a su etapa probatoria, en virtud de que dicho incidente se encuentra regulado en el capítulo V del título tercero de la ley de la materia.

Así como que es distinta la finalidad que persiguen, pues mientras el procedimiento del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto se encuentra sujeto al principio de celeridad, por lo que debe resolverse por el órgano jurisdiccional con un trámite sencillo, sujeto a un plazo mínimo, al establecerse que una vez promovida la medida debe celebrarse la audiencia incidental dentro de los cinco días siguientes; de ahí la naturaleza sumaria de dicha vía, la cual no permite el desahogo de pruebas que puedan entorpecer u obstaculizar la resolución correspondiente, porque requiere un trámite especial para ello, lo cual implica que, por regla general, para satisfacer los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, las pruebas que pueden admitirse son las documentales y de inspección judicial.

Es por esto que, en esa vía, las partes se enfrentan a una limitación al derecho a probar, pues sólo son admitidas las pruebas que pueden, por su naturaleza real, desahogarse en el momento en que se presentan al órgano jurisdiccional, admitiéndose de manera excepcional la prueba testimonial cuando se trate de actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, puesto que lo que se persigue con la medida suspensional es que queden paralizados los actos reclamados, evitando así la consumación o persistencia de una determinada situación, con el fin de preservar la materia del amparo, mientras se resuelve el juicio de amparo.

Mientras que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión tiene por objeto demostrar que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente y, en consecuencia, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias relativas a las garantías.

De ahí que resulta indispensable que las partes cuenten con la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas, a fin de acreditar sus afirmaciones o desvirtuar la acusación, sin que sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 143 de la Ley de Amparo,(6) pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto, pero no el de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión.

Esa oportunidad probatoria con la amplitud necesaria se encuentra en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que para el caso concreto resulta aplicable por lo siguiente.

En principio, es de precisarse que si bien ambas incidencias, necesariamente derivan del mismo juicio de amparo indirecto, debe distinguirse que la existencia del incidente de suspensión y el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en manera alguna son coetáneas; el momento procesal en que surgen y concluyen es diverso, esto es, el incidente de suspensión inicia con su solicitud, en su caso, y culmina con el dictado de la interlocutoria que conceda o no la suspensión definitiva; en tanto que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión inicia a la vida jurídica cuando se incumple, precisamente, con la medida cautelar en la forma en que fue concedida, de esa manera es que por dicha razón se encuentran regulados –dichos incidentes– en capítulos distintos con normas diferentes dentro de la Ley de Amparo.

Así, es posible afirmar que el incidente por exceso o defecto en la suspensión no es accesorio del incidente de suspensión porque:

i) El incidente de suspensión se agota con la interlocutoria que lo decide y luego sobreviene su ejecución; empero, el exceso o defecto de la suspensión ya no se sigue dentro del incidente de suspensión, sino por cuerda separada y como accesorio del juicio principal y no de la suspensión.

ii) El incidente por exceso o defecto de la suspensión no se tramita en el procedimiento de ejecución de la suspensión.

iii) Se promueve el incidente de exceso o defecto con el objeto de demostrar que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión y, por ello, la parte quejosa goza del derecho a probar conforme al derecho humano al proceso debido previsto en el artículo 14 constitucional.

De donde se sigue que si el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la medida cautelar no es contemporáneo al incidente de suspensión, sino posterior al mismo, una y, otra, sus objetivos son distintos; y si a ello se agrega que en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la medida precautoria consta de tres periodos su audiencia incidental, a saber: (i) el de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; (ii) alegatos; y, (iii) resolución incidental, entonces ha de considerarse, necesariamente, que su trámite está previsto en una normativa jurídica distinta del incidente de suspensión, por lo que no rige en aquél la limitante probatoria de éste y, por tanto, el incidentista goza de la oportunidad probatoria que autoriza el derecho legislado al juicio principal, precisamente en una interpretación conforme al derecho a probar y al principio general de derecho que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, teniendo en cuenta que tanto el incidente de suspensión como el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la medida cautelar son accesorios del juicio de amparo y que su tramitación y regulación son diferentes.

Es aplicable –en lo concerniente al derecho a probar– a lo anterior el criterio –que se comparte– del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyo registro digital es:

Registro digital: 2014020

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias: Constitucional, Común

Tesis: XI.1o.A.T. J/12 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2368

Tipo: Jurisprudencia

"CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS. No debe confundirse la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera constituye un derecho –a probar– y la segunda es un deber procesal; asimismo, el derecho a probar es de naturaleza constitucional, en tanto el débito procesal es de naturaleza procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de mérito, o sea, el derecho a probar es anterior y de entidad superior a la obligación procesal, siendo que derecho y obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el procedimiento, tanto postulatorio como probatorio, mientras que la otra es objeto de examen por el juzgador hasta la sentencia o laudo; sin que deba validarse una decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando suponga la imposición de un formulismo obstaculizador, o contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otro tipo de intereses, como los de economía procesal, expeditez de los juicios, o el prejuzgamiento de la carga probatoria, cuando su decisión no es propia de la resolución que acepta pruebas sino de la sentencia o laudo, lo que significa que es ilegal anticipar la carga de la prueba a una de las partes al momento de decidir sobre su admisión o no, ni invocar algún otro formalismo que impida conocer el resultado de una prueba en detrimento del derecho a probar, que es uno de los que conforman el derecho humano al debido proceso; luego, si el derecho a probar es un derecho constitucional que atribuye a la persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su debida protección, entonces su constitucionalización obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad probatoria, en la medida en que determina a las partes cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su observancia. Lo anterior, porque en la interpretación de las normas probatorias también es procedente la que permita la máxima actividad probatoria de las partes, prefiriendo, inclusive, el exceso en la admisión de pruebas, a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en aquélla subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de declararse en la sentencia, partiendo de la base de que la verdad es un derecho humano cuya restricción necesariamente debe justificarse y, por ende, la norma probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al derecho humano al debido proceso."

En ese orden de ideas, si los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:

"Artículo 206. El incidente a que se refiere este capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo."

"Artículo 207. El incidente se promoverá ante el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del Tribunal Colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo."

"Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;

"II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

"III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución."

"Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta ley."

Entonces, por sentido común, debe considerarse que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión:

a) Procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

b) Podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo en lo principal.

c) Finalmente se prevé, en cuanto al trámite del incidente en comento, que se presentará por escrito, con copias para las partes ante el órgano judicial y en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas.

Además de que en dicho procedimiento el legislador no previó expresamente qué pruebas son las admisibles, a efecto de que la incidentista o cualquier persona que resulte agraviada, pueda acreditar la responsabilidad de la autoridad por el incumplimiento de la suspensión, ya sea por exceso o defecto en su ejecución, ya sea para desvirtuarla, pues el artículo 208 de la Ley de Amparo sólo regula que en el mismo escrito del incidente se ofrecerán las pruebas relativas.

De modo que la circunstancia de que en la Ley de Amparo no estén previstos los medios de prueba que pueden ofrecerse dentro del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no exime al juzgador de respetar las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 constitucional, por lo que debe otorgarse a las partes la oportunidad de defensa previo al acto que puede dar lugar a demostrar el incumplimiento, exceso o defecto en la suspensión o en el caso de la autoridad responsable, a desvirtuar la aludida denuncia, pues no debe soslayarse que una consecuencia del incumplimiento de la suspensión por parte de la autoridad responsable, será dar vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo.

Máxime que, al tratarse de cuestiones que tienen relación con el interés superior de menores de edad, el Juez de Distrito debió ponderar la facultad que tiene para decidir, incluso de manera oficiosa, sobre la idoneidad de la escucha propuesta, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.

Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo registro digital es:

Registro digital: 2003069

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materia: Constitucional

Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 401

Tipo: Jurisprudencia

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos."

En ese orden de ideas, el interés superior del menor previsto por el artículo 4o. constitucional ha sido desarrollado ampliamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiéndolo como un principio de rango constitucional que demanda que, en toda situación donde se vean involucrados los menores, se protejan y privilegien sus derechos, se trata de un punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos sus derechos, cuya observancia permitirá a la niñez el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades, y al que han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a su protección y a la promoción y preservación de sus derechos, pues tal principio exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño(7) establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afecten y a dar su opinión de modo tal que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos.

La Primera Sala ha reconocido que las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, fenómeno al que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños" y que conlleva que, durante su primera infancia, actúen por conducto de otras personas –idealmente, de sus familiares– y, sobre esa base, ha resuelto que su participación en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica puede aumentar de manera gradual, con la aclaración de que tal ejercicio no depende de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, ni aplicarse de manera generalizada a todos los menores de edad, pues el grado de autonomía debe evaluarse en cada caso.

Por tanto, el Máximo Tribunal del País estableció que constituye una formalidad esencial del procedimiento la entrevista de los menores, en los asuntos en los que se vea involucrada la discusión de sus derechos, si el caso así lo amerita, debiendo seguir ciertos lineamientos.

Tales directrices derivan de las jurisprudencias de los registros siguientes:

Registro digital: 2013781

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materia: Constitucional

Tesis: 1a./J. 11/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, página 345

Tipo: Jurisprudencia

"DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados ‘derechos instrumentales’ o ‘procedimentales’, especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este Alto Tribunal."; y,

Registro digital: 2013952

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materia: Constitucional

Tesis: 1a./J. 12/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, página 288

Tipo: Jurisprudencia

"DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina ‘adquisición progresiva de la autonomía de los niños’, lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas –idealmente, de sus familiares–. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional."

Consecuentemente, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son:

1. Analizar sobre la pertinencia de la prueba de escucha de menores y como consecuencia su posible admisión, en donde se pondere:

1.1. Que la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez;

1.2. Debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y,

1.3. Debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias;

2. Para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria.

3. Para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30366-b0d8c3ef/pruebas-en-el-incidente-por-exceso-o-defecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.