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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INDUDABLE Y MANIFIESTA CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA NEGATIVA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD EN LA QUE EL QUEJOSO PRESTA SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR, A OTORGARLE UNA LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, AL NO TENER AQUÉLLA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: QUEJA 108/2020. · Registro digital (IUS): 30412
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-03-04
Promovente: DELEGADO ESTATAL Y DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO 46 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, Pág. 2801.

QUEJA 108/2020. DELEGADO ESTATAL Y DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO 46 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 7 DE AGOSTO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIA: ERIKA IVONNE ORTIZ BECERRIL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Antecedentes del juicio de amparo. Previo al análisis de los agravios, resulta pertinente señalar los antecedentes inmediatos que dieron origen al auto impugnado:

1. La quejosa afirmó ser médico, con especialidad en **********, adscrita al Hospital General Regional ********** del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); tener antecedentes de carga genética de diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa como es la hipertensión arterial y sobrepeso (obesidad), siendo esto causa de aumento de morbilidad-mortalidad.(5)

2. Que ante el riesgo de pérdida de la vida a que se expone, solicitó licencia y/o permiso de labores con goce de sueldo, pero los encargados de otorgar dichas licencias y/o permisos, le manifestaron de manera verbal que no era posible.(6)

3. Que ante tal situación presentó demanda de amparo indirecto, señalando como acto reclamado la negativa a otorgarle la licencia aludida.(7)

A su demanda acompañó su acta de nacimiento.

4. La Juez de Distrito a quien correspondió conocer de la demanda, la admitió a trámite.

5. Inconforme con esa decisión, el delegado estatal y el director del Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social presentaron recurso de queja y expresaron agravios, en los que esencialmente alegan:

• Que el (sic) Juez de Distrito, indebidamente, admitió la demanda de amparo, dado que de los hechos narrados se desprende que no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, puesto que guarda una relación de coordinación con la parte quejosa, al ser su patrón.

Lo argüido resulta fundado.

Para explicar esa calificativa, es necesario tener en cuenta la parte conducente de los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, de contenido siguiente:

"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;"

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

De la interpretación de los numerales transcritos se colige que para efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

También se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.

De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.

La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, previstas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en un mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo.

Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales, como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Es decir, se distinguen por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.

Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional; en este rubro, en el derecho mexicano tenemos las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto indispensable, que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular.

Lo antes contextualizado se expone en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con número de registro digital: 161133, de rubro y texto siguientes:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en su carácter de trabajadora, solicitó a su patrón, Instituto Mexicano del Seguro Social, licencia con goce de sueldo pero, al habérsela negado, acudió a la vía constitucional de manera directa señalando como acto reclamado esa contestación que, además se le dio, según narra, de manera verbal.

De esa manera, a la luz de las características que debe revestir el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se concluye que el señalado por la promovente no tiene esa calidad, porque la negativa de otorgarle la referida licencia, no es un acto de autoridad, sino que es un acto entre particulares, derivado de una relación obrero-patronal.

En ese tenor, se justifica plenamente que la demanda de amparo, como sostiene la parte recurrente es improcedente y, por tanto, no debió admitirse, pues no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, dado que no se cumplen los requisitos que establece la propia Ley de Amparo.

En ese aspecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los siguientes términos:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales;

"II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

"III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

Del trasunto precepto, así como de los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo citados, se colige que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Además, así han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en ese contexto, la negativa atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dicho órgano se erige como patrón frente a su empleada, aquí quejosa, conforme al vínculo laboral que ésta, bajo protesta de decir verdad, manifestó.

Se cita, en apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, con número de registro digital: 2011343, que dice:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación."

De igual manera, se comparte la tesis de jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, con número de registro digital: 2011298, del contenido literal siguiente:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera ‘autoridad’ a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo."

En virtud de lo expuesto, fue incorrecta la determinación a la que arribó la Juez de Distrito al admitir la demanda de derechos fundamentales, ya que con base en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, procedía desecharla, al ser indudable y manifiesta su improcedencia.

Las anteriores consideraciones no implican denegación de justicia en perjuicio de la quejosa, ya que conforme al marco competencial de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el artículo 5 de su reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil catorce dispone:

"Artículo 5. La procuraduría tiene las atribuciones siguientes:

"I. Ejercer las funciones de su competencia, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las directrices, lineamientos e instrucciones que emita el secretario;

"II. Orientar y asesorar a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos, de forma personal y sin intervención de persona alguna, sobre los derechos y obligaciones derivados de las normas de trabajo, de previsión y seguridad social, así como de los procedimientos y órganos competentes para hacerlos valer;

"III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante los procedimientos de conciliación, haciéndolas constar en actas autorizadas;

"IV. Representar a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos, de forma personal y sin intervención de persona alguna, a efecto de ejercitar las acciones y recursos que correspondan en la vía ordinaria, especial e inclusive en el juicio de amparo, hasta su total terminación;

"V. Recibir de los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos, las quejas por el incumplimiento y violación a las normas de trabajo, de previsión y seguridad social y, en su caso, proporcionarles el servicio que proceda;

"VI. Formular las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por el incumplimiento y violación a las normas de trabajo, de previsión y seguridad social, y ante el Ministerio Público por los hechos que presuntamente constituyan ilícitos penales;

"VII. Realizar la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación de sus actividades conforme a las normas legales y programas aplicables, además de los lineamientos que emita el secretario;

"VIII. Llevar su propia contabilidad; elaborar y analizar sus estados financieros, así como proporcionar a la secretaría la información y documentación que se le requiera;

"IX. Aplicar la medida de apremio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 530 Bis de la ley, y

"X. Las demás que le confieren los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos aplicables."

En ese contexto, atendiendo a las indicaciones de las autoridades competentes en materia de salud, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estableció la herramienta denominada "Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19", dirigida a las y los trabajadores; sistema informático en el que se dice se dará seguimiento y acompañamiento a las y los trabajadores afectados, priorizando en todo momento la conciliación entre el empleado y su empleador. Portal habilitado desde el quince de abril del año en curso.

Sin que se reclame en el juicio de amparo alguna omisión o acción atribuible a la citada Procuraduría Digital ni a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, atinente a los medios efectivos de atención en materia de justicia ordinaria laboral, ni acerca de las guardias que están establecidas en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje que, además, prevén lo necesario para atender convenios fuera de juicio, según se obtiene, al menos y de manera ejemplificativa, en los links o ligas electrónicas que se citan enseguida.

https://procuraduriadigital.stps.gob.mx https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560657/jfca20200629.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545749/jfca20200407.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542728/jfca20200323.pdf

Tampoco se desatiende el contenido del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), atendible conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 8. Garantías judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

De su contenido se obtiene que uno de los derechos humanos es el de audiencia, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a comparecer ante un juzgador, a fin de que sea escuchado a través de un procedimiento que le garantice un debido proceso y se pueda realizar una determinación de sus derechos; asimismo, se desprende el derecho al acceso a una autoridad encargada de dirimir el conflicto de interés que se sujete a su potestad y, con ello, obtener el acceso a una impartición de justicia.

Derechos mismos que no resultan ajenos al marco jurídico fundamental de nuestro país, ya que se encuentran materializados en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, bajo el mismo parámetro de derechos humanos.

En el marco de la contingencia sanitaria que se vive, el Ejecutivo Federal instauró las acciones preventivas que estimó convenientes para permitir el acceso a la justicia ordinaria, que se comunican y/o materializan a través de los medios electrónicos ya indicados (el Poder Judicial de la Federación, en el marco de sus competencias, hizo lo propio); pues bien, la quejosa no reclama transgresión a esos derechos.

Por eso, ni aun ante esta situación de emergencia puede considerarse que la situación de la quejosa la ubica ante algún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo, pues equivaldría a que los tribunales de amparo se sustituyan por completo –a priori– al medio ordinario que el Ejecutivo Federal (a cargo de los entes que imparten justicia laboral ordinaria) determinó para la atención de asuntos urgentes –en esa materia– por la situación generada por la pandemia.

La existencia de esos medios electrónicos es un hecho notorio para este órgano colegiado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se advierte la habilitación de un servicio en línea a través del cual los trabajadores que consideren sufrir una afectación a sus derechos laborales inherentes al salario, despidos o descansos sin goce de sueldo, derivados de la emergencia sanitaria emanada del COVID-19, podrán hacerlo del conocimiento de la referida autoridad para ser asesorados e, incluso, resolver de forma pronta dicho conflicto.

Es decir, el sistema gubernamental del país, si bien con el fin de mitigar la propagación del virus antedicho, ha minimizado el desarrollo de diversas actividades, incluso las jurisdiccionales, lo cierto es que no puede considerarse que está suspendida totalmente la impartición de justicia ordinaria, ni el acceso a la misma en materia laboral, puesto que a través de ese sitio, la procuraduría en cita creó un portal electrónico de solución de conflictos laborales derivados de la pandemia, a través del cual se persigue brindar a la base trabajadora una instancia que colme los reclamos de justicia que se pudieren ver afectados en razón de la situación que atraviesa no sólo nuestro país, sino el mundo entero.

De ahí que, al contar con al menos un medio electrónico brindado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mediante el cual se ofrece solución a los conflictos labores que tienen relación con el tópico del cual la quejosa se duele en su demanda de amparo, se considera que el juicio de amparo no es el medio idóneo para ventilar de primera mano conflictos de esa naturaleza, a pesar de la situación de emergencia, pues sí se cuenta con procedimientos alternos, cuya finalidad es que garanticen el acceso a la justicia ordinaria, como pretende la quejosa.

Se cita en apoyo a las conclusiones alcanzadas la tesis aislada 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 525, con número de registro digital: 2002286, la cual establece:

"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."

Resta indicar que este órgano jurisdiccional no desconoce el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, con número de registro digital: 2001071, intitulada: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."

Empero, en el caso, sin duda alguna el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral y no fue emitido por una autoridad, en términos de la Ley de Amparo, ni por un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general, por lo que, en este caso, sin duda para quienes resolvemos, es una excepción a dicha regla general, por las razones ampliamente expuestas a lo largo de esta ejecutoria.

Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en las consideraciones que rigen la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2013538, que resuelve:

"MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado ‘Trabajos especiales’, Capítulo XVI, intitulado ‘Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30412-9c5a67d6/improcedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-es-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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