SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL OFICIO POR EL QUE SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN PERITO OFICIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL HABERSE SUPRIMIDO LA PLAZA QUE OCUPABA POR MOTIVOS PRESUPUESTALES O ESTRUCTURALES.
QUEJA 32/2022. 24 DE ENERO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. PONENTE: JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ. SECRETARIA: LORENA DURÁN CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Argumenta la recurrente en su único agravio que la determinación recurrida es contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 73, 74, 78, 124, fracción II y 192 de la Ley de Amparo, en cuanto niega la medida cautelar solicitada para el efecto de que se le permita continuar prestando sus servicios como perito oficial adscrito a la Fiscalía General de la República, que no se suprima su plaza y que siga gozando de los haberes que al respecto le corresponden.
Afirma que, contrario a lo considerado por el Juez, la medida cautelar solicitada no tiene efectos restitutorios, sino que únicamente busca preservar la materia del amparo en tanto se resuelve el fondo del asunto, impidiendo la consumación de actos de imposible reparación que transgreden sus derechos fundamentales, acorde con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Amparo.
Asegura que la negativa de la medida cautelar le causa daños de difícil reparación, pues los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por privarle ilegalmente del trabajo que ha venido desempeñando, así como de los correspondientes ingresos económicos y beneficios de seguridad social.
También argumenta que con la concesión de la suspensión no se contravendrían disposiciones de orden público ni de interés social; mientras que al negarle la medida se le generan daños de imposible reparación a su persona, familia, patrimonio e, incluso, respecto de su expediente personal, pues se encontrará impedido para trabajar como servidor público en alguna otra dependencia con motivo de la anotación que se realiza en la plataforma correspondiente.
A efecto de estar en posibilidad de resolver el agravio propuesto es conveniente resaltar que la demanda de amparo de la quejosa fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, y en ella la quejosa solicitó la medida cautelar para los siguientes efectos:
1. Se le permita continuar prestando sus servicios como perito en su centro de labores con el goce de sus haberes que al respecto le corresponden.
2. Se deje a salvo su derecho a recibir el finiquito.
3. No se suprima su plaza de perito.
El Juez estableció que la medida cautelar fue solicitada para que no se materialicen los efectos y consecuencias del oficio **********, de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se traduce en que no se suprima la plaza de perito que venía desempeñando y continúe prestando sus servicios hasta tanto se resuelva el juicio en lo principal.
Determinó que los actos por los que se solicitó la suspensión revisten el carácter de consumados, pues se materializaron a partir del uno de enero de dos mil veintidós; por lo que conceder la medida solicitada implicaría otorgar efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo.
Ahora bien, de la copia simple del oficio **********, de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, que obra agregada en el expediente electrónico del juicio de amparo, se advierte que fue emitido por el coordinador general de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y 61, fracción X, 62 y 63 de la Ley de la Fiscalía General de la República.
También se advierte que a través del mencionado oficio se hace del conocimiento de la quejosa que la plaza que ocupaba será suprimida por razones presupuestales, atento al nuevo modelo al que se transita y a efecto de conformar la nueva estructura de la Fiscalía General de la República y fortalecer las actividades sustantivas que le fueron encomendadas, por lo que da por terminada su relación administrativa con la Fiscalía General de la República con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintidós.
Pues bien, en el caso, aun cuando el oficio ********** de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno ya fue emitido, lo cierto es que los correspondientes efectos y consecuencias sí son susceptibles de suspenderse.
Ello, porque al establecer que a partir del uno de enero de dos mil veintidós se da por terminada la relación administrativa de la quejosa con la Fiscalía General de la República, sus efectos subsisten en el tiempo, pues desde la fecha mencionada y hasta tanto no se emita una determinación en sentido contrario, la quejosa no podrá laborar en la mencionada institución y, por lo tanto, no percibirá los correspondientes emolumentos.
Luego, es claro que contrario a lo que consideró el Juez de Distrito, en el caso sí es factible conceder la medida cautelar solicitada, pues los efectos y consecuencias del oficio reclamado no se han agotado, sino que perduran en el tiempo.
Además, la interpretación del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los numerales 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, permite afirmar que contrario a lo considerado por el a quo, sí es dable dotar a la suspensión en el amparo de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar.
Lo anterior, porque la finalidad de la suspensión es conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios); situación que de ninguna manera implica constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de la presentación de la demanda de amparo.
Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 286, de la literalidad siguiente:
"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior."
Aunado a que al momento en que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, esto es, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la quejosa se encontraba en el ejercicio de sus funciones como perito oficial adscrita a la Fiscalía General de la República, pues la terminación de su relación administrativa con la citada dependencia, en términos del contenido del oficio reclamado, tuvo efectos a partir del uno de enero de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la solicitud de la suspensión.
No obsta a lo considerado el hecho de que el Juez del conocimiento haya proveído respecto de la suspensión provisional hasta el dieciocho de enero siguiente, pues no es dable que el plazo que transcurra con motivo del trámite de la demanda de amparo y la apertura del correspondiente cuaderno incidental trascienda en perjuicio de la quejosa.
Incluso, el hecho de que los actos reclamados tuvieran el carácter de consumados no sería una razón prima facie para negar la medida cautelar solicitada, pues al respecto es menester determinar si sus efectos y consecuencias son susceptibles de ser suspendidos, como ya fue expuesto con anterioridad.
Lo anterior en términos del criterio que informa, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 2, septiembre de 2013, página 1656, con número de registro digital: 2004603, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias sí es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respecto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público."
Luego, procede resolver fundado el agravio de la quejosa.
CUARTO.—Ante lo incorrecto de las consideraciones que sustentan la negativa de la suspensión provisional, lo que procede es, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, dejar insubsistentes las correspondientes consideraciones y reasumir plenitud de jurisdicción para dictar la resolución que en derecho corresponde.
Al respecto es conveniente tener presente que los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar son los siguientes:
1. Solicitud expresa de la quejosa;
2. Certidumbre de la existencia de los actos cuya suspensión se solicita;
3. Susceptibilidad de que los actos reclamados sean suspendidos;
4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público en términos de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y,
5. Actualización de la apariencia del buen derecho.
Lo establecido encuentra sustento, por analogía, en el criterio que informa la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1376, de la literalidad siguiente:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley."
En esos términos, este Tribunal Colegiado verificará si en el caso se colman los requisitos necesarios para conceder la medida cautelar.
1. Solicitud expresa de la quejosa.
El primero de los citados requisitos se refiere no sólo a la petición formal que haga la quejosa para que se suspendan los actos reclamados, sino también al acreditamiento indiciario del interés que le asiste para solicitar la medida.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Amparo la quejosa en el juicio de amparo es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma reclamada transgrede derechos fundamentales y que ello trasciende en una afectación real a su esfera jurídica, ya sea de manera directa, o bien, con motivo de su especial situación frente al orden jurídico.
El artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, al establecer que es un requisito para el otorgamiento de la suspensión la solicitud del quejoso, se refiere no sólo a la petición de que se conceda la medida, sino al acreditamiento indiciario de que quien la solicita se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 5o. de la citada legislación, es decir, que demuestre indiciariamente ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que los actos que reclama afecten real y actualmente su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Lo anterior en términos de lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 430, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación."
En el caso, tal como quedó precisado en el considerando que antecede, la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado en su escrito inicial de demanda.
Además, la quejosa demuestra al menos de manera indiciaria, que tiene interés para solicitar la suspensión provisional, ya que de la copia simple del oficio reclamado se aprecia que a través de su contenido se hace de su conocimiento que a partir del uno de enero de dos mil veintidós se tendrá por terminada su relación administrativa con la Fiscalía General de la República.
Atento a lo anterior, se estima que sí se colma el primero de los requisitos necesarios para la concesión de la suspensión provisional.
2. Certidumbre de la existencia de los actos cuya suspensión se solicita.
Tal como se mencionó, obra en autos copia simple del oficio ********** de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se estima suficiente para acreditar al menos de manera indiciaria, la existencia del acto reclamado.
Luego, se estima colmado el segundo de los requisitos necesarios para conceder a la quejosa la suspensión provisional.
3. Susceptibilidad de que los actos reclamados sean suspendidos.
Los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos en cuanto a su ejecución.
En efecto, tal como se estableció en el considerando que antecede, aun cuando el oficio **********, de veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno, ya fue emitido, lo cierto es que sus efectos y consecuencias sí son susceptibles de suspenderse, ya que en caso de estimarse procedente el otorgamiento de la medida cautelar sería para el efecto de que la quejosa continúe prestando sus servicios de perito oficial en la Fiscalía General de la República con el goce de los haberes que conforme a derecho le correspondan.
Luego, se estima que la naturaleza del acto que se reclama permite jurídica y materialmente otorgar la medida cautelar y, en consecuencia, se colma el tercero de los requisitos invocados.
4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo.
Al respecto, es conveniente tener presente el texto del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"...
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público."
Además, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;
"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
"IX. Se impida el pago de alimentos;
"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."
De conformidad con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la concesión de la medida cautelar es necesario que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; mientras que el artículo 129 del mismo ordenamiento hace referencia de manera enunciativa, mas no limitativa, a supuestos conforme a los cuales se estima actualizado un perjuicio al interés social, o bien, que se contravienen disposiciones de orden público.
Así, es claro que debe atenderse al caso concreto para determinar si se actualiza una afectación al orden público o al interés social.
Para los efectos de la suspensión se produce esa afectación cuando con la medida cautelar se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Al respecto es ilustrativa la tesis aislada con número de registro digital: 818680, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 47, Tercera Parte, página 58, que dice:
"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría."
Un análisis preliminar del oficio reclamado lleva a concluir que de conceder la medida cautelar no se infringirían disposiciones de orden público ni se vulneraría el interés social, ya que con ello no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Lo anterior, ya que al concederse a la quejosa la suspensión provisional para el efecto de que continúe prestando sus servicios como perito en la Fiscalía General de la República, con el goce de los correspondientes haberes, no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social; mientras que de no concederse la medida, se causarían daños de difícil reparación a la promovente del amparo.
Para demostrar lo anterior es conveniente traer a cuenta el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
"...
"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones."
Al respecto, el Alto Tribunal ha establecido que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos en caso de no cumplir con los requisitos de permanencia o bien, por incurrir en responsabilidad.
Acotó que la prohibición de reincorporación de los mencionados miembros policiales era absoluta, ya que del proceso legislativo del que derivó la correspondiente reforma constitucional se advertía que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiera sufrir el agraviado.
El criterio en comento está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 310, con número de registro digital: 164225, de rubro y texto siguientes:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio."
De lo anterior se desprende que la prohibición de reincorporación a la que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna únicamente atañe a cuestiones de cumpli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30425-56f47ff5/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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