PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, el hecho de que el acto reclamado a las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se funde en normas declaradas inconstitucionales, por jurisprudencia de esta Suprema Corte, constituye una excepción al principio de definitividad –en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo–.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción.
2. Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintiuno, vía MINTERSCJN, el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, Moisés Muñoz Padilla, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 377/2017 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 45/2021.
3. Al efecto, el Magistrado denunciante precisa que el punto de contradicción de tesis estriba en determinar si la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye o no una excepción al principio de definitividad.
4. Trámite de la denuncia.
5. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 212/2021, requirió a la presidencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, a efecto de que remitiera únicamente por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en el amparo en revisión 377/2017, de su índice; se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, ordenó se turnara el asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán.
6. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de tesis, toda vez que se desahogó el requerimiento descrito en el párrafo precedente mediante la promoción con el número de folio 49358-MINTER del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito con el cual remite el acuerdo de treinta de septiembre del mismo año, en el que informa sobre la vigencia del criterio sustentado en el amparo en revisión 377/2017 de su índice.
7. Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala ordenó el avocamiento del presente asunto.
I. Competencia.
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito, cuya materia corresponde a su especialidad.
II. Legitimación
9. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –el cual es uno de los órganos que participan en la presente contradicción–.
III. Criterios denunciados.
10. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 45/2021, en sesión virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno:
11. La existencia de una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no configura una excepción al principio de definitividad. El tribunal consideró que debía confirmarse la improcedencia decretada en el fallo recurrido conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el hecho de que en las jurisprudencias 1a./J. 9/2019 (10a.)(1) y 1a./J. 10/2019 (10a.),(2) se haya declarado la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, de la Ley General de Salud, no configura una excepción al principio de definitividad.
12. Se dice lo anterior, pues de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, "no se advierte alguna circunstancia que permita estimar que el hecho de que en el acto reclamado se hubieran aplicado como fundamento dispositivos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o respecto de los cuales se realizó una declaratoria general de inconstitucionalidad, actualice alguna excepción a dicho principio".
13. En esas condiciones, es claro que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, "no contiene como excepción al principio de definitividad la circunstancia de que en el acto reclamado se hubieran aplicado como fundamento dispositivos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" o respecto de los cuales se haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad; máxime que la parte quejosa no señaló como actos reclamados los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud.
14. Por tanto, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, el hecho de que en el acto reclamado se hubieran aplicado como fundamento, dispositivos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respecto de los cuales se emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, no actualiza alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
15. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 377/2017, en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho:
16. La existencia de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes configura una excepción al principio de definitividad. El tribunal consideró que cuando se declara inconstitucional una norma de carácter general, por jurisprudencia del Máximo Tribunal, la misma deja de tener validez jurídica. Por tanto, los actos ulteriores que se funden en dicha norma, en su caso, adolecerían del mismo vicio, es decir, de ineficacia jurídica, "ya que si los preceptos invocados en ellos fueron declarados inconstitucionales, no pueden servir de apoyo a la autoridad que los aplica para fundar una determinación; consideración que lleva a la conclusión de que ese acto es contrario a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, porque dicho acto carecería de fundamentación y, por ende, del requisito de la debida motivación".
17. En esa lógica, de la lectura del primer concepto de violación del escrito de ampliación de demanda, se observa que la parte quejosa sostuvo que el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, era inconstitucional con base en la jurisprudencia de rubro:
"PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."
18. Así, en el caso, se estima que, contrario a lo resuelto por la Jueza de Distrito, surge una excepción al principio de definitividad, pues cuando en la demanda de amparo, o como ocurrió en el caso, en el escrito de ampliación de demanda, se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal (aplicación de leyes declaradas inconstitucionales), será optativo para la quejosa hacer valer el recurso o medio ordinario de defensa, o bien, promover directamente el juicio de amparo indirecto, "ya que en este caso, se está reclamando una violación directa a la Constitución, en específico, al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna".
19. Además, si la quejosa alega en su escrito de ampliación de demanda de amparo que los preceptos en los que la responsable basa su determinación, "ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias aludidas, por ende, como se dejó establecido, al fundarse dicha determinación en leyes de esa naturaleza, dicho acto también carecería de fundamentación", si se toma en cuenta que los invocados preceptos dejaron de tener validez desde el momento de la declaratoria realizada por el Máximo Tribunal del País.
20. Esto es, si el oficio reclamado se apoyó en normas declaradas inconstitucionales mediante jurisprudencia de la Suprema Corte, "carecería de fundamentación y, por ende, de motivación, transgrediendo así el contenido del artículo 16 constitucional; lo que trae como consecuencia que también se actualice una excepción al principio de definitividad".
21. En razón de lo considerado, acorde con lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, procede revocar en la materia de la revisión, la sentencia recurrida y, consecuentemente, analizar los argumentos planteados en la demanda de amparo y el escrito de ampliación correspondiente; sin que sea obstáculo para ello que no se haya llamado a juicio a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo "de la norma tildada de inconstitucional, pues se insiste, al tener ese vicio, el acto reclamado carece de fundamentación y, es este el aspecto que torna procedente el juicio sin necesidad de agotar el medio ordinario de defensa".
22. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis XX.A.1 K (10a.), de título y subtítulo: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CUANDO SE RECLAME LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(3)
IV. Existencia de la contradicción.
23. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(4) Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
24. A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
25. I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que, a partir de ésta arriben a decisiones encontradas.(5)
26. II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.
27. III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
28. IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
29. V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(6)
30. A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, ya que, al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los aludidos tribunales se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si el hecho de que el acto reclamado a las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se funde en normas declaradas inconstitucionales, por jurisprudencia de esta Suprema Corte, constituye una excepción al principio de definitividad –conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo–.
31. Siendo que los referidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró, toralmente, que de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna circunstancia que permita estimar que, el hecho de que en el acto reclamado se hubieran aplicado como fundamento dispositivos legales declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualice alguna excepción al principio de definitividad.
32. En cambio, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito determinó que si el acto reclamado se apoyó en normas declaradas inconstitucionales mediante jurisprudencia de la Suprema Corte, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues por una parte, en estos casos "se está reclamando una violación directa a la Constitución, en específico, al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna" y, por otra, al fundarse en preceptos declarados inconstitucionales dicho acto de autoridad "carecería de fundamentación y, por ende, de motivación, transgrediendo así el contenido del artículo 16 constitucional; lo que trae como consecuencia que también se actualice una excepción al principio de definitividad", en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
33. Conforme a lo anterior, esta Segunda Sala considera que existe la contradicción de tesis denunciada ya que, como se ha razonado, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo punto jurídico, arribando a conclusiones disidentes.
34. No resulta óbice a lo anterior que en los casos examinados por los órganos colegiados disidentes presenten ciertas diferencias respecto a la cuestión de constitucionalidad que les fue planteada, a saber: (I) que en el caso a estudio por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, no sólo existía jurisprudencia sobre los preceptos atinentes a la controversia, sino declaratoria general de inconstitucionalidad sobre los mismos; y, (II) que en el asunto del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, aunado a la consideración sobre la jurisprudencia, se haya determinado que también existía una excepción al principio de definitividad por reclamar violaciones directas a la Constitución.
35. Se dice lo anterior pues con independencia de esas diversas consideraciones, lo cierto es que al final de cuentas ambos Tribunales Colegiados abordaron el mismo punto jurídico consistente en determinar si, la existencia de jurisprudencia que declara inconstitucionales normas aplicadas en el acto reclamado, constituye una excepción al principio de definitividad –esto es, como una consideración autónoma–.
36. Por tanto, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes contengan algunos elementos secundarios distintos, pues este Alto Tribunal, atendiendo a la teleología de la presente vía, "debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan".
37. Da sustento a lo anterior la tesis P. XLVII/2009, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(7)
38. Atendiendo a lo anterior, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala consiste en determinar si, el hecho de que el acto reclamado a las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se funde en normas declaradas inconstitucionales, por jurisprudencia de esta Suprema Corte, constituye una excepción al principio de definitividad –en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo–.
V. Estudio de fondo
39. A juicio de esta Segunda Sala, el hecho de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, no actualiza, por sí mismo, alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
40. Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que, para el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, las razones por las cuales se actualiza una excepción al principio de definitividad, cuando alguna de las normas aplicadas en el acto reclamado fue declarada inconstitucional por jurisprudencia de esta Corte, radica en que en tales casos: (I) la aplicación de dichas normas viola directamente el artículo 133 de la Constitución; (II) al haber sido declaradas inconstitucionales tales normas "han perdido su validez legal" y, por ende, el acto "carece de fundamentación"; situación que genera otra excepción a tal principio en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
41. Esta Sala constitucional no comparte tal criterio, tal y como se expondrá enseguida:
42. I. El hecho de que el asunto se relacione o no con una violación directa a la Constitución y, por ende, se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión que resulta enteramente independiente a si existe o no jurisprudencia al respecto –ésta, en todo caso, determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo –;
43. II. La circunstancia de que ciertas normas generales hayan sido declaradas inconstitucionales, jurisprudencialmente, no implica que hayan perdido su validez jurídica; y,
44. III. Finalmente, la excepción al principio de definitividad consistente en que el acto carezca de fundamentación tiene una connotación específica de indeterminación o situación de indefensión para la persona, cuestión que en forma alguna acontece cuando el acto sí está fundamentado, pero alguna de las normas invocadas ha sido considerada inconstitucional jurisprudencialmente –pues en esta hipótesis, el gobernado sí se encuentra en aptitud de determinar si existe algún medio de defensa ordinario que pueda promoverse en su contra, al conocer la norma en que se sustenta el acto de autoridad–.
45. I. La existencia de una violación directa a la Constitución acontece con o sin jurisprudencia. Como se ha señalado, una primera razón por la cual el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito consideró que se actualiza una excepción al principio de definitividad, cuando alguna de las normas aplicadas en el acto reclamado fue declarada inconstitucional por jurisprudencia de esta Corte, radica en el hecho de que esa circunstancia se traduce en "una violación directa a la Constitución, en específico, al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna".
46. A juicio de esta Segunda Sala, esa consideración no resulta susceptible de sustentar la pretendida excepción al principio de definitividad. Ello, pues el hecho de que en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución y, por ende, pueda actualizarse una excepción al principio de definitividad –en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo–,(8) es una cuestión que se actualiza con entera independencia a si existe o no jurisprudencia al respecto –ésta, en todo caso, determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo–.
47. En efecto, debe tenerse en cuenta que la presente contradicción de tesis se enmarca en el supuesto específico del juicio de amparo indirecto contra leyes aplicadas en el acto reclamado –es decir, en su carácter de heteroaplicativas–. Luego, es evidente que en este tipo de juicios se presentan violaciones "directas" a la Constitución Federal; pues, precisamente, el tribunal deberá determinar si ciertas normas generales que sirven de fundamento al acto reclamado se conforman a las reglas y principios constitucionales.
48. Luego, el hecho de que exista jurisprudencia sobre la regularidad constitucional de tales normas, en forma alguna modifica o trasciende a la "naturaleza" del reclamo. La violación directa a la Constitución se actualiza con entera independencia de si existe o no jurisprudencia que declara inconstitucional la norma; es más, seguiría existiendo una violación directa a la Norma Fundamental incluso si no existiese precedente alguno de esta Suprema Corte que resuelva sobre la regularidad constitucional de la norma o preceptos en cuestión.
49. Luego, sería ficticio aseverar que la existencia de alguna jurisprudencia sobre leyes es lo que genera una violación "directa" a la Constitución, pues esa transgresión, se insiste, no depende del criterio jurisprudencial. Por el contrario, el efecto de la existencia de tal jurisprudencia se proyecta, en su lugar, hacia una cuestión de "fondo" del juicio de amparo, en donde, lógicamente y en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el juzgador federal deberá resolver conforme a dicho criterio obligatorio. Esto es, deberá declarar la inconstitucionalidad de la norma general respectiva.
50. Y si bien la existencia de una tesis jurisprudencial de esta Suprema Corte que declara inconstitucional una norma general, actualiza la institución de la suplencia de la queja, en términos expresos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo,(9) lo cierto es que esta Sala Constitucional ha sido clara al sostener que, "para que opere dicha institución procesal es indispensable verificar la procedencia del juicio de amparo para dar cumplimiento exacto a las normas que lo regulan, ya que la suplencia de la queja deficiente no puede llegar al extremo de hacer procedente un medio de impugnación que conforme a la ley no lo es".
51. Así lo establece la tesis 2a. LXXXIII/2012 (10a.), de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO AGRARIO. PARA QUE OPERE ES INDISPENSABLE VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."(10)
52. Asimismo, respecto al caso concreto de la suplencia de la queja por existir jurisprudencia que declara inconstitucional la norma general combatida, el Pleno de este Tribunal Constitucional ha considerado que si bien "el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución", lo cierto es que si fuera el caso de suplir la queja deficiente ante la existencia de un criterio jurisprudencial, "aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo".
53. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 7/2006, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."(11)
54. En ese sentido, esta Segunda Sala concluye que la existencia de una jurisprudencia que declara inconstitucional alguna de las normas aplicadas en el acto reclamado, no es lo que en realidad actualiza una violación directa a la Constitución, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, como se ha razonado, tal transgresión deriva más bien de la confrontación de las normas generalas aplicadas en el acto reclamado, con los principios y reglas constitucionales. En suma, tal violación se genera con entera independencia de la presencia de un criterio jurisprudencial que resuelva el problema constitucional de fondo.
55. Finalmente, debe tenerse en cuenta que lo relevante, para efectos de la procedencia del amparo, no es tanto si se está frente a violaciones directas a la Constitución, sino más bien si el juicio atañe únicamente a este tipo de violaciones –o, si bien, aunado a éstas, también se aducen cuestiones de mera legalidad–. Es así, pues de ello dependerá la actualización de la excepción al principio de definitividad, consistente en que "sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución".
56. En ese sentido, debe analizarse la segunda razón expuesta por el referido Tribunal Colegiado para sustentar el criterio aquí denunciado, esto es, se procede a examinar si la existencia de una jurisprudencia que declara inconstitucional alguna norma que fundamenta el acto reclamado, actualiza la diversa excepción al principio de definitividad consistente en que tal acto "care[zca] de fundamentación", en términos del precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
57. II. La jurisprudencia emitida en el juicio de amparo no equivale a la invalidez jurídica de las normas generales. Como se ha expuesto, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito consideró que, derivado de la jurisprudencia 1a./J. 66/2009,(12) el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejó "de tener validez desde el momento de la declaratoria [jurisprudencial] realizada por el Máximo Tribunal del País" y, por ende, si la responsable sustenta su acto en tal precepto significa que el mismo "carec[e] de fundamentación".
58. A juicio de esta Sala Constitucional dicho aserto resulta errado, pues si bien en otros medios de control constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad es susceptible de generar la invalidez "automática" y con "efectos generales" de los preceptos jurídicos combatidos –ya total, ya parcialmente, acorde a lo determinado en la ejecutoria–, e incluso de todas aquellas normas cuya validez dependa de aquéllos,(13) lo cierto es que, en tratándose del juicio de amparo, la jurisprudencia no equivale a la pérdida de validez normativa del precepto jurídico declarado inconstitucional.
59. De hecho, la función jurisprudencial en este contexto no atiende a expulsar del sistema jurídico alguna norma general por resultar contraria a la Constitución, sino más bien se concreta a asegurar que los tribunales se apeguen al criterio constitucional fijado por la Suprema Corte, al momento de resolver algún caso donde se controvierta la misma norma general –o incluso, orienten su fallo cuando el precepto jurídico combatido guarde similitudes sustanciales con el declarado inconstitucional por este tribunal–.
60. Es decir, el efecto material de la jurisprudencia en el juicio de amparo no es el de decretar la invalidez general de las normas jurídicas, sino el de someter las decisiones judiciales posteriores al mismo resultado, en aras de salvaguardar los principios de seguridad jurídica e igualdad, en los litigios que contengan una problemática idéntica o con similitudes sustanciales –lo cual, más allá de las contiendas judiciales, permite generar certeza y confianza en las personas sobre lo que es el derecho y cómo funciona–.
61. En efecto, al resolver el amparo directo en revisión 5157/2014,(14) esta Sala sostuvo que la jurisprudencia, en cuanto a sus aspectos mate
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30511-6cbe6919/principio-de-definitividad-en-el-amparo-indirecto-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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