SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA DECRETARLO NO ES APLICABLE OTORGAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente sentencia:
VISTOS; para resolver la contradicción de tesis 325/2021, y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Trámite de Denuncia. Mediante oficio 8/2021, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio de ese órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 185/2020 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver los amparos en revisión 215/2018, 477/2018, 104/2019, 348/2019 y 334/2019.
2. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente con el número 325/2021, teniendo como tribunales contendientes a los mencionados anteriormente.
3. Hecho lo anterior, solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en revisión 215/2018, 477/2018, 104/2019, 348/2019 y 334/2019, así como informara si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Finalmente, se remitieron los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
4. SEGUNDO.—Integración del asunto. Por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se tuvo por integrada la presente contradicción de tesis; y se ordenó remitir el asunto a la ponencia respectiva.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo; lo anterior en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y diversa especialización, además de que el tema de fondo es sobre materia común, al estar vinculado con las disposiciones que regulan el juicio de amparo.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legitimada, toda vez que se formuló por Juan Manuel Arredondo Elías, Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
7. TERCERO.—Criterios denunciados. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los tribunales contendientes:
8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 185/2020.
Ver análisis
La expresión literal del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señala dos supuestos para que se actualice la hipótesis normativa de su aplicación: Que no sea alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior.
En el caso, se reúnen ambos extremos, pues la quejosa no alegó que se debiera sobreseer en la especie y si bien se desistió y ratificó dicho desistimiento, nunca manifestó causa de improcedencia alguna.
· Toda vez que la quejosa se presentó y ratificó su desistimiento con posterioridad a la emisión de la sentencia de amparo y previamente a la remisión del recurso de revisión al Tribunal Colegiado, el Juez de Distrito no estuvo en condiciones de conocer y analizar la causa de improcedencia, porque el planteamiento del recurso le impidió pronunciarse, ya que su jurisdicción se encontraba suspendida.
· Por razones de seguridad jurídica, para que la quejosa esté cierta sobre las consecuencias que traerá su voluntad de desistirse tanto del juicio de amparo como del recurso de revisión, ya que finalmente será cosa juzgada, y a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, es preferible conceder la vista que prevé el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que en el caso si lo estima conveniente exprese lo que a su derecho convenga.
Por último, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho tribunal y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número: VII.1o.P. J/2 K (10a.).
"SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO TANTO DE LA DEMANDA DE AMPARO COMO DEL RECURSO DE REVISIÓN Y RATIFICADO JUDICIALMENTE. PARA DECRETARLO ES INNECESARIO OTORGAR AL QUEJOSO LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. De la intelección del precepto citado se colige que, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Sin embargo, cuando es el propio accionante quien se desiste tanto de la acción de amparo, como del recurso de revisión, no se actualiza ese presupuesto normativo, porque no se trata de una causa legal de improcedencia advertida de oficio, no alegada por alguna de las partes, ni analizada en la primera instancia del juicio biinstancial, sino que la decisión de sobreseer se sustenta en la declaración de desistimiento del quejoso, lo que hace cesar la jurisdicción del juzgador y, atento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo en ambas instancias, en términos de los artículos 107, fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., 6o., 82, 86, 88, párrafos primero y tercero, 89 y 93, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese orden, sería ocioso dar vista con la actualización de una hipótesis que ella promovió, ya que, acorde con la exposición de motivos del artículo 64 mencionado, es que no quede en estado de indefensión ante la aparición de la causa que da lugar al sobreseimiento en el juicio, hipótesis que no puede actualizarse en el supuesto de que esta última tenga su génesis en el desistimiento ratificado legalmente por el propio accionante, pues sería tanto como pensar que deba otorgársele oportunidad para que se dé por concluida la acción constitucional. Estimar lo contrario, significaría ir en contra de uno de los derechos fundamentales del quejoso, previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en que se le administre justicia cuando lo solicite."
11. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada.
12. Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
13. Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas.
14. Dicho lo anterior, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
15. La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
16. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal P./J. 72/2010, y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otras posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(2)
17. Conforme a lo transcrito, para que exista contradicción de tesis no es necesario que coincidan las cuestiones fácticas analizadas por los órganos jurisdiccionales terminales, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.
18. Por otra parte, también se ha establecido la posibilidad de que se configure una contradicción de tesis cuando algunos de los criterios contendientes sean implícitos, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente, pues aún ante la ausencia de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en los razonamientos que estime pertinentes, los cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.
19. Sirve de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el órgano reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(3)
20. Ahora, de los antecedentes narrados se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes abordaron el mismo punto litigioso: establecer si el Tribunal Colegiado debe otorgar la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción I, de dicho ordenamiento, esto es, por desistimiento ratificado del quejoso de la demanda de amparo.
21. Por principio, se advierte que, no obstante que los criterios contendientes devienen de tribunales de especialidades distintas, derivan de materia común al referirse a disposiciones de la Ley de Amparo y se resolvieron bajo las mismas condiciones fácticas. Así, en todos, se estimó sobreseer en un juicio de amparo indirecto, ante el desistimiento ratificado de la parte quejosa, por actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo.
22. No obstante ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que la expresión literal del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no hace distinción respecto de que no deba darse vista al quejoso cuando se desiste de la acción constitucional o del recurso que de esa litis surja, pues dicho precepto en examen señala dos supuestos para que se actualice la hipótesis normativa de su aplicación: 1) que no sea alegada por alguna de las partes y 2) ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, por lo que si en el caso, la quejosa no alegó que debiera sobreseerse en la especie, sino expresó la voluntad de desistirse, tanto del juicio de amparo como del recurso de revisión y posteriormente lo ratificó de manera personal ante autoridad jurisdiccional, sin manifestar causa de improcedencia alguna, además de que al momento en el que se presentó y ratificó el desistimiento, lo hizo con posterioridad a la emisión de la sentencia del juicio de amparo indirecto, previo a la remisión del recurso de revisión al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito de origen no estuvo en condiciones de conocer y analizar la causa de improcedencia, ya que el planteamiento del recurso le impidió pronunciarse, pues su jurisdicción estaba suspendida; en consecuencia, por razón de seguridad jurídica para la quejosa, a que esté cierta sobre las consecuencias que traerá la manifestación de voluntad de desistirse del juicio de amparo y recurso de revisión, en este caso, finalizar la instancia de amparo, a través del sobreseimiento en el juicio, lo que finalmente será cosa juzgada, esto es, sin posibilidad de modificar o revocar lo que esta instancia decida y a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia es preferible hacer del conocimiento de la quejosa, mediante la vista que prevé el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que si lo estima pertinente podrá expresar lo que a su derecho convenga, mientras que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión de los que derivaron la tesis de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO TANTO DE LA DEMANDA DE AMPARO COMO DEL RECURSO DE REVISIÓN Y RATIFICADO JUDICIALMENTE. PARA DECRETARLO ES INNECESARIO OTORGAR AL QUEJOSO LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que cuando es el propio accionante el que se desiste tanto de la acción de amparo como del recurso de revisión, no se actualiza ese presupuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de amparo, porque no se trata de una causa legal de improcedencia advertida de oficio no alegada por alguna de las partes ni analizada en la primera instancia del juicio biinstancial, sino que la decisión de sobreseer se sustenta en la declaración de desistimiento del quejoso, lo que hace cesar la jurisdicción del juzgador y atento al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo en ambas instancias, resulta ocioso dar vista con la actualización de una hipótesis que ella promovió. Estimar lo contrario, significaría ir en contra del derecho fundamental del quejoso consistente en que se le administre justicia cuando lo solicite. 23. De lo anterior, se advierte que ambos Tribunales Colegiados realizaron un ejercicio interpretativo en el que arribaron a distintas conclusiones respecto a establecer si el Tribunal Colegiado debe otorgar la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción I, de dicho ordenamiento, esto es, por desistimiento del quejoso del juicio de amparo.
24. QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. La presente contradicción se generó por la divergente interpretación que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuyo contenido se introdujo en nuestra legislación a partir de la reforma de dos de abril de dos mil trece:
"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
25. Este precepto establece que el Tribunal Colegiado debe dar vista en el plazo de tres días, cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano inferior.
26. Ahora bien, al resolverse la contradicción de tesis 229/2015,(4) el Tribunal Pleno consideró que este plazo de tres días también es aplicable a los sobreseimientos por inexistencia de actos, pues debe realizarse una interpretación extensiva en beneficio del quejoso, que garantice de mejor forma la debida audiencia.
27. De lo resuelto en esa contradicción de tesis derivó el criterio: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, OBLIGA AL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN AMPARO INDIRECTO, A DAR VISTA AL QUEJOSO CON SU ACTUALIZACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CUANDO NO SE HUBIESE SOBRESEÍDO EN PRIMERA INSTANCIA POR ESA CAUSAL."
28. No obstante ello, se estima inaplicable la misma conclusión cuando el supuesto es el sobreseimiento por desistimiento de la parte quejosa, que se ha tenido por debidamente ratificado, como se explicará a continuación.
29. La vista contenida en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se concede con la intención de otorgar al quejoso oportunidad de defensa ante la actualización de alguna causal de improcedencia, en virtud de que esa causal, originalmente, no formó parte de la litis, pues es hasta la instancia terminal que es incorporada de oficio; estas condiciones son las que consideró el Pleno al analizar el sobreseimiento por inexistencia de actos, pues se estimó que cuando en primera instancia no se hubiese sobreseído por inexistencia de actos y el Tribunal Colegiado considere, oficiosamente, la actualización de dicha causal de sobreseimiento, le producirá el mismo resultado adverso que la actualización de una causal de improcedencia; decisión que ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior.
30. Sin embargo, en la propia contradicción de tesis 229/2015, al establecer que dicha vista debía ser concedida cuando se actualice el sobreseimiento por inexistencia de actos, la diferenció de las relativas al desistimiento o falta de entrega de edictos, pues indicó que en esos casos, su materialización depende de circunstancias directamente vinculadas con el quejoso.
31. Debemos tener presente que uno de los principios del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y que instituye que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien la norma, acto u omisión produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
32. En concordancia con lo anterior, cuando se solicita la protección constitucional, el derecho de acción para exigir la intervención del órgano jurisdiccional lo tiene el peticionario; y consecuentemente, existe la posibilidad jurídica de que aquél renuncie a ese derecho en cualquier momento, mientras no se haya dictado una ejecutoria,(5) anulando así ese acto volitivo y, con ello, el órgano jurisdiccional es relevado de su obligación de analizar la concesión de la protección constitucional reclamada.
33. Por tanto, en cumplimiento a dicho principio rector del juicio de amparo, se debe atender a la intención del quejoso de no concluir el procedimiento constitucional que el mismo promovió, pues cuenta con la facultad irrestricta de retractarse de su demanda de garantías, sin importar la etapa en que se encuentre el juicio, siempre y cuando no exista una sentencia que haya causado ejecutoria.
34. Dicha declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, se denomina desistimiento, y una vez que el promovente lo ha ratificado y que el órgano jurisdiccional tiene por válida dicha ratificación, se dará lugar a una resolución que ponga fin a la instancia de amparo sin llegar a generar una sentencia estimatoria o desestimatoria.
35. Ahora, en términos de lo establecido en la contradicción de tesis 14/2006- PL,(6) la doctrina reconoce que todo desistimiento de una acción trae aparejadas las siguientes consecuencias:
a) Con relación al derecho, la no afectación de éste, ya que el mismo subsiste como obligación natural.
b) Puede haber desistimiento de la acción, sin que ello implique renuncia a un derecho, aun cuando no se demuestre tal derecho en un momento dado.
c) Respecto de la cosa juzgada, la existencia de esta figura jurídica resulta inoperante, por carecer la misma de fundamento legal para producir efectos en tales situaciones.
d) Tratándose de la excepción de litispendencia, no procede su alegación en un nuevo juicio, al haber concluido el pleito anterior.
e) Las medidas precautorias quedan sin efecto alguno, porque al abandonarse la acción, todas las diligencias cautelares carecen de cualquier justificación que pudiera alegarse.
f) No puede haber ninguna retractación, una vez ratificado el desistimiento, ya que, a partir de ese momento se da por concluida la relación procesal entre los litigantes, y cualquier pretensión queda sin materia.
g) Aceptado el desistimiento de la acción, las cosas vuelven al estado que tenían antes de la presentación de la demanda.
36. Esto es de relevancia, pues una vez que el quejoso ha manifestado su voluntad de dar por concluido el juicio de garantías, atendiendo a l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31083-0ff383c0/sobreseimiento-por-desistimiento-del-juicio-de-amparo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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