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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2021. · Registro digital (IUS): 30534
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN M
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, Pág.3641.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 23 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si la omisión de emplazar a la parte demandada en un juicio ordinario es un acto que tiene ejecución material para los efectos del juicio de amparo, a fin de fijar la competencia del órgano que habrá de conocer de éste.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía buzón judicial el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, registrado con el número de folio 018841 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre lo sustentado por ese órgano al resolver el conflicto competencial 13/2021, con lo sostenido por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito y Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar, respectivamente, los conflictos competenciales 32/2018 y 2/2021; en tanto, al pronunciarse sobre la competencia para conocer del juicio de amparo donde se reclamó la omisión del emplazamiento a la parte demandada, arribaron a conclusiones distintas.

2. Esto es, en el conflicto competencial 13/2021, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que la omisión de emplazar al juicio laboral a la parte demandada es un acto omisivo con efectos positivos, por lo que se actualiza el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que el Juez competente será el del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.

3. Mientras que al resolver los conflictos competenciales 32/2018 y 2/2021, los órganos colegiados estimaron que el Juez competente es el del lugar donde se haya presentado la demanda, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión de la autoridad responsable de emplazar a la parte demandada constituye un acto que no requiere de ejecución material, por lo que carece de efectos positivos.

4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente con el número 327/2021 y admitió a trámite la denuncia de una posible contradicción entre los criterios señalados en el párrafo 1; además, proveyó lo necesario para la integración del asunto y ordenó su turno al Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. El ocho de febrero de dos mil veintidós, la presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto; además, tuvo por recibido el oficio a través del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito informó que el criterio sustentado en el conflicto competencial 2/2021 continúa vigente y envió copia digitalizada de la ejecutoria; e instruyó a la secretaria de Acuerdos para que agregara mediante certificación las constancias solicitadas en el acuerdo de admisión y para que, una vez integrado el expediente, los autos se enviaran al ponente.

6. Mediante certificación de once siguiente, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitiendo copia digitalizada de la sentencia dictada en el conflicto competencial 13/2021 e informando que el criterio sustentado continúa vigente.

7. Finalmente, el veintiuno del mismo mes y año, se recibió el oficio a través del cual el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito remitió copia digitalizada de la sentencia dictada en el conflicto competencial 32/2018 e informó que el criterio sustentado cambió, por lo que también remitió copias digitalizadas de las resoluciones pronunciadas en los conflictos competenciales 14/2021, 18/2021 y 21/2021, de su índice.

I. Competencia.

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9. Al respecto es oportuno invocar la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

II. Legitimación.

11. La contradicción de tesis fue denunciada por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, donde se sustenta uno de los criterios discrepantes.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

III. Criterios denunciados.

13. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció del conflicto competencial 13/2021, originado por los hechos siguientes:

• Al Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México le fue turnada una demanda de amparo que estaba dirigida al "Juez de Distrito en Materia de Trabajo en turno con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México", en la cual se señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, y su actuario, de emplazar a los demandados dentro del expediente J4B/002/2021 para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. A partir de esas circunstancias, el Juez Federal determinó que resultaba evidente la intención del quejoso de presentar su demanda ante un Juzgado del Estado de México y su presentación en la Ciudad de México fue incorrecta; por tanto, ordenó remitir los autos a un Juez de Distrito con residencia en

Naucalpan de Juárez, por estimar que era al que correspondía conocer del asunto.

• Los autos fueron turnados al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien no aceptó la competencia planteada, en tanto señaló que la presentación de la demanda en la Ciudad de México no podía ser considerada como un error, además, el acto reclamado no requiere ejecución material, aunado a que se trata de actos omisivos.

• Para resolver el conflicto competencial puesto a su consideración, el órgano colegiado de circuito sostuvo que la falta de emplazamiento a los demandados en el juicio laboral se traduce en un acto de naturaleza omisiva con efectos positivos, en tanto las Juntas laborales tienen la obligación legal de proveer lo necesario para que la parte demandada en el juicio sea emplazada oportunamente; y la falta de cumplimiento de ese deber procesal se traduce en la violación al derecho de acceso efectivo a una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional.

• Conforme a lo anterior, concluyó que el incumplimiento, en su caso, debe subsanarlo la autoridad responsable para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos. En la medida que, con la omisión de la autoridad laboral de proveer lo necesario para lograr el emplazamiento en los términos de ley, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita; de ahí que no pueda considerarse que se trata de una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia.

• Lo que le llevó a concluir que, si bien se trata de un acto omisivo, por no cumplirse con una obligación determinada, genera efectos positivos, que no cesarán hasta que se cumpla con el deber señalado; lo que actualiza el supuesto del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.

14. Por otra parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito conoció del conflicto competencial 32/2018, originado por los actos siguientes:

• El Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conoció de una demanda en la cual se señalaron como actos reclamados, la omisión y dilación de proveer lo conducente para emplazar a los demandados en el juicio laboral J/O/1292/213, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, así como el no instruir al actuario para que llevara a cabo la notificación correspondiente, no obstante haber girado el exhorto respectivo. Después de diversos requerimientos y su desahogo, el Juez Federal se declaró legalmente incompetente para conocer del escrito de demanda bajo el argumento de que el acto reclamado –omisión por parte de la Junta Especial, de emplazar a los demandados en el juicio laboral– ha de materializarse o ejecutarse fuera del territorio geográfico en el que ejerce jurisdicción y declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en turno con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a quien estimó competente.

• El asunto se turnó al Juez Primero de Distrito de esa entidad, quien declinó aceptar la competencia planteada, al considerar que el acto reclamado tiene una connotación negativa, es decir, se trata de una conducta omisiva en torno al desahogo de las diligencias de emplazamiento, y en esa medida, no admite o no requiere ejecución material alguna por tratarse de una inactividad de las autoridades señaladas como responsables, de ahí que no puede tener aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.

• En ese contexto, el Tribunal Colegiado resolvió que la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda de amparo, porque dada la naturaleza jurídica del acto generador de molestia (aquella actitud de la Junta especial en torno a la omisión y dilación para emplazar a juicio a la parte demandada, al no haberse diligenciado el exhorto girado desde el año dos mil trece) se debe catalogar como de índole negativo; por consiguiente, carece de ejecución material, en tanto sus efectos no trascienden al mundo fáctico, esto es, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal. Consecuencia de lo así resuelto, señaló se debe aplicar el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual resulta competente el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda.

15. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el conflicto competencial 2/2021, se pronunció en torno a los hechos siguientes:

• El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre, tuvo conocimiento de la demanda de amparo en la cual se reclamó de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la dilación en la substanciación del juicio en línea relativo al proceso administrativo de nulidad 1482/4a Sala/2020, la falta de emplazamiento y traslado de la demanda a la Tesorería Municipal de San Felipe, Guanajuato, en su calidad de autoridad demandada, ordenado en el auto admisorio; a partir de lo anterior, el juzgador se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda, en tanto no se trata de un acto meramente declarativo sino que conlleva una ejecución material en tanto genera consecuencias jurídicas y reales, de tracto sucesivo que afectan la esfera de derechos del quejoso, ya que la dilación en el trámite del juicio de nulidad, supone que no se decidirá la controversia correspondiente respetando los plazos legales instituidos, en contravención al derecho a una pronta administración de justicia.

• Competencia que la Jueza Décimo de Distrito con residencia en Irapuato, declinó aceptar, pues sostuvo que el acto reclamado carece de ejecución material, toda vez que se trata de una omisión simple, que no conlleva un actuar positivo, ni sus efectos se materializan en el mundo fáctico, por ende, no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, ni los derechos del gobernado.

• Para dilucidar el conflicto puesto a su consideración, el Tribunal Colegiado de Circuito hizo referencia a lo sostenido por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 7/2015,(2) y a partir de ello señaló "un acto reclamado conlleva ejecución material solamente en el supuesto de que para su emisión sea necesario que se lleven a cabo determinadas acciones que produzcan un cambio material en el mundo fáctico, ya sea por sí mismo, o bien a través de sus efectos"; resaltando además la importancia de conocer la naturaleza jurídica del acto reclamado y, concluyó que en el caso particular resulta aplicable el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, dado que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos y no requiere de ejecución material.

IV. Inexistencia de la contradicción.

16. Acorde con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

17. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)

18. De esos criterios deriva que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

19. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

20. De manera que, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente.

21. Acorde con lo hasta aquí expuesto, esta Segunda Sala concluye que, en principio, no existe la contradicción de criterios denunciada entre lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con lo fallado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito; porque si bien ambos se pronunciaron sobre la competencia del Juez de Distrito que habría de conocer del juicio de amparo en el que se reclamó la omisión de emplazar a juicio ordinario a la parte demandada, y arribaron a consideraciones opuestas, en la medida que el primero esencialmente sostuvo que las Juntas laborales tienen la obligación legal de proveer lo necesario para que la parte demandada en el juicio sea emplazada oportunamente, y la falta de cumplimiento de ese deber procesal se traduce en la violación al derecho de acceso efectivo a una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional; de ahí que no pueda considerarse que se trata de una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia. Por tanto, si bien se trata de un acto omisivo, genera efectos positivos, que no cesarán hasta que se cumpla con el deber señalado; lo que actualiza el supuesto del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.

22. Mientras que el segundo considera que la naturaleza jurídica del acto generador de molestia (omisión y dilación para emplazar a juicio a la parte demandada) se debe catalogar como de índole negativo, que carece de ejecución material, en tanto sus efectos no trascienden al mundo fáctico, sólo en el ámbito de lo formal; consecuencia de ello, se debe aplicar el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual resulta competente el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda.

23. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós se recibió en este Alto Tribunal, el oficio a través del cual el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, informa que el criterio denunciado cambió al dictar las ejecutorias en los conflictos competenciales 14/2021 el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, 18/2021 el nueve de diciembre del mismo año y 21/2021 fallado el diez de febrero de dos mil veintidós y, como sustento de su información remitió copia certificada de las mismas, donde se obtiene que ahora sostiene que: "... la omisión de acordar el escrito mediante el cual se solicitó la prosecución del juicio dentro de los plazos legales, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso."

24. En mérito de lo anterior, tomando en cuenta que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, al fallar el conflicto competencial 14/2021, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, cambió el criterio que sostuvo al resolver el conflicto competencial 32/2018 materia de la presente denuncia; y fue hasta el treinta de noviembre en cita cuando se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia correspondiente; resulta evidente la inexistencia de la contradicción respecto de este órgano, porque previamente había cambiado ese criterio, lo que reiteró al resolver los diversos asuntos 18/2021 de nueve de diciembre del mismo año y 21/2021 fallado el diez de febrero de dos mil veintidós.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

V. Existencia de la contradicción.

26. En cambio, sí existe la contradicción de criterios denunciada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito porque al pronunciarse sobre un mismo punto jurídico, relativo a la competencia del Juez de Distrito que habría de conocer del juicio de amparo en el que se reclamó la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada, los órganos Colegiados de Circuito arribaron a consideraciones opuestas.

27. Lo anterior, porque mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que las Juntas laborales tienen la obligación legal de proveer lo necesario para que la parte demandada en el juicio sea emplazada oportunamente, y la falta de cumplimiento de ese deber procesal se traduce en la violación al derecho de acceso efectivo a una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional; de ahí que no pueda considerarse que se trata de una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia. Por tanto, si bien se trata de un acto omisivo, genera efectos positivos, que no cesarán hasta que se cumpla con el deber señalado; lo que actualiza el supuesto del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.

28. De manera opuesta, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, considera que la naturaleza jurídica del acto generador de molestia (omisión y dilación para emplazar a juicio a la parte demandada) se debe catalogar como de índole negativo, que carece de ejecución material, en tanto sus efectos no trascienden al mundo fáctico, sólo en el ámbito de lo formal; consecuencia de ello, se debe aplicar el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual resulta competente el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda.

29. En este contexto, resulta evidente la existencia de la contradicción de criterios denunciada, porque mientras uno de los tribunales contendientes sostiene que tratándose de la omisión de emplazar al juicio laboral a la parte demandada, si bien es un acto omisivo –por no cumplirse con una obligación determinada–, genera efectos como si se tratara de un acto positivo; por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.

30. El otro órgano colegiado considera que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, en tanto la conducta que se le atribuye a la autoridad responsable es la de no llevar a cabo una etapa en el trámite del juicio de nulidad, lo que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

31. De ahí que, sin advertir discrepancia en la aplicación de las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el punto a dilucidar radica en establecer, para los efectos del juicio de amparo, cuál es la naturaleza jurídica de la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio ordinario, con el fin de determinar la competencia del órgano que habrá de conocer de la demanda de amparo.

32. Sin que resulte obstáculo alguno para así determinarlo, el hecho de que uno de los criterios discrepantes emane de un juicio laboral y otro de un juicio de nulidad, pues conforme a las razones que quedarán expuestas en el siguiente apartado, tanto las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia, así como el acceso a una tutela judicial efectiva, permean los procedimientos en general.

33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

VI. Estudio de fondo.

34. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio que sostiene esta Segunda Sala, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen.

35. Como datos previos resulta oportuno señalar que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo encuentra su origen constitucional dentro del artículo 107, fracción VII, que establece:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."

36. Y es el artículo 37 de la Ley de Amparo donde se fijan las reglas de competencia, al establecer:

"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."

37. Conforme a lo anterior, la competencia del Juez se fija a partir de tres supuestos:

a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

38. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué Juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de esta Segunda Sala "en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real".(5)

39. Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado, para los efectos del presente estudio, resulta orientador acudir a lo sostenido por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019,(6) donde al respecto estableció:

40. Ahora bien, con la finalidad de explicar mejor lo anterior, en principio se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado en los supuestos sometidos a contradicción, sólo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30534-a6cc487f/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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