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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ADMITE SER INTERPRETADO CONFORME CON EL DERECHO DE AUDIENCIA, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, EN EL SENTIDO DE QUE DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN MÁS AMPLIA PARA LOCALIZAR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. · Registro digital (IUS): 30580
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIV
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, Pág.3255.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 16 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: EDEMNA DANIELA OSORIO PACHECO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el cuaderno auxiliar 359/2021, relativo al amparo en revisión civil 136/2020, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 304/2011.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 4/2022, de cuatro de enero de dos mil veintidós, recibido por el sistema MINTERSCJN el cinco de enero de dos mil veintidós, el Magistrado en funciones de presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho tribunal al resolver el cuaderno auxiliar 359/2021, relativo al amparo en revisión civil 136/2020, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 304/2011.

2. SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; ordenó formar y registrar el expediente con el número 1/2022; estimó que la competencia para conocer de ésta correspondía a la Primera Sala; solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, informara si el criterio sustentado en la ejecutoria de su índice se encontraba vigente o si existe un nuevo criterio, en ese caso, remitiera la ejecutoria respectiva; y turnó los autos para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

3. TERCERO.—Avocamiento. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, la presidenta de la Primera Sala tuvo por recibidos los autos de la contradicción de tesis, así como la comunicación electrónica proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la que informó que su criterio seguía vigente y adjuntó versión electrónica certificada de su ejecutoria; en consecuencia, se avocó el conocimiento del asunto en la Sala, y toda vez que el expediente se encontraba debidamente integrado, se ordenó remitir los autos a la ponencia designada para la elaboración del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente asunto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Ello, dado que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados actuando en jurisdicción correspondiente a distintos circuitos(1) y en una materia que corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada para ello, pues fue formulada por un Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes, supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

6. TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. A ese respecto, debe precisarse que este Máximo Tribunal ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. Adicionalmente, se ha establecido que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

8. Asimismo, se ha dicho que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

9. Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

10. CUARTO.—Posturas contendientes. A continuación, se precisan, en lo relevante, las ejecutorias de los órganos de amparo participantes.

11. Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Ejecutoria dictada al resolver el cuaderno auxiliar 359/2021, relativo al amparo en revisión civil 136/2020, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, emitida el nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

12. Los antecedentes de este asunto son los siguientes:

13. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio por equiparación, contra los actos reclamados consistentes en el ilegal emplazamiento por edictos y la totalidad de las actuaciones en el juicio especial mercantil 452/2017 llevado ante el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en el que la parte actora demandó el pago de diversas prestaciones y la entrega de la posesión física y material de un bien inmueble.

14. Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, y una vez seguidos los tramites de ley se celebró la audiencia constitucional en la cual dicho Juez Federal resolvió negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, determinando la validez del emplazamiento realizado al quejoso en el juicio natural.

15. Inconforme con dicha sentencia de amparo, el quejoso, ahora recurrente, interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.

16. Encontrándose los autos en estado de resolución, con fundamento en lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/81/2020 suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la remisión del asunto al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, para que se avocara al estudio del amparo en revisión y emitiera la resolución que en derecho correspondía, órgano que radicó y registró el asunto como cuaderno auxiliar 359/2021.

17. Dicho Tribunal Colegiado Auxiliar determinó en concreto:

a) Que era procedente la suplencia de la queja deficiente al verificarse el supuesto contenido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo,(6) ya que el recurrente en su demanda de amparo indirecto señaló como actos reclamados el ilegal emplazamiento por edictos y sus consecuencias, cuestión que fue analizada de fondo por el Juez de Distrito, y éste determinó negar el amparo al quejoso.

b) Que el Juez de Distrito motivó y fundó la resolución manifestando que una vez que se tuvo por acreditada la imposibilidad de practicar el emplazamiento en el domicilio señalado por la parte actora, se procedió a girar un oficio de localización a una dependencia oficial (Secretaría de Relaciones Exteriores) y dado que dicha autoridad informó que no contaba en sus registros con el dato del domicilio de la persona buscada, en consecuencia se procedió legalmente a llevar a cabo el emplazamiento por edictos conforme lo establece textualmente el artículo 1,070 del Código de Comercio y la tesis de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA ORDENARLO, BASTA EL INFORME DE UNA SOLA AUTORIDAD, POR LO QUE LA EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RESPECTO DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, DEBE PARTIR DE UN CRITERIO CUALITATIVO, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ENTES JURÍDICOS."(7)

c) Que la interpretación literal del segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio que llevó a cabo el Juez de Distrito en la resolución reclamada, es una interpretación contraria al derecho fundamental de audiencia tutelado por el artículo 14 constitucional.

d) Que el emplazamiento al ser una formalidad esencial del procedimiento tutelada por el artículo 14 constitucional, su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley, que produce indefensión al tratarse de la infracción procesal de mayor magnitud y con mayor trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, ya que se afecta la posibilidad de conocimiento del juicio y con ello la de alegar, ofrecer y desahogar pruebas dentro del mismo.

e) A consideración del Tribunal Colegiado, el Juez de Distrito debió interpretar el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio tomando en cuenta el derecho de audiencia tutelado por el artículo 14 constitucional, y previo a ordenar el emplazamiento por edictos, se debió de cumplir con el procedimiento de investigación del domicilio de la parte demandada.

f) Que para llevar a cabo correctamente el procedimiento de investigación del domicilio, el Juez se encuentra facultado para el envío de oficios a diversas autoridades y/o entidades públicas o privadas con registros de personas, por lo que una vez obtenido el resultado de dichos informes, el Juez debe calificar la eficacia de dicha investigación, determinando si procede o no el emplazamiento por edictos.

g) En razón de lo anterior es que, a consideración del Tribunal Colegiado, la autoridad responsable omitió enviar el oficio a diversas autoridades o entidades que contaran con registros de domicilios de personas, lo cual derivó en una investigación deficiente al no justificar ni razonar por qué esa entidad a la que sí se le envió el oficio, era la indicada, idónea o única capaz de proporcionar la información sobre el domicilio del demandado.

h) El Tribunal Colegiado refirió que, ante tal investigación deficiente o insuficiente, se generaba la duda de que el domicilio del demandado realmente fuera incierto o desconocido y que, por ende, haya sido procedente la notificación por medio de edictos, ya que este último medio de notificación es excepcional o de último recurso.

i) Que si bien no existe alguna disposición en el Código de Comercio que prevea que deben de recabarse diversos medios de convicción para corroborar la ignorancia del domicilio del demandado, el propio artículo 1,070 de dicho ordenamiento indica que el emplazamiento por edictos tendrá lugar cuando se ignore el domicilio de aquél, para lo cual es necesario previamente cerciorarse por medios idóneos que conduzcan a comprobar fehacientemente dicho desconocimiento, cuestión que precisamente deriva de la garantía de audiencia, misma que tutela el derecho de ser oído y vencido previamente en juicio. Para dar sustento a lo anterior, el Tribunal Colegiado citó la tesis de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE INCOA LA DEMANDA."(8) y la jurisprudencia 1a./J. 6/2004, emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación.(9)

j) Que la autoridad responsable actuó conforme a lo establecido de manera literal en el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio, sin que dicha autoridad ni el Juez de Distrito hubieran razonado sobre la justificación del porqué sólo se envió el oficio para la investigación del domicilio a una autoridad (Secretaría de Relaciones Exteriores) y no a otras con registros electrónicos o magnéticos que tuvieran datos de personas, incumpliendo con ello su obligación de fundar y motivar en términos del artículo 16 constitucional, al no exponer las razones por las que consideraron idóneo y suficiente el envío de un solo oficio para la investigación del domicilio.

k) El Tribunal Colegiado refirió que no era suficiente el informe de una sola autoridad o dependencia oficial para la investigación del domicilio del demandado, porque en la actualidad con el incremento de población, se genera la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz acorde con la realidad social, por lo que el juzgador debe de hacer uso de su prudente arbitrio para mejor proveer a efecto de localizar el domicilio del demandado, y en ese sentido ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas y dependencias públicas que cuenten con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para que en auxilio de la administración e impartición de justicia se lleve a cabo la búsqueda del domicilio de la persona a la que se le pretende comunicar la actuación judicial.

l) El Tribunal Colegiado concluyó que al haberse interpretado de manera literal el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio, se vulneró el derecho de audiencia por no haberse cumplido las formalidades esenciales del procedimiento para el emplazamiento del quejoso, por lo que resultaba procedente revocar la sentencia que negó el amparo y en su lugar conceder la protección constitucional para efectos de llevar a cabo el emplazamiento del demandado con apego a los derechos fundamentales de audiencia y defensa.

18. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Ejecutoria dictada al resolver el amparo en revisión 304/2011, emitida el dos de septiembre de dos mil once.

19. Los antecedentes del asunto son los siguientes:

20. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio por equiparación, contra los actos reclamados consistentes en el ilegal emplazamiento por edictos y en consecuencia la totalidad de las actuaciones en el juicio ordinario mercantil 140/2010-IV llevado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.

21. Por razón de turno correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco y una vez seguidas todas las etapas, emitió su resolución concediendo la protección constitucional, toda vez que a su consideración resultaba ilegal el emplazamiento realizado por medio de edictos, al no haberse investigado de manera exhaustiva el domicilio del demandado, señalando que el Juez natural debió de requerir a más autoridades para que en su auxilio se tuvieran mayores datos al respecto.

22. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado en el juicio de amparo indirecto interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que determinó lo siguiente:

a) Que la sentencia emitida por el Juez de Distrito resultaba ilegal, en virtud de que no expuso las razones por las que consideró que la investigación realizada por el Juez de lo natural fue precaria e insuficiente para practicar el emplazamiento por medio de edictos.

b) Que el artículo 1,070 del Código de Comercio es claro al establecer de manera literal que bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos.

c) Que de la interpretación literal de dicho precepto se desprende que el legislador federal estableció como requisito previo recabar el informe de una sola autoridad o institución que cuente con registro oficial de personas, para la procedencia del emplazamiento por edictos, señalando de manera clara y categórica que bastará el informe de una sola autoridad para que proceda dicho medio de notificación.

d) Que una vez obtenida la información proporcionada por la autoridad requerida, el Juez revisará la información obtenida y las observaciones que en su caso haga la parte actora, resolviendo lo conducente en cuanto a la implementación del emplazamiento por edictos.

e) Que la reforma de dicha disposición normativa(10) respondió a la necesidad de impartición de justicia rápida y expedita, principio que se encuentra tutelado por el artículo 17 constitucional, como se corrobora con la exposición de motivos del decreto por el que se reformó dicho artículo 1,070 del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha trece de junio de dos mil tres.

f) Sentado lo anterior, el Tribunal Colegiado explicó lo sucedido en el caso, y advirtió que, el Juez responsable, no obstante que el artículo 1,070, párrafo segundo, del Código de Comercio establece que bastará el informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas, indagó y obtuvo información del domicilio del demandado en tres dependencias que, por su objeto o ejercicio de sus funciones, eran idóneas para obtener datos de personas, tales como sus domicilios; y en esa circunstancia, advirtió que dicha información, por su contenido, fue idónea para su propósito.

g) Así, reiteró que las apreciaciones del Juez de Amparo, en el sentido de que debió haberse indagado en más dependencias de las que fueron consultadas por el Juez del proceso, a fin de asegurar que la ignorancia del domicilio de la demandada era general, devenían ilegales, pues el legislador federal expresamente estableció que bastaba el informe de una sola autoridad o institución, para que se procediera a la notificación por edictos. h) Luego, el Tribunal Colegiado precisó que con independencia de lo anterior, resultaba un hecho notorio que en la actualidad existía una gran diversidad de entes públicos o privados que cuentan con registros de personas; por lo que, a fin de evitar el retardo en la impartición de justicia y para poder determinar la eficacia de la investigación a que se refiere el artículo 1,070 del Código de Comercio, no debe tomarse un criterio netamente cuantitativo, sino cualitativo, por medio del cual se pueda evaluar, si los entes jurídicos en que se indagó el domicilio en el caso, fueron los pertinentes para evidenciar que el domicilio era incierto o desconocido, sin que quede duda de que se agotaron todas las diligencias necesarias para cumplir con el emplazamiento del demandado y obtener seguridad jurídica del proceso mercantil.

i) Sobre esa base, concluyó que los consultados sí fueron los idóneos y pertinentes para indagar sobre el domicilio de la demandada, y no procedía continuar la investigación ordenada por el Juez de Distrito, por lo que el emplazamiento por medio de edictos realizado a la demandada en el juicio natural resultaba legal.

j) En consecuencia, el Tribunal Colegiado revocó la resolución del Juzgado de Distrito y negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al determinar la legalidad del emplazamiento realizado por medio de edictos a la parte demandada.

23. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El examen de las ejecutorias participantes permite establecer que sí existe la contradicción de tesis.

24. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Como se observa de lo antes narrado, en los dos casos contendientes se señalaron como actos reclamados en el juicio de amparo indirecto: el emplazamiento por edictos y todas las actuaciones realizadas en un juicio de naturaleza mercantil, y al llegar a la jurisdicción de los Tribunales Colegiados en la instancia de revisión de la sentencia de amparo, la litis constitucional sometida a su decisión versó sobre la interpretación del segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio en cuanto prevé la investigación del domicilio del demandado como condición previa a ordenar un emplazamiento por edictos; y derivado de dicho ejercicio interpretativo los dos tribunales sustentaron criterios diferentes.

25. Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que este segundo requisito queda cumplido en el caso, ya que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes, hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.

26. Por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en la ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, estimó que debía realizarse una interpretación del segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio que resultara conforme con el artículo 14 constitucional y no quedarse en su literalidad, en esa labor, determinó que previo a ordenar el emplazamiento por edictos, se deben de girar oficios a diversas autoridades o entes públicos o privados que cuenten con registros de domicilios de personas, a efecto de investigar más exhaustivamente el domicilio del demandado y por lo tanto corroborar que efectivamente prevalece el desconocimiento del mismo.

27. Lo anterior, dijo, con la finalidad de salvaguardar el derecho de audiencia de la parte demandada, ya que el emplazamiento a juicio es una formalidad esencial del procedimiento, incluso la que tiene mayor importancia al ser la primera notificación por la cual se tendrá conocimiento del juicio, situación por la cual, dicho tribunal determinó que el Juez del proceso se encuentra facultado y debe de girar tantos oficios como sean necesarios para que de los resultados que arrojen éstos, sea posible llegar a conocer el domicilio del demandado o en su caso se pueda acreditar el desconocimiento del mismo, supuesto en que sí procedería la notificación por edictos, como medio de notificación excepcional.

28. En consecuencia, el Tribunal Colegiado concedió el amparo para efecto de que se repusiera el procedimiento desde el emplazamiento y, previo a decretarse este último por medio de edictos, se agotara el procedimiento de investigación del domicilio del demandado, autorizando el envío de los oficios necesarios en los términos anteriormente referidos.

29. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria de dos de septiembre de dos mil once, sostuvo que el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio debía interpretarse de manera literal, y en ese sentido, señaló que la norma era categórica en que, previo a ordenar el emplazamiento por medio de edictos, bastaba girar un oficio a una autoridad o ente público o privado con registro de domicilios de personas, para que se pudiera proceder a notificar por medio de edictos a la parte demandada; corroboró que debía estarse a la literalidad de la norma, atendiendo a la exposición de motivos de la reforma por medio de la cual se introdujo la porción interpretada, de la cual advirtió la finalidad de dar celeridad al procedimiento mercantil, para lograr una impartición de justicia pronta y expedita.

30. No obstante, sentada su interpretación de la norma sobre el alcance de la obligación del juzgador en la investigación del domicilio del demandado, este órgano de amparo hizo notar que al margen de dicha regla legal, en el caso, sucedió que el Juez no se limitó a lo ordenado por el precepto, sino que envió oficios a más autoridades o dependencias para indagar sobre el domicilio, sin éxito, por ende, respondió argumentos sobre la idoneidad de esa investigación y los desestimó, declarándola idónea y suficiente para su propósito, por lo que declaró legal el emplazamiento.

31. En consecuencia, el Tribunal Colegiado determinó revocar la resolución del Juez de Distrito, y negó el amparo.

32. En consideración de esta Sala, confrontados los criterios participantes se estima que sí existe la contradicción de tesis, pues efectivamente los Tribunales Colegiados adoptaron una postura distinta ante el mismo supuesto fáctico jurídico; uno estimando que el Juez debe girar los oficios que sean necesarios a efecto de lograr la localización del domicilio del demandado, y en su caso, corroborar que se desconoce, para que sea procedente que se le emplace por medio de edictos, esto partiendo de una interpretación del artículo 1,070, párrafo segundo, del Código de Comercio, que fuera conforme con el derecho fundamental de audiencia tutelado por el artículo 14 constitucional; mientras que el otro, estimando que en un juicio mercantil basta con girar un solo oficio a una autoridad o ente público o privado con registro de domicilios de personas, para que sea procedente el emplazamiento por medio de edictos, atendiendo a una interpretación literal de ese mismo precepto del ordenamiento de comercio, esto, al margen de que en el caso que examinó, el Juez de origen hubiere realizado una investigación más exhaustiva sin estar obligado a ello; por lo que es clara la discrepancia de los criterios.

33. En vista de ese diferendo de posturas, se observa que la materia de la contradicción es determinar qué interpretación del segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio debe prevalecer, es decir, si se debe de partir de una interpretación literal estableciendo que en un proceso mercantil es suficiente girar un solo oficio a una autoridad o entidad, a efecto de proceder al emplazamiento por edictos, o si dicho precepto legal admite ser interpretado de manera distinta, que resulte conforme con el derecho fundamental de audiencia tutelado por el artículo 14 constitucional y, por ende, considerar que el Juez del proceso deba girar oficios a diversas dependencias o autoridades como sea necesario, para obtener el domicilio de la parte demandada o bien, para tener certeza de su desconocimiento, y una vez agotada dicha investigación entonces sea procedente emplazar por medio de edictos.

34. Pregunta materia de la contradicción. El tema a resolver, de acuerdo con lo expuesto, consiste en responder la siguiente interrogante: ¿De qué manera se debe interpretar el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio? y con ello resolver la disyuntiva antes explicada.

35. SEXTO.—Estudio de fondo. Examinados los criterios contendientes, esta Primera Sala determina que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el que se sustenta a continuación, el cual consiste en que el segundo párrafo del artículo 1,070 del Código de Comercio admite ser interpretado a la luz del derecho de audiencia tutelado por el artículo 14 de la Constitución Federal, para establecer que en los juicios de naturaleza mercantil, los Jueces tienen la obligación de hacer una investigación racionalmente exhaustiva del domicilio del demandado, antes de proceder a la notificación por edictos.

36. Para sustentar lo anterior, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Debido proceso legal y el derecho de audiencia.

37. Esta Suprema Corte ha identificado dentro del "núcleo duro" del derecho al debido proceso legal tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las garantías que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional,(11) identificándolas como formalidades esenciales del procedimiento las cuales consisten en: (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas, así como la oportunidad de impugnarla en caso de ser adversa.

38. Estas formalidades esen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30580-f2f9cf1d/emplazamiento-por-edictos-el-segundo-parrafo-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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