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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL JUICIO MERCANTIL. LOS ARTÍCULOS 1198 Y 1390 BIS 13 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE PREVÉN QUE EL OFERENTE DEBE EXPRESAR LAS RAZONES QUE DEMOSTRARÁN SUS AFIRMACIONES, NO VIOLAN LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL DEBIDO PROCESO, NI IMPIDEN EL ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 124/2024. · Registro digital (IUS): 32876
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.673.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 124/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 124/2024, suscitada entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con domicilio en San Andrés Cholula, Puebla.

2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si el requisito previsto por los artículos 1198 y 1390 Bis 13 del Código de Comercio, relativo a que las partes ofrecerán sus pruebas expresando las razones por las que consideran que demostrarán sus afirmaciones, so pena de ser desechadas, transgrede los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, imposibilitando el acceso a una tutela judicial efectiva o si es acorde con éstos.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

a. Denuncia de la contradicción de criterios

3. Mediante oficio 61/2024, recibido en esta sede el diez de abril de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 212/2023, la Magistrada Presidenta comunicó la denuncia sobre la posible contradicción de criterios entre lo resuelto en el citado asunto y lo decidido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar sentencia en el amparo directo 95/2012, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al emitir su veredicto en el amparo directo 183/2021.

b. Trámite

4. El doce de abril posterior, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibida la denuncia y la radicó como contradicción de criterios 124/2024; la admitió a trámite, lo que ordenó hacer del conocimiento de los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de los respectivos expedientes electrónicos de los asuntos en contienda a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y que informaran sobre si el razonamiento que sostuvieron en el de estadística se encuentra vigente. Por otra parte, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, sobre el que se realizó su turno electrónico a la ponencia correspondiente.

5. A través de los oficios 2641 y 72/2024, al igual que por acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, los órganos colegiados contendientes hicieron saber que no se han apartado del criterio que sostuvieron al resolver el respectivo amparo directo de su índice; adicionalmente, que pusieron a disposición para consulta de este órgano jurisdiccional, a través del sistema que les fue indicado, los autos relativos.

6. Por oficio DGCCST/X/394/04/2024, de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios alguna, cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

7. En auto de veintiséis de abril de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

8. El asunto fue listado para verse en sesión de cinco de junio inmediato pasado, en la que se determinó aplazarlo y verlo en sesión posterior.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se denunció respecto del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, sobre los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio, al pertenecer todos a la Región Centro-Sur.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, ya que el órgano jurisdiccional de su adscripción conoció y resolvió el juicio de amparo directo 212/2023, en cuya ejecutoria se sustentó uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es conveniente formular una breve referencia de los antecedentes relevantes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.

12. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del amparo directo 95/2012, promovido por una persona moral y una física contra la sentencia de siete de diciembre de dos mil once, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del -entonces- Distrito Federal, en el toca de apelación *********, que resultó parcialmente fundado y, por ende, se modificó la sentencia de primer grado.

13. El aludido tribunal colegiado analizó en primer lugar, la violación procesal que se hizo consistir en el desechamiento de todas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, decisión tomada en resolución de misma fecha que dictó de forma unitaria la Sala citada en el diverso toca *********, en donde se declaró procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil diez. Al respecto, se argumentó que se realizó una interpretación inexacta del artículo 1198 del Código de Comercio, ya que la oferente quejosa sí cumplió con lo que dispone sobre el ofrecimiento probatorio; argumento que, conforme a la causa de pedir, se calificó como fundado por lo siguiente:

• Se explicó la naturaleza y finalidad de los requisitos procesales, el fenómeno jurídico del formalismo, así como el principio de interpretación más favorable.

• Del contenido de los artículos 1198 y 1203 del Código de Comercio, se desprende que en un juicio mercantil a) se debe expresar con claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las pruebas que se ofrecen, b) debiendo además precisar las razones por las que la persona oferente estima que con ellas demostrará sus afirmaciones. Esos requisitos atienden al criterio de idoneidad, utilidad y trascendencia de los medios probatorios y obedecen a un principio de congruencia, consistente en que las pruebas deben guardar relación entre los hechos discutidos y discutibles y, además, tener aptitud para probarlos. Sin embargo, lo descrito no es aplicable para el segundo de los requisitos enunciados ya que no guarda relación con esos fines, sino que le arrebata al juzgador una facultad que le es exclusiva para erróneamente dársela a las partes, erigiéndose en un formalismo enervante, contrario a la tutela judicial efectiva.

• Hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el precepto en cita establecía como una obligación de la persona juzgadora el recibir todas las pruebas que las partes presentaran, con excepción de las que fueran contrarias al derecho y a la moral, fórmula tradicional que se encuentra en muchos ordenamientos legales. De la exposición de motivos de la reforma en mención, se aprecia que legislador consideró que ese precepto no regulaba de forma precisa lo relativo al ofrecimiento de pruebas, por lo que decidió variar drásticamente su contenido y establecer los dos requisitos antes señalados, pasando de ser una obligación del juzgador el “recibir” las pruebas, a ser una obligación de las partes el “ofrecerlas” con una formalidad tal que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del artículo 1198 del Código de Comercio, conduciría a desecharlas.

• El primer requisito puede considerarse apropiado en función del fin de la norma, agilizar el procedimiento, pues evita que las partes abusen al ofrecer múltiples medios de convicción con el propósito de retardarlo, aun cuando no tengan vinculación con los hechos (principio de pertinencia de la prueba) ni resulten idóneos (principio de idoneidad de la prueba). El requisito de relacionar las pruebas con los hechos, hace menos gravosa la función del juzgador al momento de decidir sobre la admisión de las pruebas y tomar las providencias para su preparación y desahogo, además de auxiliarlo para no cometer errores en la evaluación de las cosas.

• El segundo requisito no cumple con los fines de la norma, pues el que el oferente exprese la o las razones por las que considera que con determinada prueba acreditará sus afirmaciones, ningún dato útil le aporta a la persona juzgadora a efecto de razonar si la prueba es pertinente e idónea o no lo es y sí, por tanto, debe admitirse o desecharse; por el contrario, le arrebata su facultad para calificar las pruebas ofrecidas en función de las cualidades en cita y erróneamente se la impone a las partes, a las que sólo les corresponde ofrecer sus pruebas conforme a la moral y el Derecho, así como relacionarlas con los hechos que pretendan aprobar (primer requisito). Es a la referida persona funcionaria pública a quien, en ejercicio de su función jurisdiccional en la conducción del proceso, con su experiencia, profesionalismo y sensibilidad, para cumplir con su obligación de respeto y tutela del derecho de acceso a la justicia, sin romper el principio de igualdad procesal, corresponde decidir si admite una prueba, debiendo determinar si la misma es apta para acreditar las afirmaciones de su oferente (segundo requisito). Tan irrelevante es el requisito en cita para el objetivo de la norma que lo establece, que formalmente debe estimarse satisfecho, aunque las razones expresadas por el oferente no sean ciertas.

• El segundo requisito del artículo 1198 del Código de Comercio, al permitir desechar pruebas, aunque las mismas no sean contrarias al Derecho o la moral y estén relacionadas con los hechos que se pretenden demostrar, infringe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el principio de favorecimiento de la acción (pro actione).

• La omisión de cumplir el requisito en cita no debió conducir al desechamiento de las pruebas ofrecidas, sino a analizar con base en la satisfacción del primer requisito, si los medios de convicción aportados cumplieron con los principios de pertinencia e idoneidad y sólo entonces, determinar lo conducente.

• Al considerar que para la satisfacción de la norma sólo importa el cumplimiento del primer requisito, puesto que el segundo es irrelevante a sus fines, no se afecta ni limita las garantías procesales de la contraparte y sí, por el contrario, coadyuva a que en el juicio se respeten los principios de contradicción e igualdad de armas y, más importante aún, se cuente con mayores elementos para conocer la verdad de los hechos.

• Concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable:

• Dejara insubsistente la sentencia reclamada;

• Dictara otra, en la que repusiera el procedimiento para el efecto de pronunciarse de nueva cuenta en relación con el recurso de apelación preventiva; posteriormente, pronunciara una nueva sentencia (en lo principal) en la que resolviera conforme a derecho.

14. Ese criterio dio nacimiento a la tesis aislada I.3o.C.38 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, página 2719, del siguiente contenido:

PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL OFERENTE, DE PRECISAR LAS RAZONES POR LAS QUE ESTIMA QUE CON LAS QUE APORTA DEMOSTRARÁ SUS AFIRMACIONES, NO CONDUCE A SU INADMISIÓN. El artículo 1198 del Código de Comercio establece que el oferente de una prueba debe cumplir con dos requisitos: el primero, que exprese con claridad cuál es el hecho o hechos que trata de demostrar con la misma; el segundo, que precise las razones por las que estima que con dicha prueba demostrará sus afirmaciones. Conforme a esa disposición legal, el incumplimiento de cualquiera de esos requisitos conduce al desechamiento del medio de convicción correspondiente. En general, se ha dicho que estos requisitos atienden a un criterio de idoneidad, utilidad y trascendencia de los medios probatorios y obedecen a un principio de congruencia consistente en que las pruebas deben guardar un nexo directo con los hechos que se traten de probar, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos debatidos en un proceso, no debe admitirse por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, lo que así se predica en relación con ambas exigencias, en realidad sólo es aplicable a la primera. En efecto, el primer requisito debe considerarse apropiado en función del fin de la norma, esto es, agilizar el procedimiento, pues evita que las partes abusen del mismo, al ofrecer todos los medios de convicción que tengan a su alcance con el único propósito de retardarlo, cuando de antemano conocen que no tienen vinculación con los hechos (principio de pertinencia de la prueba) ni resultan idóneos (principio de idoneidad de la prueba), es decir, que no son adecuados para que el juzgador conozca la verdad de los hechos. No obstante, el segundo requisito no cumple con ese fin, pues el que el oferente exprese la o las razones por las que considera que con determinada prueba acreditará sus afirmaciones, ningún dato útil aporta al juzgador a efecto de razonar si la prueba es pertinente e idónea, o no lo es y sí, por tanto, debe admitirse o desecharse y, de hecho, le arrebata la facultad que tiene para calificar las pruebas ofrecidas en función de las cualidades en cita y erróneamente se la impone a las partes, a las que sólo les corresponde ofrecer sus pruebas (conforme a la moral y al derecho) y relacionarlas con los hechos que pretendan probar (primer requisito). Tan irrelevante es el segundo requisito que establece el artículo en cita, que formalmente debe estimarse satisfecho aunque las razones expresadas por el oferente no sean ciertas. Estas consideraciones permiten afirmar de manera válida que tal exigencia legal, al permitir desechar pruebas aunque las mismas no sean contrarias al derecho o a la moral y estén relacionadas con los hechos que se pretenden demostrar, se erige en un formalismo enervante que infringe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el principio de favorecimiento de la acción (pro actione), en él contenido, conforme al cual los órganos judiciales están obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del referido derecho fundamental, con el fin de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo.

15. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito conoció del amparo directo 183/2021, promovido por dos personas físicas contra la sentencia definitiva de seis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo Segundo en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en el juicio oral mercantil ********, en la que se declaró probada la acción.

16. El tribunal colegiado citado analizó, entre otras violaciones procesales, el argumento atinente a que el juzgador responsable debió desechar la prueba testimonial ofrecida por la parte tercero interesada, quien al ofrecerla no cumplió con el requisito previsto por el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio, que le impone expresar las razones por las que consideró que quedarían demostradas sus afirmaciones; el que calificó como inoperante porque:

• Desde la perspectiva de un control ex officio de regularidad constitucional, el citado requisito es inconstitucional al autorizar el desechamiento de la prueba si no se cumple con la referida condición. Lo que apoyó en la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)].”

• Estimó indispensable examinar el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio, en cuanto al requisito ya señalado, a partir del test de proporcionalidad implementado con la finalidad de analizar si la intervención a algún derecho fundamental es constitucional o no, en términos de la tesis 1a. CCLXIII/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL.”. Expuso en qué consiste dicho test a partir de las cuatro etapas que ha definido la citada Sala: una finalidad constitucionalmente válida, idoneidad de la medida legislativa, su necesidad y su proporcionalidad en sentido estricto.

• Luego de transcribir el contenido del artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio, señaló que el artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, establece el derecho de acceso a la justicia, que el Máximo Tribunal del país lo ha interpretado en su vertiente de tutela judicial efectiva, dando paso a la tesis aislada 1a. CCXCIV/2014 (10a.), de rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”; que determina que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto ni irrestricto, sino que por una cuestión de seguridad jurídica debe ejercerse dentro de los cauces impuestos por el legislador, los cuales se traducen en el conjunto de requisitos y formalidades previstos por el orden legal para la admisibilidad y procedencia de los juicios y los recursos, los que deben ser necesarios, razonables y proporcionales en función de una eficiente administración de justicia, de tal manera que ésta se logre, pero que a la vez no se entorpezca ni obstruya el derecho fundamental en análisis. • El principio de proporcionalidad (en sentido amplio), implica que la medida legislativa mediante la cual se restrinja un derecho humano sea admisible a la luz de las previsiones constitucionales, necesaria para alcanzar los fines buscados y proporcional en estricto sentido, esto es, que guarde correspondencia con dichos fines buscados, sin que la afectación producida por la ley pueda resultar desmedida frente a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Estimó aplicable la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.”

• Al aplicar al caso concreto el test de proporcionalidad advirtió:

1. El requisito persigue un fin constitucionalmente válido dada la naturaleza del juicio oral mercantil, pues la ratio legis consiste en agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusen de él al ofrecer todos los medios de convicción que tengan a su alcance con el único propósito de retardarlo, por lo que el legislador impuso tales requisitos para servir de filtro a esos posibles abusos.

2. No es una medida idónea para alcanzar la finalidad constitucional que se persigue. Todo medio probatorio que se ofrezca en un procedimiento, forzosamente debe guardar relación entre los hechos discutidos y discutibles y, además, tener aptitud para probarlos; sin embargo, la segunda exigencia del artículo no guarda relación con esos fines y le arrebata al juzgador una facultad que le es exclusiva para erróneamente dársela a las partes, todo lo cual hace que ese requisito formal se erija en un formalismo contrario a la tutela judicial efectiva.

• Si bien el primer requisito, de relacionar las pruebas con los hechos, hace menos gravosa la función del juzgador al momento de decidir sobre la admisión de las pruebas y tomar las providencias para su preparación y desahogo, además de auxiliarlo para no cometer errores en la evaluación de las cosas; el que el oferente deba precisar las razones por las cuales considera que con sus pruebas se demostrarán sus afirmaciones (segundo requisito), ningún dato útil aporta al juzgador a efecto de concluir si la prueba es pertinente e idónea o no lo es y si, por lo tanto, debe admitirse o desecharse. Despoja al juzgador de la facultad para calificar las pruebas ofrecidas, para arrojársela a las partes, cuando es aquél quien, sin romper el principio de igualdad procesal para decidir si admite una prueba, debe determinar si es pertinente e idónea o lo que es igual, si es apta para acreditar las afirmaciones de su oferente. Es irrelevante jurídicamente el requisito en cita para el objetivo de la norma que lo consigna, puesto que formalmente debe considerarse satisfecho, aunque las razones expresadas por el oferente no sean ciertas, o bien, que el juez tiene la obligación de verificarlas en función de su idoneidad y pertinencia, con base en lo cual determina si admite o desecha los medios probatorios.

• La inconstitucionalidad del mencionado segundo requisito radica propiamente en el hecho de que autoriza al juzgador a desechar pruebas si el oferente no manifiesta las razones por las cuales considera que con esas pruebas que ofrece acreditará sus afirmaciones, aun cuando a quien le corresponde determinar si las pruebas cumplen con la finalidad para la cual fueron ofrecidas es al juzgador y no a las partes. El requisito en comento, si bien constituye una medida legislativa admisible, en tanto que no está implícita o expresamente vedada en el ámbito constitucional y que, por el contrario, busca agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusen de él, también es verdad que se trata de una medida innecesaria, en tanto que su cumplimiento no es indispensable para la substanciación del procedimiento y, por el contrario, infringe el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Ese segundo requisito resulta innecesario pues no es indispensable para substanciar el procedimiento respectivo, porque, en tal supuesto, no se está ante una formalidad imprescindible para que la autoridad cumpla con la admisión de un elemento de convicción y con ello garantizar la tutela jurisdiccional, sino que resulta contrario al principio de proporcionalidad (en sentido amplio) por innecesario, porque si la parte oferente cumple con relacionar la prueba ofrecida con el hecho o hechos que pretendía demostrar, no puede supeditarse su admisión a que también exprese las razones por las cuales considera que acreditará sus afirmaciones, por lo cual el desechamiento de las pruebas en esos casos, aun cuando no sean contrarias a la moral o al derecho, no es una medida necesaria para lograr una justicia pronta, lo que hace evidente la inconstitucionalidad del imperativo examinado.

• Estimó inconducente analizar las restantes etapas del test de proporcionalidad y aplicable por analogía la tesis aislada I.3o.C.38 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL OFERENTE, DE PRECISAR LAS RAZONES POR LAS QUE ESTIMA QUE CON LAS QUE APORTA DEMOSTRARÁ SUS AFIRMACIONES, NO CONDUCE A SU INADMISIÓN.”. Finalmente, negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

17. Las consideraciones así vertidas dieron origen a la tesis aislada III.2o.C.12 C (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 21, enero de 2023, Tomo VI, página 6599, publicada el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el citado Semanario e indica:

JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 13 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER QUE AL OFRECER SUS PRUEBAS LAS PARTES EXPRESARÁN LAS RAZONES POR LAS QUE CONSIDERAN QUE CON ÉSTAS DEMOSTRARÁN SUS AFIRMACIONES Y QUE EN CASO DE INCUMPLIR ESE REQUISITO SE DESECHARÁN, ES INCONSTITUCIONAL.

Hechos: En un juicio oral mercantil, el Juez admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, no obstante que esta última no cumplió con el requisito de expresar las razones por las cuales consideró que quedarían demostradas sus afirmaciones con dicha prueba, como lo establece el primer párrafo del artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio. Ese elemento de convicción se desahogó en la audiencia de juicio y su resultado fue objeto de valoración al emitirse la sentencia definitiva. Inconforme con el fallo, el demandado promovió juicio de amparo directo, en el cual hizo valer como violación procesal la mencionada infracción legal.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, desde la perspectiva de un control ex officio de regularidad constitucional, que el artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio, al establecer que al ofrecer sus pruebas las partes expresarán las razones por las que consideran que con éstas demostrarán sus afirmaciones y que en caso de incumplir ese requisito se desecharán, es inconstitucional, por lo que debe declararse inoperante la violación procesal alegada.

Justificación: Lo anterior, porque a partir de un test de proporcionalidad del primer párrafo del precepto señalado se concluye que si bien es cierto dicha medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, pues su ratio legis consiste en agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusen de él, al ofrecer todos los medios de convicción que tuvieren a su alcance con el único propósito de retardarlo, de manera que el legislador impuso ese requisito para servir de filtro de esos posibles abusos, no es menos verídico que no resulta idóneo para alcanzar la finalidad constitucional referida. Ahora bien, el hecho de que el oferente deba manifestar las razones por las cuales considera que con dichas pruebas se demostrarán sus afirmaciones, ningún dato útil le aporta al juzgador a efecto de concluir si la prueba es pertinente e idónea, o no lo es y si, por tanto, debe admitirse o desecharse. Este requisito despoja al juzgador de la facultad que tiene para calificar las pruebas ofrecidas en función de las cualidades en cita y erróneamente se la impone a las partes, a las que sólo les corresponde ofrecer sus pruebas y relacionarlas con los hechos que pretendan probar; tan irrelevante es el requisito en cita para el objetivo de la norma, que formalmente debe considerarse satisfecho aunque las razones expresadas por el oferente no sean ciertas, todo lo cual infringe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución General, así como en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de ahí que imponer la obligación al oferente de la prueba de manifestar las razones por las cuales considere que con ella acreditará sus afirmaciones, resulta contrario al principio de proporcionalidad (en sentido amplio) por innecesario y, por ende, el desechamiento de los elementos de convicción, establecido en el último párrafo del propio artículo 1390 Bis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32876-78987cd4/pruebas-en-el-juicio-mercantil-los-articulos-1198 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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