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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. COMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA REGULAR LA MATERIA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 2.388 AL 2.416 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2021. · Registro digital (IUS): 30717
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo IV, Pág.3542.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día ocho de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 83/2021, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos 2.388 a 2.416, capítulo XI, "Del juicio hipotecario", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, publicado mediante el Decreto 257 el catorce de abril de dos mil veintiuno en el medio de difusión oficial local.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la demanda y autoridades demandadas. El trece de mayo de dos mil veintiuno, la CNDH promovió la presente acción de inconstitucionalidad y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México.

2. Concepto de invalidez único. En síntesis, la CNDH señaló en su escrito de demanda lo siguiente:

3. Los artículos 2.388 a 2.416 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México son inválidos porque establecen las reglas y las etapas del procedimiento del juicio hipotecario, esto es, regulan una cuestión procesal civil, con lo que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

4. Argumenta que, con la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional en materia de justicia cotidiana que modificó el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de legislar en la materia de los procedimientos civiles y familiares. Por esta razón, considera que las entidades federativas ya no pueden regular esa materia, por lo que sólo gozan de las facultades concurrentes que se les reconoce en la legislación única.

5. Señala que hasta en tanto el Congreso de la Unión emite la legislación única, el ámbito de acción de las entidades federativas se limita a seguir aplicando las normas locales expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Por ello, los Estados tampoco tienen la facultad para reformar su normativa local vigente, aun cuando la legislación única todavía no ha sido expedida por el legislador federal.

6. Ahora bien, respecto de las disposiciones impugnadas, la CNDH señala que formalmente son procesales, pues se encuentran inmersas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como materialmente procesales, pues las disposiciones establecen lo relativo al trámite del juicio hipotecario.

7. En este segundo aspecto, se precisa que la materia de los artículos impugnados es, entre otras cosas, los supuestos que le dan origen al juicio hipotecario, los requisitos para su procedencia, lo concerniente a la cédula hipotecaria y al depósito judicial de la finca hipotecada, la ejecución del auto admisorio, las fases y desarrollo de la instrucción y lo referente a las sentencias y a su impugnación.

8. Por tanto, para la CNDH resulta incontrovertible que los preceptos impugnados vulneran los derechos humanos, pues el legislador mexiquense emitió la regulación sin tener sustento constitucional, ya que la materia procesal civil se encuentra conferida de manera exclusiva al Congreso de la Unión.

9. Artículos constitucionales violados. La CNDH considera que los artículos impugnados violan los artículos 1o. 14 y 16 de la Constitución Federal, 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Admisión y trámite. Mediante Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento. Mediante Acuerdo de quince de junio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo correspondiente.

11. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el nueve de julio de dos mil veintiuno, el director general Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos rindió el informe de ley en representación del Poder Ejecutivo del Estado de México donde, en síntesis, señaló lo siguiente:

a) Conforme a las Constituciones Federal y Local, el titular del Poder Ejecutivo está facultado y obligado a promulgar y publicar las leyes, acuerdos o decretos expedidos por el Congreso del Estado, pues esto constituye una formalidad del proceso legislativo.

b) La promulgación es congruente con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues los órganos emisores de la norma deben garantizar que los ciudadanos tengan certeza, por lo que deben conducirse conforme a los mandatos, límites y facultades del Texto Constitucional.

c) En este sentido, y contrario a lo argumentado por la CNDH, la promulgación fue ordenada por una autoridad facultada para ello, por lo que se puede tener por apegada a los principios de fundamentación y motivación.

d) Como sustento de su afirmación, cita las siguientes tesis jurisprudenciales del Tribunal Pleno: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES."

e) Subraya que de una interpretación literal de la reforma constitucional a la fracción XXX del artículo 73 se extrae que la facultad del Congreso de la Unión se constriñe a expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero sin que ello limite a las Legislaturas Locales para realizar reformas a sus legislaciones adjetivas en la materia.

f) Argumenta que el Poder Reformador de la Constitución no estableció de manera literal que los Congresos Locales no tendrían facultades para legislar en la materia, sino que sus legislaciones continuarían vigentes hasta que entrara en vigor el Código Nacional, según establece el artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana.

g) Añade que, por tanto, es lógico y ajustado a derecho que las Legislaturas puedan realizar reformas y adiciones en la materia, máxime si se considera que éstas emanan de una realidad y necesidad social y jurídica. Señala que esto fue lo que ocurrió en el caso, porque en el Estado de México no estaba regulado el juicio hipotecario.

h) Señala que la reforma se sustentó en dos necesidades: cubrir un vacío jurídico y equilibrar los derechos y obligaciones de acreditantes y acreditados. En este último aspecto, las disposiciones impugnadas buscan dotar a los acreedores de las herramientas legales que les permitan ceder sus créditos hipotecarios. En relación con esto, la autoridad demandada hace una breve síntesis de las normas combatidas por la CNDH.

i) Más adelante, señala que no desconoce que la Suprema Corte ha resuelto las acciones de inconstitucionalidad 32/2018 y 58/2018; sin embargo, considera que el Alto Tribunal no debería vedar a los Congresos Locales de legislar en la materia.

j) Por otro lado, agrega que, conforme al decreto de reformas constitucionales, el Congreso de la Unión debió de expedir el Código Nacional, en un plazo que no excediera de ciento ochenta días después de la entrada en vigor del decreto. No obstante, advierte que hasta la fecha, luego de aproximadamente tres años y nueve meses, el Congreso de la Unión no lo ha expedido, excediendo así cualquier parámetro de razonabilidad.

k) Menciona como hecho notorio lo resuelto en el amparo 279/2019, donde un Juez de Distrito concedió un amparo y ordenó que las autoridades competentes expidieran la legislación procedimental en la materia en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de que la resolución causara ejecutoria. Añade que esta sentencia fue confirmada por la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver el recurso de revisión 265/2020. Sin embargo, alega que el cumplimiento de esta sentencia será hasta dentro de los próximos dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, lo que entre tanto afectará la impartición de justicia local en la materia de juicio hipotecario.

l) Por tanto, el Poder Ejecutivo del Estado de México solicita que la Suprema Corte declare infundado el concepto de invalidez y determine la validez de las disposiciones impugnadas.

12. Informe del Poder Legislativo. Mediante el escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, la diputada presidenta rindió el informe de ley en representación de la Legislatura del Estado de México, donde en síntesis señaló lo siguiente:

a) En relación con los hechos señalados por la CNDH, reconoce que es cierta la expedición del Decreto 257 que adicionó los artículos impugnados.

b) Considera que, en general, es infundado el concepto de invalidez porque carece de sustento fáctico y jurídico. Explica que, si bien el Congreso de la Unión tiene una facultad exclusiva para legislar en la materia procesal civil, ello no impide que las entidades federativas tengan la facultad de reformar su legislación vigente hasta que el Congreso expida la legislación única.

c) Detalla que esta facultad de las entidades federativas tiene su fundamento en los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto de reformas constitucionales en la materia de justicia cotidiana, así como en una interpretación funcional de la habilitación legislativa que tienen las entidades federativas.

d) Explica que los códigos procesales civiles están desactualizados porque el Congreso de la Unión no ha expedido la legislación única en la materia, lo que dificulta que los Poderes Judiciales puedan implementar nuevas herramientas para impartir justicia.

e) Agrega que la facultad para reformar la legislación vigente permite adecuar el ordenamiento a las necesidades sociales y económicas de la entidad. En el caso, las normas impugnadas cubren un vacío jurídico, porque el juicio hipotecario no estaba regulado a nivel local, y equilibra los derechos y obligaciones de acreditantes y acreditados, porque dota a los acreedores de las herramientas legales para ceder sus créditos hipotecarios.

f) Señala que la reforma constitucional genera incertidumbre porque en el decreto no se estableció si las entidades federativas estaban privadas de legislar en la materia desde la entrada en vigor de la reforma o hasta que se aprobara la legislación única.

g) Considera que las Legislaturas Locales cuentan con una habilitación constitucional para seguir legislando en la materia, hasta que entre en vigor la legislación única, porque el artículo quinto transitorio del decreto de reformas no establece una limitación expresa en ese sentido.

h) Explica que esto último no sucedió en las reformas constitucionales previas, donde al federalizar una parte de la materia no se especificó –como sí se hizo en este caso– que seguirían vigentes las disposiciones emitidas antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional respectiva.

i) Señala que el Congreso de la Unión tuvo ciento ochenta días para emitir la legislación única, sin embargo, esto aún no acontece. Por ello, en tanto entra en vigor esa legislación, considera que tiene la facultad para adecuar su legislación sustantiva y adjetiva en la materia, en el entendido de que existen vacíos legales que deben satisfacerse.

j) En sustento de sus afirmaciones considera aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 11/2016 (10a.), de rubro: "LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS."

k) Ahora bien, considera que es infundado que los artículos impugnados sean discriminatorios porque vulneren los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, porque en este caso los artículos combatidos establecen con precisión las figuras relativas al juicio hipotecario.

l) Como apoyo de esta afirmación cita la jurisprudencia 2a./J. 106/2017 (10a.), de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES."

m) Por tanto, el Poder Legislativo del Estado de México pide que la Suprema Corte declare infundado el concepto de invalidez y determine la validez constitucional de los artículos impugnados.

13. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión alguna.

14. Alegatos y cierre de la instrucción. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, recibidos los alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

II. COMPETENCIA

15. Este Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, vigente al momento de la promoción de la demanda respectiva,(2) ya que la CNDH plantea una posible contradicción entre los artículos 2.388 a 2.416 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México frente a la Constitución Federal.

III. OPORTUNIDAD

16. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo se debe iniciar a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(3)

17. En este caso, el decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado el catorce de abril de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de México, por lo que el plazo legal para su impugnación transcurrió del quince de abril al catorce de mayo del mismo año.

18. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, pues el escrito de demanda se presentó el trece de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. LEGITIMACIÓN

19. La CNDH está facultada para promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, actuando a través de su representante legítimo, conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(4) y en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

20. En este caso, la demanda fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de presidenta de la CNDH, calidad que acreditó con una copia certificada de su designación por el Senado de la República. Asimismo, la presidenta tiene la facultad de representación legal para promover las acciones de inconstitucionalidad, conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6) Por último, la presidenta impugna la validez de los artículos 2.388 a 2.416 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues considera que son contrarios a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de legalidad.

21. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación, toda vez que este asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su representante para impugnar disposiciones del Estado de México que, asegura, vulneran los derechos humanos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

22. Lo referente a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las autoridades demandadas. Al respecto, el Poder Ejecutivo del Estado de México señala en su informe que está obligado y facultado a promulgar y mandar publicar las leyes expedidas por el Congreso Local, porque estos actos conforman una etapa del procedimiento legislativo.

23. Si bien la autoridad no planteó este argumento como una causa de improcedencia, conviene pronunciarse al respecto dada su similitud con esta causal específica. Así, lo procedente es desestimar este planteamiento, pues el promovente de una acción debe señalar en su escrito de demanda tanto el órgano legislativo como el ejecutivo que emitió y promulgó la norma impugnada, conforme al artículo 61, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)

24. En consecuencia, dado que el Poder Ejecutivo del Estado de México tuvo injerencia en el proceso legislativo, otorgándole plena validez y eficacia a las normas impugnadas mediante su promulgación y publicación, se concluye entonces que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(8)

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

25. La CNDH señaló en su demanda que los artículos 2.388 a 2.416 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México contravienen el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad porque regulan un tópico propio de la materia procesal civil como lo es el juicio hipotecario, esto es, regulan una materia exclusiva del Congreso de la Unión.

26. Conforme a los precedentes,(9) en el proyecto de sentencia se proponía calificar como fundado el concepto de invalidez.

27. Para ello, se retomaba la acción de inconstitucionalidad 144/2017, donde este Tribunal Pleno sostuvo que el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal(10) establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en la materia procesal civil y familiar, con lo que se excluye la concurrencia de las entidades federativas en esta materia.

28. Se decía que este precepto constitucional fue adicionado mediante el decreto de reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, que fue publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto –expuesto durante el proceso legislativo– de establecer una misma regulación con todos los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en el país.

29. Se precisaba que, conforme al régimen transitorio del decreto,(11) este precepto constitucional entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete. Desde entonces, las entidades federativas ya no cuentan con la facultad de reformar su normativa procesal civil y familiar –ni siquiera de manera transitoria–, debiéndose constreñir a seguir aplicándola hasta que entre en vigor la legislación única expedida por el legislador federal. La única excepción consiste en la obligación de legislar para adecuar sus Constituciones al contenido del decreto.

30. A la luz de esas consideraciones, se refería la literalidad de las normas impugnadas con el fin de determinar si eran o no acordes con el parámetro descrito:

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México

"Capítulo XI

"Del juicio hipotecario

"Objeto

"Artículo 2.388. Se tramitarán en la vía especial hipotecaria las demandas que tengan por objeto exigir el pago de un crédito garantizado por hipoteca o, en su caso, hacer efectiva la garantía; sin importar la naturaleza jurídica de dicho crédito, ni la materia que lo regule. "Serán competentes para conocer de ellas los Tribunales Civiles de Primera Instancia. En todo caso, estos juicios se sustanciarán electrónicamente, en términos de la regulación establecida al efecto en este código, el Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México y los lineamientos operativos aplicables.

"Las demás acciones derivadas del contrato de hipoteca, se tramitarán en la vía ordinaria."

"Procedencia

"Artículo 2.389. Para que proceda el juicio hipotecario, deberán reunirse los siguientes requisitos:

"I. Que el crédito conste en escritura pública;

"II. Que sea de plazo cumplido o pueda exigirse su vencimiento anticipado, conforme al contrato de hipoteca o a la ley; y,

"III. Que la escritura pública donde conste esté inscrita en el Instituto de la Función Registral."

"Supletoriedad

"Artículo 2.390. En lo no previsto, serán aplicables las disposiciones que rigen el juicio ordinario civil y, en su defecto, las generales de este código; en lo que no se opongan a la naturaleza del juicio hipotecario."

"Admisión de demanda

"Artículo 2.391. Presentada la demanda, acompañada de la escritura pública donde conste el crédito hipotecario, el tribunal revisará su competencia y si se reúnen los requisitos fijados en los artículos anteriores; de ser así, dictará auto admisorio con efectos de mandamiento en forma, donde se ordene:

"l. Requerir de pago a la parte demandada, en su caso;

"II. Expedir inmediatamente cédula hipotecaria y entregarla con las formalidades debidas;

"III. Tener por constituido depósito judicial sobre la finca hipotecada, sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil deban considerarse inmovilizados e integrantes de la misma, a partir del emplazamiento. Siempre que lo pida cualquiera de las partes, se formará el inventario respectivo para agregarlo a los autos;

"IV. Nombrar persona que ejercerá el cargo de depositario judicial, conforme a lo previsto por el artículo 2.393;

"V. Emplazar a la parte demandada, corriéndole traslado con copia cotejada de la demanda y documentos anexos, para que la conteste dentro del plazo de cinco días;

"VI. Notificar a los acreedores hipotecarios anteriores para que, si lo desean, ejerciten sus derechos conforme a la ley, cuando del título base de la acción hipotecaria, se advierta su existencia;

"VII. Si lo permiten las estipulaciones contenidas en el contrato de hipoteca, practicar avalúo del bien hipotecado, una vez efectuado el emplazamiento; y,

"VIII. Librar los exhortes (sic) correspondientes, para el supuesto de que el bien hipotecado, o los domicilios de la parte demandada o los acreedores anteriores que resultaren, se ubiquen fuera del lugar del juicio."

"Cedula hipotecarla (sic)

"Artículo 2.392. La cedula hipotecaria es el documento expedido por el tribunal que conozca del asunto para efectos de registro. Contendrá una relación sucinta de la demanda y del título en el cual se funde ésta; así como el mandamiento expreso y terminante de que la finca es objeto de juicio hipotecario y se encuentra en depósito judicial.

"Se formará en cuatro tantos, de los cuales se dispondrá en la forma siguiente:

"a) Previo pago de derechos por la parte actora, el cual deberá realizar dentro de los tres días siguientes a que reciba el formato correspondiente, dos ejemplares de la cedula hipotecaria se enviaran electrónicamente por el tribunal a la oficina correspondiente del Instituto de la Función Registral para su anotación; efectuada ésta, con la constancia respectiva, uno de ellos quedará en el registro y el otro se agregará a los autos; y,

"b) Los dos restantes serán entregados, uno a la parte actora y otro a la demandada al ejecutarse el auto admisorio.

"Si fueren materia de la acción varios bienes hipotecados, se expedirán cuantas cedulas hipotecarias correspondan para cada uno de ellos, en la forma que este artículo previene.

"Anotada la cedula hipotecaria, no surtirá efecto embargo alguno, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el juicio hipotecario o viole los derechos adquiridos por la parte actora sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa al mismo inmueble, debidamente registrada y anterior en fecha a la presentación de la demanda que ha motivado la expedición de la cédula o de la providencia dictada a petición de persona acreedora con mejor derecho."

"Depósito judicial de la finca hipotecada

"Artículo 2.393. A partir de que se le entregue la cédula hipotecaria, a la parte deudora se constituye en depositarla (sic) judicial de la finca hipotecada, con todos los derechos y obligaciones relativos, establecidos en el libro séptimo, tercera parte. Título octavo, del Código Civil.

"Si la parte deudora no acepta la responsabilidad como depositarla (sic) judicial, entregará desde luego la posesión material de la finca para que la ejerza con dicho carácter la parte actora o la persona nombrada por ésta quienes, en su caso, deberán cumplir con las obligaciones legalmente establecidas para ello.

"Cuando la parte actora funja como depositarla (sic) judicial, puede servir como fianza el crédito que reclama. Si se trata de terceras personas, en todo caso otorgarán garantía.

"La parte actora tendrá derecho de nombrar depositario cuando así se estipule en el contrato contenido en la escritura de hipoteca, o cuando la parte deudora no acepte dicha responsabilidad.

"Quien ostente el cargo de depositario deberá rendir cuenta mensual de su administración, en la forma prevista para el embargo de inmuebles y sus rentas; sin que pueda ser eximido de esta obligación por convenio contenido en el contrato de hipoteca."

"Ejecución del auto admisorio

"Artículo 2.394. La ejecución del auto que admita la demanda en la vía hipotecaria, se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente:

"l. La cédula hipotecaria será enviada a la oficina del Instituto de la Función Registral para los efectos establecidos en el artículo 2.392;

"II. Mediante diligencia que atienda a las formalidades relativas al emplazamiento, la parte deudora será requerida de pago, cuando su obtención constituya una de las pretensiones. De lograrlo, quien esté a cargo de la diligencia dará cuenta al tribunal para que se resuelva lo conducente;

"III. En caso de no obtener pago o cuando éste no se haya reclamado, se hará entrega a la parte demandada de la cédula hipotecaria. En el mismo acto, también se entregará un tanto a la parte actora;

"IV. Hecha la entrega de la cédula hipotecaria, se requerirá (sic) la parte deudora para que exprese Si acepta o no la responsabilidad como depositaría judicial del bien hipotecado, lo cual deberá contestar en ese acto.

"Para el caso de que la diligencia se haya entendido con diversa persona, dicha manifestación deberá hacerla la parte deudora dentro de los cinco días siguientes; mientras tanto, se le considerará como depositaría.

"Transcurrido dicho plazo, sin que haga la parte deudora la manifestación correspondiente, se entenderá rehusado el cargo de depositario y se procederá conforme a lo previsto para esa hipótesis, en el artículo 2.393; y,

"V. Enseguida, corriéndole traslado con copia cotejada de la demanda y documentos anexos, se le emplazará para que la conteste dentro del plazo de cinco días."

"Excepciones oponibles

"Artículo 2.395. En los juicios hipotecarios, son admisibles toda clase de excepciones."

"Reconvención

"Artículo 2.396. No procede la reconvención en los juicios hipotecarios."

"Vista con la contestación de demanda

"Artículo 2.397. Con la contestación de demanda que, en su caso, se formule; se mandará dar vista a la parte actora, por el plazo de tres días."

"Ofrecimiento de pruebas

"Artículo 2.398. En los escritos relativos a la fijación de la controversia, las partes deben ofrecer sus pruebas, relacionándolas con los hechos materia de debate."

"Trámite sumarísimo

"Artículo 2.399. Si dentro del plazo concedido no se contesta la demanda o si, contestándola, se formula allanamiento; a petición de la parte actora, se citará a las partes para oír sentencia definitiva, en cuyo caso, la misma se pronunciará dentro de los ocho días siguientes.

"En caso de no contestar cada uno de los hechos de la demanda, se tendrá por confesa afirmativamente a la parte demandada.

"La falta de contestación a la demanda sólo producirá los efectos anteriores, sí el emplazamiento se realizó personal y directamente al demandado o a su representante."

"Trámite sumario

"Artículo 2.400. En el auto que tenga por desahogada la vista respecto de las excepciones opuestas o si se declara la rebeldía cuando el emplazamiento se efectuó por edictos, el tribunal depurará el proceso resolviendo las excepciones procesales o de cosa juzgada interpuestas por la parte demandada, o bien, pronunciándose sobre los presupuestos procesales que estimare insatisfechos, de ser procedente.

"Si de la depuración procesal no resultare concluido el proceso, proveerá sobre la admisión y preparación de pruebas. Además, fijará día y hora para la celebración de una audiencia de juicio, la cual deberá verificarse dentro de los quince días siguientes."

"Etapa probatoria

"Artículo 2.401. La preparación de las pruebas admitidas corre a cargo de las partes.

"A su vez, el tribunal debe brindar al oferente todas las facilidades a fin de lograr el desahogo de los medios de prueba. En consecuencia, a través del propio auto donde se admitan éstos, dejará a disposición de la parte interesada el oficio o exhorto respectivos, para que realice los trámites necesarios y los exhiba debidamente diligenciados, a más tardar en la audiencia de juicio, con el apercibimiento de la deserción de la prueba.

"Asimismo, para compeler a las personas obligadas a la rendición de las pruebas el tribunal aplicará progresivamente los medios de a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30717-e147a19a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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