RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO DE UNA DELEGACIÓN ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) Y DELEGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 72/2021. DELEGADO Y APODERADO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN NAYARIT DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 1 DE MARZO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR NARANJO AHUMADA. SECRETARIO: DAVID IBARRA CÁRDENAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Improcedencia del recurso por falta de legitimación del promovente. Este recurso de revisión fiscal fue interpuesto por quien carece de legitimación para instarlo y, por ello, es improcedente.
La autoridad demandada en el juicio de origen es el subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Nayarit, en tanto que el recurso de revisión fiscal lo interpone **********, quien se ostenta como delegado designado por la autoridad demandada en el juicio de nulidad y como apoderado del referido instituto.
Sin embargo, el promovente carece de legitimación para tales efectos.
En efecto, con la finalidad de evidenciar tal determinación se cita lo que al respecto establecen los artículos 5o. y 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se transcriben a continuación:
"Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.
"La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva.
"Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el Sistema de Justicia en Línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral, la hizo el administrador único o el presidente del consejo de administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación.
"La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de (sic) Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.
"Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo." (Énfasis añadido)
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ..." (Énfasis añadido)
El artículo 5o. transcrito dispone que la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, así como que las autoridades podrán nombrar delegados que tendrán la facultad de hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos.
Por su parte, el artículo 63 establece quiénes pueden interponer el recurso de revisión fiscal y precisa que será la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, o bien, la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.
Entonces, la representación de la autoridad demandada en el juicio de origen correspondió a la titular de la Unidad Jurídica y apoderada de la Delegación Estatal en Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno se le tuvo contestando la demanda en el juicio de nulidad.
En la especie, el recurso de revisión fiscal se interpuso por **********, como delegado y apoderado de la Delegación Estatal en Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal como se advierte del recurso de revisión fiscal.
Cabe destacar que el carácter de delegado se le atribuyó en el escrito de contestación de demanda, lo cual se proveyó de conformidad en el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por contestada la demanda de nulidad.
Por ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por la autoridad demandada "a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica", es dable concluir que el delegado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, al no ser el titular de la Unidad Jurídica encargada de la defensa jurídica de dicha dependencia.
Con relación a la legitimación en el recurso de revisión fiscal, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 321, registro digital: 188096, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica." (Énfasis añadido)
También resulta ilustrativa, por señalar quién se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal en representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la jurisprudencia 2a./J. 97/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 823, registro digital: 161471, que dispone:
"REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEMANDADA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la defensa jurídica de las Delegaciones Estatales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado corresponde, indistintamente, al titular de la Dirección Jurídica o en su ausencia, al subdirector de lo Contencioso, y a la Unidad Jurídica Delegacional respectiva; ahora bien, esta última no tiene atribuciones para actuar en ‘suplencia por ausencia’ de la autoridad citada en primer término; sin embargo, si al interponer el recurso de revisión fiscal manifiesta que con ese carácter comparece, pero también que lo hace en representación de la autoridad demandada, debe estimarse que cuenta con la legitimación necesaria para actuar en esos términos, pues no puede llegarse al extremo de que por haber mencionado incorrectamente que comparece en suplencia de un funcionario diverso, no le deba ser reconocida la legitimación que la ley le confiere, ya que es suficiente que el recurso lo interponga quien ostenta el cargo de jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del instituto referido, en representación de la delegación demandada en el juicio de origen, para que se reconozca su legitimación procesal activa, por ser considerado como unidad encargada de la defensa jurídica." (Énfasis añadido)
Así, también se transcribe el criterio I.7o.A.809 A (9a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte y que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, página 735, registro digital: 160646, que establece:
"REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER DICHO RECURSO. De la jurisprudencia 2a./J. 59/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 321, de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’, se advierte que a efecto de que las autoridades demandadas tengan una adecuada defensa en los recursos de revisión que deriven de los juicios de nulidad en que obtuvieron un fallo adverso, ese medio de impugnación debe interponerlo la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Por su parte, el artículo 5o., cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo otorga la posibilidad a las autoridades demandadas de designar delegados para que las representen en el juicio; sin embargo, dicha potestad no puede homologarse a lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo para efectos de la procedencia del señalado recurso, en tanto que el precepto 63 de la ley mencionada en primer término, que es la norma adjetiva aplicable al caso, establece como presupuesto de legitimación que sea la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica quien lo promueva. En tales términos, los delegados de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal carecen de legitimación procesal para interponer el aludido recurso." (Énfasis añadido)
En este orden de ideas, se concluye que aun cuando entre las facultades con que cuenta un delegado designado por la autoridad demandada en términos del artículo 5o., párrafo quinto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contenga la de interponer recursos, dicha facultad es excluida conforme a la regla especial de tramitación del citado recurso de revisión que se establece en el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se indica que el citado medio de impugnación debe ser interpuesto por quien ejerza la titularidad de la Unidad Jurídica de la autoridad demandada.
Ahora bien, como apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ********** carece de legitimación para interponer el recurso.
Cabe señalar que con dicho carácter de apoderado se le tuvo interponiendo el recurso de revisión fiscal en acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno (foja 100), dictado en el juicio natural, sin que de las actuaciones que integran dicho procedimiento se advierta un auto en el que expresamente se le reconozca esa calidad.
De conformidad con lo determinado en el ya citado artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la jurisprudencia PC.III.A. J/67 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, corresponde al titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado interponer la revisión fiscal, no así a su apoderado general judicial.
El sustento de la anterior afirmación deriva de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en sus artículos 3o., fracción II, inciso a) y 63 establecen lo siguiente:
"Artículo 3o. Son partes en el juicio contencioso administrativo:
"I. El demandante.
"II. Los demandados. Tendrán ese carácter:
"a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. ..."
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ..."
De conformidad con el artículo 3o., fracción II, inciso a), en relación con el numeral 63, fracción VI, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las sentencias definitivas dictadas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales pueden ser recurridas por: a) la autoridad emisora del acto impugnado a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, o por: b) la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.
En el caso que se analiza, la sentencia recurrida fue dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual es acorde con las disposiciones de procedencia previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Sin embargo, en lo que a la legitimación se refiere, quien figura como autoridad demandada y emisora del acto impugnado es el titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Nayarit, y de conformidad con el artículo 63 de la legislación en cita, corresponde al titular de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica interponer el recurso de revisión fiscal.
En efecto, los numerales 40 y 42 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecen:
"Artículo 40. Los titulares de las Unidades de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social y Jurídica Delegacional tienen las siguientes funciones:
"I. Ejecutar las actividades encomendadas a la unidad a su cargo con base en la programación, organización, coordinación y evaluación establecida por la Secretaría General, las unidades administrativas centrales competentes y el delegado;
"II. Observar las normas, políticas y lineamientos que, en el ámbito de su competencia, emitan los órganos de gobierno, las unidades administrativas centrales competentes y el delegado;
"III. Participar en los órganos colegiados en términos el presente reglamento y de la normatividad aplicable;
"IV. Realizar estudios, proponer e implementar proyectos para la mejora en la calidad de los servicios y programas a su cargo y de las áreas administrativas y centros de trabajo delegacionales de atención directa al derechohabiente;
"V. Proporcionar los informes y estadísticas que les sean solicitados por el delegado y las unidades administrativas centrales competentes, así como órganos fiscalizadores;
"VI. Formular y ejecutar el programa de trabajo anual de la unidad a su cargo;
"VII. Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o con fundamento en el artículo octavo constitucional. El incumplimiento de esta función se sanciona conforme a las disposiciones aplicables;
"VIII. Coordinar la integración y presentar, en los tiempos establecidos, la documentación e información que le soliciten los órganos de gobierno y las unidades administrativas, el consejo y los órganos fiscalizadores. El incumplimiento de esta función se sanciona conforme a las disposiciones aplicables;
"IX. Certificar los documentos que obren en poder de las unidades, y expedir las constancias que se requieran en las materias de su competencia; y
"X. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior o sean determinadas por la normatividad aplicable."
"Artículo 42. El titular de la Unidad Jurídica, tiene además de las funciones señaladas en el artículo 40 del reglamento las siguientes: "I. Representar al instituto, a la delegación, a las áreas administrativas y centros de trabajo delegacionales para su defensa jurídica en todo tipo de gestiones judiciales, extrajudiciales y administrativas, y ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales, en los términos de sus atribuciones y de los poderes otorgados;
"II. Representar al delegado, subdelegados y demás servidores públicos de la delegación, sus áreas administrativas o centros de trabajo delegacionales, en todos los trámites relacionados con los juicios de amparo conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que sean parte o en los que sin ser parte sea requerida su intervención;
"III. Interponer las demandas judiciales y denuncias, formular los informes previo y justificado en los juicios de amparo, así como promover los recursos en los casos donde el Instituto sea parte;
"IV. Dar contestación oportuna y seguimiento a las demandas, denuncias y recursos del orden civil, penal, fiscal, administrativo y laboral que se presenten en contra del instituto, de la delegación o de su personal en el desempeño de sus funciones, e interponer los recursos que procedan;
"V. Asesorar o asumir la defensa jurídica de los médicos o sus auxiliares que se encuentren involucrados en asuntos de carácter legal con motivo del ejercicio de sus funciones dentro del instituto, en términos de la normatividad aplicable;
"VI. Interponer, en el ámbito de su competencia, los recursos administrativos e iniciar los juicios contencioso-administrativos o de amparo que procedan, en contra de actos o resoluciones de las autoridades federales o locales que afecten los intereses y el patrimonio del instituto;
"VII. Proponer la utilización de los medios alternativos de solución de controversias, de conformidad con los términos que defina la Unidad de Mediación, prevista en el artículo 57, fracción IX del estatuto orgánico;
"VIII. Aplicar en el ámbito de su circunscripción, medios alternativos de solución de controversias, de conformidad con los criterios que para tal efecto establezca la Dirección Jurídica del instituto;
"IX. Asesorar a la delegación, sus áreas administrativas y centros de trabajo delegacionales, en la aplicación de los lineamientos para el levantamiento de las actas administrativas, aplicación de sanciones y elaboración de avisos de rescisión, en los casos en que corresponda terminar con la relación laboral del personal del instituto;
"X. Asesorar al delegado en el procedimiento legal motivo de la rescisión de la relación laboral de los trabajadores de base y de confianza que deba realizar, de conformidad con la normatividad aplicable;
"XI. Asesorar o asumir la defensa jurídica de los trabajadores del instituto, denunciados o demandados por causas directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando no se trate de actos cometidos en contra del propio instituto;
"XII. Prestar auxilio legal a los trabajadores durante el trámite de la averiguación previa, cuando sufran algún accidente en el desempeño de sus labores con motivo de la operación de vehículos o maquinaria propiedad del Instituto o rentados por éste y a su servicio, en los términos de la normatividad aplicable;
"XIII. Gestionar el trámite ante la Dirección Jurídica del instituto, para la solicitud, otorgamiento y revocación de poderes notariales y actos relacionados con la intervención de fedatario público que se requiera;
"XIV. Opinar, dictaminar y registrar los convenios y contratos que celebre la delegación, de conformidad con las disposiciones legales y demás normatividad aplicable;
"XV. Realizar las acciones procedentes para el cobro de las fianzas y de cualquier otro tipo de garantía otorgada a favor del instituto;
"XVI. Tramitar las solicitudes de cancelación de hipoteca que formulen los derechohabientes, excepto las relacionadas con el Fovissste;
"XVII. Integrar la documentación y emitir dictamen respecto de los actos de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles celebrados por el instituto, excepto los relacionados con el Fovissste;
"XVIII. Supervisar los actos y operaciones que requieran formalización ante fedatario público e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad que corresponda, excepto los relacionados con el Fovissste, así como conservar el archivo y custodia de los testimonios notariales correspondientes;
"XIX. Realizar en términos de lo establecido por la Dirección Jurídica del instituto, los actos, trámites y gestiones para la regularización de la situación jurídica que guarden los inmuebles administrados con recursos del instituto;
"XX. Informar a la Dirección Jurídica del instituto, con la periodicidad que al efecto se establezca, el estado que guardan los asuntos de su competencia;
"XXI. Coadyuvar en la difusión de los beneficios logrados a través de los convenios internacionales suscritos por el instituto;
"XXII. Elaborar e integrar en los tiempos y forma establecidos los informes, documentos y estadísticas que les sean solicitados por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia;
"XXIII. Suscribir todo tipo de convenios ante autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales para poner fin a procedimientos o juicios en los que la delegación sea parte, para lo cual deberá contar con la autorización expresa de los titulares de las unidades administrativas competentes en el tema o materia que haya sido objeto del procedimiento o juicio y a cuyo presupuesto correspondan el ingreso o erogación que resulte de la suscripción de dichos convenios;
"XXIV. Apoyar a las áreas administrativas y centros de trabajo delegacionales en la realización de licitaciones públicas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
"XXV. Requerir a las áreas administrativas de la delegación cuya representación jurídica corresponda a la Unidad Jurídica, toda la información, documentación, argumentación y en general todos los elementos necesarios para la defensa de los actos de autoridad que se reclamen en los juicios de amparo en que sean designadas como autoridad responsable o intervengan como quejoso o tercero perjudicado; y
"XXVI. Elaborar y autorizar los dictámenes jurídicos de incobrabilidad de las áreas administrativas de la delegación, de acuerdo con la normatividad aplicable."
De los anteriores preceptos, en específico de las fracciones I, IV y VI del artículo 42, se desprende que el titular de la Unidad Jurídica de dicho instituto es el encargado de representar a éste, a la delegación, a las áreas administrativas y centros de trabajo delegacionales para su defensa jurídica en todo tipo de gestiones judiciales, extrajudiciales y administrativas, y ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales, en los términos de sus atribuciones, así como dar contestación oportuna, seguimiento a las demandas, denuncias y recursos de orden civil, penal, fiscal, administrativo y laboral que se presenten en contra del instituto, de la delegación o de su personal en el desempeño de sus funciones, e interponer los recursos que procedan.
De lo que se tiene que es el titular de la Unidad Jurídica de dicho instituto el que se encuentra facultado por el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para representar legalmente a dicho instituto para dar contestación oportuna a las demandas y seguimiento, entre otras, a las demandas o recursos del orden fiscal y administrativo, que se presenten en contra de ese instituto o de la delegación, e interponer los recursos que procedan.
Así, de lo anteriormente relatado es dable concluir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo en comento, la unidad encargada de la defensa jurídica de la Delegación Estatal en Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por disposición de la ley, es el titular de la Unidad Jurídica.
De esa forma, el ahora recurrente, como apoderado de la Delegación Estatal Nayarit del instituto, no tiene legitimación para representar a la autoridad demandada, particularmente para interponer el presente recurso de revisión, porque tales facultades son exclusivas de las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, como es la autoridad mencionada en el reglamento mencionado.
Sobre este tema particular, el Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito emitió la jurisprudencia PC.III.A. J/67 A (10a.), la cual obra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo II, febrero de 2019, página 1936, registro digital: 2019270, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:
"REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO EN REPRESENTACIÓN DE LAS JEFATURAS DELEGACIONALES DE SERVICIOS JURÍDICOS. De la interpretación sistemática del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 3o., fracción II, inciso e), 75, fracciones XII y XXII, último párrafo, 78, fracción VI y 145 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se colige que el apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de dicho Instituto carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, en representación de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Jurídicos, pues no tiene facultad alguna para hacerse cargo de su defensa jurídica, porque al tenor de los preceptos legales citados, las resoluciones emitidas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30726-353eb011/recurso-de-revision-fiscal-el-apoderado-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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