REVISION FISCAL. AL ESTABLECER EL ARTICULO 248, CUARTO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ES PROCEDENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO, CUANDO TENGA IMPORTANCIA POR TRATARSE DE "VIOLACIONES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO"; DEBE ENTENDERSE QUE ESTO ULTIMO SE REFIERE A LAS QUE PUEDAN DARSE EN EL CONTENCIOSO, NO EN EL OFICIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCION DE TESIS 17/93. ENTRE LA SUSTENTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y LAS QUE SOSTIENEN EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro, y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio 03/007/93 de la Subcoordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigido a la presidencia de esta Segunda Sala, fue remitido el diverso oficio número 460 del Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el que denuncia la posible contradicción de tesis existente entre la sustentada por dicho tribunal, al resolver las revisiones fiscales 41/92 y 44/92 los días diecinueve de enero y dos de febrero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente; con las que sostienen el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver la revisión fiscal 24/90 el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y uno, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver las revisiones fiscales 561/88, 771/88, 1071/88, 1121/88 y 1/89, los días treinta de agosto, veintisiete de septiembre y nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, veinticinco de enero y primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente. En dicho oficio acompañó también copias certificadas de las sentencias de las revisiones fiscales 41/92 y 44/92.
SEGUNDO. Por acuerdo de seis de abril de mil novecientos noventa y tres, la Presidencia de esta Segunda Sala solicitó a los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Tercero del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, copias certificadas de las resoluciones emitidas en los correspondientes asuntos; en diverso proveído de dos de julio de mil novecientos noventa y tres acordó que esta Sala se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al Procurador General de la República para que expusiera lo que a su representación conviniera.
El agente del Ministerio Público Federal, mediante pedimento de seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, solicitó que se declare que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
Por acuerdo de dos de septiembre de mil novecientos noventa y tres, notificado por lista del día seis de dicho mes y año, se ordenó turnar el asunto al ministro ponente para que elaborara el proyecto respectivo.
Mediante diverso proveído de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco el Presidente de esta Segunda Sala ordenó remitir el expediente al señor ministro ponente para su resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 197-A, de la Ley de Amparo y 24, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario número 1/95, de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, sustentada en materia administrativa.
SEGUNDO. La tesis que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito es del tenor literal siguiente:
"REVISION FISCAL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTICULO 46, FRACCION I, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, IMPLICA UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO EN TERMINOS DEL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 248, DEL CUERPO LEGAL CITADO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. El artículo 248 cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, acerca de la procedencia del recurso de revisión, incluye el tema de las formalidades esenciales del procedimiento. Por esto entiéndase el mínimo de requisitos necesarios previstos por una norma que determina la forma, cauce o pauta a que debe ajustarse la conducta o actuación de la autoridad, para declarar un derecho o establecer una obligación, cuya inobservancia o violación (de la norma), acarrea la nulidad del quehacer de la autoridad (decisión final). La regla contenida en la fracción primera del numeral 46 del código citado, al señalar los requisitos indispensables que debe observar la autoridad fiscal al practicar una visita domiciliaria, evidentemente involucra una formalidad esencial del procedimiento. Así pues, si en la sentencia de nulidad se aborda el tema de la violación a tal dispositivo legal, se surte la procedencia del recurso de revisión".
De los dos asuntos que dieron origen a la tesis anterior se transcriben, en su parte relativa, las consideraciones que obran en la revisión fiscal 41/92 por ser la primera que trata el asunto que nos ocupa y presentar, de una manera más clara, el tema de la presente contradicción:
"Acerca de la procedencia del presente recurso de revisión, la autoridad que lo interpone, aduce: `Es procedente el recurso que se intenta de conformidad con el artículo 248, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y a juicio de esta Secretaría de Hacienda el negocio tiene importancia y trascendencia al referirse el tema resuelto, a las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la a quo consideró que no se circunstanciaron debidamente las actas de inspección...'. A su vez, el artículo 248, cuarto párrafo, del citado ordenamiento legal, textualmente dice; `La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto, por tratarse... de las formalidades esenciales del procedimiento...'. Pues bien, para decidir sobre la procedencia, o lo contrario en relación con este recurso, necesariamente debe desentrañarse qué significado y qué alcance jurídicos le imprimió el legislador al concepto de formalidad esencial del procedimiento, que encierra el aludido numeral 248, pues su comprensión o entendimiento dará la pauta para resolver, con conocimiento de causa, si la regla contenida en el artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuya apreciada contravención sustenta la nulidad del fallo que se revisa, conlleva una formalidad esencial del procedimiento como lo sostiene la autoridad recurrente. La misma fórmula, sin definición, está contenida en los diversos artículos 237, segundo párrafo, y 238, fracción II, del mismo cuerpo de leyes, al señalar textualmente: `Art. 237. Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversos conceptos de nulidad por omisión de formalidades o violaciones de procedimiento, la sentencia y resolución de la Sala deberá examinar y resolver cada uno, aun cuando considere fundado alguno de ellos. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución'. `Art. 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las `leyes'. Aunque los anteriores preceptos legales no proporcionan la definición de formalidad esencial del `procedimiento', sin embargo de su análisis se vislumbra el género próximo de la aludida noción, consistente en que tal fenómeno jurídico se localiza en la fase administrativa del procedimiento encaminado a determinar una obligación (crédito) o bien preservar o declarar un derecho sustantivo, y en que esa formalidad esencial está prevista por una ley adjetiva o procesal. La diferencia específica en el proceso de definición en comento obtiénese de la precisión de los términos de `procedimiento' y `esencial', integrantes de la fórmula (objeto de conocimiento). Por lo que ve al vocablo `procedimiento', en la página dos mil quinientos sesenta y ocho del Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, edición mil novecientos noventa y dos, se define así: `...En general procedimiento es la manera de hacer una cosa o de realizar un acto ... José María Manresa y Navarro, uno de los clásicos del procedimentalismo español, dice que procedimiento es la aglomeración o reunión de las reglas y preceptos a que debe acomodarse el curso y ejercicio de una acción'. En las páginas dos mil quinientos cincuenta y ocho a dos mil quinientos sesenta de la misma obra, para nuestro objetivo, se encuentra una explicación más acabada sobre lo que es el procedimiento administrativo, al señalar: `PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. I. Es el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración. ... Quedan incluidos en este precepto, los de producción, ejecución, autocontrol, e impugnación de los actos administrativos y todos aquellos cuya intervención se traduce en dar definitividad a la conducta administrativa'. `Gabino Fraga en su clásico Derecho Administrativo dice que el procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo' (p.255). Andrés Serra Rojas en su `derecho administrativo', afirma: `el procedimiento administrativo está constituido por un conjunto de trámites y formalidades ordenados y metodizados' a las leyes administrativas que determinan los requisitos previos que preceden el acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al mismo tiempo que para la realización de un fin `(p.273). Otros autores extranjeros, son coincidentes en el concepto de procedimiento administrativo; p.e.(sic), López Nieto y Mallo Francisco le define como el cauce legal que los órganos de la administración se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su `competencia respectiva, para producir los actos administrativos'... II. Procedimiento administrativo y proceso administrativo. Corresponde a toda actividad del Estado un procedimiento, que es el cauce legal obligatorio a seguir. Cada una de las tres actividades o funciones del Estado, la legislativa, la judicial y la administrativa, siguen el procedimiento previsto en la ley para su realización... Finalmente, la función administrativa también se realiza a través de un procedimiento que debe seguir la administración como garantía de legalidad de sus acciones ante sí y frente a los administrados. Clara se ve la diferencia que existe entre el procedimiento administrativo y el proceso administrativo. El primero es el cauce legal que sigue la administración para la realización de su actividad o función administrativa, en cambio el segundo es la vía legalmente prevista para canalizar las acciones de quienes demandan justicia ante los tribunales a fin de resolver una controversia administrativa, es decir, un conflicto originado por un acto o una resolución administrativa que se reputa ilegal. Por suerte que los CFF (sic) de 1967 y el vigente de 1983 separan justamente el procedimiento administrativo tributario y el procedimiento contencioso en materia tributaria, que el CFF (sic) de 1938 confundía como fase oficiosa y fase contenciosa del procedimiento tributario. III. El procedimiento administrativo y la garantía de audiencia. El mejor vehículo legal para cumplir por las autoridades administrativas con la garantía de audiencia prevista en el art. 14 de la Constitución es el procedimiento administrativo. En él la administración antes de pronunciarse y dictar resolución, conoce la realidad concreta que examina y oye a los administrados con la amplitud necesaria, recibiendo y valorando las pruebas que éstos presentan y analizando las razones de hecho y de derecho que se deduzcan para evitar pretensiones que puedan resultar injustas o ilegales. ... Si el legislador es omiso en prever el procedimiento administrativo para cumplir la garantía de audiencia, las autoridades administrativas deben respetarla y escuchar al administrado, previamente a sus resoluciones. Sobre este sentido también existe jurisprudencia (v. Apéndice al SJF (sic) de 1917-1975, Tercera Parte, Segunda Sala, Tesis 339, p. 569). IV. Clasificación de procedimientos. Dos procedimientos administrativos principales se advierten en la vida legal y práctica de la administración, el de elaboración o producción del acto administrativo y el de impugnación del mismo. En las leyes y reglamentos administrativos encontramos distintas denominaciones para diversos procedimientos p.e. (sic), se habla de procedimientos de opción (sic), de inconformidad, de ejecución, sancionador, de contratación, etc. El C.F.F. vigente utiliza para su Título V el rubro: `De los procedimientos administrativos', para después ocuparse de varios, efectivamente. Todos ellos, sin embargo, son en el fondo procedimientos que concluyen en la elaboración de un acto o resolución administrativa. El mismo procedimiento que se prevé para tramitar un recurso administrativo e impugnar un acto administrativo, termina con otro acto de la misma especie. No obstante, en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos generales se separa y singulariza el procedimiento de impugnación de actos administrativos y el procedimiento que inicialmente formó al acto impugnado. Son dos procedimientos que se estructuran en forma diferente y sobre todo el de impugnación que a veces en forma indebida se le construye como si se tratara de un proceso. V. Unitarización del procedimiento administrativo. Es por todos conceptos saludable y práctica, la política legislativa seguida por algunos países de regular la existencia de un solo procedimiento para canalizar todas las actividades, administrativas de la administración... En México existen tantos procedimientos administrativos como número de leyes y reglamentos vigentes, y quizás más, pues en algunos de estos ordenamientos se recogen dos o más procedimientos. Mucho se ha logrado con los Códigos Fiscales de 38, 67 y 83 (sic), que han estructurado un solo procedimiento tributario federal. Han faltado organización y decisión en el gobierno federal para avocarse seriamente a la elaboración de una ley de procedimiento administrativo, que hasta ahora ha sido sólo objeto de algunos ensayos o anteproyectos de lamentable precariedad. Por otra parte, en relación con el término `esencial' podemos decir que es lo destacado de una cosa, lo fundamental, lo principal, lo necesario de ella. De acuerdo con los conceptos hasta aquí expresados podemos concluir que formalidad esencial del procedimiento es el mínimo de requisitos necesarios, previstos por una norma de carácter procesal, que determina la forma, cauce o pauta a que debe ajustarse la conducta o actuación de la autoridad para declarar un derecho o establecer una obligación cuya inobservancia o violación (de la norma), acarrea la nulidad del quehacer de la autoridad (decisión final). En la especie la regla contenida en el artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, obviamente constituye formalidad esencial del procedimiento, puesto que, indiscutiblemente, de su contenido se advierte que se trata de una disposición procesal, en virtud que señala los requisitos indispensables que debe observar la autoridad fiscal, al practicar una visita domiciliaria como son: levantar el acta correspondiente, en que se haga constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores, así como determinar las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, que harán constar en la misma acta o en documento por separado. La regla antes señalada es esencial dado que su inobservancia produce (ha producido) como consecuencia la invalidez de la decisión final de la autoridad administrativa, esto es, de aquel fallo que sancionó con multa a la empresa contribuyente, al considerar la Sala a quo, que tal violación había producido indefensión a dicha contribuyente (trascendió). Luego, si el asunto que nos ocupa se centra en determinar si se cumplió o no con aquella formalidad esencial de procedimiento, a juicio de la autoridad inconforme (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) reviste importancia, y, además, es evidente que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad de resolución (sic) que impone una sanción a la contribuyente, hasta por la cantidad de veintinueve millones ciento diecinueve mil ochenta y cinco pesos, moneda nacional, afecta el interés fiscal de la Federación, pues de suponerse firme este fallo se priva a ésta de ese ingreso económico, por todo ello debe decirse que el presente recurso de revisión se ajusta a las hipótesis previstas por el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. De ahí su procedencia, con independencia de que pudiera considerarse que concurren distintas circunstancias que igualmente sean aptas para estimarla, como son las comitantemente aducidas por la recurrente, consistentes en que la Sala a quo hizo tarea de interpretación de normas en su resolución".
TERCERO. La tesis que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es del tenor literal siguiente:
"REVISION FISCAL, IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO NO SE ACTUALIZA LA HIPOTESIS NORMATIVA PREVISTA EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 248 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, RELATIVA A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Para determinar la procedencia del recurso de revisión con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de indicar en su escrito de revisión que el asunto afecta el interés fiscal de la Federación y que a su juicio es de importancia independientemente de su monto, debe demostrar que el caso se encuentra en alguna de las siguientes hipótesis: A) Que se trate de la interpretación de leyes o reglamentos; B) De las formalidades esenciales del procedimiento; o C) De fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Ahora bien, si de la lectura de la demanda de nulidad, de la sentencia impugnada y de los agravios expuestos, no se advierte que en la litis planteada se esté cuestionando si el acto de autoridad es o no una formalidad esencial del procedimiento, sino que se trata de precisar si en el caso se cumplieron con determinados requisitos formales que debe reunir toda acta de visita, lo cual, en última instancia se traduce a un problema de pruebas y no precisamente a la determinación de un acto de autoridad como una formalidad esencial del procedimiento, el recurso de revisión debe desecharse por improcedente.
De los asuntos que dieron origen a la tesis anterior se transcriben, en su parte relativa, las consideraciones de la revisión fiscal 561/88:
"CUARTO. Previamente al estudio de la cuestión planteada, procede analizar la procedencia del recurso interpuesto.
"Al respecto, este Tribunal estima que el presente recurso de revisión debe desecharse por improcedente, en virtud que en el caso no se actualiza la hipótesis normativa prevista en el párrafo cuarto del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: (se transcribe).
"Al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exclusivamente refiere como argumentos para sostener la procedencia del recurso el que la sentencia recurrida afecta el interés fiscal de la Federación y el asunto tiene importancia por encontrarse en los previstos por (sic) el artículo 248 mencionado. Lo cual resulta insuficiente, en principio, para que este Tribunal se encuentre posibilitado para estudiar los anteriores argumentos. Sin embargo, en una amplia interpretación de la litis planteada en este recurso, no se advierte que con los argumentos expuestos en los agravios, ni del contenido de la sentencia impugnada, se actualice alguna de las hipótesis referidas en el cuarto párrafo del artículo 248 transcrito, esto es, que el asunto trate sobre cuestiones relativas a la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.
"En efecto, según puede deducirse de los agravios transcritos en el considerando tercero de la presente resolución, los mismos se encuentran referidos esencialmente a la indebida valoración y apreciación de las pruebas, concretamente respecto de las actas de visita que se llevaron a cabo los días 24 de octubre y 15 de noviembre de 1984 asentadas en los folios 3570474 al 3570477, pruebas que se desestimaron sin emitir razonamiento alguno pues exclusivamente la Sala a quo se basó en los simples argumentos de la actora; que es falso que no se hayan analizado ni estudiado los agravios planteados en su escrito de inconformidad en contra del acta de visita y secuestro de la mercancía, pues contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida, sí se estudió caso por caso de la mercancía secuestrada en relación con la documentación que pretendía acreditar su legal importación así como su legal estancia y tenencia en el país, ya que el hecho de que se resuelva en forma desfavorable no implica que no se hayan analizado los agravios planteados; y, que la Sala del conocimiento pasó por alto el principio de congruencia procesal que debe cumplir toda resolución judicial porque en la sentencia recurrida se omitió realizar una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las consideraciones jurídicas aplicables a los puntos sujetos a resolución, limitándose la a quo en señalar que la sentencia impugnada viola el artículo 238, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación sin motivar ni razonar tal afirmación.
"Ahora bien, si los anteriores argumentos no se encuentran referidos a la interpretación de leyes, pues por este concepto entendemos de manera genérica el descubrir el sentido que encierra la norma jurídica así como los alcances de la ratio legis, ni tampoco sobre cuestiones relativas a formalidades esenciales del procedimiento, ni fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, debe concluirse que el caso se encuentra referido a un problema de una indebida valoración de pruebas y apreciación de las consideraciones jurídicas de la litis planteada en el juicio de nulidad, que de ninguna manera actualiza alguna o algunas de las hipótesis referidas con antelación, y que con la reforma del 5 de enero de 1988, el legislador adicionó al supuesto en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpusiera el recurso de revisión, limitando su procedencia exclusivamente a los tres casos mencionados.
"No es óbice para la anterior consideración el que la Sala a quo hubiese declarado la nulidad del acto impugnado, entre otras razones, porque en las diligencias del acta de visita que se llevaron a cabo los días 24 de octubre y 15 de noviembre de 1984, y que se asientan a folios del 3570474 al 3570477, nunca estuvo presente el testigo de asistencia, pues como se ha afirmado anteriormente, la litis en el presente asunto se encuentra referida directamente a un problema de mera legalidad y apreciación de las consideraciones jurídicas expuestas en el juicio de nulidad, y que aun cuando de manera indirecta pudiera entenderse que el motivo de nulidad se encuentra relacionado con una formalidad esencial del procedimiento, lo cierto es que de la lectura de la demanda de nulidad, de la sentencia impugnada y de los agravios expuestos, no se advierte que en la litis planteada se esté cuestionando si el acto de autoridad es o no una formalidad esencial del procedimiento, sino que se trata de precisar si en el caso se cumplieron con determinados requisitos formales que debe reunir toda acta de visita, lo cual, en última instancia, se traduce a un problema de pruebas y no precisamente de un acto de autoridad como una formalidad esencial del procedimiento."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito emitió la siguiente tesis:
"REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO POR VIOLACIONES DE CARACTER FORMAL. De conformidad con el párrafo cuarto delartículo 248 del Código Tributario Federal, se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso de revisión fiscal, independientemente del monto del asunto (debe entenderse que en este párrafo se alude a un monto menor al señalado en el primer párrafo del precepto invocado), siempre y cuando la procedencia de ese medio de defensa, encuadre en alguno de los tres supuestos siguientes: A). Cuando en la resolución se haga la interpretación de leyes o reglamentos; B). Cuando se hayan violado las formalidades esenciales del procedimiento; y, C). Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Ahora bien de una interpretación armónica del artículo 248 en sus párrafos primero y cuarto, se deduce que cuando el último de estos hace alusión a formalidades del procedimiento, se refiere a las violaciones que se hubiesen cometido durante el juicio, ya que así expresamente lo señala el párrafo primero. Por lo tanto, si en lo que se pretende basar la procedencia del recurso, es en el hecho de que la Sala Regional no estudió, ni valoró debidamente alguna prueba o constancia que obra en autos, debe decirse que esta violación no puede catalogarse como de carácter procesal, sino en todo caso como una violación formal cometida en la propia sentencia recurrida. Es decir, conforme a la técnica jurídica, la indebida valoración de una prueba debe conceptuarse como violación formal y no de carácter procesal, ya que aquélla se presenta al pronunciarse el fallo definitivo y no durante la secuela del procedimiento. Por lo tanto, si la materia del recurso de revisión es una violación formal, es incuestionable que la procedencia del mismo no encuadra dentro de ninguno de los supuestos del párrafo cuarto del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, pues es evidente que no se trata de la interpretación de leyes y reglamentos; ni de la fijación del alcance de los elementos constitutivos de una contribución; y mucho menos se está planteando una violación a las formalidades esenciales del procedimiento dentro del juicio de nulidad, según ha quedado establecido y por ello debe desecharse el recurso."
Las consideraciones que rigen la tesis anterior son las siguientes:
"TERCERO. Resulta improcedente el presente recurso de revisión.
"En efecto, el artículo 248 primero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación establece: (se transcribe).
"Del primer párrafo de la anterior transcripción, se desprende, en primer término, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso de revisión fiscal haciendo valer en él violaciones procesales cometidas durante el juicio o violaciones cometidas en la propia sentencia, siempre que la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión de esa resolución.
"En el presente caso y del análisis de la hoja veinte del oficio que fue materia del juicio contencioso administrativo (foja treinta y siete del juicio de nulidad), se advierte que la cuantía del asunto asciende a la cantidad de diez millones doscientos noventa mil ochocientos sesenta y ocho pesos y seis centavos.
"Ahora bien la resolución impugnada a través del presente medio de defensa, se emitió el primero de octubre de mil novecientos noventa; para ese momento el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal era de diez mil ochenta pesos diarios el cual multiplicado por tres mil quinientas veces da un total de treinta y cinco millones doscientos ochenta mil pesos. Como podrá verse de lo anterior, la cuantía del asunto no excede del monto establecido en el primer párrafo del artículo 248 transcrito.
"Si bien es cierto que en el párrafo cuarto del precepto invocado se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso de revisión fiscal, independientemente de su monto; también lo es que la procedencia de ese medio está limitada a los tres supuestos siguientes: a). Cuando en la resolución se haga la interpretación de leyes o reglamentos; b). Cuando se hayan violado las formalidades esenciales del procedimiento; y, c). Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.
"En el caso que se analiza, la Subprocuraduría Fiscal del Golfo Centro para justificar la procedencia del recurso, textualmente adujo lo siguiente: `UNICO. La sentencia afecta el interés fiscal, ya que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el asunto tiene importancia por encontrarse en los supuestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se trata de la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, al no estudiar y valorizar debidamente las constancias que obran en autos, violándose así los artículos 234 fracciones I y II y 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 238 fracción III del mismo ordenamiento legal, porque la Sala
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3073-ad9feb30/revision-fiscal-al-establecer-el-articulo-248-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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