I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO AL HABERSE GENERADO UNA NUEVA SITUACIÓN DE HECHO Y DE DERECHO (OMISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTANDO POR EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO SU RESPECTIVA NOTIFICACIÓN) II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO IMPUGNADO EN EL QUE SE ESTABLECIÓ QUE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES SANITARIAS, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA COADYUVANCIA ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO CUANDO ÉSTE QUEDÓ ACREDITADO (ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA COADYUVANCIA ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER LA CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA MATERIA MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA. VII. SALUBRIDAD GENERAL. MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA. VIII. SALUBRIDAD GENERAL. PRINCIPALES PRECEDENTES SOSTENIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA. IX. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO. X. SISTEMAS ESTALES DE SALUD. CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS LOCALES SU PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO PROCURANDO SU PARTICIPACIÓN PROGRAMÁTICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA DESCENTRALIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS CON EL PROPÓSITO DE COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XI. SALUBRIDAD GENERAL. LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA MATERIA ESTÁ DETERMINADA POR LOS CONVENIOS QUE CELEBREN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y POR LO QUE DISPONGAN LOS ORDENAMIENTOS LOCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 393 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XII. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA MATERIA Y, DE MANERA CONCRETA, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. XIII. SALUBRIDAD GENERAL. CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ORDENAR O EJECUTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, INCLUIDA LA VACUNACIÓN DE PERSONAS, ASÍ COMO PARA INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR ESTA ÚLTIMA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 157 BIS 2 Y 403 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XIV. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EXPEDIR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y DECIDIR CUÁNDO UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE HA ADQUIRIDO CARACTERÍSTICAS EPIDÉMICAS GRAVES A EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES CIVILES, MILITARES Y LOS PARTICULARES COLABOREN CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LA LUCHA CONTRA ESA ENFERMEDAD, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 133, FRACCIÓN I, Y 147 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XV. SALUBRIDAD GENERAL. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE VACUNACIÓN CONFORME A LO PREVISTO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2021. MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 15 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: OMAR CRUZ CAMACHO Y MONSERRAT CID CABELLO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
• El "Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil veintiuno.
• La falta de respuesta al oficio de solicitud de información que el Municipio actor presentó el trece de enero de dos mil veintiuno ante la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y su respectiva notificación.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día quince de junio de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 22/2021, promovida por el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda de la controversia constitucional. El presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del Villar, promovió controversia constitucional(1) en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a cuyo titular le atribuyó como acto impugnado, la emisión del "Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil veintiuno (en adelante, acuerdo de coadyuvancia con la Secretaría de Salud en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 o acuerdo impugnado).
2. En la demanda, el Municipio actor señaló que, a través de un oficio de trece de enero de dos mil veintiuno, solicitó a la Secretaría de Salud que le informara si se requerían autorizaciones y, en su caso, se le expidieran las necesarias para que pudiera adquirir, ya sea mediante la compra o un acuerdo de coordinación, en el mercado internacional o nacional, las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), con el propósito de que personal especializado las aplicara de manera gratuita a su población conforme a los procedimientos y protocolos autorizados. Al respecto, expuso que adquirió equipo para la ultracongelación de estas vacunas y que cuenta con la infraestructura necesaria para acatar el protocolo que se requiere, así como que está en pláticas con diversas farmacéuticas para iniciar el proceso de compraventa cuando cuente con la autorización del Gobierno Federal. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, la Secretaría de Salud no había emitido respuesta o notificación alguna.
3. El Municipio actor señaló como transgredidos los artículos 1o., 4o., 8o., 14 y 115 de la Constitución Federal.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda plantea lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. El acuerdo impugnado vulnera el derecho a la salud tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Federal, en relación con el ámbito de atribuciones del Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México al tratarse de un ente de la Administración Pública municipal que presta servicios públicos de salud, y en concordancia con la potestad reglamentaria que se le otorga a los Municipios conforme con lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Federal.
• Expone que la protección al derecho a la salud está prevista en el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal y que, conforme a lo dispuesto en el mismo, se debe destacar lo establecido en la fracción XVI del artículo 73, Bases 2a. y 3a. de la propia Constitución.
• De conformidad con este marco normativo, sostiene que, en caso de existir epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud Federal es la dependencia que está obligada a dictar las medidas preventivas indispensables mediante las bases y modalidades previstas en la Ley General de Salud, con el fin de regular el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Por esta razón, afirma que es de suma importancia considerar la Ley General de Salud ya que en ésta se sientan las bases y nociones generales que tienen como propósito contribuir al bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, entre otras.
• El Municipio actor sostiene que conforme a lo previsto en el artículo 115 constitucional, en concordancia con la potestad reglamentaria otorgada a los Municipios, puede celebrar acuerdos de coordinación que faciliten la asociación del Ayuntamiento con el Gobierno Federal para poder prestar el servicio público de salud, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, atendiendo los problemas derivados del virus SARS-CoV-2.
• Expone que adquirió equipo para la ultracongelación de las vacunas necesarias para atender a la población residente en el Municipio; que cuenta con la infraestructura necesaria para acatar el protocolo que se requiere, así como que está en pláticas con diversas farmacéuticas para iniciar el proceso de compraventa cuando cuente con la autorización del Gobierno Federal.
• Solicita que se declare la invalidez del acuerdo impugnado ya que es violatorio de los derechos fundamentales de los mexicanos residentes en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, con el propósito de que se le permita obtener las autorizaciones necesarias para adquirir, ya sea mediante la compra o un acuerdo de coordinación, en el mercado internacional o nacional, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y la pueda aplicar de manera gratuita a su población.
• Segundo concepto de invalidez. El acuerdo impugnado transgrede lo dispuesto por la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal en relación con las facultades otorgadas a los Ayuntamientos para manejar su patrimonio conforme a la ley y para organizar la administración pública municipal, regular las materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
• Al respecto, el Municipio actor aduce que la fracción II del artículo 115 constitucional prevé la personalidad jurídica de los Municipios y las facultades que se les otorga para organizar su administración pública, de lo que se colige que tiene la facultad para crear las normas jurídicas necesarias que permitan organizar esta administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal.
• En este contexto, sostiene que la Constitución Federal faculta a los Ayuntamientos para que puedan disponer de su patrimonio conforme a la ley, por lo que, si desea utilizar parte de su presupuesto para la compra de vacunas, al tratarse de una medida de interés general que beneficia a la población que reside en el Municipio, no se debe limitar dicha facultad mediante un acuerdo emitido por una Secretaría de Estado.
• Afirma que con la compra de vacunas estaría ejerciendo una de las facultades otorgadas por la Constitución Federal a los Ayuntamientos, la cual es aprobar las disposiciones de observancia general que organizan la administración pública municipal y regulan los servicios públicos y el servicio de vacunación es uno de ellos.
• Por lo anterior, solicita a este Alto Tribunal se le autorice el acceso a la compra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, o en su caso, se le posibilite la asociación con el Gobierno Federal para llevar a cabo la prestación del referido servicio público, tal y como lo prevé el Texto Constitucional.
• Tercer concepto de invalidez. El Municipio actor alega que la autoridad demandada vulnera en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional.
• Ello, al señalar que a la fecha de presentación de la demanda de este asunto, la Secretaría de Salud no había emitido respuesta o notificación alguna en torno al oficio que le presentó el trece de enero de dos mil veintiuno mediante el cual solicitó se le informara si se requerían autorizaciones y, en su caso, se le expidieran las necesarias para que pudiera adquirir las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con el propósito de que personal autorizado las aplicara de manera gratuita a la población de Huixquilucan, mediante los procedimientos y protocolos autorizados.
• Cuarto concepto de invalidez. El Municipio actor aduce que el acto impugnado vulnera el derecho al debido proceso legal reconocido en el artículo 14 constitucional.
• Apunta que el trece de enero de dos mil veintiuno presentó ante la Secretaría de Salud un oficio a través del cual solicitó las autorizaciones necesarias para que pudiera ser considerado como una autoridad coadyuvante con las autoridades federales, para cumplir con la vacunación de la población que reside en el Municipio. Asevera que, al no haber respuesta al oficio referido, solicita a este Alto Tribunal tomar en cuenta sus argumentos, pues de no ser así se estaría vulnerando el derecho de debido proceso legal.
• Quinto concepto de invalidez. El acuerdo impugnado transgrede lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Federal en relación con el reconocimiento de los derechos humanos tutelados por la misma.
• Sostiene que el acuerdo impugnado infringe lo previsto en el citado artículo constitucional porque no está promoviendo, respetando ni garantizando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, toda vez que limita las facultades de los Ayuntamientos para regular los servicios públicos de su competencia y, en consecuencia, se transgrede el derecho humano a la salud. Señala que, con la implementación de la medida adoptada en el acuerdo impugnado, se encuentra impedido para iniciar el proceso de vacunación de manera pronta en beneficio de la población del Municipio.
• Afirma que controvierte el acuerdo impugnado con el propósito de que sea considerado como una de las autoridades coadyuvantes de la Secretaría de Salud en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y pueda adquirir vacunas o celebrar un acuerdo de coordinación con la finalidad de proteger y fomentar el derecho de los mexicanos a la protección de su salud en la situación de emergencia que representa el COVID-19.
5. Radicación. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 22/2021 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto lleva la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(2)
6. Admisión. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional y tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo Federal, sin tener como tal a la Secretaría de Salud por tratarse de una autoridad subordinada. Consecuentemente, instruyó emplazar a la demandada para que presentara su contestación y la requirió para que, al hacerlo, enviara copia certificada de todas las documentales que estuvieran relacionadas con los actos impugnados, así como un ejemplar o copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que constara la publicación del acuerdo controvertido. Finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)
7. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. El Ministro Instructor tuvo al Poder Ejecutivo Federal dando contestación a la demanda de controversia constitucional, mediante acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno.(4)
8. En su oficio respectivo, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República manifiesta, en síntesis, lo siguiente:(5)
9. En primer lugar, señala que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del Municipio actor para promover la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los diversos 10, fracción I, del mismo ordenamiento y 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Federal. Ello, toda vez que sus argumentos no están dirigidos a demostrar que los actos impugnados son violatorios del principio de división de poderes o la cláusula federal, esto es, no se surte ninguna afectación competencial en su perjuicio.
10. Afirma que de la lectura del escrito de demanda de controversia constitucional se puede advertir que, si bien el Municipio actor alega vulneración a los artículos 1o., 4o., 8o., 14 y 115 constitucionales, lo cierto es que los mismos no contienen una atribución, facultad o competencia exclusiva a su favor, pues lo que establecen son cláusulas sustantivas distintas a las competenciales, tales como el derecho a la salud, el derecho de petición, entre otros. En ese sentido, del contenido del acuerdo controvertido no se desprende que se invada o afecte alguna de sus atribuciones o competencias, por lo que carece de interés para acudir a esta instancia constitucional.
11. Por otro lado, sostiene que también resultan improcedentes los planteamientos encaminados a controvertir la omisión de la Secretaría de Salud de responder el oficio de solicitud de información presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, ya que el Municipio actor no se encuentra en un plano de gobernado para hacer valer un derecho de petición frente a una autoridad, por lo que los argumentos relativos carecen de eficacia jurídica. Además, de que en ningún momento refiere cuál es la atribución constitucional que le ha sido invadida al omitir darle respuesta.
12. En segundo lugar, aduce que procede sobreseer en la presente controversia constitucional en términos de lo previsto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, ante la inexistencia de los actos materia de impugnación, ya que ninguno de los artículos 1o., 4o., 8o., 14 y 115 constitucionales establece una obligación a cargo de la Federación de incluirlo dentro de los sujetos autorizados para comprar o adquirir vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
13. De ahí que, la omisión resulta inexistente, pues no existe una obligación a cargo del Ejecutivo Federal para considerarlo dentro de los sujetos que tienen permitido adquirir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, por lo que procede sobreseer en la controversia constitucional en términos de la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia.
14. Por otra parte, señala que los argumentos planteados por el Municipio actor en su primer, segundo y quinto conceptos de invalidez son infundados.
15. Al respecto, indica que se debe considerar que de los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Federal, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7o., 13, 31, 135, 141, 144 y 157 Bis 16 de la Ley General de Salud; 3, 7, 10 y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se advierte, que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.
16. Así, el Estado mexicano debe procurar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, y que en el caso de las acciones relativas a la mitigación y control de la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ha resuelto que su aplicación sea universal. Afirma que el Sistema Nacional de Salud, cuya coordinación está a cago de la Secretaría de Salud, se constituye por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y las personas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional.
17. Así, se tiene que ante la emergencia sanitaria, la Ley General de Salud otorga competencia a la Secretaría de Salud para dictar acciones extraordinarias en materia de salubridad general para atender este tipo de emergencias, entre las que pueden incluirse el encomendar a los Estados, en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los particulares.
18. Además, expone que la Ley General de Salud establece que todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas, y que los procedimientos para la autorización de su registro, importación y liberación, serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.
19. En este contexto, destaca que debe tomarse en cuenta que el Titular del Ejecutivo Federal emitió el "Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el cual se estableció que la Secretaría de Salud podría implementar, además de las previstas en el artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones que se estimaran necesarias y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por dicha Secretaría, para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la COVID-19.
20. En relación con dicho decreto, resalta que el treinta y uno de marzo de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2", mismo que fue modificado mediante diverso publicado en el mismo medio de difusión el veintiuno de abril de esa anualidad. En dicho acuerdo, la Secretaría de Salud estableció en su artículo quinto que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias deberán, entre otras, instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes, atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la pandemia causada por la COVID-19. 21. Precisado lo anterior, expone que la materia de salubridad general es concurrente y está prevista en el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, el cual además de reconocer el derecho a la salud, define como autoridades en esta materia a la Federación y a las entidades federativas y establece la cláusula constitucional que instruye al Congreso General a emitir una ley marco en la que se distribuyan las competencias entre los diferentes órdenes jurídicos, siendo ésta la Ley General de Salud.
22. Señala que la existencia de una concurrencia entre diferentes niveles de gobierno puede implicar que también exista un marco de coordinación entre ellos para que puedan actuar, de manera conjunta o separada, en la materia que corresponda, a fin de hacer vigente el derecho a la salud a través de los mecanismos e instrumentos que la Ley General de Salud establece.
23. Afirma que la concurrencia en materia de salubridad general (la cual incluye la atención médica), obedece a un sistema de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, el cual se ha definido en la Ley General de Salud y en el "acuerdo de coordinación para la descentralización integral de los servicios de salud en el Estado de México", publicado el seis de mayo de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, asevera que el acuerdo impugnado fue emitido por autoridad competente de manera fundada y motivada, ya que es acorde con el sistema de distribución de competencias en materia de salubridad general.
24. Agrega que del marco normativo antes referido, no se advierte una facultad concreta del Municipio actor que hubiera sido transgredida, pues si bien sus argumentos se encaminan a que se le permita celebrar acuerdos de coordinación que posibiliten la asociación de su Ayuntamiento con la Federación para llevar a cabo la prestación del servicio público de salud, destaca que el demandante únicamente promueve la presente controversia constitucional con el objeto de obtener las autorizaciones necesarias para comprar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
25. Asimismo, sostiene que es errónea la manifestación del actor en el sentido de que es un ente de la Administración Pública que presta servicios públicos de salud, puesto que del contenido del artículo 115 constitucional, no se advierten funciones o servicios públicos en materia de salud.
26. Por otro lado, afirma que los planteamientos del Municipio actor en su tercer y cuarto conceptos de invalidez son infundados, ya que el acto impugnado no vulnera lo dispuesto por los artículos 8o. y 14 constitucionales, pues la omisión combatida no genera una invasión de sus atribuciones. Por otra parte, considera que son inatendibles los argumentos encaminados a demostrar una supuesta vulneración del derecho al debido proceso, puesto que con ello no evidencia un principio de afectación sobre su esfera competencial.
27. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente electrónico, a pesar de estar debidamente notificado.
28. Audiencia, alegatos y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiséis de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) mediante el sistema de videoconferencia por la plataforma ZOOM de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General Número 8/2020 del Pleno de este Alto Tribunal; se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
29. Radicación en Sala. Previa solicitud del Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia, el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
I. COMPETENCIA
30. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en términos de los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) al tratarse de un conflicto que se suscita entre el Poder Ejecutivo Federal y el Municipio de Huixquilucan del Estado de México, en la cual plantea la invalidez de diversos actos que vulneran distintos artículos de la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
31. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(8) procede determinar los actos respecto de los que versa la impugnación en la presente controversia constitucional, así como la existencia o inexistencia de los mismos.
32. De la revisión integral del escrito de demanda y de las constancias aportadas a este expediente, se advierte que el Municipio actor impugna los siguientes actos:
• El "Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, (en adelante, acuerdo de coadyuvancia con la Secretaría de Salud en la implementación de la Política Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 o acuerdo impugnado).
• La falta de respuesta al oficio de trece de enero de dos mil veintiuno presentado por el Municipio actor ante la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y su respectiva notificación.
33. Ahora bien, la existencia del acuerdo impugnado se corrobora por así advertirse de las constancias de autos(9) y por haberlo manifestado en ese sentido la autoridad demandada al presentar su contestación respectiva.(10)
34. Por otra parte, el Municipio actor impugna la falta de respuesta al oficio de trece de enero de dos mil veintiuno que presentó ante la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como su respectiva notificación, lo que se traduce en un acto omisivo en el que incurrió la autoridad sanitaria señalada al no dar contestación al oficio referido.
35. En relación con este acto, esta Primera Sala advierte que si bien existió esa omisión al momento de presentarse la demanda, lo cierto es que ha cesado en sus efectos, toda vez que no obstante que el Municipio actor impugnó la omisión combatida bajo protesta de decir verdad de que a la fecha de la interposición de la demanda, esto es, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, no se le había notificado respuesta alguna, lo cierto es que posteriormente el veintiséis de abril del mismo año, la comisionada de Autorización Sanitaria adscrita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio contestación al oficio de solicitud de información que presentó el trece de enero de dos mil veintiuno ante dicha Secretaría.(11)
36. El alcance del artículo 20, fracción II, en relación con el diverso numeral 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(12) en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretado por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIA DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS".(13)
37. Del criterio señalado se desprende que, tratándose de la controversia constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
38. Con base en lo anterior, debe sobreseerse en la controversia constitucional por cuanto hace al acto omisivo de referencia, en virtud de que prácticamente ha quedado sin materia porque ha cesado en sus efectos, pues lo impugnado en ese sentido constituye una omisión atribuida a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para dar contestación al oficio de solicitud de información que le presentó el Municipio actor el trece de enero de dos mil veintiuno, la cual, como se advierte de autos, ya fue superada con la sola respuesta que ofreció la comisionada de Autorización Sanitaria adscrita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, órgano desconcentrado de la Secretaría antes señalada, en el oficio CAS/8712/2021 de veintiséis de abril del mismo año.
39. En ese sentido, no obsta a la conclusión alcanzada el contenido del oficio antes referido,(14) en virtud de que dicha respuesta en todo caso sería materia de una ampliación de demanda, la cual no fue presentada por el Municipio actor.(15)
40. Por consiguiente, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional respecto del acto omisivo impugnado con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 19, fracción V, del propio ordenamiento.
41. En esos términos, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado y la cesación de efectos respecto del acto omisivo combatido por el Municipio actor en esta controversia constitucional.
III. OPORTUNIDAD
42. El
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30899-eb976025/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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