AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL EJERCICIO DE ESE DERECHO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UNA REVISIÓN DE GABINETE, NO ESTÁ SUJETO A QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EMITA PREVIAMENTE EL OFICIO DE OBSERVACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. JUICIO DE LESIVIDAD. DADO SU CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SUI GÉNERIS, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD FISCAL DEMANDANTE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA QUE GOZAN LOS ACTOS DE AUTORIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
AMPARO DIRECTO 79/2020. 3 DE FEBRERO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA AGUILAR AGUILAR.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Para una mejor comprensión del asunto, en seguida se relatan los antecedentes del caso que se desprenden de las constancias de autos, a las cuales se les concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., por tratarse de documentos originales y de copias certificadas:
1. Mediante oficio **********, de veintiuno de octubre de dos mil trece, dictado dentro del expediente **********, el director general de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora emitió la solicitud de información y documentación dirigida al ahora quejoso, con el objeto de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como sujeto directo en materia de impuesto al valor agregado, impuesto a los depósitos en efectivo, impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única y como retenedor en materia de impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. (fojas 160, reverso y 161 del juicio de nulidad)
2. El veinticinco de noviembre de dos mil trece, el revisado presentó diversa documentación e información solicitadas. (fojas 186, reverso y 187 del juicio de nulidad)
3. El siete de mayo de dos mil catorce, antes de la emisión del oficio de observaciones, el revisado presentó declaración de corrección fiscal, en la que reflejó el pago que realizó el treinta de abril de ese año por la cantidad total de ********** (********** 00/100 M.N.), por concepto de impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única actualizados, recargos y multas. (fojas 36, reverso, a 43 del juicio de nulidad)
4. Mediante oficio **********, la autoridad fiscal comunicó al contribuyente revisado que con fecha siete de mayo de dos mil catorce recibió copia de la declaración de corrección fiscal presentada vía Internet ese mismo día, la cual analizaría para, en su momento, hacerle saber la determinación que al respecto procediera, en el entendido de que el acuse de recibo de la declaración no implicaba la aceptación de las correcciones fiscales presentadas. (fojas 28 y 29 del juicio de nulidad)
5. Mediante oficio de conclusión de revisión por autocorrección **********, de veintinueve de mayo de dos mil catorce, dictado dentro del expediente **********, el director general de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora comunicó al quejoso lo siguiente:
"Del análisis a las declaraciones de corrección antes mencionadas, esta autoridad ha verificado que ese contribuyente corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, por lo cual en esta fecha se concluye la revisión de gabinete." (fojas 31, reverso, a 34 del juicio de nulidad)
Del documento sin fecha denominado "informe de revisión" (fojas 19, reverso, a 21 del juicio de nulidad), exhibido por la autoridad demandante en el juicio de lesividad, como parte del expediente administrativo derivado del oficio **********, de veintiuno de octubre de dos mil trece, se desprende que el Departamento de Visitas Domiciliarias de la Dirección de Coordinación de Auditorías de la citada Dirección General de Auditoría Fiscal asentó lo siguiente:
"Desahogo del antecedente:
"- Respecto al punto número uno del antecedente de programación, en el cual se refiere a un producto enviado por la AGAFF (Administración General de Auditoría Fiscal Federal) ingresos detectados por terceros ********** misma diferencia que deriva de información de terceros (DIOT), comparadas contra la declaración anual del ejercicio 2011; derivado del análisis a los papeles de trabajo para la elaboración de la declaración anual, a los estados de cuenta bancarios, se observa que tal diferencia se origina dado que el contribuyente revisado obtuvo ingresos en el ejercicio para efectos del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única y por ingresos propios en cantidad de **********, aunado a otros ingresos por ********** y valor de actos o actividades por los conceptos de arrendamiento y, en general, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cantidad de **********, cuya suma totaliza una cantidad de **********. Por lo que queda aclarada la diferencia de ingresos que menciona el antecedente de programación que para efectos de ISR (sic) detectaba una omisión en los ingresos declarados, toda vez que se comprobó que el contribuyente revisado sí consideró dichos ingresos en su declaración por corrección fiscal."
6. Mediante escrito presentado electrónicamente el trece de septiembre de dos mil dieciséis, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el jefe del Servicio de Administración Tributaria y el secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la administradora Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, promovió juicio de lesividad en contra del oficio de conclusión de revisión por autocorrección **********, de veintinueve de mayo de dos mil catorce.
En su escrito, la autoridad demandante hizo valer cuatro conceptos de impugnación.
• En el primero de ellos, dijo que el oficio impugnado fue emitido en contravención a las disposiciones aplicables, porque la autoridad emisora citó como fundamento el artículo 48, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, pero antes de dar por concluida la revisión por autocorrección no emitió un oficio de observaciones en el que pormenorizara los hechos y omisiones detectados, a fin de poder considerar que el contribuyente se autocorrigió en su totalidad.
• En el segundo, que se violó lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio del interés fiscal federal, ya que la autoridad fiscalizadora fue omisa en cumplir con el requisito de la debida fundamentación y motivación que deben contener los actos de autoridad, en tanto que en el oficio impugnado no detalló cuáles fueron las irregularidades advertidas, qué documentación e información fue proporcionada por el contribuyente, ni la forma en la que de su revisión corroboró el cumplimiento de las obligaciones fiscales sujetas a investigación.
Ello sin que sea óbice el hecho de que dentro del expediente administrativo consten registros internos donde se señala que se realizaron algunas pruebas selectivas y verificaciones a los papeles de trabajo proporcionados por el contribuyente, ya que dichos registros internos carecen de fundamentación y motivación en cuanto a la competencia de su emisor y a la resolución de fondo y, además, no fueron hechos del conocimiento del particular, por lo que no pueden tener efecto legal alguno.
• En el tercero, sostuvo que se violó lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio del interés colectivo, dado que la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora hizo mal uso de su potestad tributaria y vició el procedimiento de fiscalización que llevó a cabo, pues la carencia de una debida y completa investigación, así como la omisión de solicitar información y documentación adicional, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trajo como consecuencia la ilegal conclusión de la revisión y que no fuera posible detectar si el contribuyente efectivamente cumplió con sus obligaciones fiscales o no.
• Y en el cuarto, dijo que el oficio impugnado viola lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de la colectividad, porque la citada Dirección General de Auditoría Fiscal omitió verificar si las cantidades declaradas y registradas en la contabilidad del contribuyente realmente tenían la calidad que éste les atribuyó o si se trataba de ingresos distintos por los que debiera pagar contribuciones, lo que evidencia una clara violación al procedimiento de fiscalización.
Asimismo, expuso que del expediente administrativo se advierte que el Gobierno del Estado de Sonora validó un préstamo por ********** (********** 00/100 M.N.) con un contrato celebrado el uno de febrero de dos mil once entre ********** y el contribuyente, así como que éste declaró ingresos de terceros en cantidad de ********** (********** 00/100 M.N.), cuando del expediente se advierte que se detectaron ingresos en cantidad de ********** (********** 00/100 M.N.), provenientes de operaciones con tres contribuyentes nacionales y cuatro contribuyentes extranjeros; sin embargo, la autoridad fiscalizadora local no verificó el origen de los ingresos declarados, ni realizó las compulsas necesarias, lo que es suficiente para considerar ilegal el oficio de conclusión de la revisión por autocorrección, por violación al procedimiento de fiscalización.
Para demostrar la incorrecta fiscalización llevada a cabo por la autoridad local, la autoridad demandante ofreció la prueba pericial contable en materia de fiscalización.
7. En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado instructor de la Sala Especializada en Juicios en Línea del citado tribunal federal ordenó el registro del juicio con el número de expediente **********; mientras que en acuerdo de tres de octubre siguiente, previa exhibición de una copia de la demanda de lesividad, la admitió a trámite en la vía ordinaria y ordenó correr traslado al particular demandado, aquí quejoso, para que formulara su contestación.
8. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, ********** contestó la demanda y amplió el cuestionario propuesto por la autoridad demandante para el desahogo de la prueba pericial contable. La contestación se tuvo por formulada en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis.
9. En acuerdos de nueve y dieciséis de febrero de dos mil diecisiete el Magistrado instructor tuvo por rendidos y ratificados los dictámenes de los peritos de la autoridad demandante y del particular demandado. Además, en el segundo de los acuerdos citados el Magistrado instructor designó perito tercero, cuyo dictamen se tuvo por rendido y ratificado en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete.
10. Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado instructor ordenó suspender el juicio hasta tanto la Sala Superior del tribunal resolviera en definitiva diversos juicios y fijara el criterio a seguir en la muestra atraída de los asuntos relacionados con acciones de auditoría pertenecientes al Gobierno Constitucional del Estado de Sonora.
11. El dos de julio de dos mil diecinueve el Magistrado instructor levantó la suspensión decretada y declaró cerrada la instrucción. Posteriormente, el ocho de julio siguiente, la Sala especializada del conocimiento dictó la sentencia ahora reclamada, en la que declaró procedente el juicio de lesividad y nula la resolución impugnada.
Las consideraciones que dieron sustento a la determinación de la Sala fueron, en lo esencial, las siguientes:
- En el considerando tercero, la responsable analizó las causas de improcedencia propuestas por el demandado, en las que expuso que la resolución impugnada no constituye una resolución administrativa definitiva, individual y favorable, así como que no produce daño o lesión al fisco federal y las declaró infundadas.
Al respecto, la Sala señaló que del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se desprende que tienen el carácter de resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso o que, admitiéndolo, sea optativo.
Asimismo, que el Máximo Tribunal ha señalado que tal connotación no debe interpretarse limitativamente, sino que la definitividad de una resolución también deriva de que constituya el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa.
Lo cual consideró que acontece con el acto sujeto a estudio, puesto que en él quedó definida la situación jurídica del particular auditado respecto de las contribuciones y periodo revisados, en el sentido de que corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, lo que llevó a la autoridad a concluir en definitiva el proceso de revisión en forma anticipada.
Como sustento, la Sala citó la tesis 2a. X/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."
En igual sentido, la Sala explicó que el Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que una resolución favorable es la que crea una situación jurídica benéfica al particular, según quedó asentado en la tesis P. XXXVI/2007, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA."
Además, estableció que el juicio de lesividad constituye un proceso jurisdiccional al que la autoridad administrativa acude sin una situación preeminente, sin imperio y en contra de una resolución favorable al particular, que estima lesiva a los intereses públicos, pero que no puede revocar motu proprio, por gozar de presunción de legalidad.
Tomando en cuenta lo anterior, la Sala concluyó que la resolución impugnada sí constituye una resolución favorable al particular, en tanto que al margen del impacto que haya podido tener en el patrimonio del gobernado, en ella se señaló que el contribuyente corrigió la totalidad de sus obligaciones fiscales y, por ende, se dio por terminada la revisión de gabinete que se seguía en su contra, lo que lo colocó en una situación benéfica frente a las autoridades y terceros e impidió que la autoridad fiscal reiniciara sus facultades de comprobación, en términos del artículo 53-C del Código Fiscal de la Federación.
Por último, la Sala precisó que la procedencia del juicio no prejuzgaba sobre la ilegalidad de la resolución impugnada, dado que ese análisis correspondía al estudio del fondo del asunto.
- En el considerando cuarto, la responsable estudió conjuntamente los conceptos de impugnación primero, segundo, tercero y cuarto, y los estimó fundados y suficientes para determinar el ilegal proceder de la autoridad en la realización del procedimiento de fiscalización instaurado a la parte demandada.
Para ello, la Sala dio cuenta de que la resolución impugnada, esto es, el oficio **********, de veintinueve de mayo de dos mil catorce, se emitió para concluir el procedimiento de revisión de gabinete mediante el cual se requirió al particular demandado información y documentación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal dos mil once.
Asimismo, señaló que previo a la presentación de la declaración de corrección fiscal y entero del pago respectivo, la autoridad no emitió el oficio de observaciones correspondiente en términos del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación; de lo que concluyó que no existe constancia de que la autoridad fiscalizadora haya revisado la información y documentación exhibida por la contribuyente, ni de que partiendo de los resultados hechos del conocimiento del particular, éste haya estado en posibilidad de efectivamente corregir su situación fiscal y la autoridad en aptitud de dar por concluidas sus facultades de comprobación.
En seguida, la Sala reprodujo el contenido de la resolución impugnada y advirtió que la autoridad únicamente indicó que del análisis de las correcciones verificó que el contribuyente corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación; sin embargo –continuó–, la autoridad omitió motivar su determinación y contrarió el procedimiento descrito en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el cual si bien permite la autocorrección por parte de los contribuyentes, la condiciona a que previamente la autoridad haya revisado la información y documentación aportadas durante la fiscalización y emitido el oficio de observaciones correspondiente.
Condición que no se cumplió en el caso, puesto que no existió un pronunciamiento de la autoridad respecto de cuáles obligaciones fiscales fueron las que se conocieron con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, por lo que, consecuentemente, aquélla no podía concluir que la presentación de pagos y declaraciones efectivamente implicaron la corrección de lo observado.
Ello –sostuvo la Sala–, pues el artículo 48, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación es categórico al señalar que el derecho de corrección sólo puede ejercerse dentro del plazo señalado para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones.
Sin que fuera óbice a la conclusión alcanzada el hecho de que la autoridad haya citado el artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, conforme al cual se puede corregir la situación fiscal de los contribuyentes durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dicho precepto indica que si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada se desprende que el contribuyente corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el periodo sujeto a revisión, hará constar la corrección y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate; sin embargo, en el caso, no existió revisión alguna de los documentos e información presentadas por el contribuyente y, por tanto, tampoco se cumplió con el precepto legal en comento, el cual debe aplicarse en congruencia con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Con base en los motivos expuestos, la Sala responsable concluyó que la autoridad fiscal emitió el acto impugnado sin seguir el procedimiento de revisión de gabinete previsto en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, lo que actualizó la causa de ilegalidad prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En consecuencia, declaró la nulidad de dicha resolución con fundamento en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para el efecto de que la autoridad competente siga el procedimiento de fiscalización mencionado, emita el oficio de observaciones respectivo considerando la información y documentación presentadas por el contribuyente, lo haga de su conocimiento y, tomando en cuenta la declaración de corrección fiscal y el pago efectuado, emita la resolución que corresponda de manera fundada y motivada, en la cual podrá tener por autocorregido al contribuyente o determinar diferencias, si las hubiese.
Para controvertir las anteriores determinaciones, el ahora quejoso hizo valer cuatro conceptos de violación, los cuales se analizarán en el orden propuesto y por temas, conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo.
I. Procedencia del juicio de lesividad
En el primer concepto de violación, el quejoso sostuvo que la sentencia reclamada contraviene el principio de legalidad previsto en los artículos 16 constitucional y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que se encuentra indebidamente fundada y motivada, y porque la Sala responsable resolvió que el juicio de lesividad resultaba procedente en contra de un oficio que no constituye una resolución definitiva favorable, ni genera una afectación al fisco. En lo esencial, adujo que la responsable omitió analizar que el oficio de conclusión del procedimiento por autocorrección impugnado por la autoridad actora de ninguna manera constituye un incremento y/o beneficio patrimonial, así como tampoco se traduce en algún derecho subjetivo a favor del gobernado, en tanto que no lo libera parcial ni totalmente del pago de impuestos.
En otras palabras, dijo que el oficio impugnado únicamente constituye la consecuencia natural del procedimiento de corrección fiscal previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y que sus efectos son meramente declarativos, no constitutivos de derechos o beneficios.
Asimismo, alegó que conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el oficio que pone fin a la visita domiciliaria como consecuencia de la corrección que efectúa el contribuyente no es una resolución definitiva recurrible en revocación, según lo ha interpretado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la tesis VII-TASR-CA-4, de rubro: "AUTOCORRECCIÓN. EL OFICIO QUE PONE FIN A LA VISITA DOMICILIARIA COMO CONSECUENCIA DE LA CORRECCIÓN QUE EFECTUÓ EL CONTRIBUYENTE NO ES RECURRIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", por lo que, a su juicio, resulta contrario al principio de igualdad procesal que la Sala haya permitido a la autoridad impugnar ese oficio mediante el juicio de lesividad, a pesar de no cumplir con el requisito de definitividad.
Por otro lado, el quejoso sostuvo que el oficio impugnado no reporta un daño al fisco y, por ende, el juicio de lesividad es improcedente.
Al respecto, dijo que la autoridad ejerció sus facultades de comprobación, analizó y determinó la existencia de una omisión de impuestos, la cual fue corregida de conformidad con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente mediante el pago de los impuestos omitidos y accesorios determinados por la autoridad fiscal; de lo que se sigue que el Estado no resintió un daño o lesión.
Por último, señaló que para la procedencia de la acción de lesividad la autoridad necesariamente debe acreditar una participación dañina cometida en perjuicio del Estado, lo que, en el caso, no sucedió. Como sustento, el quejoso citó la tesis IV.1o.A.5 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "LESIVIDAD. EL EJERCICIO DE DICHA ACCIÓN PRESUPONE UNA PARTICIPACIÓN DAÑINA EN PERJUICIO DEL ESTADO, QUE, POR SEGURIDAD JURÍDICA, ESTÁ COMPELIDO A PROBAR."
Bien, para estar en aptitud de calificar el concepto de violación, es necesario tomar en cuenta el contenido de los artículos 2o. y 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales disponen lo siguiente:
"Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.
"Las autoridades de la administración pública federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley."
"Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
"...
II. Que no le competa conocer a dicho tribunal."
De los artículos transcritos se desprende que las autoridades de la administración pública federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley, así como que el juicio es improcedente contra los actos que no competan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ahora, con el fin de definir qué debe entenderse por resolución administrativa favorable, resulta necesario acudir al texto de los artículos 36, primer párrafo y 68 del Código Fiscal de la Federación:
"Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales."
"Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho."
De los artículos transcritos se desprende que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades.
Es decir, la autoridad fiscal podrá promover el llamado "juicio de lesividad" con el propósito de modificar las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular, esto es, aquellas que constituyen el criterio de la autoridad respecto de un caso concreto y puntualizan una situación jurídica favorable a una persona determinada.
Asimismo, de los artículos transcritos se desprende que el principio de presunción de legalidad se atribuye en general a los actos administrativos y, en especial, a los tributarios.
Esta presunción lleva a entender que las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales se pronunciaron de acuerdo con los requisitos legales, salvo prueba en contrario ante los tribunales administrativos o las autoridades correspondientes.
Lo anterior se apoya en el hecho de que el orden jurídico fija a la autoridad administrativa un procedimiento que debe acatar antes de emitir sus resoluciones, reuniendo todos los elementos para la correcta aplicación de las disposiciones fiscales a los contribuyentes que se encuentran colocados dentro de sus supuestos normativos, con independencia del sentido de la resolución, ya que ésta puede ser favorable al fisco o al particular.
Así, en vista de que todas las resoluciones fiscales se presumen legalmente válidas, es lógico considerar que para su anulación, modificación o alteración la parte inconforme debe combatirlas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En ese entendido, se destaca que las resoluciones favorables al particular –que, se insiste, también se presumen legales–, deben controvertirse ante dicho tribunal por las autoridades administrativas que pretendan su nulidad y que precisamente por gozar de esa presunción de legalidad, no pueden ser modificadas o revocadas por las autoridades por sí y ante sí.
De lo hasta aquí expuesto se advierte que la resolución favorable a que se refieren los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 36 del Código Fiscal de la Federación, es el acto de autoridad que se emite de manera concreta, particular o individual y que precisa una situación jurídica favorable a un particular determinado, sin que de ningún modo se den o se fijen criterios generales que pueden o no seguirse por la propia autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos; la mayoría de las veces –pero no siempre– obedece a una consulta jurídica sobre una situación real, concreta y presente que realiza el particular a la autoridad fiscal y vincula a la autoridad, por lo que no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, ya que goza de presunción de legalidad, sino que debe someter su validez al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto en los preceptos en comento.
Apoya lo anterior el criterio contenido en la tesis P. XXXVI/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado en la sentencia reclamada y visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 27, con número de registro digital: 170610, de rubro y texto siguientes:
"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA. La resolución administrativa de carácter individual favorable a un particular a que se refiere el citado precepto, consiste en el acto de autoridad emitido de manera concreta y que precisa una situación jurídica favorable a una persona determinada, sin que de modo alguno se fijen criterios generales que puedan o no seguirse por la propia autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos, determinación que, la mayoría de las veces, obedece a una consulta jurídica que realiza el particular a la autoridad fiscal sobre una situación real, concreta y presente, por lo que al vincular a ésta no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, ya que goza del principio de presunción de legalidad, de manera que debe impugnar su validez en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación."
Lo expuesto se confirma, además, con las siguientes consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 15/2006-PL:
"De la evolución de esta figura jurídica puede señalarse que la acción de lesividad conforma un proceso administrativo especial, en tanto que procede contra actos que sean favorables a un particular y que, además, produzcan una lesión a los intereses del Estado; de ahí que se denomine juicio de lesividad. Constituye un proceso que se ubica en el ámbito de lo contencioso administrativo. Se ejercita por la autoridad administrativa ante la imposibilidad de revocar sus propias determinaciones, pues una vez que la autoridad emite la r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30928-8b14fa82/autocorreccion-en-materia-fiscal-el-ejercicio-de-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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