VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 100/2014. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE CELAYA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE IRAPUATO, Y EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 28 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: LUIS ALFONSO GUZMÁN DE LA PEÑA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Estudio. Los agravios identificados como 1, 2 y 4 son fundados y, por tanto, suficientes para revocar la sentencia recurrida.
Previamente a exponer las consideraciones que sustentan la anterior determinación, se precisa tener en cuenta algunos antecedentes de la sentencia recurrida.
Mediante oficio **********, de uno de octubre de dos mil doce, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, Guanajuato, emitió orden de visita a cargo de "*********", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta como sujeto directo, en materia de la contribución federal denominada impuesto al valor agregado mensual y como retenedor de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil diez, al treinta y uno de julio del mismo año (fojas 102 y 103 del juicio de nulidad).
Así, seguido el desarrollo de la visita, el treinta de abril de dos mil trece se levantó la última acta parcial y el veinticuatro de julio del mismo año se emitió el oficio **********, mediante el cual se determinó a "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable, un crédito por la cantidad de $**********, por concepto de impuesto al valor agregado y retenciones de los impuestos al valor agregado y sobre la renta por sueldos y salarios, recargos y multas (fojas 279 a 336).
Inconforme con la anterior determinación, "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, interpuso el juicio de nulidad **********, cuya sentencia aquí se revisa.
Asimismo, se precisa que es procedente el análisis de los agravios, en virtud de que el presunto vicio detectado por la Sala no es de forma, toda vez que involucra una actuación previa a la resolución determinante que fue la base conforme a la cual, los hechos fueron analizados en ésta.
Ahora, tal como se adelantó, resulta fundado el agravio identificado en la presente resolución como 1.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/99, determinó que en las actas de visita, por regla general, no es necesario que el visitador precise las normas jurídicas que, a su juicio, resultan aplicables, ni que exponga las razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a las hipótesis que dichas normas prevén; así como tampoco es necesario que detallen el procedimiento que se efectuó para determinar, en su caso, el monto del crédito omitido, ya que éstas no trascienden a la esfera jurídica del contribuyente visitado.
Ello, porque conforme a lo previsto por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, la motivación y fundamentación se exige respecto de los actos de molestia, entendiéndose por tales aquellos que restringen provisional o cautelarmente un derecho, con el objeto de proteger o preservar a su vez otros derechos públicos o individuales; exigencia tal que, por mayoría de razón, se hace extensiva a los actos privativos, los cuales se definen por tener como objeto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho. Esto es, la garantía de fundamentación y motivación se exige respecto de aquellos actos de autoridad que trascienden a la esfera jurídica del gobernado, bien sea temporal o definitivamente.
Así lo precisó la Segunda Sala, en el sentido de que aun cuando la visita domiciliaria tiene por objeto comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, globalmente considerada, es un acto de molestia; lo cierto es que, por regla general, los auditores no están obligados a fundar ni motivar su actuación durante el desarrollo de la misma, porque los actos desplegados por éstos constituyen actos de ejecución de la orden de visita respectiva, la que conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna sí debe estar fundada y motivada, por ser el documento que da origen al procedimiento de verificación.
Esto es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado elevado a la categoría de derecho humano, por lo que la introducción a éste con el objeto de verificar que se han cumplido las disposiciones fiscales, sólo puede ser autorizado por autoridad competente para ello, mediante un documento en el que se funde y motive la causa legal de su proceder.
Dicho documento lo constituye la orden de visita domiciliaria, la que entre otros requisitos, debe contener las causas o razones particulares por las cuales se estima procedente la visita de inspección, el sustento legal de dicha determinación y el objeto de la visita, esto último con la finalidad de dar a conocer al contribuyente visitado el periodo sujeto a revisión y las contribuciones a revisar y, en consecuencia, a constreñir a los auditores a revisar las contribuciones y periodos que fueron previamente determinados por la autoridad ordenadora.
En ese orden, resulta incuestionable que los motivos y fundamentos de los actos desplegados por los auditores durante la práctica de una visita domiciliaria, se contienen en la orden respectiva y que su actuar se limita a cumplir con lo ordenado por la autoridad fiscalizadora; situación tal que evidentemente los releva de cumplir con dichas formalidades, salvo aquellos casos en que durante el desarrollo de la visita emitan un acto en ejercicio de una facultad decisoria que les es conferida por la ley y que, por ende, constituye una potestad administrativa que puede causar una afectación al interés jurídico de quien se visita, tal como sucede cuando, de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, se asegura la contabilidad del contribuyente visitado o, en su caso, los bienes o mercancías que se encuentran en el domicilio de éste, pues en esos supuestos, deberán expresar la causa y el sustento legal de su proceder, con el objeto de no dejar al interesado en estado de indefensión.
Así, afirmó la Segunda Sala, las actas de visita, dada su propia naturaleza, no producen una afectación temporal ni definitiva en la esfera jurídica del gobernado, ya que son de carácter transitorio o instrumental, pues son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita domiciliaria, y su único objeto es el de aportar a la autoridad competente los elementos necesarios para que, en su caso, emita la resolución mediante la cual determine la situación fiscal del visitado.
En efecto, se dice que las actas de visita son actos de carácter transitorio o instrumental, ya que únicamente ilustran o demuestran las actividades desplegadas por los auxiliares de la autoridad fiscalizadora durante la práctica de una visita de inspección, así como las irregularidades que hayan detectado, pero no constituyen la actuación que da inicio o pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, ni determinan la situación jurídica del visitado.
Esto es, aun cuando en las actas de visita los visitadores asientan los hechos u omisiones que, a su juicio, demuestran el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, y en ocasiones contienen la mención de las consecuencias legales de dicho incumplimiento, lo cierto es que los auditores sólo actúan como auxiliares de las autoridades fiscales ordenadoras y las actas que éstos elaboran son analizadas y calificadas por la autoridad competente para emitir la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, la cual, al apreciar los hechos u omisiones asentados en las actas, puede hacerlo en el sentido en que lo hicieron los visitadores o en uno diverso, según se desprende del artículo 63 del Código Fiscal.
Lo anterior fue robustecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cita de la tesis aislada 2a. CXXVIII/96 y la jurisprudencia 2a./J. 16/96, de rubros: "VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES NO DETERMINAN EN DEFINITIVA LA SITUACIÓN FISCAL DEL SUJETO VISITADO." y "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN."
Asimismo, la Segunda Sala precisó que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales de una visita domiciliaria, que no sean desvirtuados por el visitado dentro del plazo que debe transcurrir entre la última acta parcial y el acta final, se tendrán por consentidos, también lo es que tal consentimiento se entiende únicamente para efectos de dictar, en su caso, la resolución que determine el crédito fiscal a cargo del contribuyente visitado, pero en modo alguno puede estimarse que la presunción de certeza que deriva del consentimiento tácito de los hechos u omisiones consignados en las actas respectivas, no pueda ser desvirtuada a través de los recursos ordinarios que prevé la ley fiscal.
En apoyo a lo anterior, citó la tesis P. CXXIX/96, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA PRESUNCIÓN QUE DERIVA DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUEDE SER DESVIRTUADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EN EL JUICIO DE NULIDAD."
En ese orden, dado que las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de una orden de visita, y que las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, debe estimarse que en ellas no se requiere que el visitador precise las normas jurídicas que, a su juicio, resultan aplicables, ni que exponga las causas especiales o razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a los supuestos que dichas normas prevén, bastando que en ellas se precisen los datos de los libros, registros y demás documentación que integren la contabilidad del contribuyente visitado, así como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que éste tenga en su poder; o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el domicilio visitado y de la información proporcionada por terceros que hagan posible la identificación particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores durante el desarrollo de una visita domiciliaria, a efecto de que la autoridad resolutora esté en aptitud de resolver lo conducente; en síntesis, las actas de visita deben cumplir exclusivamente con una exhaustiva circunstanciación, tal como lo exigen las distintas fracciones del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
Por tanto, dados su naturaleza y objeto, se impone concluir que las actas de visita domiciliaria no requieren cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, pues son únicamente el reflejo de los actos ejecutados durante el desarrollo de una visita domiciliaria y simples opiniones que, en su caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora, además de que no trascienden a la esfera jurídica del gobernado.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Registro IUS: 190722
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: 2a. CLVI/2000
"Página: 440
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. El requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, por regla general, no es exigible para las actas de visita domiciliaria, ya que dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente; es decir, por ser actos de carácter instrumental que únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en todo caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, es evidente que por sí mismas no deparan perjuicio alguno al gobernado y, por tanto, no es necesario que el auditor precise los preceptos legales que estima resultan aplicables, ni que señale las causas especiales o razones particulares por las cuales considera que los hechos u omisiones observados encuadran en el supuesto que tales preceptos prevén, salvo que el acta de visita se elabore con motivo del ejercicio de las facultades decisorias que la ley le confiere al auditor."
En el caso concreto, la Sala manifestó que la última acta parcial estaba sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, entre los cuales se encuentra la debida fundamentación y motivación; lo anterior, por dos razones: la primera, ya que se debe notificar a los contribuyentes y, la segunda, ya que causa una afectación en la esfera jurídica del contribuyente, porque lo vincula a desvirtuar los hechos en aquélla consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo asentado, a efecto de que la autoridad no emita resolución que determine un crédito fiscal.
Al respecto citó, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
Posteriormente, analizó la competencia de la autoridad que emitió la última acta parcial, de treinta de abril de dos mil trece, de la que observó que la autoridad no había citado el artículo 17, fracción XVIII y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el cual otorgaba facultades a las administraciones locales de auditoría fiscal para dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación.
Por tanto, determinó que si en dicha acta no fue fundada debidamente la competencia de la autoridad emisora, entonces no podría ser sustento de la resolución que determinó el crédito fiscal.
Luego, si de conformidad con el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de la orden de visita y las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, por lo que no es un requisito que se funden y motiven y, en el caso, la Sala hizo depender la ilegalidad de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio **********, del hecho de que ésta tenía como precedente una última acta parcial carente de fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió.
Entonces, resulta claro que el actuar de la Sala es incorrecto, ya que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal, dichas actas no constituyen actos de molestia o de privación, pues sólo son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en su caso, servirán para la liquidación de la resolución liquidatoria y, por ende, no es exigible el requisito de fundamentación y motivación, pues no trascienden a la esfera jurídica del gobernado.
De igual forma, resulta fundado lo señalado por la autoridad recurrente en su agravio 2, en el que aduce que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir la sentencia recurrida transgredió lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dejar de aplicar la jurisprudencia emitida por el tribunal fiscal.
En efecto, el precepto legal invocado establece:
"Artículo 79. Las Salas del tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.
"Cuando se conozca que una Sala del tribunal dictó una sentencia contraviniendo la jurisprudencia, el presidente del tribunal solicitará a los Magistrados que hayan votado a favor de dicha sentencia un informe, para que éste lo haga del conocimiento del Pleno y, una vez confirmado el incumplimiento, el Pleno del tribunal los apercibirá. En caso de reincidencia se les aplicará la sanción administrativa que corresponda en los términos de la ley de la materia."
Del precepto legal transcrito se advierte que las Salas del tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia emitida por el tribunal fiscal.
Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, relativo a si las actas parciales de visita domiciliaria deben estar sujetas al requisito de fundamentación y motivación, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la jurisprudencia VII-J-SS-125, en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, que establece:
"ACTAS PARCIALES DE VISITA DOMICILIARIA. DADA SU NATURALEZA DE ACTOS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL, NO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LAS ELABORA. Al ser las actas parciales de visita domiciliaria actos de carácter transitorio o instrumental que, por sí mismos no trascienden a la esfera jurídica del gobernado, ya que al ser elaboradas por los auxiliares de la autoridad fiscalizadora durante el desarrollo de la diligencia de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita, dichas actas parciales no se encuentran sujetas al requisito de fundamentación de la competencia de quien las lleva a cabo, máxime que ellas contienen simples opiniones que pueden servir de motivación a la resolución que, en su caso, emita la autoridad legalmente competente para calificar su contenido y determinar la situación fiscal del contribuyente visitado."
Por tanto, si la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad de la resolución reclamada en el juicio natural, con base en el argumento de que la última acta parcial, de treinta de abril de dos mil catorce, no se encontraba debidamente fundada, porque la autoridad fiscal debió citar los artículos 17, fracción XVIII y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, dicha determinación es contraria a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, criterio que fue adoptado el doce de febrero de dos mil catorce, esto es, con anterioridad a la emisión de la sentencia recurrida, la cual fue dictada el treinta de mayo del mismo año.
Criterio que, además, es acorde con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 71/2003, que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Registro IUS: 183167
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, septiembre de 2003
"Materia(s): Administrativa, Constitucional
"Tesis: 2a./J. 71/2003
"Página: 616
"VISITA DOMICILIARIA. NO ES NECESARIO PRECISAR EN EL ACTA RELATIVA LA CAUSA QUE MOTIVÓ LA SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS EFECTUADA POR EL PROPIO VISITADO, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE CIRCUNSTANCIACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/99, que dieron origen a las tesis aisladas 2a. CLV/2000 y 2a. CLVI/2000, así como a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2000, se desprende que el requisito de circunstanciación respecto de las actas de visita domiciliaria previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constriñe a la autoridad fiscalizadora a precisar los hechos u omisiones de carácter concreto de los que tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita, sin que ello implique el deber de señalar los preceptos legales que resulten aplicables ni las causas especiales o razones particulares por las que se estima que esos hechos u omisiones encuadran en el supuesto que tales numerales prevén, dado que ello atañe al requisito de fundamentación y motivación, el cual no es exigible para las actas de visita, ya que dada su naturaleza y objeto, no trascienden a la esfera jurídica del gobernado ni temporal ni definitivamente, salvo que se formulen con motivo del ejercicio de las facultades decisorias de la autoridad hacendaria. En ese sentido, al verificarse durante el desarrollo de la visita una sustitución de los testigos inicialmente propuestos, de conformidad con el artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora está obligada a precisar tal acontecimiento en el acta relativa; sin embargo, ello no implica que necesariamente deba señalar la causa que motivó la sustitución para tener por satisfecho el requisito de circunstanciación indicado, ya que sólo es exigible cuando la sustitución es efectuada por el auditor, pues es evidente que la realiza en ejercicio de sus facultades decisorias, las cuales se traducen en una potestad administrativa que puede causar una afectación a la esfera jurídica del visitado y, por tanto, se encuentra constreñido a fundar y motivar esa determinación, máxime que la propia ley lo obliga a señalar las razones por las cuales fue él quien designó a los testigos y no así el propio visitado. Lo anterior es así, si se toma en consideración que la designación de los testigos es un derecho fundamental del contribuyente visitado y, por ende, la sustitución que él realice de los propuestos inicialmente, con independencia de la causa que lo motivó para actuar en tal sentido, no puede depararle perjuicio alguno, en tanto que ello satisface la finalidad perseguida por el Constituyente, consistente en que sea el propio visitado el que señale qué personas habrán de intervenir en la práctica de la visita, de ahí que se estime innecesario precisar en el acta respectiva la causa que motivó la sustitución, cuando ésta es efectuada por el propio visitado." (Lo subrayado es propio).
Así, como lo manifestó la autoridad recurrente, de haberse aplicado la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Fiscal, la Sala recurrida no hubiera dictado su sentencia en el sentido en que lo hizo, pues de conformidad con el referido criterio, la emisión de la última acta parcial no requiere para su legalidad el que se encuentre fundada la competencia de la autoridad que la practique.
Asimismo, resulta fundado el agravio 4, en el que la autoridad recurrente aduce la inaplicabilidad de la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por analogía cita la Sala.
Se explica.
Los artículos 42, 44 a 46, 49 y 63 del Código Fiscal de la Federación, vigentes al momento del inicio de las facultades de comprobación, esto es, el uno de octubre de dos mil doce, en lo que interesa, disponían lo siguiente:
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
"...
"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
"...
"V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código.
"Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente."
"Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:
"I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.
"II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
"Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.
"Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.
"En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías.
"III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.
"...
"IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando."
"Artículo 45. Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.
"Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:
"...
"En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25326-af8f4068/visita-domiciliaria-su-ultima-acta-parcial-tiene-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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