IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA E IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, QUIENES FORMULAN VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO. SECRETARIAS: HILDA CASTILLO HERNÁNDEZ Y PAULINA MARROQUÍN PUIG.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós.
VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Sustanciación de la presente denuncia de contradicción de tesis.
DENUNCIA
Por oficio SAF/PF/SC/023/2021 de once de noviembre de dos mil veintiuno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del subprocurador Fiscal de esa entidad, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 177/2021; y el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de la propia materia y Circuito, al fallar el amparo en revisión 94/2021. En el propio oficio se señaló que esta denuncia encontraba su propósito en "Determinar si el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México respeta o no los principios de proporcionalidad y progresividad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
RADICACIÓN DE LA DENUNCIA
Dicho oficio fue (sic) recibió en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Así, por acuerdo de catorce siguiente, se ordenó formar la contradicción de tesis bajo el número 37/2021 y se admitió a trámite. Consecuentemente, se solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes, remitieran los archivos digitales de las resoluciones respectivas al correo institucional, e informaran si el criterio sostenido en éstas se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
MANIFESTACIONES DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES
Así, por oficio de quince de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito comunicó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 177/2021 por ese tribunal, se encuentra vigente.
Y, mediante diverso oficio 4146/2022 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Décimo Quinto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que la postura jurídica con que se falló el amparo en revisión 94/2021, prevalece en términos de la propia ejecutoria.
TURNO PARA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
En consecuencia, en auto de cinco de abril de dos mil veintidós, se determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que de conformidad con los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se turnó el expediente virtual a la Magistrada María del Pilar Bolaños Rebollo, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se formuló por una de las partes en los juicios de amparo indirecto del (sic) que derivaron los recursos de revisión que sustentan los criterios posiblemente contradictorios, esto es, por la autoridad responsable, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
TERCERO.—Verificación de la existencia de la contradicción de tesis.
PREMISA JURÍDICA
El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe, o no, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 72/2010,(1) y la tesis P. XLVII/2009(2) de rubro y texto, respectivamente, siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
(Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
(Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente)
Conforme a los invocados criterios jurídicos, para que exista la contradicción es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
a). Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b). Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
CRITERIO JURÍDICO ASUMIDO POR EL MENCIONADO QUINTO TRIBUNAL
El citado tribunal al resolver el amparo en revisión 177/2021, en principio destacó que "... contrario a lo señalado por el Juez de Distrito en la sentencia reclamada, la tabla contenida en el artículo 113 controvertido, no se advierte la progresividad de la tarifa, porque la carga tributaria no resulta proporcional entre los valores indicados entre renglones ...". Después, precisó que, en consecuencia, se revocaba la decisión de dicho Juez y reasumiendo jurisdicción, determinaba fundado lo alegado en la demanda de amparo, derivado de que, en su concepto jurídico, "... la mecánica que pretende ser progresiva contempla valores que no incrementan proporcionalmente y no se compensa con el factor ni con la cuota fija, de suerte que a inmuebles con valores catastrales esencialmente iguales, les corresponda un monto por concepto de impuesto diferente que el inmueble con menor valor que paga un impuesto mayor ..."
Para corroborar tal determinación señaló que la mecánica se aplica de la forma siguiente:
"...
"1. La cantidad correspondiente al valor del inmueble debe ubicarse entre los límites inferior y superior de la tabla, pues éstos constituyen los márgenes que determinan el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior a aplicar.
"2. Una vez ubicada la cantidad en el renglón o rango correspondiente, se le resta la cantidad señalada como ‘límite inferior’ y, al resultado se le denomina ‘excedente del límite inferior’.
"3. A esta cantidad llamada ‘excedente del límite inferior’ se le aplica el factor que se contiene en la cuarta columna, atendiendo al renglón en que se ubicó el valor catastral.
"4. A la cantidad que resulte se le suma la ‘cuota fija’ que se contiene en la tercera columna, obteniéndose así el monto del impuesto sobre adquisición de inmuebles. ..."
La argumentación utilizada, en soporte de ese criterio, es del texto siguiente:
"Al respecto, en parte del considerando séptimo del fallo recurrido, el Juez de Distrito determinó que el precepto reclamado no respeta la garantía de proporcionalidad, ya que la tarifa que prevé está relacionada con la capacidad contributiva del obligado al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
"Al confrontar lo resuelto en la sentencia reclamada y el agravio planteado por el recurrente, se aprecia que la litis a dilucidar consiste en determinar si las tarifas para calcular el impuesto sobre adquisición de inmueble, previstas en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el dos mil veintiuno, son o no progresivas y, como consecuencia, violatorias o no del principio tributario de proporcionalidad.
"Con objeto de analizar lo anterior, resulta necesario realizar algunas precisiones en torno a la naturaleza y mecánica en el cálculo del citado impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, para lo cual, es necesario señalar que los artículos 112, 113, 115, 116 y 129 establecen los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles, puesto que el primero de los dispositivos mencionados considera a los sujetos de dicha contribución, a las personas físicas y morales que adquieran inmuebles –objeto– ya sea que consistan en suelo, construcciones o suelo y construcciones adheridas a él ubicados en la Ciudad de México.
"Del artículo 113 del citado ordenamiento, se aprecia la mecánica para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y se aplicará sobre el valor total del inmueble la tarifa respectiva –establecida en la tabla que contiene– para lo cual, el valor del inmueble que se considerará es el que resulte más alto entre:
"• El valor de adquisición.
"• El valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 del código.
"• El valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.
"• Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, los valores catastral y de avalúo, se determinarán de acuerdo con las características estructurales y arquitectónicas del proyecto respectivo.
"...
"Establecidos de manera general los elementos que integran al impuesto sobre adquisición de inmuebles para la Ciudad de México, se procede a determinar si las tarifas que prevé el artículo 113 del código tributario de la ciudad son o no progresivas y, como consecuencia, violatorias o no del principio tributario de proporcionalidad, para lo cual se transcribe su contenido vigente en dos mil veintiuno:
"‘Artículo 113. El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa:
Ver tarifa
"‘En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera.’
"La norma transcrita establece las cantidades y cálculos para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, para lo cual se aprecia que se encuentran rangos determinados según el valor catastral del inmueble, que constituye la base imponible en orden creciente sobre la cual se aplica una tarifa, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y un factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior.
"El mecanismo previsto en el citado numeral para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, implica realizar la siguiente operación:
"1. La cantidad correspondiente al valor del inmueble debe ubicarse entre los límites inferior y superior de la tabla, pues éstos constituyen los márgenes que determinan el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior a aplicar. "2. Una vez ubicada la cantidad en el renglón o rango correspondiente, se le resta la cantidad señalada como ‘límite inferior’ y, al resultado se le denomina ‘excedente del límite inferior’.
"3. A esta cantidad llamada ‘excedente del límite inferior’ se le aplica el factor que se contiene en la cuarta columna, atendiendo al renglón en que se ubicó el valor catastral.
"4. A la cantidad que resulte se le suma la ‘cuota fija’ que se contiene en la tercera columna, obteniéndose así el monto del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
"De lo expuesto, en principio, se aprecia que el legislador configuró la tarifa aplicable con rangos determinados según el monto del valor del inmueble, que constituye la base imponible en orden creciente sobre la cual se aplica una tarifa, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
"Sin embargo, ello no es suficiente para examinar la proporcionalidad de un tributo directo como lo es el de adquisición de un bien inmueble, pues es necesario hacer un análisis de la tabla antes transcrita, con la finalidad de determinar si estamos ante la presencia de un impuesto progresivo y, en consecuencia, acorde al principio de proporcionalidad.
"Además, atendiendo a la manera en que están estructuradas tales tarifas, no puede llevarse a cabo de forma parcial, sino que es necesario estudiar las tarifas en su conjunto, para poder estar en aptitud de ver si su configuración es progresiva, proporcional o regresiva.
"En lo que respecta al análisis de la progresividad de la tabla, resulta útil invocar en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 224/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘PREDIAL. EL ANÁLISIS DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DE TARIFAS O TABLAS (PROGRESIVAS O DECRECIENTES) OBLIGA A TOMARLAS EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD, SIN ENFOCARLO A UNO SOLO DE LOS RENGLONES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).’ (Se transcribe)
"Por tanto, con la finalidad de llevar a cabo un estudio de la tabla del artículo 113 del Código Financiero de la Ciudad de México, se realizará un ejercicio numérico para con ello estar en aptitud de poder determinar si las tarifas que contiene tienen el carácter de progresivas, el cual se ejemplifica de la siguiente manera:
Ver tabla
"Conforme a lo anterior, se aprecia que las cantidades que genera la aplicación de la tabla no son progresivas, y esto hace que la diferencia de un centavo entre un rango y otro no se encuentre compensado con la cuota fija establecida para su aplicación, sobre el excedente del límite inferior.
"De ahí que, contrario a lo señalado por el Juez de Distrito en la sentencia reclamada, la tabla contenida en el artículo 113 controvertido no se advierte la progresividad de la tarifa, porque la carga tributaria no resulta proporcional entre los valores indicados entre renglones.
"Consecuentemente, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, en la materia del recurso, revoca la decisión de la juzgadora y reasume jurisdicción, por lo que se estima fundado lo alegado en la demanda con relación al numeral 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.
"En efecto, la mecánica que pretende ser progresiva contempla valores que no incrementan proporcionalmente y no se compensa con el factor ni con la cuota fija, de suerte que a inmuebles con valores catastrales esencialmente iguales, les corresponda un monto por concepto de impuesto diferente que el inmueble con menor valor que paga un impuesto mayor.
"Esto es, el ejercicio anterior muestra que un cambio menor en el valor catastral significa un decremento en el monto del impuesto, lo que hace patente la desproporcionalidad de la contribución.
"Así que, aunque el mecanismo implementado en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en principio pretende el incremento progresivo y proporcional del impuesto, en relación con el valor catastral, lo cierto es que matemáticamente los valores empleados no permiten que se incremente gradualmente el monto de la contribución, pues del contenido del ejercicio realizado se evidencia que no hay una efectiva relación de equivalencia entre los valores de un renglón y otro.
"Por el contrario, en los casos destacados incluso es menor el impuesto determinado respecto de inmuebles cuyo valor catastral es mayor al del renglón próximo anterior.
"Consecuentemente, resulta fundado el agravio planteado por quejoso, porque a juicio de este tribunal, y contrario a lo resuelto por el Juez del conocimiento, el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio de dos mil veintiuno, contraviene lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, en tanto que no existe relación progresiva y equivalente en el impuesto que resulta de aplicar la tarifa de un rango a otro para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. ..."
(Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente)
CRITERIO JURÍDICO ASUMIDO POR EL MENCIONADO DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL
Dicho tribunal al resolver el amparo en revisión 94/2021, después de declarar fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa –relativos a que el estudio efectuado en la sentencia recurrida, no corresponde con todos los argumentos planteados en la demanda–, precisó que reasumía jurisdicción, e inmediatamente analizó los conceptos de violación segundo y tercero, y justamente en torno de este último, indicó que "... existe progresividad en la tarifa del impuesto sobre adquisición sobre (sic) inmuebles que prevé el precepto legal impugnado, toda vez que la diferencia de un peso entre un rango y otro se encuentra compensada con la cuota fija que se adiciona al impuesto marginal –que es el resultado de aplicar la tasa respectiva al excedente del límite inferior–, evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada."
Y agregó dicho tribunal que la progresividad de la tarifa se consigue: "... mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y el porcentaje aplicable sobre el excedente del límite inferior ..."
La argumentación utilizada, en soporte de ese criterio, es del texto siguiente:
"...
"Por otra parte, se procede al estudio del concepto de violación tercero, en el que la quejosa hizo valer que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México contraviene lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, en tanto que no existe relación progresiva y equivalente en el impuesto que resulta de aplicar la tarifa de un rango a otro para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
"Ello en razón de que el mecanismo implementado en dicho numeral, si bien pretende un incremento progresivo y proporcional del impuesto, en relación con el valor catastral, matemáticamente los valores empleados no permiten que se incremente gradualmente el monto de la contribución, pues no hay una efectiva relación de equivalencia entre los valores de un renglón y otro, y no se compensa con el factor ni con la cuota fija, de suerte que a inmuebles con valores catastrales esencialmente iguales les corresponda un monto por concepto de impuesto excesivamente diferente, en el que el inmueble con menor valor paga un impuesto considerablemente mayor.
"En ese contexto, para analizar la proporcionalidad del sistema de tributación del impuesto sobre adquisición de inmuebles ubicados dentro de la Ciudad de México, es menester considerar la fuente de riqueza que se grava y el mecanismo establecido para cuantificar la base gravable del tributo.
"Como ya se indicó en párrafos anteriores, el objeto del impuesto sobre inmuebles recae sobre la adquisición de inmuebles, que consistan en suelo, construcciones o en el suelo y construcciones adheridos a él, ubicados en la Ciudad de México, y su base la constituye el valor de los inmuebles, el cual se considerará el que resulte más alto entre: I. El valor de adquisición; II. El valor catastral; o, III. El valor comercial; lo que evidencia que el aludido tributo grava una manifestación aislada de riqueza, expresada a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se mide, precisamente, en función del valor del bien inmueble.
"Ahora, el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el año dos mil veinte, establece que el impuesto sobre adquisición de inmuebles se calculará aplicando al valor total del mismo la tarifa siguiente:
Ver cuadro
"Como se puede advertir, la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles se estructura conforme a un sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor total del inmueble –que constituye la base gravable–, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior.
"En relación con lo anterior, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz –como lo es el impuesto sobre adquisición de inmuebles–, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.
"En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, se estableció que, aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se pong
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30934-6acbc5ce/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-113 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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