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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA SI EL DECRETO IMPUGNADO SE PUBLICÓ CUANDO SE ENCONTRABAN SUSPENDIDAS LAS LABORES EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR; ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCESIBLE; INFORMADA; SIGNIFICATIVA; CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA, Y TRANSPARENTE. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, LO CUAL IMPLICA QUE SU OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL, INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FALTA DE CONSULTA SOBRE LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA DE UNA FORMA DE DEFICIENCIA QUE, EN INTERACCIÓN CON EL ENTORNO, CONSTITUYE LA DISCAPACIDAD FÍSICA, VULNERA LOS DERECHOS DE ESE GRUPO VULNERABLE E IMPIDE UNA VERDADERA INCLUSIÓN QUE RESPETE LA AUTONOMÍA, LA INDEPENDENCIA Y EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN COMO PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA IGUALDAD INCLUSIVA. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES, AL IDENTIFICAR ÁMBITOS O SUBGRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REQUIERAN MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ACELERAR O LOGRAR LA IGUALDAD INCLUSIVA, DEBEN RESPETAR ESE DERECHO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 557 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). IX. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA PARTE INDIVISIBLE DE UNA VISIÓN ROBUSTA DEL DERECHO A LA IGUALDAD. X. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 557 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). XI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO LOS DECRETOS O CUERPOS NORMATIVOS SE DIRIJAN ESPECÍFICAMENTE Y EN FORMA INTEGRAL A ESTOS GRUPOS VULNERABLES, A SUS INTERESES Y/O DERECHOS –COMO ES EL CASO DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE–, LA FALTA DE LA CONSULTA INVALIDA TODO EL ORDENAMIENTO IMPUGNADO. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TODAS LAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES –INCLUIDAS LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS– ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTAR A ESTOS GRUPOS VULNERABLES ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS O INTERESES. XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 557 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 557 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 204/2020. · Registro digital (IUS): 30994
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-10-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo I, Pág.182.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 204/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: MARÍA DOLORES IGAREDA DIEZ DE SOLLANO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 204/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –por conducto de su presidenta– en contra del Decreto Número 557, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el seis de mayo de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. Presentación de la demanda. El tres de agosto de dos mil veinte,(1) María del Rosario Piedra Ibarra –en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, CNDH)– promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 557 del Estado de Veracruz,(2) mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad.

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se consideran violados. La CNDH señaló que el decreto impugnado transgrede los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(3) y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,(4) con respecto al derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la CNDH manifestó un único concepto de invalidez en el cual argumentó lo siguiente:

a) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención) prevé, en su artículo 4, numeral 3, que los Estados tienen la obligación de celebrar consultas estrechas y de colaboración activa con las personas con discapacidad cuando elaboran y aplican.

b) Legislación, políticas públicas y otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones que les atañen.

c) El derecho a la consulta está estrechamente relacionado con el modelo social de discapacidad, con los principios de autonomía e independencia, con el derecho de igualdad ante la ley y con el derecho a la participación, y constituye uno de los pilares de la Convención.

d) La consulta es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

e) Para determinar si las normas en materia de discapacidad cumplen o no con los parámetros de protección de una persona con discapacidad, este grupo poblacional debe ser escuchado. Por tanto, la consulta previa no es una mera formalidad, sino que es una garantía primaria de defensa de sus derechos. Si la Convención tiene como finalidad la inclusión de un grupo social que históricamente ha sido excluido y marginado, este derecho y obligación estatal es un medio de suma importancia para poder llegar a una sociedad realmente inclusiva.

f) Las modificaciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad –que tienen, según la iniciativa de ley, la finalidad de crear una cultura de respeto y de inclusión plena de las personas de talla baja en distintos sectores– implican cuestiones que impactan directamente a las personas con discapacidad, por lo que el Congreso Local tenía la obligación de celebrar una consulta previa, estrecha y de colaboración activa con este grupo poblacional o sus representantes. El no hacerlo implica desconocer su plena intervención e inclusión en todas las medidas que les aluden directa e indirectamente.

4. Admisión y trámite. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 204/2020(5) y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor en el procedimiento.(6)

5. Posteriormente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su función correspondiera.(7)

6. Informe del Congreso del Estado de Veracruz. La subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, en su representación,(8) rindió el informe requerido(9) –junto con las pruebas documentales del proceso legislativo– en el cual expresó los razonamientos que se exponen a continuación:

a) En términos de procedencia, el asunto debe sobreseerse de conformidad con el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria, por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 105, fracción II, de la Constitución General, porque el argumento del accionante es erróneo: la reforma no transgrede disposiciones constitucionales, ni convencionales, y tampoco vulnera el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

b) El Congreso del Estado de Veracruz reformó la ley impugnada en atención a la libertad configurativa y a la competencia legislativa residual. Esta reforma no conlleva un prejuicio, sino que se traduce en un beneficio para las personas con algún trastorno de talla en la categoría de personas con discapacidad física. La reforma busca armonizar la ley local con la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, así como responder a la obligación de todos los órganos del Estado Mexicano de reconocer los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con algún tipo de trastorno de talla.

c) Bajo cautela, el Congreso de Veracruz también señala que la reforma impugnada tiene como finalidad visibilizar y reconocer a las personas con un trastorno de talla, ya que no hacerlo es una forma de exclusión que atenta contra el principio de igualdad presente en el artículo 1o. constitucional. Por tanto, es una reforma consistente con los derechos de las personas con discapacidad.

d) Además, del artículo 4, numeral 3, de la Convención se extraen contenidos mínimos de deber y no una obligación de consultar a las personas con discapacidad. Incluso, en el marco jurídico mexicano no existe una regulación específica relacionada con el procedimiento o la forma en que deben llevarse a cabo dichas consultas. Por tanto, no puede estimarse que el Congreso estuviera obligado a realizar un ejercicio de consulta para el cual no existe un procedimiento establecido.

e) En todo caso, la obligación de las autoridades sólo se traduce en llevar a cabo la consulta en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda afectar directamente la vida de las personas con discapacidad. En el caso, no se perjudica o daña de manera alguna a este sector de la población, sino que, por el contrario, refiere un beneficio para su libre y adecuado desarrollo. De esta manera, conforme al artículo 4, numeral 4, de la Convención(10) no puede interpretarse o aplicarse la Convención de forma que se afecten disposiciones que buscan facilitar el ejercicio de derechos de la persona con discapacidad.

a) Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. El secretario de Gobierno del Estado de Veracruz rindió informe y expresó que con la reforma impugnada no se actualiza supuesto alguno por el que se afecten, vulneren o transgredan derechos o intereses de las personas con discapacidad, ya que con ella se crea el reconocimiento de ciertos derechos que deberán ser plenamente garantizados por las autoridades estatales.(11)

7. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(12)

II. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad,(13) pues, en el caso, se plantea la posible contradicción entre el parámetro de regularidad constitucional y diversos preceptos de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

III. OPORTUNIDAD

9. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(14) (en adelante, "ley reglamentaria de la materia") señala que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada haya sido publicada en el medio oficial correspondiente. Además, especifica que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

10. Conforme a estos lineamientos, resulta que la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna. Para demostrar este punto es importante partir de que la reforma impugnada –emitida por el Decreto Número 557– fue publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el seis de mayo de dos mil veinte y que, de la lectura de las constancias, se advierte que la acción se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de agosto de dos mil veinte.(15)

11. Al respecto, para el cómputo del plazo correspondiente debe tomarse en cuenta que, en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado diversos acuerdos generales(16) a través de los cuales se han declarado inhábiles los días comprendidos entre el dieciocho de marzo y el quince de julio de dos mil veinte, cancelándose a su vez el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte. En estos acuerdos se permitió habilitar días y horas hábiles, pero sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones de inconstitucionalidad que hubieren promovido las partes.

12. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso al día hábil siguiente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, es decir, el tres de agosto de dos mil veinte, este Tribunal Pleno concluye que se promovió dentro del plazo oportuno.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, lo cual acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, documento que obra en autos.(17) En consecuencia, el asunto se presentó por órgano legitimado y por su debida representante, quien se encuentra debidamente facultada.(18)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

14. En términos de procedencia, el Congreso del Estado sostiene que se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en la materia,(19) en relación con el 105, fracción II, de la Constitución General.(20) En esencia, para la autoridad, la reforma no transgrede disposiciones constitucionales ni convencionales, por lo que el asunto debe sobreseerse.

15. No obstante, este Tribunal Pleno observa que la causal promovida es propiamente la materia de estudio de este medio constitucional y está íntimamente relacionada con el fondo del asunto, por tanto, debe desestimarse.(21) En consecuencia, dado que las partes no alegaron alguna otra causal de improcedencia, ni se aprecia alguna otra de oficio, se procederá con el estudio de la cuestión planteada.

VI. ESTUDIO DE FONDO

16. Como se ha relatado, la accionante plantea un concepto de invalidez en contra del decreto que reforma la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz. En esencia, sus argumentos están encaminados a probar la inconvencionalidad del decreto impugnado por vulnerar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad pues, el Congreso de Veracruz –como admitió al rendir su informe– no llevó a cabo consulta alguna a la población con condición de discapacidad en el proceso legislativo que concluyó con la publicación del Decreto Número 557.

17. En la presente acción se determinará si la ley reformada debió ser sujetada a consulta. Para hacerlo, se desarrollará el derecho a la consulta de personas con discapacidad y a su participación activa, así como la correlativa obligación estatal para llevar a cabo estos procedimientos en la elaboración de legislación y políticas públicas en cuestiones que les atañen (A). Posteriormente, se estudiará la reforma impugnada conforme a dicho estándar (B).

A. Derecho a la consulta de las personas con discapacidad y la obligación correlativa de las autoridades del Estado

18. El derecho de las personas con discapacidad de ser consultadas deriva del artículo 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante "la Convención"), que establece lo siguiente:

"Artículo 4 ...

"3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. ..."

19. Como se ha señalado en la acción de inconstitucionalidad 68/2018,(22) este derecho –así como la correlativa obligación estatal de consultar a este grupo de atención prioritaria– está estrechamente relacionado (i) con el modelo social de discapacidad, (ii) con los principios de autonomía e independencia, con el derecho de igualdad y con el derecho a la participación de las personas con discapacidad, (iii) adicionalmente, la consulta es uno de los pilares de la Convención y de todo acto que busque darle efecto. Estas relaciones nos permiten informar y desarrollar sustantivamente el derecho a la consulta.

20. Así, en primer lugar, el derecho a la consulta tiene como razón subyacente el que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con discapacidad son sujetos pasivos a la ayuda o asistencia que se les brinda–,(23) favoreciendo, en cambio, un modelo social con enfoque de derechos humanos.

21. A partir del modelo social y de derechos humanos se afirma que la discapacidad no es un fenómeno individual –consecuencia de limitaciones o condiciones personales–, sino un fenómeno complejo, que toma en su interacción a las personas con alguna deficiencia de naturaleza intelectual, física, psicosocial, etcétera, frente a las carencias de la sociedad para generar servicios o mecanismos que sean adecuados a sus necesidades particulares y al ejercicio de sus derechos.(24) Es decir, la condición de discapacidad no está en la persona, sino en la relación con la sociedad que no ha sido capaz de adaptarse a las necesidades de todas las personas.

22. Este modelo está imbuido en la totalidad de la Convención y guía su comprensión –y, en consecuencia, la comprensión del derecho a la consulta–. En su preámbulo, la Convención señala que la discapacidad es un concepto en constante evolución y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

23. Esto significa que la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad es una base fundamental del modelo social con enfoque de derechos humanos. Por tanto, la ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades y asumir un modelo asistencialista o rehabilitador que no encuentra cabida en la Convención.

24. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención (artículo 3.a),(25) su derecho de igualdad [artículos 5(26) y 12 de la misma Convención,(27) entre otros] y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29)(28) que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".

25. La independencia y la autonomía son los principios y expresiones formales de la exigencia de inclusión activa de las personas con discapacidad en el ámbito personal, familiar, social y político.(29) Además, estos principios traen aparejado el reconocimiento de que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones y que éstas deben tener relevancia jurídica,(30) lo cual resuena en su participación.

26. En este sentido, es posible afirmar que la consulta es, en sí misma, una medida para hacer frente a las barreras que ha implicado la heterorregulación en la materia de discapacidad y, por tanto, es consistente no sólo con la igualdad material, sino con la igualdad inclusiva (como el nuevo modelo de igualdad que se desarrolla a lo largo de toda la Convención).

27. La igualdad inclusiva contiene la igualdad sustantiva, al tiempo que amplía y detalla su contenido en las dimensiones siguientes: a) una dimensión de reconocimiento para combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia, b) una dimensión participativa para reafirmar el carácter social de las personas con discapacidad como miembros de grupos sociales y de un cuerpo político y, c) una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia.(31)

28. Esta igualdad inclusiva exige que, para determinar si una norma es realmente una medida positiva, ésta debe pasar por un proceso de consulta, pues este requisito se proyecta sobre todos los demás derechos fundamentales de las personas con discapacidad.(32) Asimismo, la igualdad inclusiva implica no asumir que la discapacidad es un concepto que engloba experiencias y necesidades homogéneas. Por tanto, en los ejercicios de consulta se debe buscar incluir, dependiendo del caso, a personas, grupos u organizaciones que representen a la diversidad de experiencias de discapacidad, incluidos los niños y las niñas.

29. Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención y un principio transversal de su comprensión, pues el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad.(33) Ello refiere a una práctica ejemplar y progresiva que deberá ser actualizada en la aplicación e implementación de la Convención.

30. De lo anterior se desprende que la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un derecho en sí mismo, así como una garantía para la protección de diversos otros derechos. La consulta es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, así como para fomentar la igualdad inclusiva. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales, al mismo tiempo que se reconoce su capacidad de participación. 31. Es por lo anterior que, si bien en el país no hay una reglamentación específica en la materia, eso no impide que se le reconozca y se materialice este derecho fundamental a las personas con discapacidad pues, en atención al artículo 1o. constitucional, la consulta estrecha y la participación activa de este grupo de atención prioritaria es parte del parámetro de regularidad constitucional.

32. Esto significa, entre otras cuestiones, que las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación (y no sólo la prerrogativa) de promover, respetar, proteger y garantizar que las consultas se lleven a cabo, pues con ello reconocen que este derecho es interdependiente e indivisible del ejercicio de otros derechos de las personas con discapacidad.(34) Dicho deber incluye al legislador y legisladora ordinaria.

33. Adicionalmente, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(35) ha determinado que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo que se actualiza frente a cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad.

34. Sentado lo anterior, es preciso hacer dos comentarios: uno, en relación a la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos permite interpretar la porción normativa que exige consultar frente a todas las "cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad" (A.1) y, la segunda, con respecto a las características que deben colmar los ejercicios de consulta para que se garantice efectivamente este derecho-deber de naturaleza convencional en el proceso legislativo (A.2).

A.1 Cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad

35. Este Tribunal Constitucional ha sostenido en diversas ocasiones que existe la obligación de llevar a cabo una consulta en el marco legislativo en todos los casos en los que se regule una cuestión que atienda o refiera a las personas con discapacidad (entre ellas, la educación inclusiva –véase, por ejemplo, la acción de Inconstitucionalidad 212/2020–,(36) la adopción de personas con discapacidad –acción de inconstitucionalidad 109/2016–,(37) o la normativa especializada en materia de inclusión y desarrollo de personas con discapacidad).

36. Conforme a la Convención y a la interpretación de su artículo 4, numeral 3, es posible afirmar, como regla general, que existe el derecho a la consulta estrecha y la correlativa obligación para las autoridades mexicanas de realizarla frente a todas las medidas legislativas que puedan implicar reconocimiento de los derechos, intereses, vivencias y necesidades de las personas con discapacidad.(38) Ello incluye –como se desprende de la literalidad del artículo– cuando se elabore, reforme o derogue legislación que tengan como fin darle efectividad a la Convención y a los derechos de las personas con discapacidad deberá realizarse la consulta prevista en la Convención.

37. Por lo anterior, las "cuestiones relacionadas" no deberán entenderse restrictivamente en el sentido de que únicamente será obligatoria la consulta en casos que afecten, dañen o limiten los derechos de las personas con discapacidad. Como señala el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las consultas previstas en el artículo 4, numeral 3, de la Convención están orientadas a toda práctica de los Estados que sea compatible con la Convención y los derechos de las personas con discapacidad, pues se deberá excluir toda práctica que menoscabe estos derechos fundamentales.(39)

38. Así pues, lo que se debe dilucidar para determinar si una cuestión está relacionada con la discapacidad no es el nivel benéfico o dañino de la medida que se pretende implementar –en última instancia, eso será motivo de participación autónoma de las personas con discapacidad y deberá ser tomado en cuenta en el proceso de toma de decisiones–, sino el grado o la intimidad de la relación que ese tipo de decisiones tiene en las vidas y en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

39. A partir de esta consideración es que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que, si existe controversia sobre los efectos que tienen algunas medidas sobre las personas con discapacidad, corresponde a las autoridades de los Estados demostrar que la cuestión examinada no atañe a este grupo de atención prioritaria y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consultas.

40. Ahora bien, partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020,(40) el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que en los casos de leyes que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad, la falta de consulta previa no implica la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador o legisladora fue omisa en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte.

41. Así, este Tribunal Constitucional ha determinado que en el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino que estén inmiscuidos en el contexto general, se deberán invalidar las normas que les atañen, pero sin alcanzar a invalidar todo el cuerpo normativo. Por el contrario, cuando los decretos o cuerpos normativos se dirijan específicamente y en forma integral a estos grupos en situación de vulnerabilidad, la falta de consulta invalida todo el ordenamiento impugnado.

42. Este criterio ha sido reiterado en múltiples precedentes del Pleno, entre ellos, las acciones de inconstitucionalidad 212/2020,(41) 193/2020,(42) 176/2020,(43) 179/2020,(44) 214/2020(45) y 186/2020,(46) por mencionar algunos.

A.2 Elementos mínimos para cumplir con la obligación de consultar a personas con discapacidad

43. En la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(47) esta Suprema Corte ha señalado los elementos mínimos que deben seguir las autoridades legislativas mexicanas para cumplir con la obligación convencional sobre consulta a las personas con discapacidad. Al respecto se señaló que la participación de este grupo debe tener las siguientes características:

a) La consulta debe ser previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad podrán participar, tanto en el proyecto de iniciativa como en el proceso legislativo. En este proceso se debe garantizar la participación de este grupo de atención prioritaria de manera previa al dictamen y ante el pleno del órgano deliberativo durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

b) La consulta debe ser estrecha y con participación de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben participar en atención a su autonomía y sin sustitución de su voluntad. Esta participación se puede dar, tanto de forma individual como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad,(48) atendiendo a su heterogeneidad y diversidad. Además, se debe tomar en cuenta a las niñas y niños con discapacidad.

c) La participación debe ser efectiva. La participación de las personas con discapacidad debe ser real y efectiva, por lo que en el proceso legislativo debe tomarse en cuenta y analizarse la opinión vertida. De esta manera, la intervención de las personas de este grupo no se reducirá a una exposición pasiva, sino que realmente se tomará en cuenta su visión para enriquecer y guiar la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales. Sólo de esta manera se logrará su pleno desarrollo y ejercicio de derechos. Para contar con una participación efectiva es importante cumplir con los principios de accesibilidad, información, transparencia y significatividad, los cuales se desarrollan a continuación.

d) La consulta debe ser accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje claro y comprensible, así como en formato de lectura fácil. Éstas deben ser adaptadas para ser entendibles de acuerdo con las necesidades por los diferentes tipos de discapacidad; deben ser publicados por distintos medios –incluidos los sitios web de los órganos legislativos–, mediante formatos accesibles y con ajustes razonables cuando se requiera (como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil, por mencionar algunos). Además, las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

El órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, para así posibilitar que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

e) La consulta debe ser informada. Se les debe informar a las personas con discapacidad de manera amplia la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretende tomar.

f) La consulta debe ser significativa. En todos los momentos del proceso legislativo se deben referir y analizar las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

g) La consulta debe ser transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30994-426ce9c0/i-accion-de-inconstitucionalidad-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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