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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE TERRITORIO. ES INEXISTENTE SI EL QUEJOSO SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DE SU DEMANDA DE AMPARO, PERO DE ÉSTA NO SE ADVIERTE QUE LE RECLAME ACTO CONCRETO ALGUNO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 5/2022. · Registro digital (IUS): 31132
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-01-06
Promovente: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO Y EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, Pág.6146.

CONFLICTO COMPETENCIAL 5/2022. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO Y EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO. 21 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO BERNAL VALDÉS, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: OFELIA RAMOS RAMOS.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Inexistencia del conflicto competencial. I. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en la especie no se actualiza un conflicto competencial entre la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y, por ende, debe declararse su inexistencia; lo anterior, atento a las consideraciones siguientes.

En el caso específico, el conflicto competencial tuvo origen derivado de las reglas de competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, en su vertiente de cercanía; de ahí que en el presente estudio sólo se hará alusión a ese tipo de competencia.

Precisado lo anterior, es importante mencionar que las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". (lo destacado es propio de este tribunal)

Conforme al anterior numeral, un Juez de Distrito será competente para conocer de un juicio de amparo, conforme a las reglas siguientes:

a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

b) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente.

c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Sobre esa misma línea, el artículo 38 de la ley de la materia establece una regla de excepción a la competencia por territorio, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca". (lo destacado es de este tribunal)

Como se aprecia, el anterior numeral establece que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca.

Regla de excepción que opera, por ejemplo, para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (Distrito o Circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis, lo que se conoce como principio de cercanía en el que la competencia se surte a favor del juzgador más inmediato.

Así se advierte, además, de la tesis de jurisprudencia P./J. 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) del tenor siguiente:

"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (Distrito o Circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio Circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro Circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un Circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese Circuito."(3)

A la regla de excepción derivada del factor de la cercanía, no debe soslayarse también la materia en que están especializados los Jueces de Distrito; de ahí que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un Distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio Circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro Circuito y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un Circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez más cercano a ese Circuito.

Como se aprecia, las reglas de competencia por territorio, generales y excepcional (factor de cercanía), se edifican a partir de una figura en común, que es el acto reclamado, pues para fijar cualquiera de aquéllas es necesario atender a la naturaleza de éste, lo que implica, invariablemente, la precisión del acto que se reclama, pues sólo así puede verificarse cuál es la regla que debe aplicarse para fijar la competencia.

Lo anterior se robustece con lo que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo que contempla los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto, entre ellos, los señalados en las fracciones III y IV, es decir, la mención de la autoridad o autoridades responsables, y la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, como se advierte de la siguiente transcripción:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

"...

"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;

"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ..."

Conforme a este precepto, como requisito formal de la demanda de amparo que no puede soslayarse por tratarse de un elemento básico para su admisión a trámite y posterior resolución, se encuentra el señalamiento de la autoridad responsable y el acto reclamado, de modo que el quejoso es quien propone la litis que somete a consideración del Juez de Distrito, a través de la precisión de dichos requisitos, lo que revela que la materia de estudio en el amparo se delimita de acuerdo a las pretensiones del promovente, sin que el juzgador, por regla general, pueda estudiar cuestiones diversas, salvo que se amplíe la demanda de amparo.

Incluso, dada la importancia de dichos requisitos, su omisión da lugar a requerir al quejoso para que los señale, con la consecuencia de tener por no presentada la demanda en caso de no cumplir con aquéllos, en términos del precepto 114, fracción II y penúltimo párrafo, de la ley de la materia.(4)

En ese orden de ideas, si bien dichos requisitos resultan indispensables en la demanda de amparo, por su importancia destaca la precisión del acto reclamado, pues la calidad de autoridad responsable depende sustancialmente de dicho señalamiento, ya que conforme al artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(5) sólo tiene el carácter de responsable quien haya dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Consecuentemente, la precisión del acto reclamado, como requisito indispensable de la demanda de amparo, tiene su génesis en el hecho de que el simple señalamiento de alguna autoridad es insuficiente para tenerla con carácter de responsable en términos del numeral citado en el párrafo que antecede, ya que debe vinculársele con un acto concreto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

En mérito de lo anteriormente expuesto, de una interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción II, 37, 38 y 108 de la Ley de Amparo, para poder fijar la competencia excepcional por territorio de un Juez de Distrito en su vertiente de cercanía, es necesario que en la demanda de amparo, no sólo se señale como autoridad responsable al Juez de Distrito, sino que además se precise el acto concreto que se le reclama, pues sólo así puede analizarse si efectivamente dicho juzgador tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de derechos fundamentales, ya que debe vinculársele con un acto concreto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de lo contrario implicaría dejar que el quejoso elija la autoridad a la que le correspondería el conocimiento de la demanda con el simple señalamiento de otras a quienes ni siquiera les atribuya acto alguno.

Precisado lo anterior, en el caso que se examina, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"Las autoridades señaladas en el amparo son:

"Secretaría de Salud de CDMX

"Secretaría de Gobierno de CDMX

"Directora del Servicio Médico de la Penitenciaría CDMX

"Trabajo Social del Servicio Médico de la Penitenciaría CDMX

"Los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, son:

"Atención médica deficiente, equiparada a actos prohibidos en el artículo 22 constitucional (Omisión de canalizar a hospital exterior para cirugía).

"Mala atención médica y medicamentos

"Las autoridades responsables señaladas en el amparo son Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de CDMX, del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas, el noveno de Tampico.

"Los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, son:

"- Violación al principio pro persona.

"- Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona.

"- Discriminación."

De lo anterior se desprende que el impetrante, en principio, señaló una serie de autoridades responsables administrativas, de quienes reclamó diversos actos relacionados con la falta y deficiente atención médica en su persona.

También señaló como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y en los Estados de la República Mexicana que precisa.

Sin embargo, en contra de todos los Jueces de Distrito mencionados en la demanda, el peticionario de amparo no expuso algún acto en concreto, como se podrá constatar de la siguiente transcripción que, en lo que aquí interesa, se limitó a señalar:

"Las autoridades responsables señaladas en el amparo son: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de CDMX, del primero al décimo sexto; Jueces de Distrito de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas, el noveno de Tampico.

"Los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, son:

"- Violación al principio pro persona

"- Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona

"- Discriminación."

Esto es así, porque los actos atribuidos por el quejoso a los Jueces de Distrito mencionados en el escrito de demanda, al menos en la fase en que se encuentra el juicio de amparo, se advierte que corresponden a posibles violaciones a derechos humanos, no a algún acto en específico que pudieran haber emitido aquellas autoridades jurisdiccionales, en el que podrían haberse reflejado tales afectaciones.

Además, porque los actos que sí se destacan giran en torno a cuestiones relacionadas con la salud del quejoso, y logra advertirse que los mismos se atribuyen solamente a autoridades sanitarias.

En este sentido, al no existir en concreto algún acto de autoridad reclamado en contra de los Jueces de Distrito mencionados en la demanda, en esta fase del juicio no puede entonces considerarse actualizado un conflicto competencial entre la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico.

Esto es así, pues no basta que ambos juzgadores estén comprendidos dentro de las autoridades señaladas como responsables, porque tal mención solamente satisface el requisito previsto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pero evidentemente ello no atiende la exigencia que la complementa, que es la de señalar el acto que se reclama de cada autoridad, para poder vincular así el acto con la autoridad que podría haberlo emitido.

Así, era necesario que el quejoso precisara el acto reclamado porque, como se vio, no sólo es una exigencia que debe cumplir la demanda de amparo, sino también porque la satisfacción de este requisito es la base que permite dilucidar en forma preliminar si se está frente a un acto concreto de autoridad y, a su vez, definir porqué alguno o ambos juzgadores no estarían en aptitud de conocer de la demanda de amparo.

Además, porque la competencia se define, en principio, atendiendo a la ejecución que pudiera tener o no el acto reclamado; en el primer caso, incluida la posibilidad de que la materialización pueda tener lugar en la jurisdicción de distintos Jueces de Distrito y, posteriormente, por la posibilidad que existe de definir la competencia mediante el principio de cercanía.

No se inadvierte que, por regla general, para que exista un conflicto competencial es presupuesto que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.

Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 30/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, materia común, página 46, con número de registro digital: 184186, que dice:

"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."

Sin embargo, aun cuando existe rechazo de ambos juzgadores para asumir el conocimiento de la demanda de amparo, ello por sí solo no podría configurar en este momento un conflicto competencial, por la razón básica que al no verse superada la exigencia de señalar el acto reclamado a la autoridad, tampoco habría forma de definir si es o no justificada la postura externada, en la medida en que no sabe sobre qué acto o actos descansa el impedimento de los juzgadores involucrados para hacerse cargo de la demanda.

Considerar en la fase en que se encuentra el juicio de amparo y con los escasos datos que se desprenden de la demanda, que se actualiza un conflicto competencial entre ambos juzgadores, solamente produciría una dilación en la impartición de justicia en contravención al artículo 17 constitucional, pues bajo la estimación que uno y otro figuran como autoridad responsable, la competencia tendría que fincarse quizá en un órgano no contendiente, y remitir la demanda probablemente a otra entidad del país, cuando la revisión preliminar que se hace a la demanda, se reitera, no permite advertir en concreto cuál es el acto que se atribuye a las autoridades jurisdiccionales, lo cual estaría obedeciendo que uno y otro estimen estar impedidos para avocarse al conocimiento de la demanda.

Por ende, ante la inexistencia del conflicto competencial, lo que procede es devolver los autos al Juez de Distrito requirente, para que continúe con el trámite correspondiente.

Ahora bien, no obstante que se ha determinado que en esta fase del juicio de amparo no existe el conflicto competencial sometido a la decisión de este órgano, para no dejar en estado de indefensión al quejoso y permitir además que pueda integrar la litis del juicio y, en su caso, con nuevos elementos pronunciarse posteriormente sobre la posible incompetencia legal para conocer en definitiva del juicio de amparo, el Juez de Distrito, a fin de proveer sobre la admisión, podrá hacer al impetrante las prevenciones que estime pertinentes.

Esto último, porque como se indicó, la demanda no satisface de manera suficiente la exigencia prevista en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, consistente en expresar el acto u omisión que de cada autoridad jurisdiccional se reclama y, adicionalmente, tampoco menciona los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, por lo que el escrito de demanda tampoco cumple con la obligación contemplada en la diversa fracción V del mismo numeral; ello, con los apercibimientos que estime pertinentes en caso de que no sea atendido el requerimiento dentro del plazo respectivo; desde luego, observando que el quejoso acude al juicio de amparo en su condición de recluso y sin patrocinio jurídico; sin perjuicio de alguna otra prevención que estime pertinente realizar.

Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo además en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se declara inexistente el presente conflicto competencial.

Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a las autoridades contendientes; remítanse los autos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno. Así lo resolvió el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Jesús Eduardo Hernández Fonseca y Alejandro Bernal Valdés, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0791/2022, de cuatro de abril de dos mil veintidós; siendo presidenta la primera y ponente el último de los nombrados.

____________________

2. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 75, con número de registro digital: 190008.

3. Aun cuando la jurisprudencia interpreta los numerales 36 y 42 de la Ley de Amparo abrogada, su contenido sigue vigente en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, que establece: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley", pues aquellos numerales son de contenido similar a los diversos 37 y 38 de la legislación de amparo vigente.

4. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

"...

"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;

"...

"Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada."

5. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31132-ff405d2a/conflicto-competencial-por-razon-de-territorio-es-inexistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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