SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESION DE MARIHUANA.
AMPARO EN REVISION 40/95. PEDRO AMBRIZ BARRETO Y OTRA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los transcritos conceptos de agravio son parcialmente fundados, pero suficientes para modificar el fallo a revisión, de conformidad con los razonamientos que en seguida se expresan:
El Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la resolución que se revisa, negó a Catalina Barreto Nava, la protección constitucional que solicitó en contra del auto de formal prisión que con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, pronunció en su contra y en auxilio de la Justicia Federal, el Juez Segundo de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, por la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y simiente del mismo enervante; y en cambio, le concedió a aquélla y a Pedro Ambriz Barreto el amparo de la Justicia Federal, para efectos, al concluir que dicho auto motivado carecía de fundamentación y motivación respecto a los ilícitos imputados a la primera, sobre posesión de arma de fuego sin licencia y posesión de pólvora y explosivos; y al segundo, sobre portación y posesión de un arma de fuego de las exclusivas para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.
Ahora bien, la negativa del amparo, en el aspecto indicado, se ajusta a derecho, dado que la autoridad responsable, para emitir el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, en el que determinó acreditada la corporeidad del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y simiente del mismo enervante, previsto por los artículos 193 y 195 del Código Penal Federal, en relación con los preceptos 237 y 247 de la Ley General de Salud, así como la presunta responsabilidad penal de Catalina Barreto Nava en su comisión, se apoyó en los medios convictivos que a continuación se enuncian: a) Parte policíaco de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito y ratificado ministerialmente por el Segundo Comandante Regional de la Policía Judicial del Estado, Efraín Mendoza Chávez; b) Fes ministeriales dadas la primera por el agente del Ministerio Público investigador, del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, y la segunda por el agente del Ministerio Público Federal titular, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, del enervante y simientes afectos a la causa; c) Declaraciones ministeriales rendidas por Catalina Barreto Nava y Pedro Ambriz Barreto; d) Dictamen químico organoléptico emitido por la química farmacobióloga Irma Esther Palavicini Oropeza, respecto a varias muestras del vegetal afecto a la causa; y, e) Certificados médicos suscritos y ratificados ministerialmente por el doctor José Luis Pérez García, acreditado como médico forense auxiliar en Huetamo, Michoacán; probanzas todas ellas, que el juzgador de amparo correctamente extractó y se encuentran visibles de la foja 2 vuelta a la 4 frente de la presente resolución y por ello aquí se dan por reproducidas, en obvio de inútiles repeticiones.
Asimismo, la autoridad responsable tomó en consideración para apoyar el auto motivado reclamado, las deposiciones que por vía de preparatoria rindieron Catalina Barreto Nava y Pedro Ambriz Barreto, con fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en los siguientes términos:
1. CATALINA BARRETO NAVA, ratificó su declaración ministerial, agregando que los agentes aprehensores entraron a su casa sin permiso suyo y ni siquiera se identificaron, tirando las puertas a patadas; que en su recámara tenía en una petaca cinco mil nuevos pesos, de una venta de animales que había hecho, dinero que sustrajeron aquéllos, exigiéndole uno de los mismos la suma de veinte mil nuevos pesos para dejarla tranquila; y al ser interrogada por su defensor particular, refiere que los elementos de la policía judicial citados, no le mostraron ningún documento para introducirse a su domicilio, y al hacerlo la puerta de su casa se hallaba cerrada, encontrándose en el interior únicamente su madre Juana Barreto, un joven de nombre Miguel Vázquez y Blanca Esthela Ayala Magaña; encontrándose los costales de marihuana y las armas, en el patio de la casa, que se halla circundada por alambre, en una enramada, mismos que dejó cuando no estaba, la persona que menciona en su deposición ministerial Andrés Nava, ello porque su casa se encuentra cerca de donde llegan los carros de servicio, por lo que muchas personas arriban con alguna carga del lugar de donde regresan, dejándola encargada en su casa, sin que ella nunca se fije qué sea, encontrándose su hijo Pedro Ambriz Barreto, al momento en que se introdujeron los elementos de la policía, frente a su casa, el cual no ha tenido ni tenía ningún arma de fuego; que llegaron a su domicilio quince camionetas de la policía federal, siendo amenazada por los elementos de esa corporación, diciéndole que si no decía que todo lo que había en el lugar, refiriéndose a los costales de marihuana y a las armas, eran de su hijo, la iban a matar, haciéndole "bolita" mientras uno de ellos se le echaba encima y ya le iban a "tirar" con sus armas.
2. PEDRO AMBRIZ BARRETO, ratificó en sus términos su deposición ministerial, aclarando que cuando se efectuó su detención, en ningún momento se le decomisó arma alguna; amenazándolo los agentes captores en el trayecto entre el lugar de su detención a Huetamo, Michoacán, de que si no se echaba la culpa de lo que habían encontrado en la casa de su madre, la iban a colgar del helicóptero, obligando a ésta a que dijera que todo lo que habían encontrado era suyo, diciéndole asimismo que si contaba con alguna cantidad de dinero, que se los diera y lo soltaban, pero no les dio nada porque no lo tiene, y además no es responsable del hecho que se le imputa.
En esas condiciones, como bien se determinó en el fallo combatido por el juez responsable y lo reitera el resolutor de amparo en la sentencia que se revisa, tales medios de convicción son suficientes para tener por demostrado el cuerpo de los ilícitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y simiente del mismo enervante, así como la probable responsabilidad penal de Catalina Barreto Nava, en su comisión; pues los mismos ponen de manifiesto que el día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, encontrándose elementos de la policía judicial del Estado, practicando investigaciones en relación con la averiguación previa instruida contra Isabel Flores García y otros, por el delito de homicidio perpetrado en agravio de Alberto Vázquez Salazar, se dirigieron al efecto a la población de San Chiqueo, Michoacán, viendo al llegar a la misma, que corrió una persona del sexo masculino, portando un rifle de grueso calibre, e introduciéndose a una casa, por lo que lo siguieron para someterlo y evitar que disparara en su contra, casa que es propiedad de Catalina Barreto Nava, madre de dicho sujeto que se llama Pedro Ambriz Barreto, donde encontraron varios costales y cajas de cartón, conteniendo enervante, al parecer marihuana y semilla de ésta, un rifle calibre 22 y una salchicha Tobex de Hidrogel, con el detonador correspondiente; hechos que reconocen los acusados al deponer ministerialmente en el sentido de que dentro de dicho domicilio, en forma específica en el patio de tal casa, encontraron los costales de yute y cajas de cartón afectos a la causa, en cuyo interior, se localizaron vegetal y simiente, que según el dictamen químico organoléptico que se practicó a muestras de los mismos, resultó ser cannabis sativa o marihuana que, según fe ministerial que se dio de las mismas, tienen un peso bruto, el primero de cuarenta y cinco kilogramos con doscientos cincuenta gramos y la simiente, de ocho kilogramos con doscientos gramos.
En ese orden de ideas, es inconcuso que hasta el momento está demostrado, en forma probable, que en las circunstancias de tiempo, y lugar precisados, la aquí recurrente directa Catalina Barreto Nava, tuvo bajo su control personal y dentro del radio de acción de su disponibilidad el enervante y la simiente que sus captores le incautaron; resultando que tal actividad la llevó a cabo sin satisfacer los requisitos que para ello establecen las disposiciones legales sanitarias vigentes.
No obsta para concluirlo del modo indicado, lo aducido en el segundo agravio vertido ante este Tribunal Colegiado, en el sentido de que el juez de Distrito omitió examinar el aspecto de los conceptos de violación ante él vertidos, en que se adujo que la autoridad responsable no tomó en cuenta al emitir el auto de formal prisión que se reclama, que Catalina Barreto Nava, en todas sus declaraciones sostuvo ignorar la existencia de la marihuana y las armas, sin que exista objeción o prueba en contrario, arguyendo que las mismas eran propiedad del señor Andrés Nava, por lo que no siendo factor definitivo para la configuración típica de la modalidad de posesión de marihuana, el lugar donde se localice la droga, sino el poder que se ejerza sobre ella, esto es, se afirma, no siendo bastante que determinados estupefacientes estén al alcance de una persona para considerar que están a su disposición, sino que el sujeto tenga conciencia que efectivamente puede ejercer sobre ellos un poder de uso para sí o para transmitirlos; era claro, se asevera, que como Catalina Barreto Nava, no tuvo conocimiento de qué contenían los costales, ni está demostrado que hubiese sido poseedora originaria, derivada, precarista o simple detentadora del enervante y simiente afectos a la causa, o que hubiere prestado auxilio o cooperación para su ejecución, no podía configurarse su probable responsabilidad en la comisión del ilícito contra la salud que se le imputa; omisión con la que el juzgador de amparo vulneró el contenido de los artículos 77 y 78 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, por lo que este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, emprenderá en ese aspecto el análisis de los citados conceptos de violación soslayados, mismos que son infundados.
Así se concluye, en virtud de que entre las constancias que obran en autos y en que se apoyó la autoridad responsable a efecto de tener por demostrada la probable responsabilidad de Catalina Barreto Nava en la comisión del ilícito contra la salud en cita, lo fueron en principio, lo depuesto por ella ministerialmente en el aspecto en que reconoce que los citados agentes captores efectivamente localizaron en el patio de su casa, los costales y las cajas referidas, de los cuales extrajeron, también en su presencia, según así lo asevera, el vegetal verde, fresco y húmedo que resultó ser mariguana, y las semillas del mismo, afectos a la causa, lo que se corrobora con lo declarado por Pedro Ambriz Barreto, al deponer ministerialmente, quien afirma que al llevarlo los agentes captores a la casa de su madre, observó que algunos de ellos revisaban varios costales y dos cajas de cartón que se encontraban en el patio, de donde extrajeron el enervante y semillas afectas a la presente causa.
Probanzas que tienen hasta el momento, al encontrarse corroboradas una con otra y no desvirtuadas con otra en contrario, valor convictivo pleno, en términos de los artículos 279, 284 así como 289 del enjuiciamiento penal federal, para evidenciar el cuerpo del ilícito contra la salud cuya omisión se imputa a Catalina Barreto Nava, así como la probable responsabilidad de ésta en su comisión; y las que además se robustecen en el aspecto indicado, con el parte informativo suscrito y ratificado ministerialmente, por Efraín Mendoza Chávez, Segundo Comandante Regional de la Policía Judicial del Estado, en el que asienta que efectivamente fue en presencia de la indicada recurrente directa, que se extrajeron los costales y cajas de cartón que se hallaban en su domicilio y contenían el enervante y simientes afectos a la causa.
Medios convictivos que concatenados con la fe ministerial y el dictamen químico organoléptico de aquéllos, son suficientes hasta el momento para tener por demostrado el cuerpo del ilícito contra la salud de referencia, y la probable responsabilidad de Catalina Barreto Nava en su comisión, porque aunque ésta siempre ha aseverado ignorar que en dichos costales y cajas se encontrara el enervante y simiente de referencia, introduciendo como versión defensiva de su parte que los mismos se los dejó un sujeto de nombre Andrés Nava, desde el día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, sin decirle nada a nadie, siendo posible que tal persona los haya dejado cuando no se encontraba en su domicilio, porque sus vecinos le indicaron que tal sujeto entró a su casa con los mismos y que ella no los vio sino hasta el día veinticuatro siguiente; lo cierto es que tal versión defensiva hasta el momento no está acreditada en autos, por lo que sus alegaciones respecto a que desconocía de la existencia de la droga y simiente afectos a la causa son inaceptables.
Al respecto, tiene aplicación el criterio sustentado por este Tribunal de amparo, al resolver, entre otros, por unanimidad de votos, de fecha diez de enero de mil novecientos noventa, el amparo directo penal número 498/89, promovido por Jesús Diego Sánchez y que se contiene en la tesis que es del tenor literal siguiente: " Cuando de las constancias procesales se obtienen datos en el sentido de que el quejoso presenció el momento en que fue encontrada la droga, lo cual sucedió en el lugar que éste habitaba, sus alegaciones respecto a que él ignoraba quién la colocó en el sitio que fue hallada por los captores, si no se encuentran apoyadas en prueba alguna, son inaceptables".
En efecto, no hay hasta el momento medio convictivo allegado al juicio, que resulte idóneo para probar la versión defensiva de la recurrente directa Catalina Barreto Nava, puesto que aun cuando desahogó prueba testimonial, a cargo de Miguel Angel Vázquez Granados y Esthela Ayala Magaña, refiriendo ambos en términos similares, que el día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, se encontraban en el domicilio de aquélla, momento en que llegaron "judiciales", quienes se introdujeron a la fuerza, y se dirigieron luego a una "casita" que está dentro del mismo terreno, diciendo que habían encontrado marihuana, señalando el primero que él no vio que hubiesen sacado nada del lugar, y precisando la segunda "...únicamente me di cuenta cuando ellos la traían y no supe de dónde la sacaron..."; precisando dichos atestes que luego de ello detuvieron a Pedro Ambriz y a Catalina Barreto Nava, subiéndolos a una camioneta; lo cierto es que los mismos no reúnen los requisitos del artículo 289 del Código Procesal Penal Federal, en virtud de que no fue sino hasta que depusieron por vía de preparatoria los inculpados, que les resultó cita, ninguno de los dos hace referencia a que el otro hubiese estado presente al momento de acaecidos los mismos, e incluso, el primero de ellos va más allá del dicho de los acusados, en virtud de que afirmó que en el domicilio indicado no se encontró ni el enervante ni las armas de fuego afectas a la causa; siendo que esos hechos sí los reconoce la propia Catalina Barreto Nava y Pedro Ambriz Barreto; y además ninguno de tales atestes corrobora lo argüido por Catalina Barreto Nava, respecto a quién se lo dejó ahí a guardar, por lo que dicha probanza no merece valor convictivo alguno y no puede servir, hasta el momento, para probar la versión defensiva de la citada inculpada aquí recurrente.
Al respecto tiene aplicación, por vía de orientación, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo de Precedentes que no han Integrado Jurisprudencia, de los años de 1969 a 1985, Primera Sala, foja 964, que a la letra dice: "TESTIMONIO INOPERANTE. Carece de aptitud probatoria el testimonio que va más allá del dicho del acusado, como en el caso en que éste afirme que portaba el arma instrumento del delito y los testigos depongan que la portaba el pasivo".
Empero, sí asiste razón a los peticionarios de garantías, cuando aducen que el a quo les irrogó perjuicio cuando habiendo estimado que dicho auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, carecía de la debida fundamentación y motivación, en el aspecto en que tuvo por demostrado el ilícito de posesión de armas de fuego sin licencia así como pólvora y explosivos, previstos y sancionados en los artículos 81 y 41, fracción III inciso e) de la Ley Federal de Armas de Fuego, y la probable responsabilidad penal de Catalina Barreto Nava en su comisión; así como los ilícitos de posesión y portación de un arma de fuego de las reservadas y exclusivas para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previstos en el artículo 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento y la presunta responsabilidad penal de Pedro Ambriz Barreto en su comisión; apoyándose para concluirlo así, en que el juez responsable omitió expresar las consideraciones que tomó en cuenta para determinar que la conducta desplegada por la primera encuadra en las hipótesis previstas en los preceptos indicados, y en relación con el segundo aunque al considerar configurada la corporeidad del ilícito que se le imputa, refiere que se encuentra prevista en el artículo 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, en el considerando aludido y punto resolutivo segundo, indica que dicho ilícito se encuentra previsto y sancionado en la fracción II del citado precepto, además de que no relacionó dicho numeral, como estaba obligado a hacerlo según se desprende de su tenor literal, con ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 11 de la propia ley, determinación contra la que no se inconformó el Ministerio Público Federal a través del recurso correspondiente, que lo es el de revisión, por lo que amerita permanecer intocada. Y procedió el juzgador de amparo a conceder a los citados quejosos la protección de la Justicia Federal, "...para el UNICO EFECTO de que el Juez Primero de Distrito en el Estado, deje insubsistente el auto de formal prisión combatido, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en lo que se refiere a los delitos de posesión de armas de fuego sin licencia y posesión de pólvora y explosivos que se imputan a Catalina Barreto Nava, y portación de arma de fuego de las reservadas y exclusivas para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que se imputa a Pedro Ambriz Barreto, y en su lugar emita otro, siguiendo los lineamientos anotados en esta resolución...".
Siendo que en términos de la tesis de jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 3/94, con fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Vigésimo Primer Circuito, Tercero del Sexto Circuito y Segundo del Quinto Circuito, respecto al diverso del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIV, diciembre de 1994, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a fojas 23, y que por ende, en términos del artículo 192, in fine, de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para todos los tribunales del país, determinó que en tratándose del auto de formal prisión que carezca de fundamentación y motivación, la sentencia que otorgue la protección federal debe ser lisa y llana y no para efectos, siendo dicha tesis del siguiente tenor literal: "AUTO DE FORMAL PRISION INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo al quejoso o agraviado, es el de restituirlo en el uso o goce de la garantía individual que le fue violada o transgredida; es decir, volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, lo que significa que esa sentencia nulifica el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, en consecuencia, la concesión del amparo respecto de un auto de formal prisión que contenga violaciones formales debe ser lisa y llana y no para efectos".
Precisando además la Suprema Corte, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis en cita que: "...Evidentemente que lo anterior no impide a la autoridad responsable a que dentro del ámbito de sus atribuciones jurisdiccionales, pueda dictar otro auto de formal prisión, si lo estima procedente, sin embargo, dicha protección constitucional no entraña el imperativo de que lo haga subsanando la fundamentación y motivación antes omitidas, justamente porque esa predeterminación implicaría coartar las atribuciones de la autoridad judicial respectiva, quien en tal caso no tendría la opción de estimar correctamente a su criterio los fundamentos y motivos que hagan procedente el dictado de una nueva resolución".
En esa virtud, y al no haberlo considerado así el juez de Distrito en el fallo a revisión, lo que procede es modificar éste, en el aspecto en que concedió para efectos a Catalina Barreto Nava y Pedro Ambriz Barreto, el amparo y protección de la Justicia Federal que impetraron, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra por la comisión de los ilícitos de posesión de armas de fuego sin licencia, pólvora y explosivos, que se imputan a la primera, y de posesión y portación de un arma de fuego de las reservadas y exclusivas para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, al segundo, por carecer el mismo de falta de fundamentación y motivación, concesión que debe hacerse de manera lisa y llana.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se MODIFICA el fallo a revisión.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CATALINA BARRETO NAVA, en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de formal prisión que le fue dictado por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y simiente de ese enervante, previsto por los artículos 193 y 195 del Código Penal Federal, en relación con los preceptos 237 y 217 de la Ley General de Salud.
TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CATALINA BARRETO NAVA Y PEDRO AMBRIZ BARRETO, en contra del acto que reclamaron de la citada autoridad, consistente en el auto de formal prisión que le fue dictado a la primera por los ilícitos de posesión de armas de fuego sin licencia, y posesión de pólvora y explosivos, y al segundo, por la posesión y portación de un arma de fuego de las reservadas y exclusivas para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
Notifíquese; publíquese; anótese en el Libro de Registro; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, licenciados: Salvador Enrique Castillo Morales, Juan Díaz Ponce de León y Raúl Murillo Delgado, habiendo sido relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3121-f3730bd1/salud-delito-contra-la-posesion-de-marihuana · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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