NOTIFICACIÓN POR LISTA Y POR BOLETÍN PROCESAL EN EL JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SURTE EFECTOS EN LA FECHA EN QUE SE REALIZA.
AMPARO DIRECTO 288/2022. 5 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS. SECRETARIO: ÓSCAR ÁVILA MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—Extemporaneidad de la demanda de amparo. Resulta innecesario analizar tanto las consideraciones de la sentencia reclamada como los conceptos de violación, porque este Tribunal Colegiado estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que se analiza de manera oficiosa conforme a lo dispuesto en el diverso 62 de la citada ley.
Tales disposiciones establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos."
"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."
Los preceptos legales disponen que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, lo cual acontece en el caso.
A su vez, el artículo 17 de la Ley Amparo dispone que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo los supuestos siguientes:
a) Cuando se reclame una norma general como autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días.
b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años.
c) Cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años.
d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
En el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Xalapa, Veracruz, en el expediente relativo al juicio contencioso administrativo **********, que reconoció la validez de la resolución impugnada.
Por tanto, en el caso se está en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo mencionado, esto es, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días.
Ahora bien, cabe señalar que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa por "boletín cuarto día", el tres de mayo de dos mil veintidós, en términos del artículo 58-N, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previa remisión de la sentencia a la parte actora vía electrónica, en razón de que no se generó el acuse de recibo a que se refiere la fracción III del citado precepto legal.
Para ilustrar lo anterior se inserta el aviso de notificación aludido.
Ver aviso de notificación
Asimismo, a foja ciento veinticuatro del expediente administrativo se evidencia que en la denominada "Emisión de razón de publicación", en tipo de notificación se asentó: "boletín cuarto día", y como fecha de publicación tres de mayo de dos mil veintidós.
Ver emisión de razón de publicación
En ese orden, se tiene que la notificación "boletín cuarto día" de tres de mayo de dos mil veintidós se realizó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58-N, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo(1) al tratarse de un juicio en línea, por tanto, surtió efectos en la misma fecha y el plazo para su presentación transcurrió del cuatro al veintiséis de mayo de dos mil veintidós, descontando los días cinco, seis, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós del citado mes por corresponder a sábados, domingos y feriados, considerados inhábiles por el artículo 19 de la Ley de Amparo.
Lo que se corrobora del calendario de días inhábiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(2) correspondiente al año dos mil veintidós, que se inserta a continuación:
Ver calendario 1
A su vez, la demanda de amparo se depositó en la oficina del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Córdoba, Veracruz, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, como se advierte del sobre postal mediante el cual fue enviada, que para pronta referencia se inserta a continuación:
Ver sobre postal
En consecuencia, si el plazo para la presentación de la demanda feneció el veintiséis de mayo de dos mil veintidós y la demanda fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Córdoba, Veracruz, hasta el veintisiete de mayo siguiente, resulta evidente que su interposición se realizó fuera del término previsto en el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo (quince días).
No pasa inadvertida la certificación que obra al final de la demanda de amparo en la que el secretario de Acuerdos de la autoridad responsable hizo constar que el escrito relativo ingresó a través de su sistema electrónico el treinta de mayo de dos mil veintidós; sin embargo, considerar esta fecha en el caso particular evidencia, de igual manera, que su presentación se hizo fuera del plazo correspondiente.
Lo relatado se resume en el calendario siguiente:
Ver calendario 2
No es óbice a la anterior determinación lo señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo "VI. Fecha de notificación del acto reclamado", en el sentido de que:
"Lo fue el 3 de mayo de 2022, surtiendo sus efectos el día 4 de mayo siguiente, de tal manera que el plazo que dispongo para la interposición del presente amparo fenece el día 27 de mayo de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 58-N de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."(3)
Esto es, la inconforme refiere que la notificación en línea surtió sus efectos al día hábil siguiente en que fue practicada, es decir, el cuatro de mayo de dos mil veintidós.
Tal manifestación es infundada, ya que el artículo 58-N, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que en caso de que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por boletín procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correo electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado. Disposición que, además, no permite interpretación extensiva alguna.
Sin que al efecto resulten aplicables las diversas reglas contenidas en los artículos 65 a 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contenidos en el título IV, capítulos I, II y III, de dicho ordenamiento legal, ya que dichos dispositivos no establecen de manera expresa su aplicación para los juicios tramitados en línea, sino respecto a las notificaciones personales y en vía de boletín jurisdiccional, y disponen que, por regla general, surtirán sus efectos al día siguiente (con excepción de aquellas hechas vía boletín jurisdiccional, el cual surte efectos al tercer día) y no así prevén las reglas para aquellas notificaciones realizadas a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal responsable, contenido en el capítulo X del título II del citado ordenamiento.
Esto es, los señalados numerales regulan las reglas de notificaciones por la forma tradicional y no las relativas a los juicios en línea, porque respecto a estas últimas el legislador fue categórico en establecer en el título II, capítulo X, denominado "Del juicio en línea", las formalidades, sustanciación y resolución de los conflictos tramitados en dicha forma y a través del señalado Sistema de Justicia en Línea, tal como acontece con el controvertido que es materia de este juicio de amparo.
Resulta aplicable por analogía de razón a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2014199, visible en la página siete del Tomo I, correspondiente al mes de mayo de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que –por regla general– surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas."
Asimismo, corrobora lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2014200, visible en la página ocho del Tomo I, correspondiente al mes de mayo de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente:
"NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa."
Por último, resulta menester señalar que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.
Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, registro digital: 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y subtítulo siguientes:
"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA."
En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio contencioso administrativo **********.
Notifíquese como corresponda, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual no tiene relevancia documental y es destruible, con apoyo en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, integrado por los Magistrados Roberto Castillo Garrido, Alfonso Ortiz López y Octavio Ramos Ramos, siendo presidente el primero y ponente el último de los mencionados, quienes firman electrónicamente, con excepción del Magistrado Alfonso Ortiz López, quien lo realiza de manera autógrafa, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de junio de dos mil veinte y del punto 24 de la circular SECNO/16/2020, en los cuales se regula el manejo de instrumentos informáticos, de la habilitación de la Firma Electrónica (Firel) y su uso, de lo que da fe signando en los mismos términos el licenciado Óscar Ávila Méndez, secretario adscrito a la ponencia 3, el día de hoy trece de enero de dos mil veintitrés, en que terminó de engrosarse la presente resolución, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional.
En términos de lo previsto en los artículos 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, 73, 100, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), P./J. 10/2017 (10a.) y P./J. 11/2017 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas y 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas, respectivamente.
________________
1. "Artículo 58-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:
"...
"VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correo electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado."
2. Consultable en la página electrónica: https://www.tfja.gob.mx/servicios.
3. Foja 5 vuelta del presente juicio de amparo directo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31323-1c0f4b6e/notificacion-por-lista-y-por-boletin-procesal-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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