ACCIONES PERSONALES. NO PROCEDE SU EJERCICIO EN CONTRA DE LOS HEREDEROS EN UN JUICIO SUCESORIO CUANDO ÉSTE SE TIENE POR CONCLUIDO Y SE ADJUDICARON LOS BIENES A LAS PERSONAS HEREDERAS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 1 DE FEBRERO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 57/2020, relativa a la denuncia planteada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, entre los criterios sustentados por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo 890/2007 y, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo directo 1037/2019 (amparo directo civil 1006/2019, en el cuaderno de origen) dictado en apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.
La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala se centra en determinar si existe la contradicción de tesis en torno a si son procedentes las acciones personales que se tienen en contra del de cujus que no se extinguieron con su muerte, cuando se reclaman después de haber concluido el juicio sucesorio.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 209/2020 presentado el once de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 890/2007 y, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo directo 1037/2019 (amparo directo civil 1006/2019, en el cuaderno de origen) dictado en apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.
II. TRÁMITE
2. Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, señalando que al estar formulada por sujeto legitimado y no advertir por el momento motivo alguno que afecte su procedencia, se admitía como posible contradicción de tesis sobre un tema civil; así también determinó que el asunto se turnara para su estudio al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y solicitó a los tribunales contendientes el envío electrónico de las ejecutorias certificadas materia de la denuncia de contradicción, así como que informaran si el criterio sustentado en esas ejecutorias seguían vigentes con el fin de integrar los autos de la contradicción de tesis.
3. Mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte el entonces presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al recibir los informes correspondientes de los Tribunales Colegiados contendientes,(1) determinó que la contradicción de tesis se encontraba debidamente integrada y ordenó remitir el asunto al Ministro ponente para su estudio.
III. COMPETENCIA
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y especialización, y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, que sustenta uno de los criterios en contradicción.
V. CRITERIOS CONTENDIENTES
6. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes:
Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 890/2007.
7. Hechos. **********, en carácter de donante, y **********, en carácter de donataria, celebraron un contrato de donación respecto de un bien inmueble en el Municipio de Acámbaro, Guanajuato. Posteriormente, el donante falleció y ********** tramitó el juicio sucesorio intestamentario a bienes del de cujus. El juicio culminó con la adjudicación del bien inmueble objeto del contrato.
8. Juicio ordinario civil. El doce de abril de dos mil siete, **********, demandó en la vía ordinaria civil a **********, por sí, en cuanto albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del señor ********** a) el cumplimiento y formalización del contrato privado de donación a título gratuito, celebrado con el de cujus, respecto del bien inmueble referido; b) su titularidad al dictar sentencia definitiva; c) la cancelación de las inscripciones ante la Tesorería Municipal y ante el Registro Público de la Propiedad de esa ciudad; d) la inscripción del inmueble a su favor; e) así como el pago de gastos y costas del juicio.
9. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el primero de agosto de dos mil siete, el Juez Tercero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato determinó procedente la acción y condenó a la demandada al otorgamiento de la escritura pública de propiedad del inmueble, así como al pago de gastos y costas.
10. Recurso de apelación. Inconforme, **********, por sí y como albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, interpuso recurso de apelación. Posteriormente, la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la sentencia de primera instancia.
11. Juicio de amparo directo 890/2007. En contra de la determinación anterior, ********** promovió juicio de amparo. En sus conceptos de violación adujo, esencialmente, lo siguiente:
a) La resolución de la autoridad responsable fue ilegal, ya que en primera instancia se le condenó en calidad de heredera de la sucesión del de cujus y en el acto reclamado, la autoridad responsable varía la calidad en la que resulta condenada al tomarla en cuenta como causahabiente del autor de la sucesión. Por lo que, al no haber sido demandada con ese carácter, no se defendió en esos términos y en consecuencia no fue oída ni vencida en juicio como causahabiente.
En relación con lo anterior, adujo que carecía de legitimación pasiva en la causa debido a que se le demandó el cumplimiento de algo en lo que es totalmente ajena, ya que al momento de la demanda ya no tenía la calidad de albacea ni heredera de la sucesión. En este sentido, argumentó que la decisión asumida le provocaba un perjuicio, ya que como presupuesto se requería que la parte actora hubiera demandado en la sucesión cuando ésta existía.
b) Fue incorrecta la interpretación que se realizó del artículo 3022 del Código Civil para el Estado de Guanajuato ya que, si bien en el mismo se indica que los adjudicatarios pasan a ser los nuevos titulares de los bienes adjudicados, ello no implica que las acciones que se ejerciten respecto de la sucesión obligatoriamente deban ser contra los nuevos dueños, pues la acción que se intentó no deriva del bien adjudicado, sino de una obligación personal. Por lo que no se le puede condenar a realizar algo respecto de lo que ella no se obligó.
c) Por último, si bien la Juez de origen no valoró la escritura donde obra la adjudicación del bien, ello no fue suficiente para cambiar el sentido del fallo, ya que con dicha documental se justificó el momento en el que había terminado el juicio sucesorio. Así, al no haber controversia judicial en el momento de la adjudicación, desconocía que existiera una obligación del de cujus, por lo que se convirtió en adquirente de buena fe.
12. De la demanda correspondió conocer al entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, quien mediante resolución de primero de febrero de dos mil ocho, concedió el amparo a la quejosa con base en los siguientes razonamientos:
a) A la muerte de una persona que no deja establecido el destino de sus bienes y derechos, de conformidad con el artículo 2838 del Código Civil para el Estado de Guanajuato inicia la sucesión legítima para que a través de la publicación de edictos puedan acudir aquellas personas que se consideren con derecho a los bienes del caudal hereditario o deseen exigir una obligación materia de la sucesión.
b) Cuando se trate de acciones reales donde se persigue la cosa, será posible demandar a los herederos a quienes se les adjudicó el bien, aun cuando ya haya terminado la sucesión, pues estas acciones son contra el objeto o bien adjudicado. Por otro lado, cuando se trate de acciones personales donde la pretensión del actor sólo puede intentarse en contra de un sujeto determinado –es decir el obligado o deudor– una vez fallecido éste, sólo será posible exigirla durante la secuela del juicio sucesorio.
c) De la naturaleza del juicio sucesorio es posible concluir que el objetivo de la publicación de los edictos es que se presente cualquier persona interesada que considere tener derecho sobre el caudal hereditario, ya que la sucesión debe reputarse como un medio para hacer valer aquellas obligaciones a las que se comprometió el de cujus. Posteriormente se determinará quiénes son los herederos y se nombrará un albacea, quien se encargará de hacer frente a las obligaciones que se exijan en la sucesión.
d) Si se pretende exigir a los herederos el cumplimiento de una acción personal del de cujus una vez concluido el juicio sucesorio, ésta no debe prosperar, ya que, al adjudicarse el caudal hereditario, los beneficiados pasan a ser los nuevos titulares y, por ende, adquirentes de buena fe; de ahí que ya no sea posible exigirles que hagan frente a las obligaciones que el de cujus se comprometió en forma personal. De lo contrario, se dejaría en total y absoluto estado de indefensión a los adjudicatarios, quienes no tendrían certeza y seguridad jurídica para disponer de los bienes, ya que siempre estarían con la expectativa de si algún particular puede demandarles el cumplimiento de una obligación personal del de cujus y no estar en posibilidad de repudiar la herencia o el legado en ese momento.
e) En el caso, la parte actora formuló su pretensión con base en una acción personal en el juicio natural, es decir, cuando ya había concluido el juicio sucesorio intestamentario donde se adjudicó el bien en cuestión a la única heredera y quejosa. Por lo que, al tratarse de acciones personales fuera del juicio se estima que éstas ya han quedado extinguidas. Estimó aplicable la tesis de rubro: "SUCESIONES, SUBSISTENCIA DE LAS. DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
f) No pasa desapercibido que entre el autor de la sucesión y los herederos existe una relación de causahabiencia en sentido amplio, sin embargo, la realidad es que el causahabiente no queda obligado a responder de las obligaciones contraídas por su causante en tanto no adquiera el carácter de heredero designado al concluir definitivamente el juicio sucesorio y se le hayan adjudicado los bienes. En casos como éste, la figura de la causahabiencia no es determinante para contradecir lo resuelto en una sentencia de adjudicación. En este tenor, no debe tenerse como causahabiente a la nueva titular del bien ya que se trata de una obligación del autor de la sucesión que, si bien no se cumplió cuando aún vivía, la quejosa tuvo oportunidad de demandar durante el juicio sucesorio.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo directo 1037/2019 (amparo directo civil 1006/2019, en el cuaderno de origen) dictado en apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche.
13. Hechos. **********, en carácter de compradora y **********, en carácter de vendedor, celebraron un contrato de promesa de compraventa respecto de un bien inmueble en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. El precio convenido fue pagado al vendedor.(2)
14. Posteriormente, el vendedor falleció y sus herederos **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, tramitaron el juicio sucesorio intestamentario a bienes del de cujus. El juicio culminó con la adjudicación del bien inmueble quienes pasaron a ser los titulares del derecho de propiedad sobre el inmueble, lo cual quedó acreditado con la escritura pública 673 de los libros del notario público número 13 del Estado de Campeche, en la que se protocolizaron las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario.
15. Juicio sumario civil de otorgamiento de escritura. ********** promovió juicio sumario civil de otorgamiento de escritura en contra de **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, lo siguiente: a) la escritura del bien inmueble en la Ciudad de Francisco de Campeche, Campeche, que adquirió a través de un contrato de promesa de compraventa celebrado con el de cujus.
16. El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen dictó sentencia en la que determinó procedente la acción y condenó a los demandados al cumplimiento de las prestaciones señaladas.
17. Recurso de apelación. Inconformes con dicha resolución, los demandados promovieron recurso de apelación. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche con sede en el Segundo Distrito Judicial de Ciudad del Carmen confirmó la sentencia.
18. Juicio de amparo directo 54/2018. En contra de la determinación anterior, los demandados promovieron juicio de amparo directo. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la Ciudad de México, en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho determinó conceder el amparo a los quejosos para efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia de apelación reclamada, reiterara las consideraciones que no fueron materia de la concesión y de forma fundada y motivada, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva sentencia en la que atendiera las cuestiones que no habían sido abordadas con anterioridad.
19. Cumplimiento de sentencia. La Sala responsable dictó una segunda sentencia en la que revocó la sentencia del juicio sumario civil.
20. Juicio de amparo directo 984/2018. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, quien el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve concedió el amparo a la quejosa para efecto de que la sentencia quedara insubsistente y la Sala responsable dictara una nueva donde se declarara procedente la acción de otorgamiento de escritura pública y se condenara a su otorgamiento de manera definitiva.
21. Cumplimiento de sentencia. El once de junio de dos mil diecinueve, la Sala responsable dictó una tercera sentencia en la que confirmó la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sumario civil de otorgamiento de escritura.
22. Juicio de amparo directo 1037/2019 (amparo directo 1006/2019 en el cuaderno de origen). En desacuerdo con lo anterior, los demandados promovieron una vez más juicio de amparo directo. En sus conceptos de violación señalaron, en esencia, lo siguiente:
a) Por un lado, afirmaron no haber suscrito ni haber fungido como parte vendedora en el contrato de promesa de compraventa base de la acción. Por otro lado, señalaron que al término del juicio sucesorio intestamentario no se reclamó la nulidad de la escritura pública en la que se protocolizó la adjudicación de los bienes de la herencia, donde se incluyó el bien inmueble materia del juicio de otorgamiento de escritura.
b) Señalaron que se demandó a los quejosos como herederos a quienes se les adjudicó el inmueble materia de la compraventa, no como representantes legales de la sucesión.
c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, al radicarse el juicio sucesorio intestamentario, el Juez publicó tres edictos en el periódico oficial convocando a todos los que se creyeran con derechos a la herencia para su comparecencia en un término de treinta días, contado a partir de la fecha de publicación del último edicto.
d) Por último, refirieron que la parte compradora y actora en el juicio de origen no compareció al juicio sucesorio intestamentario a ejercer su acción contra el autor de la sucesión y vendedor en el contrato de compraventa.
23. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. Mediante resolución de veintidós de enero de dos mil veinte, negó el amparo a la quejosa con base en los siguientes razonamientos:
a) La preclusión opera respecto de derechos procesales de quienes intervienen como partes, ya sea de manera formal o materialmente en un determinado juicio; sin embargo, no puede operar respecto de derechos procesales de quienes son ajenos al juicio ya que no pueden quedar obligados por actuaciones donde no fueron vinculados expresamente para exigir un derecho sustantivo contra el autor de la herencia.
b) La otra razón por la que no se puede actualizar la preclusión respecto de un adquiriente del derecho de propiedad como comprador de un bien inmueble que es materia de inventario y adjudicación en un juicio sucesorio intestamentario es que la preclusión solamente se puede actualizar respecto de derechos procesales que se deben ejercer al momento de ser parte de un proceso judicial determinado, no puede extinguir un derecho sustantivo, ya que para que una consecuencia jurídica de esta naturaleza tan grave e importante se produzca es necesario, primero, que se contenga en una norma jurídica en la que se establezca como supuesto claro, expreso y específico la falta de ejercicio de la acción real o personal o un derecho sustantivo en un determinado lapso, y como consecuencia jurídica expresa de ese supuesto, la extinción de la acción real o personal o del derecho sustantivo. Solamente ante la existencia de un supuesto y una consecuencia jurídica expresa, puede haber cabida a la extinción del derecho sustantivo o de una acción real o personal, precisamente por la extrema gravedad que conlleva la omisión de actuar o de abandonar el derecho por un plazo determinado en la ley. c) Así, mientras no se extinga la acción real o personal o el derecho sustantivo de propiedad por prescripción dado el transcurso del tiempo necesario como una consecuencia determinada en la ley, no habrá extinción del derecho, ni habrá improcedencia de la acción por no haber acudido al juicio sucesorio intestamentario respectivo.
d) En virtud de lo anterior, manifestó no compartir el criterio que invocaron los quejosos en su demanda de amparo, de rubro: "SUCESIÓN LEGÍTIMA. UNA VEZ CONCLUIDO EL JUICIO RELATIVO, LOS ADJUDICATARIOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PASIVA, SI SE INTENTA UNA ACCIÓN PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.(3)
e) En el caso, la persona que intervino como vendedor en el contrato de promesa de compraventa falleció antes del otorgamiento de escritura del bien inmueble, posteriormente sus herederos tramitaron el juicio sucesorio intestamentario en el que se les adjudicó el inmueble en cuestión y las actuaciones se protocolizaron en escritura pública por lo que, al momento de iniciar el juicio de otorgamiento de escritura pública promovido por la actora, ellos ya eran los propietarios. Una vez concluido el juicio sucesorio no existía un albacea que representara a la sucesión para efectos del juicio en ejercicio de la acción personal contra el autor de la herencia.
f) De lo anterior se advierte que la finalidad del juicio sucesorio intestamentario quedó satisfecha con la adjudicación del bien en cuestión, al adquirir el derecho a la masa hereditaria como patrimonio común con motivo de la muerte del titular a través de la transmisión formal y material del derecho de propiedad del autor de la herencia en favor de sus herederos legítimos, conforme al artículo 1198 del Código Civil del Estado de Campeche.(4) Por lo que existe certeza jurídica plena de que los demandados ahora quejosos, son causahabientes por herencia respecto del bien inmueble y, por ende, aunque evidentemente no intervinieron como parte vendedora en el contrato base de la acción, sí tienen la titularidad en esa relación jurídica de compraventa porque son causahabientes del autor de la herencia, quien tiene calidad de vendedor en tal contrato porque a su muerte estaba vigente la relación de compraventa y no se había agotado en los efectos, al quedar pendiente el otorgamiento de la escritura pública exigida.
g) Entonces a partir de la muerte del titular, sus derechos y obligaciones se transmitieron a sus herederos por disposición de la ley, y en esa calidad de herederos –ahora adjudicatarios y propietarios del inmueble materia de la compraventa– estarían en la misma situación jurídica que su causante o sea el vendedor, autor de la herencia, ya que adquirieron en juicio sucesorio intestamentario un bien que fue objeto de la relación jurídica de compraventa que unía a la parte actora y al autor de la sucesión como vendedor, antes de su muerte. Esta obligación de los herederos de responder de las obligaciones contraídas por el autor de la herencia está regulada en los artículos 1191, 1192, 1194 y 2298 del Código Civil del Estado de Campeche.
h) En vista de la actualización de la institución jurídica de la causahabiencia, al convertirse formalmente en propietarios mediante la adjudicación determinó que no era necesario que la actora ejerciera la acción de nulidad de esa escritura, ya que es precisamente la resolución de adjudicación y la existencia de esa escritura pública lo que permite identificarlos como titulares de la obligación de otorgar la escritura pública de compraventa en favor de la actora –sin necesidad de llamar a una sucesión que ya se extinguió–, de manera que el albacea que pudo haber actuado en el juicio sumario, ya cesó en sus funciones. Por lo tanto, la obligación de escriturar corresponde a los demandados.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
24. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
25. Para dilucidar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que configura la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
26. Así lo determinó esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
27. Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. Para determinar si existe la contradicción de tesis, conviene atender a las consideraciones y razonamientos contenidos en las ejecutorias de los Tribunales Colegiados contendientes que fueron referidas en el apartado anterior.
28. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto de éste.
29. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los Tribunales Colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, las Salas o los Tribunales Colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
30. Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que el presente caso cumple con el primer requisito. De las ejecutorias sintetizadas se advierte que ambos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los juicos de amparo que les fueron turnados ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, lo que les permitió arribar a una solución determinada.
31. En efecto, el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 890/2007, consideró que durante la secuela del juicio sucesorio se llama a las personas que pudieran tener un derecho sobre el caudal hereditario a través de la publicación de edictos. Luego entonces, corresponde a quien adquiere la sucesión legítima, responder de las obligaciones contraídas por el de cujus, para luego, en la adjudicación, distribuir el remanente a los que justificaron tener derecho a heredar, siempre y cuando se trate de acciones de naturaleza real, es decir, aquellas que persiguen a la cosa, como pueden ser la petición de herencia o la acción reivindicatoria; a diferencia de cuando se trata de un derecho que se exige mediante una acción de naturaleza personal, ya que estas últimas únicamente pueden formularse antes de qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31579-a29815bf/acciones-personales-no-procede-su-ejercicio-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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