LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA TIENEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS PARA PROMOVERLO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA QUE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO, CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL QUE RECHAZA PARCIALMENTE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 14/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y PENAL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 14/2023, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados en Materias de Trabajo y Administrativa, Civil y Administrativa y Penal y Administrativa, todos del Décimo Cuarto Circuito.
2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si un organismo público descentralizado tiene legitimación para promover juicio de amparo directo contra la sentencia emitida en sede contenciosa administrativa que reconoce la validez del acto, entonces impugnado, consistente en la determinación de la autoridad fiscal que rechaza parcialmente la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Acuerdos del extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid, Yucatán, por conducto de su representante legal, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados en Materias de Trabajo y Administrativa, Civil y Administrativa y Penal y Administrativa, todos del Circuito en mención, al resolver los juicios de amparo directo 579/2021, 318/2021 y 117/2021, respectivamente.
4. Por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito admitió a trámite y ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 4/2022; solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes, copias de las ejecutorias relativas a la contradicción denunciada; los informes relativos a si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes, así como si el compareciente tiene la representación que ostenta en los juicios de que se trata.
5. En ese mismo proveído, ordenó girar atento oficio a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de informarle la admisión de la posible contradicción, asimismo, le solicitó que informara si existen criterios, que se encuentran en trámite o se ha pronunciado el Máximo Tribunal del País sobre el tema de la contradicción de criterios de que se trata.
6. Por oficio *********** de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito informó al extinto Pleno ya mencionado, que sigue vigente el criterio asumido en el amparo directo 579/2021 y remitió copia certificada de la ejecutoria dictada respectiva.
7. Por su parte, mediante oficio 9001, de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito remitió copia certificada de la versión electrónica de la resolución dictada en el amparo directo 318/2021 de su índice, al citado extinto Pleno de Circuito, informando que el criterio sostenido se encuentra vigente y que al denunciante se le reconoció el carácter con el que se ostentó.
8. Por oficio 2/2023, de tres de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito informó al extinto Pleno del mismo Circuito, que el denunciante cuenta con la representación que ostentó como autorizado del quejoso en el juicio de amparo directo 117/2021 de su índice, remitió la ejecutoria del juicio en copia certificada y por vía electrónica; e informó que el criterio sostenido en el citado asunto se encuentra vigente.
9. En auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, el presidente del Pleno de Circuito citado suspendió el trámite de la contradicción referida y ordenó la remisión del expediente a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur.
10. Trámite en este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur. Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el consecutivo 14/2023 y por turno, correspondió conocer del asunto a dicho Magistrado.
11. En el mismo auto, precisó que los informes correspondientes a los tribunales en contienda ya obran en el expediente, por lo que únicamente ordenó recabar los criterios respectivos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por otra parte, solicitó a los tribunales contendientes que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico, relativo a los asuntos de su conocimiento involucrados en la contradicción; y solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios que se encuentre radicada en el Máximo Tribunal del País sobre la temática planteada.
12. Por oficio ***********, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito informó que puso a disposición de este Pleno Regional el acceso electrónico al juicio de amparo directo 579/2021, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
13. Por escrito de veintidós de febrero actual, el denunciante de la contradicción de criterios que nos ocupa solicitó acceso para la consulta del expediente electrónico en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y por auto de ese mismo día, se autorizó el acceso solicitado y se instruyó a la oficial Judicial A, adscrita a este Pleno Regional, que realizara las gestiones necesarias.
14. Mediante oficio ***********, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito informó que puso a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico al juicio de amparo directo 318/2021 de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
15. Asimismo, de la consulta al propio Sistema Integral, se advierte que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, puso a disposición de este Pleno Regional, el acceso electrónico al juicio de amparo directo 117/2021 de su índice.
16. Mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano, confirmó el turno electrónico a su ponencia.
II. COMPETENCIA
17. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materias de Trabajo y Administrativa, Civil y Administrativa y Penal y Administrativa, todos del Décimo Cuarto Circuito.
III. LEGITIMACIÓN
18. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa en los juicios de amparo que motivaron la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
19. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
20. Primer criterio contendiente. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, conoció del amparo directo 579/2021.
21. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
22. Sede administrativa. Mediante resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia del administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria resolvió la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo del mes de diciembre de dos mil quince, en cantidad de *********** presentada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid, Yucatán; en la que autorizó la devolución de forma parcial de ese impuesto únicamente por el importe de ***********, y rechazó la cantidad remanente porque estimó que las erogaciones no estaban relacionadas con el valor de actos o actividades por las que el contribuyente se encontraba obligado al pago del impuesto.
23. Juicio administrativo. El organismo descentralizado accionante promovió juicio de nulidad contra dicha determinación, del cual conoció la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número ***********, siendo que en dos de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez de la resolución impugnada, pues estimó medularmente que el accionante no demostró que las erogaciones cuyo Impuesto al Valor Agregado pretendió acreditar (comisiones bancarias, material para construcción, peaje, material de ferretería, refacciones de equipo de transporte, artículos de limpieza, mantenimiento de infraestructura hidráulica, mantenimiento y mejoras de inmuebles, material de fontanería, consumibles, impresiones, papelería, servicios de perifoneo, líneas telefónicas fijas y móviles, artículos de sistemas de cómputo, servicios de supervisión contable y mantenimiento de aire acondicionado), cumplieran con el requisito exigido en el numeral 3 de la ley relativa, consistente en que se identifiquen con los actos o actividades por las que sea sujeto del impuesto, pues no era posible advertir que esas erogaciones se hubieran realizado para tratar la calidad del agua potable o para la infraestructura que le permite prestar el servicio de suministro; por lo que concluyó que al no ser acreditable el tributo no procedía su devolución.
24. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el ***********, por conducto de su representante legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, de la cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, lo registró con el expediente 579/2021 y por unanimidad de votos, en sesión ordinaria virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, al no advertir causa de improcedencia alguna, dictó sentencia en la que negó el amparo.
25. Segundo criterio contendiente. El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito conoció del amparo directo 318/2021.
26. Los antecedentes que interesan de dicha ejecutoria son:
27. Sede administrativa. Mediante resolución de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en la instancia de revocación, la Administración Desconcentrada Jurídica de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria confirmó la resolución de veinticinco de septiembre de ese año, dictada por la subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia del administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual resolvió la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo del mes de junio de dos mil catorce, en cantidad de *********** presentada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso, Yucatán, en la que autorizó la devolución de forma parcial de ese impuesto únicamente por el importe de *********** y como motivo del rechazo del acreditamiento del impuesto al valor agregado de la cantidad remanente, indicó que las erogaciones consistentes en comisiones bancarias, combustible, peaje, línea telefónica móvil, mantenimiento de equipo de transporte, artículos de oficina, material para construcción, publicidad y refacciones de equipo de transporte, no se identifican con actividades por las cuales se encuentra obligada al pago del impuesto ni le son aplicables la tasa cero, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 3, en relación con el 5, fracción I, de la ley relativa.
28. Juicio administrativo. El organismo descentralizado accionante promovió juicio de nulidad contra dicha determinación, del cual conoció la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número *********** y en quince de febrero de dos mil veintiuno dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez de la resolución impugnada, pues estimó medularmente que, en efecto, las erogaciones de donde proviene el impuesto al valor agregado que la accionante pretendió acreditar, no se identifican con los actos o actividades por las cuales sea sujeto obligado al pago del impuesto; por consiguiente, no se ubicaba en el procedimiento de acreditamiento que establece el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de ahí que era improcedente la devolución total del saldo a favor solicitado.
29. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiuno, el *********** por conducto de su representante legal *********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la sentencia referida en el párrafo anterior; por cuestión de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, lo registró con el consecutivo 318/2021 y en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que por unanimidad de votos estimó procedente el juicio instado y negó el amparo solicitado.
30. Tercer criterio contendiente. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, conoció del amparo directo 117/2021.
31. Los antecedentes que interesan de dicha ejecutoria son:
32. Sede administrativa. Mediante resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en la instancia de revocación, la Administración Desconcentrada Jurídica de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria confirmó la resolución de veintiséis de agosto de ese año, emitida por la subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia del administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, que resolvió la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo del mes de mayo de dos mil catorce, en cantidad de *********** presentada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid, Yucatán, en la que autorizó de forma parcial la devolución de ese impuesto, pues únicamente determinó devolver el importe de *********** y rechazó la cantidad remanente porque consideró que de conformidad con artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las erogaciones de donde proviene el impuesto que se pretendió acreditar, no se identifican con los actos o actividades por los cuales es sujeto obligado al pago del impuesto, lo que impidió al referido organismo ubicarse en el procedimiento de acreditamiento que establece esa ley en su artículo 4, párrafos primero y segundo.
33. Juicio administrativo. El organismo descentralizado accionante promovió juicio de nulidad contra dicha determinación, del cual conoció la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número *********** y en tres de febrero de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez de la resolución impugnada, pues estimó medularmente que en efecto, las erogaciones cuyo impuesto al valor agregado pretendió acreditar la accionante, no cumplen con el requisito establecido en el artículo 3 de la ley relativa, consistente en que se identifiquen con los actos o actividades por los cuales es sujeto al pago del impuesto.
34. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Mérida, Yucatán, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid, Yucatán, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la sentencia referida en el párrafo anterior; por cuestión de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, lo registró con el consecutivo 117/2021 y en sesión de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que por unanimidad de votos sobreseyó en el juicio de amparo.
Cuestiones jurídicas
35. El Tribunal Colegiado contendiente precisó que aun cuando el numeral 7 de la Ley de Amparo, autoriza que las personas morales oficiales promuevan juicio constitucional, sólo es factible cuando de la relación subyacente no se advierta que acuden a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tienen encomendadas, lo que estimó acontece en el caso, porque aun cuando el organismo público municipal descentralizado quejoso fue parte actora en un procedimiento jurisdiccional, lo cierto es que de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,(1) está obligado a soportar la incidencia económica del impuesto relativo como parte de las actividades que normalmente conciernen a sus funciones de derecho público, pues debe aceptar la traslación de ese tributo (cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a las personas que adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban servicios independientes) y, en su caso, pagarlo y trasladarlo en términos de la propia ley.
36. Citó la tesis aislada 2a. XCVI/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a modo de ilustración respecto del carácter que adquieren las personas morales oficiales cuando se les traslada el impuesto al valor agregado vinculado a las atribuciones de derecho público que tienen encomendadas, la cual es de rubro y texto siguientes: "VALOR AGREGADO. LAS PERSONAS MORALES OFICIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3o., SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TIENEN CARÁCTER DE CONSUMIDORES FINALES CUANDO SE LES TRASLADA EL TRIBUTO CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE TIENEN ENCOMENDADOS. De la exposición de motivos del decreto de reforma del referido precepto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se advierte la voluntad del legislador de que tratándose de las personas morales oficiales, sea improcedente el acreditamiento del tributo trasladado en erogaciones por bienes o servicios que se destinan a funciones o actividades que no forman parte del gravamen de que se trata. Ello, porque el legislador, por una parte, tuvo en cuenta que por regla general los entes públicos son consumidores finales de dichos bienes o servicios, de ahí que deben soportar la incidencia económica del impuesto sin derecho a su devolución, además de que las actividades que normalmente desarrollan corresponden a sus funciones de derecho público; por tanto, están fuera del objeto del impuesto y, por otra, destacó como excepción cuando los entes públicos desarrollan ciertas actividades que caen dentro del objeto del impuesto al valor agregado por tratarse de enajenación de bienes o prestación de servicios en las que cobran un precio, debiendo consecuentemente pagar el impuesto. Lo anterior encuentra justificación en que esta clase de sujetos pasivos no forman parte de la cadena productiva del bien o servicio, debido a que los servicios que prestan no son parte de dicha cadena porque los recursos que obtienen devienen precisamente de sus funciones públicas, por las cuales no buscan lucro alguno."
37. Consideró que el organismo municipal descentralizado actuó como ente de derecho público en ejercicio del poder del cual está investido, en el procedimiento que le fue desfavorable, por ende, el acto reclamado no deriva del conflicto suscitado con motivo de su actuación como sujeto de derecho privado o particular, por lo que dicha actuación no puede estar desvinculada de la prestación del servicio público a su cargo.
38. De ahí que, puntualizó, la circunstancia de figurar como parte actora en el procedimiento contencioso del que proviene el acto reclamado, no lo legitima para acudir al juicio de amparo, como tampoco lo hace la posibilidad que le otorga la ley de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el rechazo parcial a la solicitud de devolución de impuestos, dado que esa prerrogativa no implica que pueda promover el aludido juicio, pues a partir de las premisas apuntadas, indicó, tampoco existe vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio.
39. En las relacionadas consideraciones, estimó incuestionable que el ente quejoso acudió al controvertido de origen y, por ende, al juicio de amparo a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas (con el carácter de autoridad), debido a que el traslado del tributo cuya devolución pretende, deriva precisamente de las aludidas atribuciones, lo que jurídicamente impide que pudiera proceder el amparo, dado que el juicio respectivo sólo es viable contra actos de autoridades para tutelar los derechos fundamentales de los gobernados. Citó como apoyo a sus argumentos la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), de rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN."
40. Por tanto, concluyó que al no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, el *********** carecía de legitimación para promover el juicio amparo directo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
41. Por cuestión de orden, en principio, conviene precisar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es impedimento para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
42. Sirve de apoyo la tesis aislada P. L/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, noviembre de 1994, página 35, Octava Época, registro digital: 205420, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
43. Ahora bien, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.
44. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
45. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital: 164120, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
46. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31740-1c669ef6/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-directo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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