I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS GARANTES DE LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNEREN ESOS DERECHOS (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 1, 21, 48, 74 Y 77 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT). VII. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. VIII. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). X. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT. EL LEGISLADOR LOCAL NO INCURRIÓ EN UNA REGULACIÓN DEFICIENTE POR EL HECHO DE NO ESTABLECER EXPRESAMENTE EN LA LEY ESTATAL DE LA MATERIA LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN POR LA VENTA DE UN ACERVO O DE ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO O DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO MONUMENTOS HISTÓRICOS (INFUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE ESTABLECER EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN POR LA VENTA DE UN ACERVO O ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO). XI. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE UN DOCUMENTO CON VALORES HISTÓRICOS, QUE NO HAYA SIDO TRANSFERIDO A UN ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES SENSIBLES Y, DE MANERA EXCEPCIONAL, SE SOLICITE PARA UNA INVESTIGACIÓN O ESTUDIO QUE SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL ÁMBITO LOCAL, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS ESTADOS (ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O PARA EL ÁMBITO LOCAL", DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT). XII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT. EL HECHO DE QUE NO SE INCLUYA EN LA LEY LOCAL DE LA MATERIA COMO SUJETOS OBLIGADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE CUENTEN CON ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO, NO IMPLICA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA, DADO QUE LA NORMATIVA LOCAL REMITE AL ARTÍCULO 1 DEL ORDENAMIENTO REFERIDO EN CUANTO A LA DEFINICIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULOS 1 Y 4, FRACCIÓN LIII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2021 Y SU ACUMULADA 41/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE MAYO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: LUIS ANTONIO BELTRÁN PINEDA.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 40/2021 y su acumulada 41/2021, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, publicada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de las acciones de inconstitucionalidad, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escritos recibidos el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno a través del sistema electrónico y mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, quien se ostentó como representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que señalaron como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:
a) Congreso del Estado de Nayarit.
b) Gobernador del Estado de Nayarit.
Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:
Acción de inconstitucionalidad 40/2021:
"Ley de Archivos del Estado de Nayarit, publicada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, en particular, sus artículos 1o., 4o., fracción LIII, 21, 37, 48, 74 y 77, así como las omisiones que se detallan en los conceptos de invalidez, en los que se impugna de manera genérica una omisión de la Ley, no como tal un artículo en específico, mismas que constituyen omisiones relativas de ejercicio obligatorio." (sic)
Acción de inconstitucionalidad 41/2021:
"Artículo 77, fracciones I, en la porción normativa ‘por nacimiento’, III y IV, de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, expedida mediante Decreto publicado el 25 de enero de 2021 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa." (sic)
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estima que las normas que impugna violan los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Federal; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los numerales 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En las respectivas demandas, en síntesis, se hicieron valer los argumentos siguientes.
Acción de inconstitucionalidad 40/2021
Primer concepto de invalidez
El artículo 74 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer el Archivo General del Estado de Nayarit con una naturaleza jurídica distinta a la prevista en la Ley General de Archivos.
La naturaleza jurídica del Archivo General del Estado de Nayarit como órgano desconcentrado sectorizado de la Secretaría General de Gobierno, no cumple con la naturaleza jurídica prevista en el artículo 104 de la Ley General de Archivos para el Archivo General de la Nación como un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; sino que lo circunscribe al ámbito de administración y competencia del Poder Ejecutivo Local, atributos que se consideran necesarios y esenciales para el efectivo ejercicio de la especialización que establece la Ley General de Archivos.
Como consecuencia de lo anterior, la Ley de Archivos del Estado de Nayarit omite prever los capítulos y disposiciones que establecen a los órganos que requiere el Archivo General del Estado de Nayarit para el cumplimiento de su objeto, previstos en los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley General de Archivos, como son el órgano de gobierno, órgano de vigilancia y director general, así como las funciones respectivas de todos ellos, con lo que se compromete el efectivo cumplimiento del objeto y obligaciones para el que fue creado el Archivo General del Estado de Nayarit.
Segundo concepto de invalidez
El artículo 77 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit vulnera los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, así como 124 de la Constitución Federal, porque omite prever los requisitos de elegibilidad e idoneidad del director general del Archivo General del Estado de Nayarit.
Los requisitos previstos en la disposición impugnada y los establecidos en el artículo 111 de la Ley General de Archivos, para ser director del Archivo General del Estado de Nayarit y director general del Archivo General de la Nación respectivamente, son distintos, particularmente, respecto al grado académico y experiencia en materia archivística que debe poseer, así como el de no ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno.
Por ende, deben incluirse requisitos similares a los previstos en la Ley General de Archivos, a fin de crear un escenario idóneo que permita que el nombramiento del titular del Archivo General del Estado de Nayarit se realice a partir de consideraciones de mérito, trayectoria, preparación académica, experiencia en la materia, imparcialidad en el desempeño de sus funciones y solvencia ética, como elementos que deben dar certeza a la gestión documental en la entidad federativa.
Tercer concepto de invalidez
La Ley de Archivos del Estado de Nayarit es omisa en establecer delitos especiales en materia de archivos, violando con ello los artículos 1o., 6o., 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.
Es inconstitucional la falta de conductas delictivas en la ley local, en relación con las descritas en el artículo 121 de la Ley General de Archivos, particularmente las previstas en la fracción I y en el último párrafo de dicho precepto; además, si bien del artículo 97 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit pudiera inferirse que sí prevé la posibilidad de una suplencia interpretativa de la Ley General de Archivos en el tema de delitos, lo cierto es que en materia penal rige el principio de exacta aplicación de la ley penal, por lo que es necesario que la entidad tipifique delitos en la materia para que puedan perseguirse en el ámbito local.
Cuarto concepto de invalidez
El artículo 48 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit vulnera lo previsto en los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, al establecer una conformación distinta del grupo interdisciplinario a la prevista en el artículo 50 de la Ley General de Archivos.
La Ley de Archivos del Estado de Nayarit permite que el grupo interdisciplinario no se integre de la forma en que la Ley General de Archivos señala, pues autoriza que si no se cuenta con alguno de los titulares del área jurídica, de planeación o de tecnologías de la información, ya sea por cuestiones presupuestales o de gestión, se podrá formar con el resto de los integrantes señalados en el artículo, lo cual contraviene lo establecido en la Ley General de Archivos, que establece como obligación integrar al grupo interdisciplinario como ella establece, sin que dé la posibilidad a integrarlo de forma diversa, por lo que de ahí la inconstitucionalidad planteada.
En caso de permitir que por cuestiones presupuestales no se integre el grupo interdisciplinario de la forma en que es debida, igualmente se viola el mandamiento contenido en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Archivos, que ordena que los sujetos obligados deberán cubrir las erogaciones que la aplicación de la ley genere, así como la orden a las entidades federativas de asignar un presupuesto para el cumplimiento de la ley, lo que implica asignar un presupuesto para que los sujetos obligados pueden integrar debidamente a los entes que conforman el sistema institucional de archivos, como el mencionado grupo interdisciplinario.
Quinto concepto de invalidez
Los artículos 1 y 4, fracción LIII, de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, son omisos en incluir como sujetos obligados a las "personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público", lo cual resulta violatorio de los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.
Las definiciones contenidas en la Ley General de Archivos constituyen un mínimo irreductible durante el proceso de armonización, por lo que aquellas que se establezcan en las leyes locales deben ser las mismas que indica la Ley General de Archivos.
El artículo 4, fracción LIII, de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit al definir a los sujetos obligados remite a su artículo 1, el cual omite contemplar a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público, de ahí que su falta de armonización sea violatoria de la Ley General de Archivos y de la Constitución Federal.
Si bien la ley dispone una serie de normas en torno a los "archivos privados", el esquema normativo referido pudiera ser considerado inconstitucional, al no considerar a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados como sujetos obligados de manera expresa, como si lo prevé el artículo 4, fracción LVI, de la Ley General de Archivos.
Sexto concepto de invalidez
La Ley de Archivos del Estado de Nayarit omite regular la cuestión relativa a la notificación en caso de enajenación de un archivo privado de interés público, violando los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.
El legislador local, al regular los archivos de interés público, que son sujetos obligados, debía establecer la consecuencia relativa a la expropiación de los mencionados archivos cuando la persona que los posee omite notificar tal circunstancia al Archivo General de la Nación.
La violación referida se corrobora de la comparación entre los artículos 71 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, con los diversos 76 y 77 de la Ley General de Archivos.
Séptimo concepto de invalidez
El artículo 21 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, al prever la propiedad de los documentos de archivo, viola el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6o. de la Constitución Federal, en la medida en que si el ente público es propietario de los documentos que genera con motivo de sus funciones, es posible que oponga tal derecho al de acceso a la información de los ciudadanos y que los datos personales consignados en ellos pasen a ser propiedad de dicho ente.
Establecer un régimen de propiedad respecto de la documentación que derive de las funciones de las autoridades, vulnera el derecho de acceso a la información, pues el derecho de propiedad le es oponible y no sólo al derecho a la información, sino a cualquier otro derecho.
Si bien existe un patrimonio documental tanto de la nación como de las entidades federativas, este es distinto a la propiedad prevista en el artículo 21 de la ley impugnada, pues se refiere a cierto parámetro para ser considerado como patrimonio documental y que, por ende, refleja un valor único e insustituible, pero no como pretende la disposición impugnada, al darle la calidad de propiedad a cualquier documento.
Octavo concepto de invalidez
El artículo 37 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit excede lo establecido en el numeral 38 de la Ley General de Archivos, al contravenir el supuesto para permitir el acceso a un documento que no haya sido transferido a un archivo histórico.
La disposición impugnada va más allá de lo dispuesto en la Ley General de Archivos, pues faculta taxativamente para que los organismos garantes de las entidades federativas permitan el acceso a documentos respectivos en los casos señalados por su numeral 38, esto es, se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país; sin embargo, amplía el supuesto a una investigación relevante para el ámbito local.
Si bien es válido permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que no hayan sido transferidos a un archivo histórico, y que contenga datos personales sensibles, lo cierto es que rebasa el supuesto establecido en la Ley General de Archivos.
Acción de inconstitucionalidad 41/2021
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su concepto de invalidez único hace valer, esencialmente, los argumentos siguientes.
Las disposiciones normativas contenidas en el artículo 77, fracciones I, III y IV, de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, establecen requisitos de acceso al cargo público de director del Archivo General del Estado de Nayarit, que vulneran los derechos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y reinserción social, ya que impiden de forma injustificada ocupar un cargo público, con base en la nacionalidad o la condición social y/o jurídica de las personas.
En relación con el requisito de ser mexicano por nacimiento
El requisito de ser mexicano por nacimiento, previsto en la fracción I del artículo que se impugna, resulta discriminatorio en tanto coloca a las personas mexicanas por naturalización en una situación de exclusión respecto de aquellas connacionales por nacimiento, aunado a que vulnera el derecho de seguridad jurídica y legalidad, ya que las Legislaturas Locales no son competentes para imponer dicha exigencia.
a) Reserva exclusiva de cargos públicos
En diversos asuntos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la interpretación del artículo 32 de la Constitución Federal, a la luz del mandato previsto en su artículo 1o., es en el sentido que la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento, no corresponde a las entidades federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandato de la Constitución Federal.
Por ende, el requisito resulta contrario al mandato de la Norma Fundamental, ya que el Congreso de Nayarit, al expedir la disposición que se combate, está incorporando el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para el cargo aludido, el cual, además de no estar previsto en el catálogo de puestos públicos para los que la Constitución Federal requiere esa calidad, el legislador no se encuentra habilitado para establecer este requisito, por lo cual, emitió una norma sin sustento constitucional.
Para reforzar lo anterior, debe tomarse en cuenta que las funciones del director del Archivo General del Estado de Nayarit no guardan vinculación con ámbitos que incidan en la estructura básica estatal o en aspectos relativos a la soberanía nacional o defensa de ésta, ni corresponden con las atribuciones de los titulares de los Poderes de la Unión.
Por el contrario, las funciones se encaminan únicamente a ejecutar labores de administración de dicho ente estatal, es decir, no satisfacen la finalidad constitucionalmente válida para reservar el acceso a las personas con nacionalidad mexicana por nacimiento, como sería asegurar la soberanía o seguridad nacional, tampoco se encuentran vinculadas con áreas estratégicas ni prioritarias del Estado.
En ese sentido, la restricción en comento no es constitucionalmente válida, pues la distinción entre personas mexicanas por nacimiento y por naturalización para ejercer un cargo, debe necesariamente guardar vinculación con las funciones a desempeñar para asegurar el objetivo que se persigue en el artículo 32 de la Constitución Federal.
Aunado a lo anterior, la disposición impugnada vulnera el derecho previsto en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que establece el acceso de cualquier ciudadano mexicano a ocupar cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando se cumpla con las calidades exigidas por las leyes y, toda vez que por dichas calidades deben entenderse méritos y capacidades, la norma es inconstitucional, pues el adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble y hasta múltiple nacionalidad no es un elemento que puede influir en méritos o capacidades de una persona.
b) Origen nacional como una categoría sospechosa protegida por el artículo 1o. constitucional
La norma impugnada no cumple con el requisito de escrutinio estricto de las normas que distinguen con base en categorías sospechosas, ya que no encuentra razonabilidad la exigencia de que el cargo aludido deba ser cubierto exclusivamente por mexicanos por nacimiento, dado que las funciones a realizar no justifican esa exigencia, por ende, resulta discriminatoria respecto de quienes son mexicanas o mexicanos por naturalización. Además, dicho precepto no persigue un fin constitucionalmente imperioso, pues no está conectada con la consecución de algún objetivo constitucional.
Aunado a lo anterior, la disposición aludida no justifica una finalidad imperiosa, ni constitucionalmente válida, pues no está conectada con la consecución de algún objetivo constitucional; además, se observa que la Ley de Archivos del Estado de Nayarit tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del sistema de archivos de la entidad y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de interés público de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica; para lo cual, la norma impugnada exige que la persona encargada de la titularidad de la Dirección del Archivo General del Estado de Nayarit deba tener necesariamente la nacionalidad mexicana por nacimiento.
Así, la medida adoptada no persigue un fin constitucionalmente legítimo ni imperioso, en virtud de que el acceso al cargo referido no implica la intervención en asuntos donde se ponga en peligro la supervivencia del país; por ende, resulta discriminatoria, pues excluye a las personas mexicanas por naturalización del acceso a un cargo público, puesto que, al tener la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, deben tener el mismo trato que los nacionales por nacimiento.
Respecto a los requisitos de no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso y no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos
Resultan discriminatorias las exigencias para acceder al cargo consistentes en no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, previstas en las fracciones III y IV del precepto en comento, ya que impiden injustificadamente que las personas que hubiesen sido declaradas culpables puedan desempeñar el cargo, aun cuando las sanciones hayan sido cumplidas, con base en su condición social y/o jurídica. En efecto, las fracciones que se impugnan limitan de forma genérica los derechos de las personas que se encuentren en las hipótesis jurídicas, sin considerar si las conductas sancionadas de que se trate se relacionan o no con las funciones que debe desempeñar la persona, una vez que asuma el cargo en cuestión.
Para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, una vez hecho ello, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión.
El artículo 77, fracción III, desborda su objetivo y termina por excluir a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad, tras haber compurgado una pena por la comisión de conductas delictivas; por lo que resulta discriminatoria por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo ya referido, además de propiciar un supuesto de discriminación por motivos de condición social, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente mediante el desempeño de un servicio público.
Dicho requisito debe analizarse a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones basadas en categorías sospechosas de discriminación, pues la norma atenta contra la dignidad humana y tiene por efecto anular y menoscabar el derecho de las personas a ser nombrado para el empleo público de mérito.
Sobre el particular, los preceptos normativos no prevén una justificación constitucionalmente imperiosa para el requisito en comento, dado que el legislador local no ha hecho una relación de tal exigencia con las actividades que les corresponde realizar, por lo cual resulta discriminatoria; además, tampoco puede afirmarse que se encuentra conectada con el logro de algún objetivo constitucional y tampoco se trata de la medida menos restrictiva posible.
En suma, la disposición normativa impugnada no justifica una finalidad imperiosa ni constitucionalmente válida, ya que no aprueban un juicio estricto de proporcionalidad.
Por su parte, la fracción IV, al exigir no haber sido inhabilitado en el servicio público para ocupar la titularidad de la Dirección del Archivo General del Estado de Nayarit, establece de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer ese cargo todas aquellas personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la referida sanción, así como tampoco su temporalidad, lo cual constituye un requisito injustificado, pues ello no significa que las personas aspirantes no sean aptas para desempeñarse en el cargo de mérito.
Al igual que en el precepto anterior, el requisito previsto en la fracción IV constituye una medida desproporcional, ya que afecta directamente el ejercicio de otros derechos, tales como el de ocupar un cargo público y la libertad de trabajo, por lo que resulta necesario aplicar el test de proporcionalidad.
En ese sentido, las razones que pudieron motivar al legislador para imponer el requisito de no haber sido inhabilitado en el servicio público para ser titular de dicha entidad se encaminan a garantizar que las personas interesadas en ocupar ese cargo cumplan con las cualidades que aseguren su correcto desempeño en esa instancia, por lo que podría estimarse que la medida cumple con un fin válido.
No obstante, la medida no resulta idónea, en virtud de que el requisito de no haber sido inhabilitado no garantiza que el aspirante al titular de la entidad en comento lleve a cabo su labor en condiciones de eficiencia, eficacia y honradez que persigue el legislador, puesto que el haber sido sancionado en el pasado no necesariamente tiene impacto directo, claro e indefectible en el cumplimiento de esa finalidad constitucional.
Por tanto, la medida adoptada por el legislador limita el derecho de acceder a un trabajo y, en particular, a uno de carácter público, dado el estigma que se infiere a personas sancionadas administrativamente con una inhabilitación.
4. Admisión y trámite de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante acuerdos de uno de marzo de dos mil veintiuno, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 40/2021 y 41/2021.
Además, al existir identidad en las normas impugnadas en la acción de inconstitucionalidad 40/2021, decretó la acumulación de la diversa 41/2021 a esa. Asimismo, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento en ambos asuntos.
Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite las demandas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República, para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, de considerar que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
5. Certificación. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la entonces secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaria General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit para rendir sus informes respectivos transcurriría del once de marzo al seis de abril de dos mil veintiuno.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Por escrito recibido el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por conducto de Raúl Alamillo Gutiérrez, en su carácter de consejero jurídico del gobernador, rindió el informe que le fue requerido.
Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se requirió a dicho promovente a fin de que exhibiera el acuerdo otorgado por el titular del Poder Ejecutivo Local en el que se delegaron las facultades para representarlo, ya que de la revisión íntegra de los anexos presentados no se desprendía su exhibición, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se decidiría lo que conforme a derecho correspondiera.
Posteriormente, en acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, una vez atendido el requerimiento formulado, se tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit rindiendo el informe que le fue solicitado, en el que se formularon los argumentos siguientes:
• En cuanto a los hechos, refirió que eran ciertos, en virtud de que el gobernador presentó iniciativa con proyecto de Ley de Archivos del Estado de Nayarit, cuyo proceso legislativo culminó con la aprobación de dicho ordenamiento, por lo cual, la promulgó y el veinticinco de enero de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
• Por cuanto hace a los conceptos de invalidez, señaló que las entidades federativas, a través de sus Congresos Locales, cuentan con la facultad para regular aquellas cuestiones en las que las leyes generales solamente han establecido parámetros y principios y, más aún, cuando en las leyes generales se señala que serán las entidades federativas las que establezcan cierta regulación, atendiendo a la libertad de configuración legislativa.
• Así, al existir la facultad de los Congresos Locales de armonizar sus ordenamientos relacionados con la Ley General de Archivos, se reconoce su potestad para legislar respecto de aquellos temas que así lo hayan previsto las leyes generales.
• En relación con el primer concepto de invalidez, refiere que el artículo 71 de la Ley General de Archivos impone a las entidades federativas la creación de su sistema estatal con atribuciones, integración y funcionamiento equivalente a las que ese ordenamiento otorga al sistema nacional, no así por lo que respecta al Archivo General de la Nación. De ahí que sólo se estableció la obligación de las entidades federativas para prever la creación de un archivo general como entidad especializada en materia de archivos, es decir, con competencia exclusiva, no así en cuanto a la naturaleza jurídica de dicha entidad.
• Las principales características de los órganos desconcentrados se encuentran en la asignación de competencias exclusivas, autonomía técnica y de gestión, así como libertad de acción en trámite y decisión; por ende, del artículo 76 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, se aprecia que el Archivo General del Estado de Nayarit cuenta con competencia y facultades específicas de la materia, además que la persona que lo preside debe contar con experiencia y profesión archivística, máxime que cuenta con el asesoramiento de un Consejo Técnico integrado con personas afines al quehacer archivístico.
• Por lo anterior, la Ley de Archivos del Estado de Nayarit cumple con las disposiciones de los artículos 4, fracción VII y 71 de la Ley General de Archivos, al contar con una entidad especializada en materia de archivos en el orden local, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines cuyo objeto principal es consistente en salvaguardar y preservar el patrimonio documental del Estado.
• Respecto a la falta de regulación de los órganos con los que debe contar el Archivo General del Estado de Nayarit para el cumplimiento de su objeto y funciones, sostiene que, atendiendo a su propia n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31786-798ffc25/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-organismos-garantes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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