EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ENVIAR UN DETERMINADO NÚMERO DE OFICIOS NI A JUSTIFICAR POR QUÉ GIRÓ OFICIOS DE BÚSQUEDA A DETERMINADAS AUTORIDADES O DEPENDENCIAS QUE CUENTEN CON REGISTRO DE PERSONAS Y DOMICILIOS, PUES ES SU POTESTAD USAR SU PRUDENTE ARBITRIO PARA REALIZAR ESA BÚSQUEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ESFUERZO DE BÚSQUEDA NECESARIO PARA SATISFACER LA HIPÓTESIS DE QUE EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA ES DESCONOCIDO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN AUXILIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE. SECRETARIO: RUPERTO GUIDO GARCÍA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión virtual de trece de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTOS para resolver el expediente relativo a la contradicción de criterios 36/2023.
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios.
1. Mediante oficio **********/2023 recibido en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, el tres de julio de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz denunció la posible contradicción de criterios entre:
A. El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el recurso en revisión civil 789/2022 de su índice; y,
B. El diverso sostenido por el extinto Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, –cuyos miembros ahora integran el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con la misma residencia–, al resolver los cuadernos auxiliares 267/2020 y 323/2020 de su registro, formados con motivo de los recursos de revisión 26/2020 y 938/2019, respectivamente, del índice del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur.
SEGUNDO.—Radicación y trámite del asunto.
2. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, la presidenta de este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, registró el expediente bajo el número de contradicción de criterios 36/2023; ordenó dar trámite a la denuncia en mención y, entre otras cuestiones, solicitó a los Magistrados presidentes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur y del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, hacer del conocimiento del Pleno, si los criterios sustentados se encontraban vigentes, en virtud de que de conformidad con lo establecido por los transitorios tercero y cuarto del Acuerdo General 113/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur; y que reforma y deroga disposiciones de diversos acuerdos generales, se advierte que el Tribunal Colegiado de Circuito que concluyó funciones, se denomina ahora Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito adscribiendo la plantilla de personal del tribunal extinto; de igual manera, informó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, la radicación de la citada contradicción de criterios.
3. En el mismo auto se solicitó a los referidos órganos que, en caso de que el criterio en contradicción sustentado por ellos se tenga por superado o abandonado, lo informasen de inmediato, señalando las razones que sustenten las consideraciones respectivas y, en su caso, remitiesen la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente ese nuevo criterio; y por autos de seis y once de julio del actual, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, respectivamente, confirmaron que continúan sosteniendo los criterios materia de la presente contradicción.
TERCERO.—Integración del asunto.
4. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, la Magistrada presidenta del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte tuvo por recibido el oficio SGA/GVP/698/2023 de catorce de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual el secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal de la Nación le informó que durante los últimos seis meses no se ha radicado contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el de la presente contradicción; por lo cual determinó que estaban debidamente integrados los expedientes impreso y electrónico; y confirmó el turno del asunto a esta ponencia que preside, para la elaboración del proyecto de resolución; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia.
5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6 fracción I, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con los arábigos 1, fracción I, punto 3, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; pues versa sobre la denuncia de una posible contradicción de criterios suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito y Región, además de que el tema de fondo corresponde a la Materia Civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.
SEGUNDO.—Legitimación.
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, a quien correspondió conocer del juicio de amparo indirecto que registró con el número ********** emitiendo resolución correspondiente, misma que fue recurrida y revocada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el amparo en revisión civil 789/2022 y que constituye uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de criterios.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.
7. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, retomados de las propias ejecutorias son las siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el amparo en revisión civil 789/2022 de su registro; del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
Antecedente:
Juicio de amparo indirecto.
El dieciocho de abril de dos mil veintidós, ********** promovió juicio de amparo indirecto, en el que ostentándose extraña a juicio por equiparación, reclamó el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Partido Judicial de Los Cabos, con residencia en Cabo San Lucas.
De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Baja California Sur, que la registró bajo su progresivo **********, la admitió a trámite; y previa sustanciación resolvió sobre ella en audiencia constitucional de veinticinco de agosto de dos mil veintidós concediendo la protección constitucional, para los siguientes efectos:
"Deje insubsistente el emplazamiento practicado por edictos a la parte quejosa en el juicio especial hipotecario **********, de su índice estadístico, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y en su caso, lo relativo a su ejecución; y, remita copia certificada de dichas diligencias, con lo que se tendrá por cumplida la sentencia de amparo.
"En la inteligencia de que, en caso de que se solicite nuevamente su llamamiento a juicio, gire los oficios respectivos acorde a los lineamientos plasmados en este fallo, esto es, a las dependencias públicas o empresas privadas que considere cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas; para lo cual deberá fundar y motivar por qué sólo requiere a las oficinas respectivas."
Recurso de revisión.
Inconforme con ese resultado, la parte tercero interesada ********** interpuso revisión contra la referida sentencia constitucional, mismo que fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, cuya presidencia lo admitió el tres de noviembre de dos mil veintidós, bajo el consecutivo 789/2022.
Asimismo, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la quejosa **********.
Concluida la integración el uno de junio de dos mil veintitrés, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo.
Consideraciones:
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, expresó en lo sustancial para declarar fundado el recurso:
Que fue correcto que se emplazara a la quejosa y demandada a través de edictos, al encontrarse colmados los extremos del artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur, porque al no habérsele localizado en el domicilio convencional, se realizó una investigación minuciosa con el fin de ubicarla sin tener éxito, lo que motivó la emisión de los edictos, cumpliéndose así su objetivo.
Refirió que la quejosa en ningún momento mencionó dónde podría emplazársele, y tampoco que su domicilio se encontrara fuera de esta entidad federativa, donde se llevó a cabo la publicación.
Indicó que, resultaba contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hubiera concedido el amparo para que la autoridad judicial girase más oficios a dependencias públicas o empresas privadas, pues ello no garantizaba que se pudiera realizar el emplazamiento de manera personal, al no tener certeza de que realmente pudieran obtenerse resultados positivos.
Sostuvo que, obligar a la autoridad judicial a fundar y motivar por qué giró oficios a seis dependencias y no a más, constituye una exigencia que carece de sustento legal, que contraviene los principios de celeridad y prontitud en la impartición de justicia, corriéndose el riesgo de que nunca sean suficientes las autoridades y entidades privadas que puedan rendir informes respecto del domicilio de la demandada.
Consideró que la sentencia recurrida iba más allá de lo establecido por el legislador en el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, otorgando a esa norma un sentido del que carece, ya que a criterio del juzgador, bastaba con la información de seis dependencias y empresas privadas para arribar al convencimiento de que la codemandada no tiene un domicilio registrado a su nombre.
También analizó lo planteado por la quejosa en vía de revisión adhesiva en el sentido de que la actuaria judicial para llevar a cabo el emplazamiento solicitó la presencia de **********, y no de **********; y que en la escritura pública base de la acción, proporcionó datos generales, de los cuales se advierte un domicilio en el cual pudo ser notificada personalmente. Sin embargo, la autoridad judicial fue omisa en agotarlo, previo a ordenar la emisión de edictos.
Planteamientos que calificó de jurídicamente inconducentes, porque según dijo, con independencia de que la fedataria judicial hubiese plasmado de manera inexacta el nombre de la demandada, de cualquier manera no podría haber llevado a cabo el emplazamiento ordenado, además de que únicamente se trata de un error mecanográfico que en nada afecta la validez de esa diligencia, pues se entiende que la actuaria acudió a dicho domicilio en búsqueda de la demandada y hoy quejosa.
Puntualizando también que, si bien en el documento base de la acción, la demandada quejosa proporcionó un domicilio, tal circunstancia era insuficiente para estimar que la autoridad responsable se encontraba obligada a agotarlo, previo a la orden de publicar edictos, si aquélla no justificó que realmente habitaba en ese lugar, ni exhibió pruebas para apoyar su afirmación, en el sentido de que pudo haber sido emplazada en ese inmueble.
Razones sustanciales que sustentaron su determinación de revocar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional.
II. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver los cuadernos auxiliares 267/2020 y 323/2020 formados con motivo de los amparos en revisión 26/2020 y 938/2019 del índice del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, respectivamente, se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes.
Antecedente del cuaderno auxiliar 267/2020: Juicio de amparo indirecto.
Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en esta ciudad, ********** y/o ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos de las autoridades que a continuación se trascriben:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
"Ordenadoras y ejecutoras.
"a) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
"b) Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
IV. ACTO RECLAMADO (sic)
"A) El ilegal emplazamiento realizado dentro del juicio especial hipotecario ********** tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil en Cabo San Lucas, B.C.S.
"B) La orden de sacar a remate el bien inmueble de mi propiedad descrito en el párrafo anterior, contenida en la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Cabo San Lucas, B.C.S., dentro del Juicio Especial Hipotecario con número de expediente **********, misma que oportunamente causó estado.
"C) Como consecuencia de lo anterior, como acto inminente reclamo todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********** tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Cabo San Lucas, B.C.S., el remate y adjudicación a favor de terceras personas del inmueble de mi propiedad, mencionado en los párrafos precedentes, así como la orden de lanzamiento forzoso del bien inmueble de mi propiedad.
"Todo lo anterior con franca violación a mis garantías de audiencia y defensa consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se trata de un procedimiento judicial en el cual no he sido emplazado, ni se me ha dado la oportunidad de defenderme, y no obstante se me pretende privar de la propiedad y posesión del inmueble de mi propiedad descrito con anterioridad."
De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, radicada bajo el consecutivo **********, de su registro; seguido el trámite el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal.
Recurso de revisión.
Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, que el tres de enero de dos mil veinte lo admitió a trámite bajo el número de expediente 26/2020.
Previa integración el seis de marzo de dos mil veinte, se ordenó su remisión al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que el once siguiente lo registró bajo el número auxiliar 267/2020, de su índice, dictando sentencia en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte, revocando la sentencia recurrida y concediendo el amparo y protección de Justicia Federal.
Consideraciones:
El tribunal auxiliar del conocimiento consideró fundado uno de los agravios, pues analizó el contenido del artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de Baja California Sur, vigente al ordenarse los edictos, y advirtió que el juzgador de primera instancia ordenó la notificación en el domicilio convencional establecido para oír y recibir notificaciones en el acto jurídico que dio origen al juicio; mismo que fue encontrado vacío, por lo que consideró que resultaba imposible localizar a la demandada y, ordenó girar oficios a diversas dependencias para que proporcionaran algún domicilio para realizar el emplazamiento, de lo cual no se obtuvo resultado positivo y determinó su llamamiento a juicio por edictos.
Consideró que, con independencia de que la actora conviniera con la demandada un domicilio convencional que no resultó apto para realizar el emplazamiento, lo cierto es que para que el juzgador emitiera la orden de emplazamiento por edictos, resultaba necesario satisfacer el requisito esencial, consistente en que se ignore el domicilio de la demandada, lo que hacía necesario verificar cualquier otro domicilio del que se tuviera conocimiento.
Razonó que, el domicilio convencional no es el único en el que puede realizarse el emplazamiento, sino también en donde habite, trabaje, tenga el principal asiento de sus negocios, o incluso donde se encuentre el interesado, acorde a lo previsto en los artículos 117 y 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.
Con base en ello estableció que la responsable debió advertir que del mismo contrato del crédito hipotecario de referencia se desprendía un domicilio diverso de la acreditada ahora quejosa recurrente, que señaló en sus generales; por lo cual, resultaba necesario constatar ese otro lugar para afirmar que el domicilio de la demandada era desconocido. Lo que le llevó a considerar ilegal el emplazamiento realizado, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo federal.
Antecedente del cuaderno auxiliar 323/2020: Juicio de amparo indirecto.
Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, ********** promovió juicio de amparo señalando:
"3. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, con domicilio ubicado en bulevar (sic) Agustín Olachea entre calle Las Garzas y calle General Lorenzo Núñez Avilés, en esta ciudad.
"ACTO RECLAMADO.
"Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Partido Judicial de La Paz, reclamo lo siguiente: Reclamo de la autoridad señalada como responsable el INCONSTITUCIONAL e IMPROCEDENTE EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS realizado dentro del proceso ordinario civil número ********** promovido por la persona moral denominada ********** y radicado por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Partido Judicial de La Paz, así como las consecuencias jurídicas que se desprendan de éste, en específico el ilegal lanzamiento del suscrito y de mi familia de nuestro hogar." Dicha demanda fue del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, que la registró bajo el expediente **********, la admitió a trámite; y previa sustanciación en audiencia constitucional de treinta de octubre de dos mil diecinueve negó la protección constitucional.
Recurso de revisión.
Inconforme con esa determinación, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, que lo tramitó bajo el número 938/2019 y previa integración por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, lo remitió al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, quien lo registró bajo el cuaderno auxiliar 323/2020, de su índice; y el catorce de mayo de ese mismo año dictó sentencia revocando la sentencia recurrida y otorgando la protección constitucional.
Consideraciones:
El tribunal revisor declaró fundados los agravios de la recurrente, pues consideró que las actuaciones realizadas por el Juez responsable para lograr el emplazamiento de la quejosa, particularmente lo relativo a la investigación de su domicilio, previo a ordenar que éste se realizara por edictos, transgredió las formalidades esenciales del procedimiento.
Al respecto, estimó que si bien es cierto conforme a lo previsto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, procede la notificación por edictos cuando se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la policía preventiva, esa disposición es restrictiva, pues así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 6/2004 que interpretó el artículo 117, fracción II, del código procesal civil para el Estado de Jalisco, de similar contenido en cuanto a la limitante de requerir sólo un informe de la policía para investigar el domicilio del demandado, determinando que el juzgador podría, según su prudente arbitrio, ampliar dicha búsqueda e indicó que si bien la responsable actuó conforme a su prudente arbitrio al ordenar la investigación del domicilio de la demandada en cinco dependencias, lo cierto es que, no razonó, fundó ni motivó su actuar, es decir, por qué sólo a esas oficinas y no a otras; ello no obstante que en ejercicio de dicha potestad no estaba exenta de acatar las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus actos.
Señaló además que la responsable omitió ordenar el emplazamiento de la quejosa en los domicilios que la compañía telefónica tenía registrados a su nombre, lo que generó duda de que el domicilio de la persona a notificar fuera incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudiera averiguar sobre ella, lo cual no permite afirmar que resultara inevitable la notificación por edictos, lo que propicia que una verificación del emplazamiento en forma contraria a las disposiciones aplicables, genere una violación a las formalidades esenciales del procedimiento lo que le llevó a revocar la sentencia recurrida que negó el amparo y conceder la protección constitucional.
CUARTO.—Existencia de la contradicción.
8. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la existencia de una contradicción de criterios, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central; y por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(1) de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
10. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
11. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
12. En efecto, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.
13. En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 72/2010(2) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho; de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32049-af7310f0/emplazamiento-por-edictos-el-juez-no-esta-obligado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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