DILACIÓN EXCESIVA EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE ATENDERSE AL PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES, CONFORME A LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) Y 2a./J. 33/2019 (10a.), Y NO AL DE 6 MESES PREVISTO EN LA LEY LOCAL DE LA MATERIA.
QUEJA 114/2023. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ. PONENTE: SERAFÍN SALAZAR JIMÉNEZ. SECRETARIO: LISANDRO JAVIER SOTO GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio. Los agravios expuestos por el recurrente son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en su beneficio.
El inconforme sostiene como agravios los siguientes:
Que la resolución que se impugna le causa agravio porque se le imposibilita acceder mediante la vía de amparo a que se analice la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 8 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Expone que fue incorrecto que el Juez de Distrito, considerara que el acto reclamado, no es de imposible reparación por no afectar un derecho sustantivo previsto en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es Parte.
Hizo referencia al recurso de reclamación 209/2001 derivado de la controversia constitucional 28/2001, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explicó lo que debe entenderse como clara, patente e indudable improcedencia.
Menciona que la finalidad de la Ley de Amparo de reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de amparo, es para evitar el entorpecimiento del procedimiento con la tramitación de diversos juicios, transcribe una fracción del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contra qué actos resulta procedente el juicio de amparo.
Estima que el acto reclamado, sí es de imposible reparación debido que el expediente laboral se encuentra paralizado por una omisión de la autoridad responsable, por tanto, existe afectación en sus derechos sustantivos.
Continúa diciendo, que si el laudo que se dicte es favorable, de ninguna manera desaparecería por completo su afectación, ya que habrá transcurrido un tiempo considerable en el que se le privó de obtener el pago de diversas prestaciones, además, que no se le administró justicia por los tribunales competentes.
Que durante el tiempo que está paralizado el juicio, tiene que hacer gastos de su vida cotidiana y que existe una disminución en su patrimonio, ya que las prestaciones económicas que pudo haber obtenido en el primer semestre de dos mil veintitrés, es muy diferente si las obtiene en el segundo semestre de ese mismo año, por tanto, se está dejando una huella imborrable en su patrimonio.
Y que si el laudo resultara adverso, podría impugnar la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pero ya no habría materia para hacer valer lo que aquí le causa perjuicio, como violación procesal, en virtud de que para ese momento, estaría consumada de modo irreparable.
El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, esencialmente, bajo los siguientes argumentos:
- Que se actualizó lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXII, 62, 107, fracción V interpretada en sentido contrario, 112 y 113 de la Ley de Amparo.
- Reveló a que se refiere la expresión "manifiesto e indudable" y estableció las causales de improcedencia.
- Explicó cuáles son los actos que afectan materialmente derechos sustantivos y que son de imposible reparación.
- Que el escrito por medio del cual se interpuso el incidente de reposición de autos se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés y que a la fecha de la presentación de la demanda veintinueve de septiembre pasado, aun no transcurren más de seis meses para considerar que existe dilación procesal, además que con dicho incidente, no se derivan efectos que conlleven una imposible reparación.
Lo infundado de los agravios resulta porque este Tribunal Colegiado estima que el Juez de Distrito actuó apegado a derecho al desechar de plano la demanda de amparo por su notoria y manifiesta improcedencia, toda vez que la dilación procesal, en la que pudiera haber incurrido la autoridad responsable; no constituye un acto de imposible reparación, pues éste no afecta materialmente derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales.
En efecto, del escrito de expresión de agravios, se desprende que la dilación procesal que destaca el quejoso, consistente en la omisión acordar el escrito de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en el que se promovió un incidente de reposición de autos, corresponde a un acto dictado dentro del juicio laboral **********; resultando por ello aplicable lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tal como lo citó el Juez de Distrito en parte de su proveído; que establece lo siguiente:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
...
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
..."
El precepto legal transcrito establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que produzcan una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, que citó el Juez de Distrito, en lo conducente, determinó lo siguiente:
"CONSIDERANDO... SEXTO... El texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal dispone:... Ahora, del examen de la disposición transcrita se advierte que la Constitución Federal instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría ‘... a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...’; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. ... En conclusión, el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, dependerá de la suma de reglas que la legislación secundaria requiera para hacer accesibles y dar concreción a las bases que entronizó dicho precepto, tomando en cuenta que la máxima seguridad jurídica que garantice el acceso al juicio de amparo sólo se logra con disposiciones claras para las partes y los juzgadores, que generen un sistema normativo coherente entre la reglamentación y los fines de este medio de control constitucional.—En este contexto, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios, tal como se explicó en el siguiente fragmento de la exposición de motivos que antecedió a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once: ‘Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales.—En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo.—"La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.’—Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva.—De esta forma, caracterizado el amparo contra actos de imposible reparación como una más de las bases constitucionales que deberían desarrollarse en la respectiva ley reglamentaria, puede concluirse que el Congreso de la Unión contaba con un determinado margen de libertad de configuración legislativa para hacer efectivo el derecho a reclamar en la vía indirecta ese tipo de determinaciones, con la única condición de que la promoción de estos juicios no hiciera nugatoria la regla general prevista en la misma fracción III, del artículo 107 constitucional, en el sentido de que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, pues no debe perderse de vista que con esta obligación genérica lo que se quiso fue impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaran injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales.—Con lo anterior, si bien la Constitución Federal reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición excepcional y grave de que pudieran calificarse como de imposible reparación, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional... Pues bien, la expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX, del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones... De lo hasta aquí expuesto, se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas Épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de ‘imposible reparación’, dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.—Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de ‘imposible reparación’. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.—Las normas invocadas son las siguientes: ... Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.—Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva."
De la ejecutoria transcrita, en lo conducente se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar lo dispuesto en la fracción V, entre otras, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente; que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio que sean de imposible reparación; determinó que para calificar un acto de esa naturaleza, éste debe cumplir dos condiciones: 1. Que afecte materialmente derechos, esto es, que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o actual, aún antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; es decir, en contraposición a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.
En otras palabras, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en juicio que llegaran a afectar únicamente derechos procesales, pues para que dicho juicio constitucional resulte procedente, es imprescindible que esos actos produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.
De la ejecutoria transcrita se derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la que apoyó el Juez de Distrito sus razonamientos, cuyos rubro y texto dicen:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;’ puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por tanto, en el caso particular, el incidente de reposición de autos, corresponde a un acto procesal que no guarda autonomía del juicio, sino que es dictado dentro de él, razón por la que no causa a las partes perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de igual naturaleza o una afectación en grado predominante o superior en relación con el proceso que amerite enmendarse mediante el juicio de amparo indirecto.
Se considera lo anterior, debido a que el incidente de reposición de autos, no resuelve el fondo de la cuestión debatida en el juicio, ya que su finalidad, es demostrar la existencia y falta posterior de los autos, por tanto, en su resolución se deberá determinar si se repone o no y la forma en que deberá hacerse, así como, la actuación a partir de la cual debe continuar el proceso.
En virtud de lo anterior, se considera que la omisión de la autoridad responsable de dar trámite al incidente de reposición de autos, no constituye un acto de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues el mismo no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso, aquí recurrente, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva o laudo, es decir, a los personales o reales, por ejemplo, el arresto, arraigo, embargo, imposición de multas, al limitarse los derechos de propiedad, posesión, entre otros, cuyo goce tuviera el agraviado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no son susceptibles de restituirse aun cuando se dictara laudo favorable a sus intereses.
A lo antes expresado, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, página 1041, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son los siguientes:
"REPOSICIÓN DE AUTOS. CONTRA LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN EL INCIDENTE RELATIVO A UN JUICIO NO CONCLUIDO, PROCEDE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES LABORAL FEDERAL Y PROCESALES CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUERRERO). Los incidentes instaurados conforme a la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el propósito de reponer los autos de un juicio civil o laboral aún no resuelto mediante sentencia definitiva o laudo, generan actos procesales que no guardan autonomía del juicio, sino que se consideran dictados dentro de él, los cuales no causan a las partes perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de igual naturaleza o una afectación en grado predominante o superior en relación con el proceso que amerite enmendarse mediante el juicio de amparo indirecto, pues dichos incidentes no resuelven el fondo de la cuestión debatida en el juicio, sino que se concretan a demostrar la preexistencia y falta posterior de los autos, así como a la forma y a los términos en que el expediente se declare o no repuesto, estableciendo la actuación a partir de la cual debe continuar el proceso. Por tanto, las violaciones procesales cometidas a través de dichos actos deben alegarse como tales en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o el laudo."
Respecto a lo señalado en el sentido de que el expediente laboral se encuentra paralizado y que dicha circunstancia le causa perjuicio por los gastos que tiene que erogar diariamente debido a que no tiene empleo, lo que trae como consecuencia dilación procesal, resulta infundado.
Se considera que no existe dilación procesal tal como lo estableció el Juez de Distrito, quien fundó su determinación en la tesis de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS", en la cual sustancialmente se indica, que para considerar que existe inactividad procesal, se debe tomar como referencia el término que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo (45 días naturales), para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, ello a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo, que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio.
Sin embargo, no se comparte lo establecido en la sentencia recurrida en la parte que se sostiene que tomando en consideración que el juicio de origen es burocrático, el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo se equipara al 141 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y que por ello, deben transcurrir más de seis meses después de presentada la promoción ante la autoridad responsable sin que se acuerde lo conducente, para considerar que existe dilación procesal.
Tal consideración del Juez de Distrito es incorrecta por las siguientes razones:
En primer término, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente:
1. Los actos de imposible reparación a que hace referencia el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
2. Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.
3. Por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, en ese caso, el juicio de amparo será improcedente.
4. El juicio de amparo indirecto será procedente, por excepción, cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento, o su paralización total, en ese caso el juicio de garantías será procedente.
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con número de registro digital: 2011580, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32157-c085eacc/dilacion-excesiva-en-los-juicios-laborales-burocraticos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DILACIÓN PROCESAL. ES INDEBIDA LA DETERMINACIÓN DE UN TÉRMINO DE TRES MESES O CUALQUIER OTRO QUE SEA FIJO Y GENÉRICO PARA TENER POR ACTUALIZADOS LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL (QUEJA)
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE D (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURI (P./J. 37/2014 (10a.))
- AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE AB (IV.3o.A.34 K (10a.))
- AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO LABORAL CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012, Y NO DE AC (VII.1o.P.T.7 K (10a.))
- COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORM (I.3o.C.183 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis