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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA PERSONA PRESIDENTA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS A LA TERCERA INTERESADA Y REQUIERE A LA QUEJOSA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA PUBLICARLOS, CON EL APERCIBIMIENTO DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 20/2023. · Registro digital (IUS): 32601
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-08-02
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.439.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 20/2023. 17 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL VALERIO RAMÍREZ. SECRETARIO: JUAN MANUEL PARRA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Improcedencia del recurso de reclamación.

Resulta innecesario calificar las manifestaciones que en vía de agravio expresan los quejosos reclamantes, cuenta habida que carecen de legitimación procesal ad causam para controvertir la determinación que ordenó la publicación de edictos a fin de emplazar al tercero interesado, para lo cual, requirió a los quejosos para que dentro del plazo de veinte días comparecieran al tribunal, por conducto de sus autorizados, a recoger los edictos ordenados, los entregaran para su publicación y acreditaran las gestiones realizadas para tal efecto; apercibidos que en caso de omisión, la demanda se tendría por no presentada; resolución que en modo alguno les genera agravio ni afectación a su esfera de derechos, pues como de manera análoga lo puntualizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "lo cierto es que desde el punto de vista material carece de las condiciones que permita impugnarlo".(2)

A fin de estar en condiciones de exponer las razones que llevan a estimar improcedente el medio de defensa, es menester realizar una breve reseña de los antecedentes que informan el asunto.

• Antecedentes

a) Promoción de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ********** y **********, promovieron amparo directo contra la sentencia de uno de julio de dos mil veintidós emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en el toca de apelación **********, en la que confirmó la diversa de condena dictada contra los quejosos por el delito de robo con modificativas (agravantes de haberse cometido con violencia, haber recaído sobre vehículo automotor y sobre la mercancía que en éste se transportaba).

b) Radicación del juicio. En proveído de catorce de febrero del año en curso, la presidencia de este tribunal instruyó formar y registrar el juicio de amparo directo penal **********, promovido por los referidos accionantes y toda vez que la autoridad responsable hizo saber que ordenó al juez de primera instancia realizar los emplazamientos respectivos, se reservó emitir pronunciamiento correspondiente a la admisión de la demanda, en tanto se contara con tales constancias.

c) Recepción de emplazamientos. El dieciséis de marzo siguiente, se tuvo por emplazados a los terceros interesados ********** y **********, no así a los diversos ********** y **********, pues de las constancias remitidas por la responsable, advirtió que estos dos últimos habían sido emplazados por lista al no haber sido localizados sus domicilios.

A ese respecto, la presidencia de este tribunal señaló que, constituía un hecho notorio el diverso juicio de amparo directo **********, en el que también se les reconoció el carácter de terceros interesados a las referidas víctimas, se les había notificado en diversos domicilios, por lo que solicitó al Tribunal de Alzada implementar las medidas necesarias a fin de intentar los emplazamientos en los indicados lugares.

d) Procedimiento de investigación. En proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la imposibilidad de emplazar a los referidos terceros interesados en los domicilios señalados, se determinó dar inicio al procedimiento de investigación respectivo, y ordenó girar oficios a diversas autoridades a fin de contar con diverso domicilio para su emplazamiento.

e) Trámite de edictos. Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por emplazado al tercero interesado ********** y, por lo que ve a **********, se proveyó lo siguiente:

"En cuanto al estado de autos, se advierten agotados los medios de búsqueda ordenados para localizar al diverso tercero interesado **********, sin éxito; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y el ordinal 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena la publicación de edictos a fin de emplazarlo.

Es así, porque el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, dispone:

(Se transcribe).

Como se advierte, en cuanto a las exigencias que deben satisfacer dichas publicaciones el precepto legal anterior señala:

I. Deberán contener una relación sucinta de la demanda;

II. Se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República; y,

III. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento.

Atento a ello, requiérase a los quejosos para que hagan las gestiones pertinentes a fin de publicar los edictos tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, mismos que conforme al precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben contener una relación sucinta de la demanda.

De igual manera, se precisa que el tercero interesado tendrá el plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que, en su caso, admita la demanda, para que comparezca ante este Tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 181 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si pasado dicho lapso no lo hace, se continuará el juicio y las ulteriores notificaciones se realizarán por lista en términos de los artículos 26, fracción III, y 29 del ordenamiento legal en cita.

No se desatiende que el Código Federal de Procedimientos Civiles señala en su artículo 315 que el tercero interesado contará con treinta días para comparecer ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos; empero, la ley de la materia en el ordinal 181 regula el término con que cuenta para tal efecto, por lo cual es innecesario aplicar de manera supletoria el código adjetivo en mención.

En tal virtud, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 180 de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos ********** y ********** para que, por conducto de sus autorizados, dentro del plazo de veinte días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezcan ante este Tribunal, con identificación oficial y vigente, a recoger los edictos ordenados –en la inteligencia de que desde esta fecha quedan a su disposición en la secretaría de acuerdos–; los entreguen para su publicación; y acrediten las gestiones realizadas al efecto. Apercibidos que de ser omisos se tendrá por no presentada la demanda."

Determinación constituye la materia del recurso de reclamación que ahora se resuelve.

Decisión.

Conforme a los antecedentes que informan el asunto, es de advertir la improcedencia del recurso, toda vez que para la procedencia de un medio de impugnación establecido en la ley, como requisito indispensable, debe necesariamente existir algún tipo de agravio a reparar y que desde luego impacte en la esfera de derechos de quien lo hace valer; esto es, aunque los reclamantes ostentan legitimación procesal activa como quejosos en el juicio de amparo de origen que los faculta para interponer los recursos respectivos, en el caso, no cabe desdeñar que en razón a lo específicamente controvertido, en modo alguno les asiste legitimación sustancial ad causam para combatir esa determinación con la finalidad de reparar algún agravio, precisamente porque la legitimidad formal recursiva no basta y es insuficiente en la medida en que para hacer procedente el recurso resulta imprescindible la existencia de una afectación en la esfera jurídica de la impugnante que haga posible su reparabilidad. Aspecto que en el caso no se satisface, conforme a las consideraciones que enseguida se enuncian.

En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2016,(3) estableció que el recurso de reclamación procede en contra de los acuerdos de trámite dictados por la presidencia de los Tribunales Colegiados; y puede ser interpuesto por escrito por cualquiera de las partes dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Destacó que su objeto consiste en que la parte inconforme con la determinación adoptada en un acuerdo de trámite, cuyo análisis solicita por estimarlo incorrecto o contrario a derecho, obtenga su revocación o modificación a efecto de que el órgano colegiado arribe a una conclusión diversa mediante un nuevo examen de la decisión adoptada por uno de los integrantes del tribunal, en concreto, por su presidente.

Así, para la procedencia de dicho recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en principio deben satisfacerse dos requisitos formales:

a. Tratarse de un acuerdo de trámite; y,

b. Ser dictado por el presidente del Tribunal Colegiado.

No obstante, adiciona que tratándose del aspecto material (como sucede con cualquier otro medio de impugnación), es necesario también que:

c. El auto o proveído que se pretenda recurrir ocasione un perjuicio o agravio a las partes susceptible de ser reparado, ya sea porque en él se defina algún derecho, lo restrinja o lo anule.

Ahora bien, por "acuerdo de trámite" debe entenderse aquellas determinaciones judiciales necesarias para llevar a cabo la sustanciación del proceso en el juicio, las cuales no contienen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni deciden sobre algún punto dentro del negocio, sino que son decisiones necesarias respecto de la actuación de las partes, para poder llevar el procedimiento hasta su resolución.

En concordancia con ello, el Tribunal Pleno agregó que el Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima tercera edición establece que por "trámite" se entiende: "1. m. Cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión (...)"; mientras que dentro del ámbito jurídico, doctrinalmente se ha entendido la locución trámite(s) como: "aquellas diligencias que han de practicarse para la resolución formalmente de un expediente o de un proceso jurisdiccional de acuerdo con las formalidades señaladas al respecto".(4)

Sobre esa línea de interpretación, se precisó que no toda resolución de trámite es susceptible de combatirse a través del recurso de reclamación, pues aunque la Ley de Amparo formalmente sólo establece como requisitos genéricos de procedencia que se trate de un "acuerdo de trámite", y se haya dictado por la presidencia del Alto Tribunal, de alguna de sus Salas o de un Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, como en todo recurso judicial deviene necesario que exista la posibilidad de materializar los efectos de un posible pronunciamiento a favor de los intereses de la parte recurrente, en probable reparación al agravio o menoscabo que se le haya ocasionado, en lo que propiamente se materializa la nominada legitimación ad causam.

Señala que debe ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica del solicitante, pues de otra manera no tendría efecto práctico alguno su análisis, ni se podría cumplir su finalidad de revocarlo o modificarlo de manera que beneficie a los intereses del recurrente, constituyendo sólo una dilación innecesaria en el procedimiento del juicio, en tanto su estudio no impactaría en sentido favorable en la esfera jurídica del gobernado ni afectaría el procedimiento en trámite.

Los anteriores razonamientos llevaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la jurisprudencia 2/2019, bajo el rubro: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."

En esas condiciones, atento a los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal del País, precisa reiterar para que sea procedente el recurso de reclamación deben satisfacerse los siguientes requisitos:

1. Tratarse de un acuerdo de trámite;

2. Ser dictado por el presidente del tribunal colegiado; y,

3. Que el auto recurrido ocasione un perjuicio o agravio a las partes, ya sea porque en él se defina algún derecho, lo restrinja o lo anule, que empero resulte susceptible de ser reparado.

En efecto, como requisito formal y material para la procedencia del recurso de reclamación es menester que lo controvertido produzca a la parte recurrente una afectación directa e inmediata a su esfera de derechos, como en ese sentido también lo interpretó la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, en cuanto a que la procedencia de los recursos "debe interpretarse en consonancia con los principios básicos del juicio constitucional, entre los que se encuentra el de agravio personal y directo, como condición indispensable tanto para la procedencia del juicio como de los recursos que la Ley contempla dentro de éste, sin que baste, por consiguiente, la sola calidad de parte".

Interpretación que adicionalmente es congruente al sentido de lo dispuesto por el numeral 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que el recurso de reclamación se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios; esto es, conforme a dicha norma es imprescindible que lo impugnado irrogue a las aquí reclamantes alguna transgresión que directa e inmediatamente afecte sus derechos para que esté en posibilidad de controvertir tal afectación.

En el caso, como se precisó, los quejosos interponen recurso de reclamación contra el proveído de trámite de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo penal **********, por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional; específicamente en la parte en donde ordena emplazar a juicio por edictos al tercero interesado **********; requiere a los quejosos para que dentro del plazo de veinte días comparezcan al tribunal, por conducto de sus autorizados, a recogerlos; los entreguen para su publicación; y acrediten las gestiones realizadas para tal efecto; apercibidos que en caso de omisión, la demanda se tendrá por no presentada.

Lo anterior, refleja que se cumple el primer requisito de procedencia, en razón de que la emisión del acuerdo recurrido, es con la finalidad de lograr el emplazamiento de uno de los terceros interesados, lo que resulta necesario para que el juicio de amparo pueda ser admitido; aspecto que evidencia que se trata de un acuerdo de trámite.

También se cumple el segundo requisito de procedencia, ya que el auto de trámite es dictado por el magistrado presidente de este tribunal.

Sin embargo, dicho proveído carece del tercer requisito que permita su impugnación mediante el recurso de reclamación, en la medida en que no irroga un perjuicio en la esfera jurídica de los quejosos, ya que únicamente ordena la publicación de edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado **********.

Y si bien, el auto recurrido contiene un apercibimiento de tener por no presentada la demanda, en caso de incumplir lo ordenado en relación con la publicación de los edictos; lo cierto es que esa decisión no materializa un perjuicio en forma actual, pues aún no se ha adoptado y dependerá de la actitud procesal de los aquí recurrentes, lo que evidencia que no se ha definido, restringido o anulado algún derecho.

De ahí que el perjuicio en la esfera jurídica de los quejosos sólo se producirá en el eventual caso de que se estime incumplido el requerimiento y se haga efectivo el apercibimiento; esto es, se tenga por no presentada la demanda, supuesto en el cual podrá impugnarse esa determinación y analizarse la legalidad de dicho procedimiento de emplazamiento.

Es importante destacar que el planteamiento de los recurrentes en el escrito de reclamación, tiene por objeto que se analice su situación económica para determinar si la publicación de edictos debe hacerse o no a su cargo; sin embargo, en el proveído recurrido tampoco se resolvió sobre ese tópico, incluso no hay pronunciamiento al respecto al no haberse planteado ante la presidencia esa situación.

Además, al vencerse el plazo, el magistrado presidente está en aptitud de considerar, a la luz de la totalidad los indicios que se adviertan del juicio y manifestaciones hechas valer por los quejosos, que la publicación de edictos, se realice a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, lo que no se prejuzga; de ahí que si bien en el auto impugnado en principio se ordena la publicación de edictos como carga procesal en favor de los quejosos, lo cierto es que no se trata de un pronunciamiento definitivo sobre a cargo de quien se realizará dicho trámite.

Al tema, resulta aplicable la tesis CXXIII/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) de contenido subsecuente:

"PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso."

En ese tenor, el auto combatido no define algún derecho de los quejosos, lo restringe o anula y, por ende, es improcedente el recurso de reclamación que se interpone en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, ya que el referido acuerdo no ocasiona un perjuicio a los recurrentes, pues a través de éste, únicamente se estableció que los accionantes, por conducto de sus autorizados, debían comparecer dentro del plazo de veinte días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, ante este tribunal, con identificación oficial y vigente, a recoger los edictos ordenados; los entreguen para su publicación y acrediten las gestiones realizadas al efecto, con el apercibimiento que de ser omisos se tendrá por no presentada la demanda.

Es decir, ello implica que la presidencia de este órgano jurisdiccional aún no se ha pronunciado, en definitiva, sobre la procedencia o no de la publicación de edictos a cargo del inconforme, aspecto que incluso no le ha sido planteado.

En consecuencia, el recurso de reclamación interpuesto en contra de la parte conducente del acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, es improcedente, pues no ocasiona un perjuicio o agravio a los quejosos.

Aplica la tesis II.3o.P.27 K (10a.) de este tribunal,(6) de rubro y texto siguientes:

"RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO POR EDICTOS. De conformidad con el artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación es el medio de defensa idóneo para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, cuya resolución corresponde al Pleno de dicho órgano. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/2019 (10a.), de título y subtítulo: ‘RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.’, precisó que los presupuestos procesales necesarios para su procedencia son, precisamente, que el auto recurrido sea uno de trámite y que se haya dictado por el presidente del órgano. No obstante, adicionó, tratándose del aspecto material –como sucede con cualquier otro medio de impugnación– es necesario que el auto o proveído que se pretenda recurrir ocasione un perjuicio o agravio a las partes, ya sea porque en él se defina, se restrinja o se anule un derecho. En ese sentido, este último requisito no se actualiza respecto del auto de presidencia que ordena el emplazamiento por edictos del tercero interesado, porque no ocasiona un perjuicio con su emisión, pues sólo pone de manifiesto que el quejoso, por conducto de alguno de sus autorizados, debe comparecer dentro del plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, ante el tribunal, con identificación oficial y vigente, a recoger los edictos ordenados, los entregue para su publicación y acredite las gestiones realizadas al efecto, con el apercibimiento que de ser omiso se tendrá por no presentada la demanda. Es decir, el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso sólo se producirá cuando por estimar incumplido el requerimiento, se haga efectivo ese apercibimiento y, por ende, se tenga por no presentada la demanda."

No obsta para resolver en los términos en que se hace, la circunstancia de que por acuerdo de presidencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se admitiera a trámite el presente medio de impugnación, porque esa determinación se pronuncia para efectos de trámite y bajo un análisis preliminar de procedencia, que no causa estado, menos obliga o vincula al Pleno de este órgano jurisdiccional.

Aplica la jurisprudencia VI.1o.P. J/53, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito(7) que dice:

"AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos."

Similar criterio al aquí adoptado, se sostuvo en la resoluciones emitidas en los recursos de reclamación **********, **********, **********, ********** y **********, al establecer que en contra del auto de presidencia que ordena el emplazamiento por edictos de los terceros interesados y, por ende, requiere al solicitante de amparo para que los recoja, es improcedente el recurso de reclamación, en atención a que no ocasiona, por sí mismo, ningún agravio al quejoso.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 80 y 104 de la Ley de Amparo, así como 38, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:

RESUELVE

ÚNICO. Es IMPROCEDENTE el recurso de reclamación interpuesto por los quejosos ********** y **********, en contra del acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, pronunciado en el amparo directo ********** del índice de este Tribunal.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos a la secretaría de acuerdos de este tribunal para que se realicen los trámites respectivos; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia deberá estar disponible en versión pública, en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes, al no constar en actuaciones consentimiento expreso para su tratamiento, en términos de lo que estatuyen los numerales 7 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y hecho lo anterior archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resuelve el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados Humberto Venancio Pineda (presidente), Ricardo Paredes Calderón y Raúl Valerio Ramírez (ponente), quienes firman electrónicamente con el secretario Juan Manuel Parra Chávez, que da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicables, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

2. Criterio que campea en la jurisprudencia 33/2016, que dice: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 104 de la Ley de Amparo establece que el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Bajo ese contexto, si bien el acuerdo presidencial que ordena dar vista al quejoso respecto de la posible actualización de una causal de improcedencia advertida de oficio por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, en términos del artículo 64 de la ley citada, es una determinación de trámite desde el punto de vista formal, lo cierto es que desde el punto de vista material carece de las condiciones que permitan impugnarlo y, por ende, el recurso de reclamación interpuesto en su contra es improcedente cuando se combata dicha vista. Lo anterior, porque éste no contiene una decisión autónoma, sino que se emite en cumplimiento de una determinación adoptada por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito cuyas decisiones son inatacables, por lo que su estudio no podría alcanzar a esa resolución; asimismo, no es definitivo, pues no contiene pronunciamiento en torno a si se tiene o no por actualizada la causal de improcedencia advertida, cuya cuestión corresponde resolver al Pleno del órgano jurisdiccional en sentencia definitiva y, finalmente, tampoco causa perjuicio alguno al quejoso, sino por el contrario, le brinda la oportunidad, en aras de respetar su derecho de audiencia, de exponer lo que a su derecho convenga en relación con la posible actualización de una causal de improcedencia, como última oportunidad procesal de controvertir algún aspecto novedoso. No obstante, el medio aludido procede cuando el acuerdo recurrido incorpore otros elementos distintos al acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito o se aleguen vicios propios de la vista ordenada.". Registro electrónico: 2013366, y consultable en la página 7 del Libro 38, de enero de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

3. Lo que incluso llevó a emitir la jurisprudencia P./J. 33/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 7, registro: 2013366, de rubro: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO."

4. De Pina Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Trigésima séptima edición. México 2013.

5. Consultable en la página 1110, Tomo II, marzo de 2015, libro 16, registro digital: 2008746 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

6. Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32601-e19131c1/recurso-de-reclamacion-en-amparo-directo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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