RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 175, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL PREVER QUE EN EL MISMO ESCRITO EN QUE SE HAGA VALER SE DESIGNE AL PERITO RESPECTIVO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 227/2024. PUEBLA ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 24 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 227/2024, interpuesto contra la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 288/2023.
El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación vulnera el derecho de audiencia.
I. ANTECEDENTES
1. Juicio de nulidad. Puebla Especialidades Industriales, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de nulidad en contra de lo siguiente:
(...)
II. RESOLUCIONES IMPUGNADAS (sic): La resolución contenida en el oficio 400-73-00-02-07-2018- 6734 de 02 de julio de 2018, mediante la cual se pretende dar cumplimiento a la sentencia de 31 de enero de 2018, dictada por la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio 27900/16-17-14-7, y por la cual se da a conocer el avalúo de 22 de agosto de 2016, realizado sobre la marca tipo mixta, clase 30, tipo de clase 9, denominación Puebla Especialidades Industriales y diseño con número de registro (...), la cual causa agravio a mi mandante en materia fiscal.
III. AUTORIDADES DEMANDADAS:
a) Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (sic) ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria.
b) En términos del artículo 3o., fracción II, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
2. Registro. Del juicio conoció la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que en acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, lo registró con el número de expediente 21123/18-17-09-8.
3. Admisión. Previo desahogo de requerimiento, en acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, la Sala del conocimiento admitió a trámite la demanda.
4. Ampliación de demanda. Seguida la secuela procesal, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, la empresa actora amplió su demanda de nulidad, la que fue acordada por el órgano del conocimiento el treinta del mismo mes y año.
5. Contestación. En consecuencia, la autoridad demandada dio contestación a dicha ampliación, en tanto la Sala referida dictó proveído el cuatro de marzo de dos mil diecinueve.
6. Honorarios. Posteriormente, en acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la Sala del conocimiento informó que el perito tercero en materia de valuación de bienes informó el monto de sus honorarios, por lo cual se solicitó a la sociedad actora y a la autoridad demandada, la exhibición de billete de depósito, respectivamente.
7. Requerimiento. De nueva cuenta, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Sala requirió a la parte actora para que exhibiera el billete de depósito, a efecto de pagar los honorarios del perito.
8. Multa y requerimiento. Seguido el trámite, en actuación de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Sala Regional determinó que, ante la omisión de la moral actora de exhibir el billete de depósito correspondiente, se hacía efectivo el apercibimiento decretado y se impuso una multa. Asimismo, requirió por última ocasión a la parte actora a efecto de que exhibiera el billete de depósito, apercibida que, de no hacerlo, se tendría por desierta la prueba pericial en materia de valuación.
9. Resolución. Una vez sin trámite por desahogar, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
I. Resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, por lo que no se sobresee en el juicio.
II. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción en el proceso en que se actúa, en consecuencia;
III. Se declara la nulidad de la resolución impugnada por los motivos, fundamentos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
10. Juicio de amparo. Inconforme, Puebla Especialidades Industriales, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo en el que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los que a continuación se precisan:
Autoridad Responsable: Tiene tal carácter la H. Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sentencia definitiva impugnada: Tiene tal carácter la sentencia definitiva de 28 de febrero de 2023, dictada por la H. Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
11. Entre otras cuestiones, la moral quejosa hizo valer los siguientes argumentos:
• Que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación transgrede lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de audiencia, ya que no establece un plazo para que una vez presentado el recurso de revocación, el particular, pueda designar al perito valuador o en su caso pueda ser requerido por la autoridad para que lo presente.
• Alega lo anterior porque el artículo al establecer que si presentado el recurso no se designa perito se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad, lo que deja sin defensa al particular al no permitirse que ofrezca un perito para desvirtuar lo asentado por el diverso experto.
• Asimismo, señaló que el hecho de que no se establezca una prevención para que el particular pueda ofrecer un perito, genera un estado de indefensión, pues previamente a que sólo sea tomado en cuenta el avalúo de la autoridad, se le tiene que permitir el ofrecimiento de perito para que rinda el dictamen dentro del procedimiento y pueda ser desvirtuado el de la autoridad.
• Enfatiza que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación es contrario al numeral 14 de la Carta Magna, debido a que no se le dio la oportunidad de nombrar un perito valuador, una vez presentado el recurso de revocación.
• De igual manera, la quejosa planteó diversos conceptos de violación relacionados con aspectos de legalidad.
12. Trámite ante el tribunal colegiado. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que, en acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, registró el expediente 288/2023 y requirió al representante legal de la quejosa para que ratificara la firma contenida en el escrito inicial de demanda.
13. Desahogo de requerimiento. En acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional tuvo por desahogado el requerimiento formulado en el párrafo anterior.
14. Admisión. En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo. Asimismo, se reconoció el carácter de terceros interesados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México "2" de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria y al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
15. Sentencia de amparo. Tramitado el juicio, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia que culminó con el resolutivo siguiente:
ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Puebla Especialidades Industriales, sociedad anónima de capital variable, contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 21123/18-17-09-8.
16. Entre otras cuestiones, en relación con las consideraciones de constitucionalidad, el tribunal colegiado expuso, en esencia:
• Que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación no es violatorio del derecho fundamental de audiencia previsto en el numeral 14 de nuestra Carta Magna.
• Refirió que el artículo tildado de inconstitucional establece el procedimiento a seguir para determinar la base para enajenación de los bienes inmuebles embargados, el que será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial.
• Sostuvo que la quejosa hizo depender el reclamo de inconstitucionalidad del hecho de que el numeral 175 no establece un plazo para que el particular, una vez presentado el recurso de revocación, pueda designar al perito valuador o en su caso pueda ser requerido por la autoridad para que lo presente, pues al establecer que presentado el recurso no se designa perito se tendría por aceptado el avalúo hecho por la autoridad, lo cual, desde luego deja sin defensa al particular al no permitirse que ofrezca un perito para desvirtuar lo asentado por el perito de la autoridad.
• Sin embargo, que contrariamente a lo expuesto por la quejosa, el derecho humano de audiencia es respetado en la disposición jurídica reclamada, en específico, en su párrafo segundo, debido a que se prevé la posibilidad de que los contribuyentes que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b), del artículo 117, en relación con el precepto 127 del Código Fiscal de la Federación, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en su Reglamento o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes.
• Consideró que basta con que consigne la norma el derecho de impugnación y la posibilidad de designar perito valuador para satisfacer la garantía de audiencia, sin que la consecuencia que deriva de no interponer el recurso o no designar perito valuador signifique infracción a dicha garantía dado que la referida consecuencia surge del actuar del embargado o de terceros acreedores, de ejercer o no el derecho previsto en la norma.
• Por ende, determinó que no era necesario que el numeral prevea de manera expresa el plazo para que, una vez interpuesto el recurso de revocación, el particular pueda designar perito valuador.
• Además, determinó que no es obligación del legislador establecer todos los supuestos casuísticos o hipotéticos que satisfagan las pretensiones de los gobernados, en razón de que basta que se precisen las cuestiones generales de las normas jurídicas; de ahí que se considerara infundado el motivo de disenso planteado por la moral quejosa.
• Posteriormente, declaró infundados los conceptos de violación relacionados con cuestiones de legalidad.
17. Recurso de revisión. El quince de diciembre de dos mil veintitrés, Puebla Especialidades Industriales, sociedad anónima de capital variable por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión.
18. Esencialmente, la inconforme hizo valer los siguientes motivos de disenso:
• Que la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, a través de la cual se declaró infundado el argumento de inconstitucionalidad referente al artículo 175 del Código Fiscal de la Federación, es ilegal ya que se considera que se dictó en contravención a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo.
• Refiere que el tribunal colegiado no estudió de manera correcta el concepto de violación tendente a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación, ya que vuelve a hacer alusión, a que lo que sostuvo fue que el referido numeral no establece un plazo para que el particular una vez presentado el recurso de revocación, pueda designar al perito valuador o en su caso pueda ser requerido por la autoridad para que lo presente en caso de no haberlo designado.
• Que con el artículo multicitado se transgreden los derechos fundamentales de la empresa hoy recurrente, ya que el hecho de que la norma no establezca un plazo para que, una vez interpuesto el recurso, el particular pueda designar válidamente a su perito, o que el particular pueda ser requerido por la autoridad para el perfeccionamiento de la prueba, es evidente que viola el derecho fundamental de audiencia ya que no se permite al particular ser oído y vencido en un procedimiento.
• Por otro lado, afirma que el órgano colegiado no puede resolver la cuestión planteada, pues existe una garantía de audiencia inmersa en el artículo 175 al sostener que "no es obligación del legislador establecer todos los supuestos casuísticos o hipotéticos que satisfagan las pretensiones de los gobernados", pues basta que sólo precise las cuestiones generales de las normas jurídicas. Ello porque le otorga un menor alcance al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional.
• Agrega que se deja en estado de indefensión, al no saber las razones y motivos por los cuales no se valoró correctamente el argumento expuesto, lo cual se ocasionada a raíz de que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación no establece un plazo para la designación de perito.
19. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de este Alto Tribunal registró el amparo directo en revisión con el número 227/2024 y lo admitió a trámite; radicó el expediente en esta Segunda Sala y turnó el asunto para su estudio a la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
20. Recurso de revisión adhesiva. El veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, el Secretario de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de revisión adhesiva.
21. Avocamiento y revisión adhesiva. Por acuerdo de tres de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibidos los autos, se avocó al conocimiento del asunto, se hizo el registro de ingreso correspondiente y ordenó devolver el expediente a la Ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución. En la misma actuación se admitió el recurso de revisión adhesivo en comento.
22. Publicación de proyecto. Finalmente, de conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos.
II. COMPETENCIA
23. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(1) de la Constitución Federal; 81, fracción II,(2) de la Ley de Amparo; 21, fracción IV,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación todas vigentes, y los Puntos Primero(4) y Tercero del Acuerdo General número 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
25. Es oportuna la presentación del recurso de revisión, ya que la sentencia recurrida de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por notificada el treinta de noviembre de dos mil veintitrés a la hoy empresa recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, ésta surtió efectos al día siguiente, en consecuencia, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la ley de la materia, transcurrió del cuatro al quince ambos de diciembre de dos mil veintitrés.(6)
26. Por tanto, si el presente recurso se interpuso el quince de diciembre de dos mil veintitrés, se presentó dentro del plazo para tal efecto.
27. Ahora bien, respecto del recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad tercero interesada, de las constancias se advierte que el proveído que admitió a trámite el recurso de revisión de quince de enero de dos mil veinticuatro, se notificó mediante constancia electrónica el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, actuación que surtió efectos el mismo día, así que el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo transcurrió del veinte de marzo al uno de abril de dos mil veinticuatro.(7)
28. Consecuentemente, si el pliego de agravios de la revisión adhesiva se interpuso el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, su interposición es oportuna.
29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. LEGITIMACIÓN
30. Esta Segunda Sala considera que José Luis Segura González, representante legal de Puebla Especialidades Industriales, sociedad anónima de capital variable, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, ya que dicha calidad le fue reconocida en el juicio de amparo 288/2023 del índice del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés.
31. Por su parte, Juan Carlos Pinson Guerra, en su carácter de Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, quien firma el recurso por ausencia de los Directores Generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, todos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, cuenta con facultad para interponerlo.
32. Lo anterior con fundamento en los artículos 2, párrafo primero, apartado B, fracción XXVIII, incisos a), b) y c), penúltimo párrafo; 72, fracciones I y VI; 75, fracción I, y 105, octavo y décimo noveno párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(8)
33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
34. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo. Conclusión que se sustenta en las siguientes consideraciones:
35. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo está regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II(9) y 96,(10) de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
36. De la lectura de tales preceptos se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno salvo que las sentencias:
a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;
b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o
c) Hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo. 37. Estos requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en los juicios de amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional.
38. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
39. Incluso, de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año, se desprende que la intención del legislador al prever como requisito un "interés excepcional" en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecer su función como Tribunal Constitucional.
40. En vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del presente asunto, es posible advertir que se cumple el primer requisito de procedencia, toda vez que en el caso subsiste un planteamiento de constitucionalidad consistente en determinar si el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación vulnera el derecho de audiencia.
41. De igual manera, el caso reviste un interés excepcional porque el examen del tema de constitucionalidad podrá dar lugar a un criterio novedoso y de relevancia para el orden jurídico nacional, en relación con el pronunciamiento sobre regularidad constitucional del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación.
42. En efecto, su análisis dará lugar a esclarecer si el texto del numeral en cita respeta el derecho de audiencia, ya que, a juicio de la quejosa, al no prever un plazo específico para ofrecer al perito valuador, deja al embargado o a los terceros acreedores en estado de indefensión, en caso de no estar de acuerdo con la valuación efectuada por la autoridad en el procedimiento de enajenación de bienes inmuebles.
43. Cabe hacer mención que, en la revisión adhesiva, la autoridad recurrente afirma que los razonamientos de la quejosa expuestos en el recurso principal no constituyen planteamientos a través de los que combata una cuestión propiamente constitucional del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación, puesto que se limita a señalar que con base el numeral en comento, le negaron la posibilidad de designar un perito.
44. Además, la autoridad refiere que, si bien no existe un precedente de este Alto Tribunal al respecto, lo cierto es que la pretensión de la quejosa consiste en que se analice nuevamente la legalidad del oficio 400-73-00-02-07-2018-6734 de dos de julio de dos mil dieciocho, lo que no actualiza el supuesto de procedencia en esta instancia.
45. Esta Segunda Sala considera que deben analizarse tales cuestiones, en virtud de que están estrechamente relacionadas con la procedencia del recurso.(11)
46. Los argumentos de la revisionista adherente son infundados.
47. Se dice lo anterior porque la calificativa radica en que, como se dijo, los argumentos planteados por las quejosas sobre regularidad constitucional del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación podrán esclarecer si el texto del numeral en cita respeta el derecho de audiencia.
48. De igual manera, podrá dar lugar a un criterio novedoso y de relevancia para el orden jurídico nacional, en relación con el pronunciamiento sobre regularidad constitucional del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación.
49. Asimismo, como se analizará en los párrafos respectivos, los argumentos de la quejosa combaten la constitucionalidad del texto del artículo de que se trata, pues el reclamo gira en torno a si el numeral restringe o no, el derecho de los contribuyentes a designar un perito en el recurso de revocación interpuesto en contra de la valuación de los bienes embargados.
50. Consecuentemente, a juicio de este Alto Tribunal, el recurso de revisión reúne los requisitos necesarios para su procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo.
51. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VI. MATERIA DE LA LITIS
52. El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación vulnera el derecho de audiencia.
53. Para la resolución del asunto, se transcribe el artículo en referencia:
Artículo 175. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este Código, en los demás casos, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo practicado.
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 117, en relación con el 127 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes.
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo establecido en el artículo 127 de este Código, o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.
Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10 % al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes.
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles, diez días si son inmuebles y quince días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.
VII. ESTUDIO DE FONDO
54. Como se explicó, en los agravios la quejosa esencialmente aduce que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación vulnera el derecho de audiencia, dado que, no está previsto un plazo para que, en el recurso de revocación, se ofrezca el perito del embargado o de los terceros acreedores.
55. Refiere que, si bien el tribunal colegiado explicó que el numeral no vulnera la garantía de audiencia, dado que en términos de la fracción II, inciso b), del artículo 117, en relación con el 127 del Código Fiscal de la Federación, posee la oportunidad de interponer la revocación y así, ofrecer el perito correspondiente, lo cierto es que no contesta de manera frontal su reclamo; es decir, que no prevé un plazo dentro del recurso ordinario.
56. Por ello, la disidente aduce que en la sentencia recurrida no se observó el contenido del numeral 74 de la Ley de Amparo, dado que el tribunal a quo respondió de forma genérica a sus aseveraciones.
57. Los agravios son infundados.
58. Se observa que, al resolver sobre la inconstitucionalidad planteada, el tribunal colegiado determinó que el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación respeta el derecho de audiencia, debido a que prevé la posibilidad de que los contribuyentes que no estén conformes con la valuación, a hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b), del artículo 117, en relación con el numeral 127 del mencionado código.
59. Además, indicó que basta con que consigne la norma el derecho de impugnación y la posibilidad de designar perito valuador para satisfacer el derecho de audiencia, sin que la consecuencia que deriva de no interponer el recurso o no designar perito valuador signifique infracción a dicha garantía, dado que la referida consecuencia surge del actuar del embargado o de terceros acreedores, de ejercer o no el derecho previsto en la norma.
60. Contrariamente a lo que señala la quejosa, se desprende que, aunque de manera lacónica, en la sentencia sí se señala el momento para que los contribuyentes ofrezcan el perito valuador. No obstante, con la finalidad de dar una respuesta íntegra al planteamiento de inconstitucionalidad, esta Segunda Sala destaca lo siguiente:
61. Como punto de partida, en el presente caso debe hacerse una precisión:
62. Los motivos de disenso giran en torno a que el tribunal colegiado fue omiso en explicar que: una vez interpuesto el recurso de revocación ¿qué plazo poseen los contribuyentes para designar al perito?
63. Pues bien, el artículo 175, párrafo segundo(12) del Código Fiscal de la Federación establece que el embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 117, en relación con el precepto 127 de dicho Código, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento o alguna empresa o institución dedicada a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32674-59393ba8/recurso-de-revocacion-previsto-en-el-articulo-175 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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