RECURSO DE REVOCACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 133-A, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA. RECURSO DE REVOCACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 133-A, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2768/2025. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2768/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 413/2024.
El problema jurídico que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Revisión de gabinete. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se dio a conocer a la promovente el oficio de observaciones **********, derivado de la revisión de gabinete que se ejerció en su contra.
2. Resolución determinante. Una vez desahogado el oficio de observaciones, el Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “4”, en suplencia del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “1” del Servicio de Administración Tributaria emitió la resolución contenida en el oficio **********, con número de expediente **********, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en que se determinó a cargo de la promovente un crédito fiscal en cantidad total de $**********, (**********,), así como un reparto de utilidades de $**********, (**********,).
3. Recurso de revocación. Inconforme con la resolución, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el sentido de declararlo parcialmente fundado y se dejó insubsistente la resolución determinante del crédito fiscal, ordenando a la autoridad emitir otra nueva, debidamente fundada y motivada, en que tomara en consideración las pruebas exhibidas en el recurso de revocación, dejando a salvo sus facultades para requerir información relacionada con dichas probanzas.
4. Solicitud de información a terceros. En cumplimiento, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “1” del Servicio de Administración Tributarias emitió una solicitud de información y documentación a terceros (compulsas), la cual fue desahogada el cinco de abril de dos mil veintiuno.
5. Resolución emitida en cumplimiento. Toda vez que se desahogó en tiempo y forma la solicitud de información y documentación mencionada, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se notificó a la actora la resolución determinante de crédito fiscal, contendida en el oficio **********, de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en que el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “1” del Servicio de Administración Tributaria nuevamente le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $**********, (**********,), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de dos mil catorce y un reparto adicional de utilidades.
6. Juicio de nulidad. Inconforme con la decisión, la quejosa promovió demanda de nulidad, que le correspondió conocer a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el juicio de nulidad 16341/21-17-06-7; y, el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, emitió sentencia en que declaró nulo el acto impugnado, así como el diverso primigeniamente recurrido, para el efecto de que se emitiera una nueva resolución en la que considerara que la cantidad de $**********, (**********,), sí se encuentra debidamente registrada en la contabilidad, por lo que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
7. Demanda de amparo directo. Al no satisfacer la sentencia de la Sala en su totalidad su interés, el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sacamo Agente de Seguros y de Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia de veintiséis de enero del citado año, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 16341/21-17-06-7.
8. En la demanda, la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación, al estimar que transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal en vista de que otorga facultades a las autoridades de realizar compulsas con terceros, de manera posterior a la emisión de la resolución del recurso de revocación, sin notificar su contenido, ni emitir nuevo oficio de observaciones, previo a la nueva resolución determinante, violándose su derecho de defensa.
9. Sentencia del Tribunal Colegiado. Conoció de la demanda de amparo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el expediente DA-413/2024, tuvo con el carácter de terceros interesados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Jefe y al Administrador Desconcentrado Jurídico de la Ciudad de México “1” de la Administración General Jurídica, ambos del Servicio de Administración Tributaria, y a Beatriz Marín Suárez, por ser contraparte en el procedimiento del que derivó el acto reclamado.
10. Posteriormente, el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que resolvió negar el amparo, y se resolvió que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación no era violatorio de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional.
11. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, el siete de abril de dos mil veinticinco, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en que reitera que es inconstitucional el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación.
12. Trámite ante esta Suprema Corte. En acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso y lo registró bajo el expediente 2768/2025; asimismo, ordenó reservar el turno del asunto hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente.
13. Revisiones adhesivas. Mediante auto de treinta de junio de dos mil veinticinco, se admitieron los recursos de revisión adhesiva interpuestos por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) “1” y la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
14. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
15. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y el 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(1) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
16. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(2) de la Constitución Federal, 81, fracción II,(3) de la Ley de Amparo y 16, fracción IV,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
II. OPORTUNIDAD
17. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia recurrida fue notificada a la parte quejosa el veinte de marzo de dos mil veinticinco, notificación que surtió efectos el lunes veinticuatro siguiente. Por tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del martes veinticinco al lunes siete de abril siguiente, descontando en el cómputo el viernes veintiuno, sábados veintidós y veintinueve y domingos veintitrés y treinta de marzo, así como el sábado cinco y domingo seis de abril del citado año por ser inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Entonces, si el recurso de revisión se presentó el siete de abril de dos mil veinticinco, se concluye que se interpuso de forma oportuna.
19. Asimismo, los recursos de revisión adhesivas fueron interpuestos en tiempo, esto es, dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 82 de la Ley de Amparo, ya que la notificación del recurso principal se realizó a las autoridades adherentes el martes diecisiete de junio de dos mil veinticinco, en que surtió efectos, por lo que el citado plazo transcurrió del miércoles dieciocho al martes veinticuatro del mencionado mes y año, descontando en el cómputo el sábado veintiuno, domingo veintidós de ese mes y año, por ser inhábiles en términos de los numerales antes citados.
20. Por ende, si los escritos de agravios se presentaron el martes veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, se concluye que son oportunos.
III. LEGITIMACIÓN
21. Este Pleno de la Suprema Corte considera que el recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, pues lo interpuso el representante legal de la parte quejosa, personalidad que le fue reconocida en auto de once de julio de dos mil veinticuatro en el juicio de amparo directo 413/2024.
22. Asimismo, quien firma el recurso de revisión adhesiva, esto es, Víctor José Banda Herrera, en su calidad de Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia de la Directora General de Amparos contra Leyes, quien suple la ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, todos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuenta con facultad para interponerlo.
23. Lo anterior con fundamento en los artículos 4, párrafo primero, apartado D, fracción II, incisos a), b), c) y último párrafo, 28, fracciones I, IV, VI, VII y XXI, 28 A, fracciones XIV y XV, 28 E, fracciones I y II, y 50, séptimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(5)
24. Por otro lado, el recurso de revisión adhesiva del Jefe del Servicio de Administración Tributaria lo firma Omar Jiménez Aldama, en su calidad de Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “1”, con sede en la Ciudad de México del mencionado órgano desconcentrado, el cual cuenta con facultades para interponerlo.
25. Lo anterior con fundamento en los artículos 1, párrafo 1 y 2, apartado C, 6, apartado A, fracción XXXII, inciso a), 35, fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, y 37, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.(6)
III. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
26. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso reúne los requisitos para su procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo, como se explica a continuación.
27. Los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo encuentran su fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
28. De esos preceptos se advierte que las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que reúnan las características siguientes:
a) Que subsista un problema de constitucionalidad de normas generales;
b) Que en la sentencia recurrida se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o
c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse sobre los aspectos precisados en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto constitucional.
29. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.
30. Adicionalmente, se destaca que, a partir de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, así como lo previsto en la última parte de la fracción IV del artículo 16 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el recurso de revisión en amparo directo resulte procedente es necesario que el mismo, a juicio de este Alto Tribunal, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
31. Lo previsto en tales normas tienen como propósito fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiéndole concentrarse en el conocimiento de los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional y de trascendencia o interés excepcional.
32. En el caso que nos ocupa, se observa que se cumple con el primer requisito de procedencia debido a que la quejosa planteó –desde la demanda de amparo– la inconstitucionalidad del artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación, principalmente, porque transgrede su garantía de audiencia y el principio de seguridad jurídica, ya que establece el procedimiento en particular para requerir información a terceros sin prever las etapas subsecuentes para valorar y llegar a una conclusión en torno a la información proporcionada por los terceros, o en su caso, dar vista con esas actuaciones o información de los terceros para manifestar lo que en derecho corresponda; de ahí que sea contrario a la Constitución Federal.
33. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado calificó como infundados los argumentos del quejoso al considerar que el hecho de que el artículo 133-A, párrafo primero, fracción I, inciso a), en su tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación no establezca el procedimiento que debe seguir la autoridad para la suspensión de plazos cuando se solicita información o documentación a terceros, no transgrede la garantía de audiencia ni el principio de seguridad jurídica previstos en el artículo 14 Constitucional, porque la autoridad se encuentra obligada, en términos de dicho precepto, a seguir el procedimiento para requerir información o documentación en términos de los artículos 42-A y 46-A del Código Fiscal de la Federación, además de que el precepto legal prevé que el plazo de cuatro meses se reanudará una vez que se cuente con la información o documentación requerida, el cual no puede exceder de cinco años contados a partir de la emisión de la resolución de revocación que se cumplimenta. Máxime que, tal como resolvió la extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 8/2003, de rubro: REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL,(7) el hecho de que la autoridad cumpla extemporáneamente con la resolución del recurso de revocación no se afecta la validez del nuevo acto emitido en acatamiento.
34. Concluyó el Tribunal Colegiado que no es inconstitucional el precepto reclamado porque únicamente regula las obligaciones de las autoridades fiscales para cumplir las resoluciones del recurso de revocación, entre las cuales, deriva el reponer el procedimiento administrativo el que deberá constreñirse a reparar la violación detectada conforme a la facultad fiscalizadora que se encuentre substanciando, considerando las reglas y plazos establecidos para ésta o emitir una nueva resolución conforme a los lineamientos establecidos en la resolución de revocación dentro del procedimiento de fiscalización que substanció.
35. En sus agravios, la quejosa controvierte el análisis realizado por el Tribunal Colegiado y reitera que, contrario a lo que resolvió, el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación sí es inconstitucional por violar el principio de seguridad jurídica y la garantía de audiencia.
36. En cuanto al segundo requisito, el interés excepcional se justifica porque, en el actual sistema de precedentes obligatorios no existe criterio vinculante en donde se haya analizado dicha norma en contraste con el principio de seguridad jurídica y garantía de audiencia, pues solo se ha examinado dicho precepto a la garantía de impartición de justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal,(8) por lo que se carece de un asunto que comunique, al resto de los órganos jurisdiccionales, con toda seguridad jurídica, cuál es el criterio vinculante en relación con la regularidad constitucional, bajo la arista propuesta por la quejosa. De ahí que el estudio del asunto permitirá fijar un criterio novedoso y relevante para el ordenamiento jurídico nacional.
37. Cabe hacer mención que, en la revisión adhesiva, las autoridades recurrentes afirman que no se actualiza el supuesto de procedencia en esta instancia, ya que existe el pronunciamiento por parte de la extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación.
38. Este Tribunal Pleno considera que deben analizarse tales cuestiones, en virtud de que están estrechamente relacionadas con la procedencia del recurso.(9)
39. Los argumentos de las revisionistas adherentes son infundados, en la medida en que, como se explicó en párrafos previos, al momento de justificar la procedencia del asunto, pese a que existe el citado criterio jurisprudencia, del índice de la extinta Segunda Sala, lo relevante es que no aborda de manera directa la problemática planteada, puesto que solamente se analizó la regularidad constitucional del artículo 133-A, del Código Fiscal de la Federación, bajo la perspectiva de que, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, si la autoridad fiscal cumple de manera extemporánea con la resolución del recurso de revocación, si dicha actuación tiene por efecto directo e inmediato producir la nulidad de la nueva resolución dictada en acatamiento, mientras que el tema a debate es si dicho precepto vulnera la garantía de audiencia y defensa adecuada y el principio de seguridad jurídica al no establecer el procedimiento para llevar a cabo la solicitud de información a terceros, en cumplimiento al recurso de revocación, y no se le corre traslado con esa nueva información a fin de combatirla, lo que afecta su defensa adecuada.
40. Por tanto, se reitera que el asunto sí reviste el carácter de novedoso y relevante para el ordenamiento jurídico nacional.
IV. ESTUDIO DE FONDO
41. En la demanda de amparo y en el único agravio, la quejosa sostiene que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación es contrario al principio de seguridad jurídica y a la garantía de audiencia y de defensa, en la medida en que:
• El artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales podrán, para efectos de emitir una nueva resolución definitiva en cumplimiento a un recurso de revocación, solicitar información a terceros para corroborar los datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, pero no establece el procedimiento en particular o específico que se debe seguir para requerir la información a terceros, sin que sea posible la aplicación del artículo 42-A del citado código, ya que éste se refiere al procedimiento de fiscalización, el cual ya concluyó; por ello si el referido numeral no establece las etapas subsecuentes para valorar y llegar a una conclusión sobre la información proporcionada por los terceros o, en su caso, dar vista a los contribuyentes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto de la información o documentación que proporcionen los terceros es contrario a lo que dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de audiencia.
• Asimismo, el precepto de forma dolosa no dispone la obligación a la autoridad demandada de valorar la información y documentación proporcionada por los terceros, ni mucho menos a llegar a una conclusión; por lo que es un precepto que establece un procedimiento inconcluso y contrario a lo que dispone el artículo 14 Constitucional; y, por ende, perjudica el derecho de audiencia al dejar al particular en estado de indefensión.
• Como el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación no establece un procedimiento específico, se debe seguir el procedimiento general del diverso 48 de ese ordenamiento, el cual obliga a que exista un oficio de observaciones a fin de que el particular se pueda defender y aportar las pruebas para desvirtuar las observaciones de la autoridad a fin de garantizar su derecho de defensa; de ahí que sea ilegal la determinación del Tribunal Colegiado de que se debe aplicar el procedimiento del diverso 42-A del código tributario federal.
• Que es ilegal la razón que expuso el Tribunal en el sentido de que no existía la obligación de la autoridad de emitir un nuevo oficio de observaciones respecto de las compulsas realizadas con terceros de la información proporcionada, ya que la revisión de gabinete no se conforma por dos etapas, procedimiento de fiscalización y determinación del crédito, sino que dichas compulsas no se ubican en ese ejercicio de facultad de comprobación, por lo que era necesario que se estableciera un procedimiento específico para ello, lo cual no regula el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que es inconstitucional.
42. Como se aprecia de la síntesis anterior, los argumentos de la parte quejosa parten de la premisa de que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad hacendaria, en la fase de cumplimiento de un recurso de revocación, a solicitar información de terceros, como sería la compulsa de información, por lo que debe regular dicha atribución y establecer el procedimiento que debe seguir la autoridad, entre ellos, la obligación de hacerle del conocimiento el resultado de tales requerimientos a fin de que haga valer su garantía de audiencia, sumado a que debería fijar los parámetros de valoración de esa información a afecto de emitir la nueva resolución en cumplimiento.
43. Efectivamente, la quejosa asume que el precepto combatido, al regular una atribución -posibilidad de que, en cumplimiento a un recurso de revocación, la autoridad fiscal solicite información a terceros a fin de corroborar datos relacionados con sus operaciones-; entonces, debe establecer el procedimiento concreto para ejecutarla, así como la posibilidad de que se corra traslado al contribuyente con dichos documentos a fin de que pueda llevar a cabo su garantía de audiencia, al ofrecer las pruebas y alegar lo conducente, previo a la emisión del nuevo acto dictado en cumplimiento al recurso de revocación y, además, señalar los parámetros del valor probatorio de tales documentos, por lo que, al no regular ese procedimiento específico y la posibilidad de ejercer su garantía de audiencia, es contrario a la Constitución Federal.
44. Sin embargo, los planteamientos de la quejosa son infundados, ya que parten de premisas incorrectas, como se explica enseguida.
45. Inicialmente, es necesario informar el contenido del precepto combatido.
Código Fiscal de la Federación
Artículo 133-A. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente:
I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, éstos se pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.
a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios de procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.
En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código.
En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de tres meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos de suspensión a que se refiere el artículo 46-A de este Código, tampoco se contará dentro del plazo de tres meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto, según corresponda, sin que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que se haya emitido la resolución.
Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar un nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución impugnada.
Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada sin señalar efectos.
b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede.
Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.
Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla.
II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso el nuevo acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la resolución recurrida.
Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.
Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo empezarán a correr a partir de que hayan transcurrido los treinta días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto medio de defensa.
46. Como se aprecia del contenido íntegro del precepto, éste regula los términos en que la autoridad fiscal debe acatar una resolución recaída a un recurso de revocación, atendiendo al tipo de ilegalidad advertida y los efectos precisados por la autoridad que lo resolvió, que se dividen en dos grandes grupos, violaciones de fondo y de forma.
47. Para el caso de que las primeras, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33908-4fa3d59c/recurso-de-revocacion-en-sede-administrativa-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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