DIFERENCIAS SALARIALES Y/O PENSIONARIAS. PUEDE CONDENARSE A SU PAGO ACOTADO POR UN PERIODO QUE ABARQUE HASTA LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL LAUDO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 125/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos:
Los órganos contendientes abordaron un mismo punto de derecho y, llegaron a conclusiones diversas, a saber:
¿En los laudos se pueden imponer condenas al pago de diferencias salariales y/o pensionarias, acotadas por un periodo que solamente abarque hasta la fecha de la presentación de la demanda natural –como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito–, o bien, dicho periodo puede extenderse hasta la fecha de cumplimiento del laudo –como lo estima el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito?
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
En la que se resuelve la contradicción denunciada entre los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 273/2022 de donde derivó la tesis aislada XVI.1o.T.6 L (11a.);(1) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito al fallar los juicios de amparo directo 828/2023 y 882/2023.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia. El Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios mencionados en el párrafo anterior.
2. Trámite. La ministra presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y turnó el expediente al ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución.
3. Posteriormente, esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
II. COMPETENCIA
4. Esta Sala es competente para resolver el presente asunto, con apoyo en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 1/2023 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción V.
5. Esto, toda vez que los criterios denunciados como contendientes pertenecen a la materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
6. Además, dichos criterios fueron sustentados por órganos jurisdiccionales de distintas regiones, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito pertenece a la región centro-sur,(2) mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito integra la región centro-norte,(3) lo que actualiza la competencia de esta Sala para conocer del presente asunto.
III. LEGITIMACIÓN
7. El Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito está legitimado para denunciar la presente contradicción, con apoyo en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
8. Es existente la contradicción de criterios, ya que los órganos jurisdiccionales contendientes abordaron un mismo punto de derecho, que resolvieron de manera distinta, como se ve enseguida:
Ver resoluciones
9. De ahí que se estime existente la contradicción de criterios, pues como se ha anticipado, los órganos contendientes abordaron una misma interrogante que atendieron de manera distinta: ¿en los laudos se pueden imponer condenas al pago de diferencias salariales y/o pensionarias, acotadas por un periodo que solo abarque hasta la fecha de la presentación de la demanda natural –como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, o bien, dicho periodo puede extenderse hasta la fecha de cumplimiento del laudo –como lo estima el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito–?
10. Sin que pase desapercibido que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito analizó el periodo de imposición de condena de diferencias salariales, efectuada por una junta de conciliación y arbitraje, a la luz de la Ley Federal del Trabajo; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito abordó la imposición de condena de diferencias pensionarias, efectuada por un tribunal burocrático local, a la luz de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo.
11. Esto es así, porque dichas diferencias específicas no inciden en que los tribunales colegiados hayan emitido criterios dispares, además de que, como se abundará en líneas posteriores, las leyes que analizaron son similares en la parte que nos ocupa para resolver, lo cual, permite declarar existente la presente contradicción. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010.(4)
V. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
12. El problema jurídico, planteado en el párrafo 9 de este fallo, se resuelve en el sentido de que en los laudos se pueden imponer condenas al pago de diferencias salariales y/o pensionarias, acotadas por un periodo que abarque hasta la fecha de cumplimiento del laudo, tratándose de casos resueltos a la luz de la Ley Federal del Trabajo (con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil dieciocho) o de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (por ser las leyes analizadas por los órganos contendientes).
13. Para desarrollar la proposición anterior, conviene señalar que la Ley Federal del Trabajo (con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil dieciocho), –que fue la ley analizada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito–, en su numeral 872(5) prevé que en la demanda natural el actor expresará los hechos en que funde sus peticiones.
14. El numeral 878, fracción IV,(6) de la misma ley establece que en la contestación de demanda se podrán oponer excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda.
15. Los numerales 777 y 779(7) de dicha ley prevén, en la parte de interés, que las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos, por lo que se faculta a las juntas a desechar los elementos de convicción que no tengan relación con la litis.
16. Los numerales 888 y 889(8) de la misma ley prevén que la junta debe dictar un laudo en el que ponga fin a la controversia. Dicho laudo debe ser congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio, por así señalarlo el artículo 842.(9)
17. Por su parte, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos –a que aludió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito– en su numeral 115(10) dispone, en la parte de interés, que el procedimiento inicia con una demanda, posteriormente se recibe la contestación de demanda y que hay desahogo de pruebas. El numeral 119(11) establece que dicho juicio culmina con el dictado de un laudo.
18. Lo antes expuesto permite a esta Sala concluir que el diseño normativo previsto en la Ley Federal del Trabajo (con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil dieciocho) y en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, permiten que en la demanda natural se plantee una pretensión, como lo es el reclamo de diferencias salariales y/o pensionarias; que en la contestación de demanda se efectúe la defensa conveniente; y que, en el laudo, de ser procedente la acción, se condene al pago de dichas diferencias hasta la fecha de cumplimiento del laudo.
19. Esto, porque, para empezar ninguna de esas dos leyes proscribe el reclamo de prestaciones acaecidas con posterioridad a la presentación de la demanda natural.
20. Además, así se tutela el derecho de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el numeral 17 de la Norma Fundamental, pues si ya se acreditó la procedencia de un derecho, como lo es, que el salario o pensión sean pagados a la persona trabajadora o pensionada, en un monto superior al que se venía cubriendo originalmente, entonces ese derecho se puede tutelar no solamente hasta la fecha de presentación de la demanda natural en sí misma, sino incluso hasta el cumplimiento del laudo, ya que solamente se está protegiendo la tutela de un derecho ya reconocido, para asegurar su defensa en una temporalidad ulterior.
21. Además de que la protección de pago de las diferencias salariales y/o pensionarias posteriores a la fecha de presentación de la demanda natural, puede considerarse como una mera consecuencia directa e inmediata del reconocimiento del derecho decretado del laudo de origen, por lo que debe procurarse su tutela. Apoyan lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 2a./J. 92/2003(12) y 2a./J. 1/2020 (10a.).(13)
22. Esto, con el libre arbitrio de las autoridades laborales de imponer las condicionantes que estimen necesarias para tutelar el pago de las diferencias salariales y/o pensionarias ya reconocidas en el laudo, hacia el futuro, como lo es, de manera ejemplificativa, que el trabajador siga laborando para el mismo patrón en idéntica plaza, o bien, que la pensión esté vigente.
23. De esta manera se evita que la persona trabajadora o pensionada tenga que accionar juicio ulterior con la intención de reclamar las diferencias salariales y/o pensionarias que son posteriores a la fecha de presentación de la demanda natural, con lo que se consolida una verdadera tutela del derecho ya reconocido en el juicio de origen.
24. Además, con apoyo en el numeral 843(14) de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral (como lo es, en el caso, la junta del conocimiento o el tribunal burocrático del estado de Morelos) cuenta con la posibilidad de ordenar la tramitación de un incidente de liquidación para cuantificar las condenas económicas respecto de las que estime que no tiene la información para calcularlas en el laudo, en el entendido de que en dicho incidente, las partes pueden realizar manifestaciones y ofrecer las pruebas que estimen necesarias.
25. Lo que incluye, por ejemplo, la posibilidad de que en el incidente de liquidación, la parte condenada demuestre que realizó las medidas necesarias para cumplir con el pago del salario o de la pensión en los términos reconocidos en el laudo y que, con motivo de ello, las diferencias ulteriores al dictado de ese fallo, se han pagado debidamente, a efecto de que en dicha incidencia no se vea obligada a pagar condenas futuras, por ya haber cumplido con ellas.
26. Conviene aclarar que no se opone a lo antes resuelto que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no prevé expresamente el incidente de liquidación,(15) ya que esa figura se adopta de la aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, a dicha normativa local, como se ve enseguida.
27. La jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.)(16) prevé que los requisitos para que opere la supletoriedad de leyes, son los siguientes:
28. a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos;
29. b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;
30. c) Esa omisión o vacío legislativo hace necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,
31. d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
32. Requisitos que se cumplen en la especie, porque:
33. a) La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (ley suplida), en su artículo 11,(17) prevé la posibilidad expresa de que se le apliquen supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o en su defecto, la Ley Federal del Trabajo, entre otras fuentes del derecho.
34. b) La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 123(18) establece, en la parte de interés, que las resoluciones del tribunal burocrático local se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, sin incluir ninguna normativa para lograr la ejecución del laudo, ni mucho menos, para cuantificar condenas económicas que no se pueden calcular al momento del dictado del laudo, para lograr su ejecución.
35. c) La omisión de regular la ejecución de los laudos y la cuantificación de condenas económicas, acaecida en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos hace necesaria la aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Federal del Trabajo para solucionar esa problemática.
36. Esto, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su numeral 150(19) prevé que el tribunal burocrático tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
37. Lo que permite, en aplicación supletoria, acudir a la Ley Federal del Trabajo, la cual, en su numeral 843 prevé la apertura del incidente de liquidación, cuya finalidad es cuantificar las condenas económicas que no son susceptibles de calcularse en el laudo, a efecto de lograr su ejecución.
38. Sin que pueda considerarse que no fue intención del legislador local permitir dicha supletoriedad, ya que debe estimarse que el legislador del estado de Morelos tiene como fin que los laudos se ejecuten, lo que incluye la cuantificación de condenas económicas para lograr su pago, más si, como quedó visto, en el numeral 11 del ordenamiento local se estableció que las decisiones del tribunal burocrático local deben cumplirse.
39. d) La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo no contrarían el ordenamiento local a suplir, sino que son congruentes con sus principios y con las bases que rigen, al otorgar elementos para lograr la ejecución de los laudos.
40. De ahí que la imprevisión expresa de la figura del incidente de liquidación en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no soslaye que el tribunal burocrático local pueda abrirlo, dada la supletoriedad normativa antes desarrollada.
41. Estimar lo contrario llevaría a que en la entidad federativa de Morelos el tribunal burocrático local se vea imposibilitado para cuantificar condenas económicas que no son susceptibles de calcularse en el laudo, lo cual no puede permitirse, porque es preciso que dicho tribunal cuente con los elementos necesarios para lograr la ejecución de sus decisiones, lo que incluye tomar las medidas necesarias para cuantificar ese tipo de condenas, ya que solamente al volverse líquidas, se pueden hacer exigibles.
42. Por lo antes expuesto, debe prevalecer como jurisprudencia la siguiente:
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en los laudos puede condenarse al pago de diferencias salariales y/o pensionarias por un periodo que sólo abarque hasta la fecha de presentación de la demanda natural, o bien, si el periodo puede extenderse hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Uno se apoyó en la Ley Federal del Trabajo y el otro en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en los laudos puede condenarse al pago de diferencias salariales y/o pensionarias, acotadas por un periodo que abarque hasta la fecha de cumplimiento del laudo.
Justificación: La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no proscriben el reclamo de prestaciones acaecidas con posterioridad a la presentación de la demanda natural. Si ya se acreditó la procedencia de un derecho, como lo es que el salario o la pensión sean pagados a la persona trabajadora o pensionada en un monto superior al que originalmente se hacía, entonces ese derecho debe protegerse no sólo hasta la fecha de la presentación de la demanda natural en sí misma, sino hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Esto, con el libre arbitrio de las autoridades laborales de imponer las condicionantes que estimen necesarias, así como de abrir el incidente de liquidación.
43. Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala:
RESUELVE
PRIMERO.—Existe la contradicción de criterios denunciada.
SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado en el último apartado de este fallo.
TERCERO.—Publíquese la jurisprudencia emitida en esta resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los órganos contendientes; envíese la jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para efectos de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta conforme a los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
________________
1. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, página 6711, Undécima Época, registro digital 2026745, del tenor siguiente:
CONDENAS EN LOS JUICIOS LABORALES. NO DEBEN IMPONERSE POR POSIBLES INCUMPLIMIENTOS FUTUROS.
Hechos: El quejoso, al inconformarse en el juicio de amparo directo contra un laudo, adujo que la Junta omitió considerar que las diferencias salariales por diversos conceptos acreditadas en el juicio laboral se continuaban generando porque seguía prestando sus servicios para la patronal, por lo que se debió condenar a su pago por los años subsecuentes, mientras subsistiera el vínculo de trabajo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la Junta está impedida para imponer condenas por posibles incumplimientos futuros.
Justificación: En el laudo, por regla general, sólo es factible resolver sobre derechos generados a la fecha de presentación de la demanda, puesto que las pruebas aportadas por las partes en el juicio tienen por objeto evidenciar la procedencia o no de las prestaciones precisadas en ese escrito inicial, ya que de acuerdo con los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, sólo son admisibles pruebas relacionadas con la controversia, la que necesariamente se constituye respecto de pretensiones plasmadas en la demanda; por consiguiente, es inviable jurídica y fácticamente aportar pruebas sobre hechos posteriores; por un lado, porque no tendrían relación con el incumplimiento imputado al demandado (siempre anterior al reclamo) y, por otro, porque no se habrían constituido. Los incumplimientos futuros son inciertos, a más de que una condena en esos términos podría tornar interminables los juicios sometidos a la resolución de los tribunales de trabajo; en la fase de ejecución podrían alegarse incumplimientos subsecuentes durante la vigencia del vínculo laboral haciendo imposible declarar cumplido el fallo en definitiva. Lo previamente anotado, con las salvedades jurisprudenciales o de ley previstas para obligaciones que deben extenderse por un lapso posterior al dictado del laudo tales como aguinaldo y salarios caídos, supuestos éstos que tienen su especial justificación [por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI PROSPERA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN."; artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo].
2. ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur.
La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.
3. ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Artículo 7. Circuitos que comprende la Región Centro-Norte. La Región Centro-Norte comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias penal y administrativa; Segundo; Cuarto; Quinto; Octavo; Noveno; Décimo Segundo; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Noveno; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero; Vigésimo Cuarto; Vigésimo Quinto; Vigésimo Sexto; Vigésimo Octavo; y Trigésimo.
4. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, Novena Época, registro digital 164120, de rubro: CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.
5. Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones.
6. Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes:
(...)
IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;
7. Artículo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes.
Artículo 779. La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello.
8. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes:
I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes;
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado.
Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta.
9. Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.
10. Artículo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores.
11. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.
12. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 223, Novena Época, registro digital 182765, del contenido siguiente: SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. En esa virtud, aun cuando el actor omita demandar el pago de dicha prestación es procedente su pago, pues constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada.
13. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 725, Décima Época, registro digital 2021557, del tenor siguiente: AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI PROSPERA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, que el factor determinante para la procedencia de una prestación, aun cuando el trabajador no la reclame expresamente, radica en que ésta sea una consecuencia inmediata y directa de la acción intentada. Así, la acción de reinstalación, cuyo origen descansa en un despido injustificado, tiene como objetivo proteger la estabilidad de los trabajadores en su empleo, en función de las consecuencias que la ley atribuye a la separación ilegal; de ahí que, cuando el patrón no comprueba la causa de terminación de la relación de trabajo, la condena tiene como consecuencia que aquélla continúe en los términos y condiciones pactados como si no se hubiese interrumpido y que se entreguen al trabajador los salarios que deje de percibir durante el tiempo que dure suspendido ese vínculo. Sobre esa base, procede el pago del aguinaldo que pueda generarse durante la tramitación del juicio laboral, pues debe considerarse una consecuencia directa de la acción de reinstalación, aun cuando no se reclame expresamente en el juicio, conforme a los principios laborales de estabilidad en el empleo, justicia social, protección y continuidad, por ser uno de los ingresos que el trabajador dejó de percibir sin causa justificada.
14. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.
15. Artículo 119 Bis. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promuevan.
Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento los siguientes:
I.- Nulidad;
II.- Competencia;
III.- Personalidad;
IV.- Acumulación, e
V.- Insumisión al Arbitraje.
16. Emitida por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, Décima Época, registro digital 2003161, del tenor siguiente: SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32699-77d0eb1e/diferencias-salariales-y-o-pensionarias-puede-condenarse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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