SALARIOS CAÍDOS. SU PAGO DEBE ESTABLECERSE CON FUNDAMENTO EN LA LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA ESTATAL VIGENTE EN LA FECHA EN LA QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ; ASÍ COMO DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 66/2024, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción. Por escrito recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el apoderado de la quejosa en el amparo directo 154/2023, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en ese juicio y denunció la posible contradicción de criterios entre lo resuelto por dicho órgano en el asunto referido y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 983/2015, 985/2015, 1021/2015, 260/2016 y 496/2016.
2. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de amparo directo en revisión 909/2024 y lo desechó por improcedente.
3. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios 61/2024; además, determinó que ese Alto Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios, al haberse suscitado exclusivamente entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a la misma región, por lo que correspondía conocer de ella al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, ordenó remitir los autos por vía electrónica a este órgano.
4. En el mismo proveído precisó que no existía radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna, en la que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.
5. Trámite ante el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. En auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibidas las constancias, radicó la contradicción de criterios con el expediente 66/2024 y la admitió a trámite.
6. En el mismo proveído solicitó al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, la versión digitalizada de las resoluciones dictadas al resolver los amparos directos 154/2023, 983/2015, 985/2015, 1021/2015, 260/2016 y 496/2016, de sus respectivos índices, así como la habilitación de este Pleno Regional, para la consulta de los correspondientes expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, les solicitó que informaran si los criterios sustentados en los casos de su conocimiento se encontraban vigentes o, en su defecto, las ejecutorias en las que sustentaran uno nuevo y comunicaran si habían causado ejecutoria.
7. Por otro lado, atendiendo a la secuela procesal, se estimó innecesario solicitar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el presente caso.
8. En el mismo acuerdo, el Magistrado Presidente turnó el presente asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Rosa María Galván Zárate, para la elaboración del proyecto respectivo, en el entendido que el turno electrónico sería confirmado una vez integrado en su totalidad el expediente.
9. En proveído de presidencia de dos de abril de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, a través del cual su presidente remitió la versión electrónica de la sentencia recaída al amparo directo 154/2023, informó que había causado ejecutoria y que el criterio ahí contenido continuaba vigente, además giró las instrucciones necesarias, para permitir a este Pleno Regional el acceso al expediente electrónico relativo.
10. En proveído de tres de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio 16/2024, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, a través del cual remitió la versión electrónica de las sentencias recaídas a los juicios de amparo de su conocimiento, precisó que habían causado ejecutoria e informó que el criterio ahí contenido continuaba vigente; aunado a que se giraron las instrucciones necesarias, para permitir a este Pleno Regional el acceso al expediente electrónico correspondiente.
11. Así, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese proveído se confirmó el turno electrónico del presente asunto a la ponencia C, a cargo de la Magistrada Rosa María Galván Zárate.
II. COMPETENCIA
12. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como 1 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del propio Pleno, por el que se modifica la denominación de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en tanto se trata de una denuncia de contradicción de criterios en materia laboral y suscitada entre tribunales colegiados del séptimo y trigésimo segundo circuito, los cuales pertenecen a la región centro-sur.
III. LEGITIMACIÓN
13. Como se reconoció en auto de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, la denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el apoderado de la parte quejosa en el amparo directo 154/2023, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien cuenta con legitimación para hacerlo de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. A continuación, se reseñarán los antecedentes relevantes de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Séptimo Circuito
Amparos directos
983/2015, 985/2015, 1021/2015, 260/2016 y 496/2016
15. En torno al tema que incumbe a la presente denuncia, los cinco juicios de amparo directo comparten notas comunes, así como una idéntica resolución, los que se sintetiza a continuación.
16. Demandas laborales. Diversas personas trabajadoras demandaron a ayuntamientos del Estado de Veracruz con motivo de despidos injustificados; en cuatro casos reclamaron su reinstalación y, en otro, el pago de indemnización constitucional, pero en todos demandaron el pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo, entre otras prestaciones.
17. Las demandas laborales fueron radicadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
18. Laudos. Seguidos los juicios en sus etapas, el tribunal burocrático local del conocimiento dictó laudo en cada expediente, en los que condenó a los ayuntamientos demandados, entre otras prestaciones, al pago de salarios caídos a partir del día del despido y hasta el cumplimiento del fallo, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil, vigente hasta el veintisiete de febrero de dos mil quince.(1)
19. Ahora, al ser relevante para la denuncia que nos ocupa, en seguida se plasma, tanto la fecha de presentación de la demanda, como la del dictado de los laudos correspondientes:
Ver cuadro
20. Amparo directo. Contra los laudos condenatorios, los titulares de los ayuntamientos demandados hicieron valer vía conceptos de violación, entre otras cuestiones, que fue jurídicamente incorrecta la condena al pago de salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, porque el artículo 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil fue reformado el veintisiete de febrero de dos mil quince(2) y se estableció que la condena respectiva debía computarse desde la fecha de despido hasta por un período máximo de doce meses.
21. En todos estos casos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito declaró infundado el motivo de disenso relativo a la aplicación de la invocada ley reformada para cuantificar la condena al pago de salarios caídos.
22. Afirmó que, si bien el artículo 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil fue reformado mediante decreto publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince y entró en vigor a partir del día siguiente; la disposición aplicable a los asuntos era el artículo 43 en su texto anterior a la reforma, que contemplaba que la cuantificación de los salarios caídos debía hacerse a partir de la fecha de separación del empleo hasta que se diera cumplimiento al laudo, puesto que las demandas laborales de origen fueron presentadas previamente a su modificación.
23. Sostuvo que la norma en comento no era de naturaleza adjetiva, sino sustantiva, en tanto que contenía el derecho al pago de salarios caídos y, por tanto, no era susceptible de aplicarse retroactivamente sin depararle perjuicio a las personas trabajadoras, atendiendo al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)
24. Sustentó sus determinaciones en las tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES, BENEFICIOS EN FAVOR DE LOS."(4) y "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. APLICACIÓN QUE NO LA IMPLICA.",(5) así como la diversa de la Tercera Sala de ese Alto Tribunal, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO."(6)
25. El primero de los precedentes relatados, es decir, el amparo directo 983/2015, dio lugar a la tesis aislada VII.2o.T.70 L (10a.), de rubro: "SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DEBEN COMPRENDER HASTA LA CUMPLIMENTACIÓN TOTAL DEL LAUDO, SI EL JUICIO INICIÓ ANTES DEL 27 DE FEBRERO DE 2015."(7)
26. Posteriormente, con las ejecutorias recaídas a los amparos directos 985/2015, 1021/2015, 260/2016 y 496/2016, se integró la jurisprudencia VII.2o.T. J/17 (10a.) de rubro y texto:
"SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DEBEN COMPRENDER HASTA LA CUMPLIMENTACIÓN TOTAL DEL LAUDO, SI EL JUICIO INICIÓ ANTES DEL 27 DE FEBRERO DE 2015. El artículo 43 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, reformado el 27 de febrero de 2015, en vigor a partir del día siguiente, establece un límite máximo de 12 meses para la condena al pago de salarios vencidos, que deben computarse a partir de la fecha del despido; pero antes de la señalada reforma preveía el pago de tal obligación desde la fecha de separación hasta que se diera cumplimiento en definitiva al laudo; de ahí que cuando en el juicio burocrático se reclama su pago, el tribunal de trabajo debe tomar en cuenta la vigencia de la ley y considerar que la disposición legal reformada resulta inaplicable para aquellos asuntos anteriores a su vigencia, tomando como fecha de inicio del proceso, la presentación de la demanda. Lo anterior, porque dicho precepto no es de naturaleza adjetiva o procesal, sino sustantiva, si se toma en cuenta que por tal debe entenderse, de acuerdo con el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la regla de conducta humana que regula situaciones jurídicas de fondo, a diferencia de las normas jurídicas de derecho adjetivo; es decir, el derecho sustantivo se refiere a las disposiciones que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso. En consecuencia, si el derecho al pago de salarios vencidos hasta que se cumpla el laudo no es de índole adjetiva o procesal, sino sustantiva, pues se trata de una prestación accesoria a la que se tiene derecho conforme al marco legal, y si el juicio laboral inicia con la presentación de la demanda ante el tribunal correspondiente antes de la referida reforma, entonces debe aplicarse la ley vigente en esa época y condenar a su pago hasta la total cumplimentación del laudo, y no acorde con la que entró en vigor posteriormente (incluso cuando se pronunció dicho fallo), modificando la norma aplicable para acotar ese derecho ‘hasta por un periodo máximo de doce meses’, porque implicaría violar el principio fundamental a la no retroactividad en perjuicio, tutelado por el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".(8)
Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito
Amparo Directo 154/2023
27. Demanda laboral promovida por el ayuntamiento. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, el Ayuntamiento Constitucional del propio estado, promovió juicio laboral contra una persona trabajadora, reclamando la nulidad de su nombramiento de base.
28. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima admitió la demanda.
29. Demanda laboral promovida por la persona trabajadora. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la trabajadora demandada promovió diverso juicio contra el Ayuntamiento Constitucional de Colima, del que reclamó, como acción principal, la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos generados desde la fecha del despido hasta la ejecución del laudo respectivo.
30. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima admitió a trámite la demanda.
31. Acumulación de juicios. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el tribunal burocrático local ordenó la acumulación de juicios, toda vez que las prestaciones demandadas en ambos tenían origen en una misma relación laboral.
32. Laudo. Seguido el procedimiento en sus etapas, mediante laudo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable condenó al ayuntamiento a reinstalar a la trabajadora en su puesto de trabajo, así como pagarle los salarios caídos comprendidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Colima, reformado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno; entre otros aspectos condena y de absolución.
33. Amparo directo (154/2023). Inconforme con ese pronunciamiento, la persona trabajadora combatió vía conceptos de violación, entre otras cuestiones, el límite de doce meses que estableció el tribunal responsable, para condenar al ayuntamiento demandado al pago de salarios caídos.
34. La quejosa señaló que el tribunal burocrático local aplicó retroactivamente en su perjuicio el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Colima, reformado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda laboral.
35. Invocó en apoyo a sus conceptos de violación, la jurisprudencia VII.2o.T. J/17, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro: "SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DEBEN COMPRENDER HASTA LA CUMPLIMENTACIÓN TOTAL DEL LAUDO, SI EL JUICIO INICIÓ ANTES DEL 27 DE FEBRERO DE 2015."
36. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo calificó infundados los conceptos de violación formulados por la parte trabajadora tocantes a la aplicación retroactiva de la disposición reformada.
37. Precisó que los salarios caídos no eran un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho, toda vez que se generaban con motivo de la resolución que reconocía la existencia del despido injustificado y, por lo tanto, su cuantificación debía realizarse con base en la ley vigente al momento de dictar el laudo respectivo.
38. Al respecto invocó la tesis de rubro: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES."(9)
39. En ese sentido, concluyó que el tribunal burocrático estaba obligado a condenar al pago de salarios vencidos por el periodo máximo de doce meses, en términos del dispositivo vigente al momento de dictar el laudo pues, insistió, esa prerrogativa surgía hasta que se determinaba la existencia del despido injustificado.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
40. La mecánica para emprender este estudio debe realizarse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios jurídicos, pues su objetivo es otorgar certeza a las personas juzgadoras y justiciables.
41. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
42. Sirven de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010(10) y tesis aislada P. XLVII/2009,(11) emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
43. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumpla los requisitos siguientes:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, independientemente del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible. 44. Es decir, existirá una contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y, en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
45. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 22/2010,(12) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
46. En atención a lo expuesto, se procederá a analizar, si en el caso, se acredita los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
47. Este Pleno Regional considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los tribunales colegiados de circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver las controversias que les fueron planteadas, pues como se desprende de los antecedentes reseñados, vertieron consideraciones propias tendentes a dilucidar qué disposición de sus respectivas leyes burocráticas locales debía servir como fundamento a la condena al pago de salarios caídos.
48. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
49. Conforme los antecedentes relatados en el apartado previo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito analizó diversos juicios de amparo directo promovidos por ayuntamientos del estado de Veracruz, los cuales en lo que aquí interesa, sostuvieron en sus conceptos de violación que la condena al pago de salarios caídos debió limitarse a un máximo de doce meses, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil vigente al momento de dictar los laudos; es decir, en su texto posterior al veintisiete de febrero de dos mil quince.
50. El tribunal colegiado concluyó que esa disposición devenía inaplicable, toda vez que las demandas que dieron lugar a los juicios laborales fueron presentadas con anterioridad a la reforma, por lo que, atendiendo al principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era legalmente correcto que el tribunal burocrático de Veracruz hubiera cuantificado la condena al pago de salarios caídos con base en la Ley Estatal del Servicio Civil en su redacción previa a la reforma en cuestión, que no establecía límite.
51. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito analizó el reclamo de una persona trabajadora que combatió la determinación del tribunal burocrático del estado de Colima de condenar al pago de doce meses de salarios caídos e intereses, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, reformado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno y vigente al momento de dictar el laudo.
52. Determinó que era inaplicable el artículo 35 de la ley burocrática local vigente en la fecha de presentación de la demanda, porque la prerrogativa al pago de salarios caídos no constituía un derecho adquirido, sino hasta que se emitiera el laudo, en el que se reconocía la existencia de un despido injustificado; de ahí que la aplicación de la norma no resultara retroactiva.
Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
53. Con base en lo hasta aquí expuesto, es posible afirmar que existe la contradicción de criterios, ya que los órganos contendientes arribaron a posturas opuestas en torno a qué disposición debía ser aplicada por el tribunal laboral burocrático local, para efecto de establecer la condena al pago de salarios caídos, es decir, la vigente al momento de presentar la demanda laboral o la de la fecha en que se dicta el laudo.
54. A continuación, se plasman las disposiciones respectivas:
Ver disposiciones
55. Es pertinente destacar que no constituye obstáculo para la existencia de la presente contradicción de criterios, la circunstancia de que los órganos contendientes hayan analizado legislaciones de entidades diferentes, a saber, Veracruz y Colima, puesto que, de la lectura de las disposiciones transcritas, se aprecia que poseen la misma esencia normativa; lo que encuentra apoyo, contrario sensu, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 43/98, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE".(13) Así, es admisible que a través de un criterio jurisprudencial temático se dé respuesta a un problema jurídico común suscitado por disposiciones de diversas entidades federativas, con la condición de que presenten una esencia normativa coincidente, como aquí acontece.
56. Luego, el punto jurídico que se abordará en el presente caso estriba en dilucidar: si la condena al pago de salarios caídos debe establecerse con base en la disposición que estuvo vigente al momento de presentar la demanda laboral, o bien, con la norma vigente en la fecha en que se emite el laudo condenatorio.
57. Como se advierte, el presente estudio no tiene como objeto analizar la regularidad de las reformas que modificaron la manera de cuantificar la condena al pago de salarios caídos en las referidas legislaciones burocráticas locales, sino únicamente determinar una cuestión propia de su ámbito temporal de validez.
VI. ESTUDIO
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
58. Para estar en aptitud de dar respuesta a la interrogante plasmada en líneas anteriores, es necesario exponer sucintamente en qué consiste el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la naturaleza jurídica de los salarios caídos o vencidos.
Principio de irretroactividad
59. El artículo de la Constitución Federal en comento, establece:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
[...]".
60. En atención a ello, debe tomarse en consideración la diferencia entre la retroactividad de la ley y su aplicación retroactiva.
61. Por lo que atañe a la retroactividad de la ley, la encontramos en aquellos casos, en los que una norma tiene consecuencias sobre situaciones jurídicas o derechos adquiridos por los particulares previamente a su entrada en vigor; es decir, se verifica cuando el nuevo precepto legal incide sobre tales situaciones o derechos.
62. Así, para identificar la retroactividad de la ley debe analizarse si una norma de observancia general tiene, por sí misma, efectos hacia el pasado, ignorando situaciones o derechos previamente constituidos, lo que guarda relación con el acatamiento por parte del legislador del principio consagrado en el artículo 14, párrafo primero constitucional, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas en perjuicio de persona alguna.
63. En cambio, la aplicación retroactiva de una ley no involucra el análisis de las consecuencias directas de ésta sobre lo sucedido en el pasado, sino la constatación acerca de si la aplicación concreta de un precepto legal se efectúa dentro de su ámbito temporal de validez.
64. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, señaló:
"RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular".(14)
65. En sentido similar se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 87/2004:
"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor".(15)
66. Con base en lo hasta aquí expuesto, obtenemos que:
• Una ley es retroactiva si con su entrada en vigor ignora o trasgrede derechos o situaciones jurídicas previamente establecidas.
• En cambio, existe aplicación retroactiva de la ley en aquellos casos, en los que un acto concreto conlleva el empleo de una disposición normativa emitida con posterioridad a la conformación de situaciones jurídicas o de la adquisición de derechos por los gobernados.
67. Aunado a ello, en cuanto a la aplicación retroactiva de normas en un proceso, conviene invocar la tesis aislada 2a. XLIX/2009, también de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto:
"NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN R
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32710-5fad7f87/salarios-caidos-su-pago-debe-establecerse-con-fundamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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