PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE PUBLICIDAD O INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 13 QUINTUS, FRACCIONES I, III Y IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, VIGENTE HASTA EL 30 DE ENERO DE 2020, QUE CONCENTRA SU INVESTIGACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN EN UN FUNCIONARIO, NO VIOLA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, SEPARACIÓN DE FUNCIONES E IMPARCIALIDAD. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES IV Y VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE OBLIGACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PRÁCTICAS COMERCIALES Y ESTRATEGIAS DE VENTA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3007/2024. CHIVAS DE CORAZÓN, S.A. DE C.V. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
TEMA: Determinar si los artículos 76 bis, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor son consistentes con los principios de legalidad, separación de funciones, imparcialidad y presunción de inocencia previstos en los artículos 16, 17 y 22 de la Constitución Federal.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3007/2024, interpuesto por Chivas de Corazón, sociedad anónima de capital variable, en contra de la sentencia de siete de marzo de dos mil veinticuatro dictada en el juicio de amparo 689/2022 del índice del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El problema que esta Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si los artículos 76 bis, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor son consistentes con los principios de legalidad, separación de funciones, imparcialidad y presunción de inocencia previstos en los artículos 16, 17 y 22 de la Constitución Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Procedimiento administrativo. El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor requirió a Chivas de Corazón, sociedad anónima de capital variable, para que entregara información relacionada con las fallas presentadas en su plataforma de internet (www.chivastv.mx) durante el partido de futbol entre los clubes Guadalajara contra Monterrey, que se disputó el veintitrés de julio del mismo año.
2. Al respecto, la empresa informó lo siguiente:
• Que a las personas afectadas por las fallas en la transmisión del partido se les entregaría un cupón para tener acceso a otro en compensación.
• Que dada la saturación de la plataforma electrónica, se abrió a todo público la señal.
3. Paralelamente, por oficios de ocho y diez de agosto de dos mil dieciséis, el propio Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor hizo constar el monitoreo realizado en el sitio electrónico de la empresa (www.chivastv.mx), específicamente sobre los "Términos y condiciones de uso" aplicables a las personas contratantes de sus servicios.
4. Mediante oficio de doce de agosto de dos mil dieciséis, el indicado Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor inició el procedimiento sancionador fundamentando su competencia para actuar en el artículo 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
5. Sustanciado el procedimiento sancionador, el propio Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor emitió la resolución respectiva el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la que determinó lo que se sintetiza a continuación:
a) En relación con la falta de bonificación y compensación a los usuarios contratantes del partido entre los clubes Guadalajara y Monterrey, sostuvo que si bien las fallas en la transmisión eran responsabilidad de la empresa en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (porque fue ella quien contrató a Cleeng BV para que la materializara), lo cierto es que otorgó las compensaciones, devoluciones y reembolsos a los indicados usuarios, por lo que no se actualizaron las infracciones previstas en los artículos 92 bis(1) y 92 ter(2) del citado ordenamiento legal.
b) Sobre las cláusulas que conforman los términos de uso del servicio publicados en la página de internet, precisó que ciertas cláusulas (vinculadas con aspectos de definición, aceptación, cesión y modificación, cobro y facturación, características, licencia, entre otras), resultaban abusivas porque permiten al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, sustraerse de sus obligaciones y liberarse de responsabilidad civil e, incluso, generan la renuncia de los usuarios a la protección de la ley, por lo que se actualizaron las infracciones previstas en los artículos 85(3) y 90, fracciones I y II,(4) de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De ahí que se impuso una multa integrada conforme a lo siguiente:
• Por la transgresión al artículo 85, en una cuantía de $1,512,000.00 (un millón quinientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional).
• Por la conculcación al artículo 90, fracciones I y II, en una suma de $1,512,000.00 (un millón quinientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional).
c) Respecto de los términos de uso del servicio publicado en la página de internet, indicó que la empresa incumplió con su obligación de proporcionar la información de los bienes y servicios de manera clara y suficiente de manera anticipada, pues para poder tener acceso a ella era necesario contratar previamente, por lo que se actualizaron las infracciones previstas en el artículo 76 bis, fracciones IV, V y VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.(5) De ahí que se impuso una multa en un monto de $2,656,00.00 (dos millones seiscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional).
6. Juicio administrativo. En contra de esa resolución sancionadora, la empresa promovió el juicio 718/17-07-02-8-OT/212/20-PL-02-04 del índice de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó sentencia el veintinueve de junio de dos mil veintidós en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.
7. Juicio de amparo directo. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Chivas de Corazón, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado Ángel Antonio Magaña Aguirre, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia dictada en el juicio administrativo.
8. Radicada la demanda en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de su Presidente de once de octubre de dos mil veintidós, fue admitida a trámite y registrada bajo el expediente número D.A. 689/2022.
9. Empero, por resolución plenaria de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, el indicado órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de subespecialidad y remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.
10. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien rechazó la competencia declinada.
11. Tramitado el respectivo conflicto competencial 149/2023 del índice del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, por resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se determinó que el asunto debía ser conocido por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
12. Seguidos los trámites legales, el siete de marzo de dos mil veinticuatro, el mencionado órgano jurisdiccional dictó la sentencia correspondiente en la que resolvió negar el amparo.
13. Recurso de revisión. Inconforme con esa sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de abril de dos mil veinticuatro.
14. Trámite ante esta Suprema Corte. A través del proveído de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión, lo radicó bajo el expediente 3007/2024, turnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para su estudio y ordenó que se enviaran los autos a esta Segunda Sala para su radicación.
15. Posteriormente, a través del auto de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidente, además de que tuvo por integrado el expediente y, en consecuencia, ordenó su remisión a la respectiva ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente.
16. Finalmente, el proyecto de sentencia se publicó en términos de los artículos 73, párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como el acuerdo General Plenario 7/2016.
I. COMPETENCIA
17. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 en relación con el 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos primero, tercer párrafo, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno 1/2023 modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés; toda vez que el presente medio de defensa fue interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia administrativa, especialidad que corresponde a esta Sala.
II. OPORTUNIDAD
18. La sentencia recurrida se notificó personalmente, por medios electrónicos, a la parte quejosa el uno de abril de dos mil veinticuatro, según se advierte de la constancia de consulta realizada que aparece en la foja ochocientos cuarenta y dos de los autos del cuaderno de amparo, surtiendo efectos ese mismo día conforme al artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 del mismo ordenamiento legal transcurrió del dos al quince de abril siguientes.(6)
19. Por tanto, si el escrito de agravios se presentó el nueve de abril próximo pasado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el recurso fue interpuesto de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
20. El recurso de revisión se interpuso por parte legitimada, dado que Chivas de Corazón, sociedad anónima de capital variable, que actuó por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo –a quien el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento reconoció esa calidad en auto de once de octubre de dos mil veintidós–, tiene el carácter de parte quejosa en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y, por ello, de afectada por la sentencia recurrida, pues se negó la protección constitucional solicitada y, en esa medida, tiene interés en que esa determinación sea modificada.
IV. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA LITIS
21. Demanda de amparo. La parte quejosa expuso los conceptos de violación que se sintetizan a continuación:
Temas de legalidad:
Primero. La sala responsable apreció de manera incorrecta la litis materia del procedimiento sancionador de origen, lo que la llevó a la errónea determinación de que la Dirección General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor tiene competencia para emitir la resolución impugnada, ya que, en todo caso, a quien correspondería sancionar por infracciones en materia de transmisión es al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ser el órgano regulador encargado del desarrollo eficiente de la telecomunicación y la radiodifusión; máxime que los servicios OTT (over the top), que permiten transmitir programas y contenidos digitales a través de conexiones a internet, sí entran en el rubro de telecomunicaciones.
Segundo. La sentencia reclamada es incorrecta porque soslaya que la resolución de origen carece de la suficiente y debida fundamentación y motivación porque los servicios OTT (over the top) no están regulados ni se encuentran referenciados en la legislación en materia de telecomunicaciones, por lo que el Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor indebidamente sancionó a la empresa gobernada con base en preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor aplicados por analogía o por mayoría de razón.
Tercero. La sentencia reclamada adolece de insuficiente motivación toda vez que la sala responsable se limitó a hacer referencia a las cláusulas de los "Términos de uso" del servicio de transmisiones que supuestamente son abusivas, pero sin exponer las razones específicas para demostrar que generan infracciones a la legislación respectiva. En especial, la indicada sala no justifica lo siguiente: 1) Si el proveedor se daba potestades para sustraerse de la obligación de prestar servicio de OTT (over the top); 2) Si los términos y condiciones daban la opción de darse de baja del servicio sin consecuencias; 3) Si el hecho de que se especifique que el proveedor no es responsable del servicio de internet contratado por el usuario, configura un traslado de responsabilidad civil a un tercero.
Cuarto. La sentencia reclamada es ilegal, dado que, contrariamente a lo sostenido por la sala responsable, el hecho de que la empresa gobernada haya tenido acceso al expediente desde que inició la etapa de investigación, no implica que tuvo conocimiento cierto de que sería realizado un monitoreo a la página electrónica www.chivastv.mx, siendo que las diligencias respectivas se llevaron a cabo de manera unilateral por un funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor sin que se diera a los representantes de dicha empresa la oportunidad de apersonarse, en transgresión al derecho de audiencia.
Quinto. En oposición a lo sostenido por la sala responsable, la individualización de las sanciones impuestas en la resolución impugnada carece de la suficiente motivación, porque la autoridad administrativa no estaba obligada sólo a enunciar los elementos que al efecto prevé el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino que debía analizarlos uno por uno con base en las circunstancias del caso y determinar de qué forma se configuraban de manera específica (perjuicio causado al consumidor, carácter intencional de la infracción, reincidencia, condición económica).
Temas de constitucionalidad:
Sexto. El artículo 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor viola el principio de debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, separación de funciones e imparcialidad, habida cuenta de que:
• No se puede ser juez y parte, lo que revela la obligación de que las funciones públicas atinentes a los procedimientos administrativos sancionadores estén debidamente separadas para asegurar un pronunciamiento imparcial.
• Las porciones normativas otorgan a una misma autoridad, esto es, al Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor una función multifacética que involucra la investigación, la acusación y la resolución en los procedimientos de infracción.
• La norma en comento establece en favor de una sola autoridad la facultad exclusiva de investigar (monitoreo y evaluación de publicidad e información), de iniciar y sustanciar los procedimientos y de emitir las resoluciones sancionadoras, lo que limita posibilidades reales de defensa del particular, inhibiendo el debate o la refutación de los hechos imputados.
• El precepto legal conlleva que: a) Después de una investigación, se inicie casi inevitablemente el procedimiento de infracción, pues la decisión al respecto queda en manos de la autoridad que localizó las indagatorias y no de otra que actúe con libre apreciación; y b) Los particulares tienen que defenderse frente a un órgano que parte de una premisa de culpabilidad.
• La actuación del Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor al iniciar el procedimiento de infracción y, en su caso, al emitir la resolución sancionadora no es parcial, dado que se constituye como parte desde el momento en que realiza la investigación, lo que le impide ponderar las pruebas y los argumentos de defensa de manera objetiva y no tendenciosa.
Séptimo. El artículo 76 bis, fracciones IV y VII, transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y taxatividad contemplados en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental, habida cuenta de que:
• Las indicadas porciones normativas utilizan las expresiones "prácticas comerciales engañosas" y "estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos."
• Esas frases resultan vagas e impiden la comprensión total de los supuestos infractores.
• No existe disposición jurídica alguna que defina qué debe entenderse por aquellas locuciones, lo que deja en estado de indefensión a los particulares por no tener certeza de las conductas que pueden configurar una ilegalidad.
• No queda claro el alcance de una "información clara y suficiente", pues aunque se comunique la necesaria a los consumidores, la autoridad podría determinar que no es bastante y, en consecuencia, imponer una sanción.
Octavo. El artículo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor conculca la prohibición de penas trascendentales establecido en el artículo 22 de la Carta Magna, habida cuenta de que:
• Ese precepto constitucional proscribe la imposición de cualquier sanción a alguna persona que derive o sea consecuencia de la actuación de un tercero; esto es, sólo las personas responsables de la infracción son quienes deben recibir el acto punitivo.
• La sala responsable, aun cuando reconoció que la red de internet no es operada por la empresa quejosa sino por un proveedor de servicios OTT (over the top) que pone a disposición del usuario final los contenidos, reconoce toda atribución de la responsabilidad a la ahora amparista, declarando legales las sanciones impuestas en la resolución impugnada.
22. Sentencia recurrida. El tribunal colegiado de circuito negó el amparo con base en las consideraciones torales siguientes:
Temas de constitucionalidad. Los desestimó con apoyo en los razonamientos esenciales a que se hace referencia a continuación:
I. Declaró inoperante el concepto de violación aducido contra el artículo 9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que aunque esta disposición fue aplicada en la resolución sancionadora (porque con base en él se determinó que a la empresa gobernada correspondía la responsabilidad de lograr una buena transmisión de los contenidos difundidos mediante su plataforma electrónica), lo cierto es que no se configuró un perjuicio, ya que no se consideró cometida alguna infracción al respecto ni se le sancionó, porque la autoridad administrativa sostuvo que las deficiencias en la transmisión fueron debidamente compensadas o resarcidas a los usuarios contratantes del servicio.
II. Declaró infundada la pretensión expuesta contra el artículo 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor por violación al principio de debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, separación de funciones e imparcialidad, toda vez que: • El artículo 17 de la Constitución Federal prevé el derecho de acceso a la justicia imparcial y con base en una separación de funciones, lo que implica que las facultades de investigación deben desarrollarse por una autoridad distinta de aquélla que realiza la actividad jurisdiccional, lo que basta para garantizar el debido proceso y la imparcialidad de las autoridades, pues ello genera que sean ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia.
• El principio de presunción de inocencia implica el derecho de toda persona de ser tratada como inocente hasta que no se declare su culpabilidad, por lo que conlleva la prohibición de cualquier tipo de actuación que suponga la anticipación de una eventual pena.
• La disposición legal tildada de inconstitucional, aun cuando otorga facultades al Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar monitoreos, sustanciar el procedimiento de infracción y resolverlo pudiendo imponer sanciones, no establece alguna medida que imponga a la autoridad una condición personal que la obligue a fallar en un determinado sentido.
• La eventual sanción que determine la indicada autoridad puede ser materia de impugnación frente a la autoridad jurisdiccional (Tribunal Federal de Justicia Administrativa), por lo que no puede hablarse de una falta de separación de funciones, pues el escrutinio judicial es realizado por un órgano que nada tiene que ver con la autoridad administrativa.
• La disposición en comento no otorga regla de trato contra los proveedores de servicios ni presupone que se ha cometido alguna infracción, sino que, al contrario, obliga a la autoridad a analizar el contenido de la publicidad o información base de la prestación de servicios y a emitir pronunciamientos al respecto con base en las condiciones de cada caso.
• Máxime que si bien el Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor tiene atribuciones para investigar la infracción y, en su caso, para sancionar su comisión, lo cierto es que su pronunciamiento no es definitivo, ya que los particulares afectados cuentan con las vías jurisdiccionales respectivas, que es la etapa en la que opera el principio de separación de funciones con base en el cual es viable revisar la legalidad de la actuación de la autoridad administrativa.
III. Declaró infundado el planteamiento contra el artículo 76 bis, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que:
• Aun cuando el precepto legal no define las frases "prácticas comerciales engañosas" y "estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos", lo cierto es que ello no implica su inconstitucionalidad, en la medida en que la explicación de cada expresión utilizada por una disposición jurídica no es un requisito del acto legislativo.
• Los enunciados en comento son de evidente entendimiento, dado que su alcance se infiere de su simple lectura sin que su estructura sea compleja.
Temas de legalidad. Se declaran infundados todos los planteamientos con base en las consideraciones torales a que se hace referencia a continuación:
I. La sala responsable justificó de manera suficiente su pronunciamiento en cuanto a que los términos y condiciones del contrato son abusivos, toda vez que sostuvo que: a) La posibilidad de los usuarios de darse de baja del servicio contratado no subsana la desproporcionalidad de las cargas impuestas a los consumidores; b) La cláusula que indica que el proveedor no se hace responsable del servicio de internet contratado por el usuario, implica un traslado de responsabilidad civil a un tercero; c) La cláusula en la que se dispone que las controversias entre el usuario y el proveedor se resolverán mediante arbitraje, debiendo renunciar el primero de ellos a la posibilidad de acudir ante alguna autoridad administrativa u órgano jurisdiccional impide un ejercicio de defensa; d) La empresa no acreditó que la información que se entrega una vez celebrado el contrato es exactamente igual a la que se proporciona previamente (tercer concepto de violación).
II. El Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor tiene competencia para iniciar el procedimiento de origen, resolverlo e incluso imponer sanciones en materia de telecomunicaciones, porque la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga a esa dependencia la función de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre usuarios y proveedores (incluso los que prestan servicios de transmisiones de contenidos), mientras que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula la forma en que el órgano constitucional autónomo en la materia debe promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión (primer concepto de violación).
III. Si bien no existe disposición que defina lo que debe entenderse por servicios OTT (over the top), lo cierto es que la sala responsable se basó en la doctrina y en los aspectos técnicos propios de las telecomunicaciones para poder dar alcance y contenido a esa actividad y, en esa medida, estar en condiciones de resolver la controversia (segundo concepto de violación).
IV. Desde el acuerdo de inicio de procedimiento se informó a la empresa gobernada de la existencia de los monitoreos cuyas actas estaban agregadas al expediente respectivo, el cual podía ser consultado en las oficinas de la autoridad, sin que dicha empresa haya comparecido a ese procedimiento a ofrecer pruebas o a formular alegatos. En cambio, la autoridad valoró las pruebas que fueron recabadas en la etapa de investigación y con base en ellas sostuvo la existencia de las infracciones imputadas.
Abunda en que la revisión que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor a la información y publicidad difundida por los proveedores de servicios en los medios de comunicación –que, por cierto, son de libre acceso y se encuentran al alcance de cualquier persona–, debe ser espontánea, por lo que no hay razón para comunicar previamente a la empresa para comparecer a las diligencias de verificación (cuarto concepto de violación).
V. Como lo sostuvo la sala responsable, la autoridad individualizó las sanciones, porque expuso las circunstancias con base en las cuales valoró la gravedad de las infracciones, la intencionalidad, la reincidencia y las condiciones económicas de la empresa (quinto concepto de violación).
23. Conceptos de agravio. La parte quejosa, en su calidad de recurrente, expone los agravios que se sintetizan a continuación:
A. La sentencia recurrida viola los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que varía la litis que fue planteada al tribunal colegiado de circuito en relación con el artículo 13 quintus, fracciones I, III y IV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, habida cuenta de que:
• No analiza la indicada disposición al tenor de los principios de debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia y separación de funciones, sino que procede al estudio aislado del principio de imparcialidad.
• Se limita a sostener que las porciones normativas combatidas no prevén algún supuesto que imponga a la autoridad administrativa una condición que la obligue a fallar en determinado sentido ni siquiera a partir de lo resuelto en una actuación anterior, y a establecer que la decisión de dicha autoridad no es definitiva porque está sujeta a control jurisdiccional.
• Nada dice sobre el efectivo planteamiento en cuanto a que la concentración de funciones de investigación, imputación, sustanciación y resolución de los procedimientos de infracción en el Director General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, implica una transgresión al principio de debido proceso y presunción de inocencia, los cuales son aplicables porque se trata de un procedimiento que pertenece al derecho administrativo sancionador.
B. La sentencia de primera instancia es ilegal, ya que, en oposición a lo sostenido por el tribunal a quo, el artículo 76 bis, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor viola el principio de exacta aplicación de la ley en el derecho administrativo sancionador, habida cuenta de que:
• Conforme a ese principio, las normas que prevén una sanción deben estar redactadas de manera tal que especifiquen los elementos de la conducta infractora, siendo que deben ser claras, precisas y exactas para dotar de seguridad jurídica al destinatario.
• Las expresiones "prácticas comerciales engañosas" y "estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos", constituyen expresiones ambiguas y vagas que impiden tener certeza de cuál es la consecuencia que podrían generar.
• Tratándose de disposiciones sancionadoras, no es viable hacer interpretaciones integradoras que aclaren su contenido, sobre todo porque el estándar que les resulta aplicable es el que deriva del derecho administrativo sancionador.
C. La sentencia del tribunal colegiado de circuito es incorrecta porque la interpretación directa que hizo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aun de manera implícita) para sostener que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene atribuciones para sustanciar y resolver el procedimiento de infracción de origen, es indebida, habida cuenta de que:
• El artículo 28 de la Ley Fundamental establece que el Instituto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32774-9ea8e826/procedimiento-sancionador-en-materia-de-publicidad-o-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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