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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS. EL PORCENTAJE DE LA LIQUIDACIÓN O FINIQUITO LABORAL DEL DEUDOR QUE FUE RECIBIDA POR LOS ACREEDORES PUEDE CUBRIR PENSIONES CORRIENTES Y FUTURAS, SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 12/2024. · Registro digital (IUS): 32782
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.539.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 12/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, doce de junio de dos mil veinticuatro.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO decide la contradicción de criterios señalada al rubro, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El recurrente en el amparo en revisión 363/2022 del índice del SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO denunció la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por el referido órgano y el NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO al resolver el amparo directo 5279/2002.

SEGUNDO. Trámite. El SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO que recibió la denuncia, originalmente ordenó remitirla al, en aquel tiempo, PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, pero después la remitió al entonces PLENO REGIONAL EN MATERIA CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO SUR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO que la radicó y admitió con el número de expediente 35/2023; no obstante, dada su conclusión de labores, posteriormente la envió a este PLENO REGIONAL.

La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 12/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de cinco de abril de dos mil veinticuatro.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legitima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el autorizado en términos amplios del recurrente en el amparo en revisión 363/2022 del índice del SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, como se advierte del respectivo expediente electrónico vinculado.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA” y “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.”

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de una misma cuestión jurídica.

En efecto, ambos tribunales se enfrentaron a la cuestión de determinar si, cuando la persona deudora alimentaria concluye la relación laboral de cuyo salario se le descuenta un porcentaje para cubrir la pensión, y con motivo de tal conclusión recibe una liquidación o finiquito, del que también se entregó un porcentaje a la o las personas acreedoras alimentarias ¿ese monto cubre o no el pago de pensiones alimenticias corrientes y futuras?

El NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO al resolver el amparo directo 5279/2002 tuvo conocimiento de un asunto en que el deudor alimentario, a quien la madre de sus hijas y acreedoras alimentarias le reconvino en el juicio de divorcio por la falta de pago de algunas mensualidades de la obligación alimentaria, alegaba que había dejado de laborar en su centro de trabajo y que su esposa había recibido un porcentaje de su liquidación por separación laboral, bajo el concepto de pensión alimenticia para las hijas de ambos. Solicitó que ese monto se aplicase para tener por cumplidas las pensiones que se alcanzaran a cubrir conforme al monto que mensualmente pagaba por tal concepto.

El referido TRIBUNAL COLEGIADO determinó que, en tal supuesto, la cantidad o porcentaje de la liquidación entregada a la parte acreedora sí cubre de manera anticipada la pensión alimenticia. Esto, al considerar esencialmente que:

• En el caso bajo su estudio, aun cuando el deudor alimentario dejó de efectuar los depósitos quincenales o mensuales para cumplir su obligación alimentaria como lo había estado realizando, de autos se apreciaba que dicho deudor recibió la liquidación por la terminación de su relación laboral y que a sus hijas -acreedoras alimentarias- les fue entregado el monto correspondiente al 30% (treinta por ciento) del total de esa liquidación.

• La entrega de ese porcentaje de la liquidación cubría de manera anticipada la pensión alimenticia durante el número de meses que resultaban de dividir tal cantidad entregada por descuento a la liquidación, entre el monto que en promedio mensual se había estado pagando por alimentos, y con ello se garantizaba el cumplimiento de la obligación alimentaria.

• Aclaró que si bien el deudor fue condenado al pago del 30% (treinta por ciento) del total de sus percepciones por concepto de alimentos, su liquidación no correspondía a “una percepción más relativa al sueldo de deudor alimentario”, en tanto la recibió porque quedó desempleado, entonces, la madre de las acreedoras alimentaria debió prever que dicha cantidad aseguraba la pensión mensual durante el tiempo que esa suma cubriera el monto que anteriormente percibía de manera mensual.

Lo anterior, porque aun cuando la señora recibió una cantidad significativamente superior a la que mensualmente cobraba ello no significaba que podía disponer de ella de manera inmediata, ya que tuvo pleno conocimiento de que esa suma le fue entregada por la liquidación del trabajo del deudor y por “lógica elemental” debió prever que si quedaba desempleado no percibiría cantidad alguna, al menos durante el tiempo en que volviera a laborar y lo más congruente era administrar esa cantidad en función de la que en promedio recibía en forma mensual.

• Concluyó que, cuando los acreedores alimentarios reciben una cantidad significativamente superior a la percibida en forma mensual, debido a la liquidación de trabajo del deudor, esa suma cubre de manera anticipada las pensiones alimenticias venideras, con motivo del desempleo del cónyuge deudor; de modo que no se incumple la obligación alimentaria ni existe resistencia reiterada a tal cumplimiento si en la fecha en que se demanda su cumplimiento, la cantidad recibida por liquidación aún sigue cubriendo las pensiones alimenticias anticipadas.

De tal resolución derivó la tesis aislada I.9o.C.97 C(4) de rubro y texto siguientes:

“PENSIÓN ALIMENTICIA. LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS CON MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJO DEL DEUDOR, LA CUBRE DE MANERA ANTICIPADA. Cuando los acreedores alimentarios reciben una cantidad significativamente superior a la percibida en forma mensual, debido a la liquidación del trabajo del deudor, debe considerarse que esa cantidad cubre de manera anticipada las pensiones alimenticias venideras, con motivo del desempleo del deudor; de modo que no puede decirse que existe incumplimiento en la obligación del pago de alimentos ni resistencia reiterada a tal cumplimiento, si en la fecha en que se demanda éste, la cantidad recibida aún sigue cubriendo las pensiones alimenticias anticipadas.”

Por otra parte, el asunto que resolvió el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO al resolver el recurso de revisión 363/2022 derivó de una causa distinta, a saber:

1. En una controversia del orden familiar y alimentos, el deudor alimentario promovió incidente de suspensión temporal de la obligación alimentaria en los siguientes términos:

"El objeto de la presente demanda incidental es que la autoridad judicial sancione que mientras, el suscrito se coloca en una nueva posición laboral o es liquidado correctamente por parte de **** ******** ********* (sic), quede suspendida temporalmente con un máximo de nueve (9) meses la obligación de pago de pensión alimenticia en los términos de la sentencia de fecha definitiva de 26 de agosto de 2009, misma que fue modificada por sentencia firme de fecha 3 de junio de 2014, al estar impedido materialmente para el cumplimiento de esa obligación, sin dejar desprotegidas a las acreedoras alimenticias, ya que el pasado 25 de febrero de 2020, éstas recibieron de mi ex empleador la cantidad de $********** ************** ******* * ***** *** *********** ******* * **** ***** ****** m.n.), por concepto de prestaciones extraordinarias del suscrito (BONO) y por ello NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, con motivo de la medida solicitada." (Énfasis de origen).

En los antecedentes que narró en esa demanda incidental(5) precisó que fue separado de su empleo y liquidado por su empleadora, por lo que la parte demandada incidental recibiría un cheque por una cantidad que, dividida entre la pensión mensual que le pagaba, cubriría treinta y dos meses de pensión alimenticia. Además, que anteriormente las enjuiciadas incidentales ya habían recibido el citado monto por concepto de prestaciones extraordinarias (bono), que era el equivalente al pago de nueve meses de pensión alimenticia y que esa cantidad resultaba suficiente para cubrir las necesidades de sus hijas si se utilizaba de forma responsable.

2. El juez de lo familiar dictó resolución interlocutoria en la cual desestimó tal pretensión y ordenó la continuación del pago de pensión alimenticia conforme había sido decretada.

3. El deudor interpuso recurso de apelación contra la anterior determinación. La Sala de alzada revocó la interlocutoria recurrida y declaró procedente la pretensión incidental del deudor alimentario, declarando que él había entregado a la madre de sus hijas una cantidad por concepto de pensión alimenticia en favor de sus acreedoras, derivada de “los finiquitos que se le entregaron en su fuente de trabajo” y decretó la suspensión del pago de la obligación alimentaria por el periodo de 32 meses que se alcanzaban a cubrir más un remanente que debería ser aplicado a la pensión del mes siguiente, el 33.

Nota: De la narrativa de actuaciones que efectuaron las partes tanto en el juicio de amparo como en el recurso de revisión que se refieren enseguida, se lee que al deudor sí le fue retenida la cantidad que anunció en su demanda incidental como descuento por concepto de finiquito, y que ese monto fue el único que a consideración de la Sala de apelación se acreditó que había sido efectivamente entregado a las acreedoras alimenticias, por lo que en razón del mismo –y no de la cuantía referida por concepto de bono- fue que se analizaron las pretensiones del incidentita.

4. La madre de las hijas de las partes, en representación de ellas, promovió juicio de amparo contra la anterior determinación. El juez de distrito concedió el amparo a las niñas al considerar, sustancialmente, que:

• Cuando se decretó la forma de proporcionar alimentos se fijó un porcentaje respecto del total de percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor, sin establecer en forma alguna que los montos recibidos por concepto de finiquito pudieran servir como garantía para cumplir a futuro la obligación alimentaria. Máxime que cuando se fija de esa forma la obligación de ministrar alimentos, deben considerarse no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo.

• Conforme a la regulación del salario y las indemnizaciones en la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, el finiquito forma parte del débito alimenticio porque tiene como base el salario y es un ingreso patrimonial generado con motivo del desempeño de su trabajo en la empresa de la que fue separado; de ahí que no pueda considerarse que sirve para garantizar a futuro la obligación de dar alimento, ni permita paralizar dicha obligación.

• Refirió que, al resolver la contradicción de tesis 228/2019, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 2/2020 (10a.), la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN estableció que el descuento que realiza la fuente de trabajo por concepto de pensión alimenticia, no constituye alguna de las formas de aseguramiento o garantía, en favor de los acreedores, pues ello se trata del cumplimiento del débito y no puede tener doble propósito. No obstante, este criterio había sido desatendido por la Sala responsable.

• Además, la pretensión incidental del deudor alimentista se sustentó en que había sido separado de su fuente de empleo y que su finiquito constituía una garantía para cubrir dicha carga por un periodo a futuro, pero ello no actualizaba alguno de los supuestos del artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México que establece las hipótesis en que se suspende o cesa la obligación de dar alimentos.

Entonces, si dicho deudor consideraba que las condiciones en que se fijó la obligación habían cambiado, tenía expedito su derecho para litigarlo de esa forma y con ello buscar que se modificasen los términos en que estaba obligado, pero sin que ello pueda ser empleado como una justificante para utilizar recursos que ya fueron destinados a cubrir un derecho de sus hijas fijado en una sentencia que hasta ese momento no había sido modificada.

Así, el juez de distrito concedió el amparo a las niñas a efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y se dictara otra en la que se desestimara el incidente de suspensión temporal de pensión alimenticia.

5. Inconforme con la anterior determinación, el deudor alimenticio interpuso recurso de revisión en el que, en lo que aquí interesa, alegó que se ubicaba en la hipótesis de la fracción I del artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México (que dispone que se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla), ya que había sido despedido de su empleo y carecía de medios para cumplir con su obligación de pago, pero con el porcentaje que de su finiquito recibió la madre de sus hijas, dicha progenitora tenía dinero suficiente para mantenerlas, por lo que él también se ubicaría en la fracción II de dicho dispositivo (que dispone la suspensión o cese de la obligación alimentaria cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos) y apoyó estos argumentos en la citada tesis aislada I.9o.C.97 C. del NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

6. De este recurso conoció el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO que desestimó la pretensión del recurrente al considerar, entre otras razones y en lo conducente, que:

• No se actualizaba ninguno de los supuestos normativos referidos por el recurrente.

En cuanto a la primera hipótesis (que carecía de medios para cumplir la obligación alimentaria) el tribunal precisó que si bien se acreditó que el deudor se encontró en una nueva posición laboral debido a que fue separado unilateralmente del empleo que tenía; también, al recaerle el carácter de deudor alimentario debía demostrar la justificación legal y física que le impedía allegarse de los medios económicos para sufragar su obligación alimentaria, pero ello no aconteció porque no acreditó encontrarse imposibilitado para obtener los recursos económicos que le permitieran satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijas, sin que bastara la sola manifestación de no contar con medios económicos.

Determinó que tampoco se actualizaba la segunda hipótesis porque si bien el recurrente alegó que sus hijas dejaron de necesitar los alimentos con motivo del pago del porcentaje de su finiquito y, por ende, tenían suficiente dinero para su manutención; lo cierto era que, como había determinado el juez de distrito, esa cantidad entregada como finiquito, al tener como base el salario que percibió el recurrente con motivo del desempeño de su trabajo de la empresa de la que fue separado, no podía considerase para garantizar a futuro la obligación de los alimentos y, por ende, paralizar esa obligación alimentaria. Luego, como dicha cantidad no debía ser considerada como pago para las pensiones que adujo el recurrente, se obtenía que sus hijas no habían dejado de necesitar alimentos.

• Agregó que tampoco favorecía a las pretensiones del recurrente la tesis aislada I.9o.C.97 C de su homólogo porque, además de que no constituía jurisprudencia vinculante para ese tribunal, no podía considerarse que el finiquito que el recurrente entregó a la madre de sus hijas fuera para cubrir las mensualidades futuras a las que estaba obligado “ya que si previamente fue sentenciado al pago de la pensión alimenticia de un porcentaje por el total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibiera el progenitor por su sueldo y, la base de dicho finiquito se conforma precisamente con dicho salario; en consecuencia, éste forma parte del débito alimenticio”. De la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales porque, al menos en un tramo del razonamiento efectuado en sus respectivas ejecutorias, ambos abordaron y resolvieron de modo contrario un problema común: la procedencia o improcedencia de aplicar como pago de pensiones alimenticias futuras la parte proporcional el porcentaje del finiquito que fue entregado por el patrón a las acreedoras alimenticias, con motivo de la terminación de la relación laboral de su deudor.

Si bien lo concluido por un tribunal derivó de una petición de tener por cumplida la obligación alimentaria mediante la cantidad entregada en razón de la liquidación del deudor por la terminación de su relación laboral, mientras que el otro colegiado analizó una pretensión de suspensión temporal de la obligación alimentaria por la entrega de esa porción de la liquidación, lo cierto es que ambos órganos confluyen en abordar en sus resoluciones la aplicabilidad de ese ingreso (liquidación o finiquito) frente a la deuda alimentaria y arribaron a conclusiones opuestas.

En efecto, uno de los contendientes aceptó que ese pago sí se podría aplicar al pago de pensiones futuras, al menos durante el tiempo en que el deudor volviera a laborar; mientras que el otro tribunal rechazó tal postura, al sostener que si el pago de la pensión alimenticia se decretó en un porcentaje, entonces el monto recibido por las acreedoras en razón de tal finiquito sólo forma parte del débito alimenticio corriente y no es aplicable a pensiones futuras.

Por consiguiente, la cuestión a determinar en la presente contradicción de criterios es si ¿puede considerarse que, mediante la suma entregada a la parte acreedora con motivo de la liquidación o finiquito derivado de la terminación de la relación laboral de la parte deudora, se cubre de manera anticipada la obligación alimentaria, al menos durante el tiempo en que dicha deudora obtenga diversos ingresos?

CUARTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.

En el cumplimiento de la obligación alimentaria, dado que en algunos casos la capacidad económica de la parte deudora se define por las prestaciones salariales que recibe, es dable considerar que ante la eventual variación de circunstancias en ese ingreso, como puede ser la terminación de su relación laboral, sea admisible que, a petición de dicha deudora, el pago proporcional que de su liquidación o finiquito se haga a sus acreedoras pueda aplicarse al pago corriente y futuro de las pensiones alimentarias mensuales que alcance a cubrir, como un ajuste temporal en la modalidad de cumplimiento a su obligación a fin de seguir garantizando la eficacia de la misma.

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha precisado que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. Luego, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran: (i) el estado de necesidad de la parte acreedora alimentaria; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica de la parte obligada a prestarlos.

Las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedora y deudora, del nivel de necesidad de la primera y de la capacidad económica de esta última, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis aislada CCCLVI/2014 de rubro: “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS” (Registro digital: 2007724).

Dados los intereses que se pretenden tutelar mediante el derecho de alimentos, el cumplimiento de esta obligación es de interés social y orden público, por lo que corresponde al Estado vigilar que entre las personas que se presten esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los miembros del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en imposibilidad de obtenerlos. Esto, de conformidad con la tesis aislada CXXXVI/2014 de la PRIMERA SALA de rubro “ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL” (Registro digital: 2006163).

Nuestra regulación civil o familiar reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterna y materna filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio o disolución del concubinato.

En el caso del derecho de las infancias y adolescencias descendientes frente al deber de sus progenitores, la obligación alimentaria se rige por normas específicas como la presunción de necesidad de recibir alimentos; y esas obligaciones alimentarias se encuentran intrínsecamente supeditadas al principio de interés superior de la infancia conforme al mandato expreso del artículo 4° CONSTITUCIONAL y la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO que vinculan a los progenitores y al Estado a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del referido principio.

El artículo 4º CONSTITUCIONAL reconoce el derecho de todas las personas a tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; asimismo, precisa que deben satisfacerse las necesidades de salud, educación y sano esparcimiento de las infancias y adolescencias para su desarrollo integral.

Conforme al CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO -normativa analizada en los criterios contendientes- las madres y padres están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos, y a falta o por imposibilidad de los progenitores, esa obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado (artículo 303).

El artículo 308 de dicho CÓDIGO CIVIL dispone que la figura jurídica de los alimentos está integrada por varios conceptos necesarios para la subsistencia de las personas acreedoras alimentarias y para el adecuado desarrollo de las infancias y adolescencias, así como la obtención de una preparación que les permita en su momento obtener por sí mismas esos satisfactores.

Ahora bien, de especial relevancia para resolver esta contradicción de tesis, está el numeral 311 de dicho ORDENAMIENTO establece que la institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual éstos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos (binomio necesidad-posibilidad). Tal precepto dispone:

“Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Por su parte, ante las dificultades que a veces se presentan en la práctica, el artículo 311 ter prevé el supuesto de la falta de comprobación del salario o los ingresos de la parte deudora alimentaria y establece los lineamientos para fijar el monto de la pensión relativa, consistentes en la capacidad económica y el nivel de vida que dicha parte deudora y su o sus acreedores alimentarios hayan llevado durante los dos últimos años.

Al resolver la contradicción de tesis 26/2000-PS (en sesión de cuatro de abril de dos mil) la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN estableció los requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión alimenticia y sostuvo, en lo conducente, que deben imperar los principios de equidad y justicia. Por ende, dijo, en su fijación se debe atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar como son: el medio social en que se desenvuelven tanto la parte acreedora como la deudora, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y a los hijos y demás que resulten beneficiarios conforme a la ley sustantiva aplicable al caso.

Concluyó que los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias de la parte acreedora, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. De tal determinación derivó la jurisprudencia 1a./J. 44/2001 de Rubro “ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32782-719f7d27/alimentos-el-porcentaje-de-la-liquidacion-o-finiquito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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